DECRETO SUPREMO No 29272 del 12 Septiembre 2007

DECRETO SUPREMO Nº 29272

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política del Estado en su Artículo 144 dispone que: "La programación del desarrollo económico del país se realizará en ejercicio y procura de la soberanía nacional. El Estado formulará periódicamente el plan general de desarrollo económico y social de la República, cuya ejecución será obligatoria. Este planeamiento comprenderá a los sectores estatal, mixto y privado de la economía nacional".

Que en virtud del mandato social conferido al Gobierno Nacional, existe la necesidad imperiosa de articular la implementación de políticas económicas y sociales en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que se viene ejecutando, a través de una nueva concepción del desarrollo de políticas y estrategias económicas, que establecerán un nuevo patrón de desarrollo; un nuevo enfoque social y comunitario; una nueva matriz productiva y la inserción internacional, promoviendo la participación efectiva de las organizaciones sociales, comunitarias, ciudadanas y productivas, para erradicar la pobreza y la exclusión social.

Que conforme dispone la Ley Nº 3351 de 21 de febrero de 2006, de Organización del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Planificación del Desarrollo tiene entre sus atribuciones planificar y coordinar el desarrollo integral del país, mediante la elaboración, coordinación y seguimiento de la estrategia nacional del desarrollo económico, social y cultural en relación con los Ministerios correspondientes; formular y coordinar las políticas y estrategias de desarrollo productivo y social; articular los Planes de Desarrollo Departamental y Municipal con la Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social; y definir políticas para fortalecer la presencia del Estado como actor productivo y financiero para la redistribución de la riqueza económica.

Que el Decreto Supremo Nº 28631 de 8 de marzo de 2006, Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, reglamenta las competencias y atribuciones conferidas a los Ministros de Estado y señala las funciones que cumplen los Viceministros que conforman cada una de las carteras ministeriales, asignando al Viceministro de Planificación y Coordinación del Ministerio de Planificación del Desarrollo, la función de planificar el desarrollo integral del país mediante la elaboración, coordinación y seguimiento de la estrategia nacional de desarrollo, económico, social y cultural, en relación con los Ministerios correspondientes, para concluir el Plan General de Desarrollo Económico y Social.

Que en el marco de las competencias antes señaladas, el Ministerio de Planificación del Desarrollo ha presentado los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática, para Vivir Bien", como un instrumento de planificación, gestión y monitoreo para el Desarrollo Nacional que permitirá transformar sustancialmente el rumbo del país, acorde al proceso de cambio implementado en la presente gestión de Gobierno, siendo preciso aprobarlas para su observación inmediata por todas las entidades.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO).
El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República: "Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien - Lineamientos Estratégicos", que en Anexo forma parte del presente Decreto Supremo, con la finalidad de orientar y coordinar el desarrollo del país en los procesos de planificación sectorial, territorial e institucional.

ARTÍCULO 2.- (COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO).
El Ministerio de Planificación del Desarrollo es responsable de la coordinación, elaboración y ajuste del Plan Nacional de Desarrollo y de la evaluación de su ejecución.

ARTÍCULO 3.- (OBLIGATORIEDAD).

I. Conforme dispone el Artículo 144 de la Constitución Política del Estado, el Plan Nacional de Desarrollo es de ejecución obligatoria. Este planeamiento comprenderá a los sectores estatal, mixto y privado de la economía nacional.

II. Los Planes Sectoriales, Planes de Desarrollo Departamental, Planes de Desarrollo Regional, y Planes de Desarrollo Municipal deberán ser elaborados, formulados y ejecutados bajo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien"

III. Los recursos del Presupuesto General de la Nación se enmarcarán en los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo.

IV. Los recursos provenientes de la cooperación internacional se canalizarán de acuerdo a los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo.

ARTÍCULO 4.- (CONTENIDO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO).

El Plan Nacional de Desarrollo: "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien" se desarrolla en seis (6) capítulos:

Capítulo I : Concepción del Desarrollo
Capítulo II : Bolivia Digna
Capítulo III : Bolivia Democrática
Capítulo IV : Bolivia Productiva
Capítulo V : Bolivia Soberana
Capítulo VI : Sostenibilidad Macroeconómica

ARTÍCULO 5.- (LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS).
El Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien", implica la concepción, políticas, estrategias y programas de desarrollo del país en todos los ámbitos sectoriales y territoriales, de acuerdo a los siguientes lineamientos:

1. Contribuir al proceso de transformación del país; desmontar el modelo de desarrollo concebido desde el colonialismo y el neoliberalismo, y cambiar el patrón de desarrollo primario exportador;

2. Formular y ejecutar en el marco del paradigma de desarrollo sustentado en la filosofía del Vivir Bien, propio de nuestras culturas. El Vivir Bien plantea fundamentalmente la complementariedad entre el acceso y disfrute de los bienes materiales y la realización afectiva, subjetiva y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos;

3. Contribuir a la construcción de un nuevo Estado plurinacional, promotor y protagonista del desarrollo, social comunitario, que redistribuye equitativamente la riqueza, ingresos y oportunidades;

4. Desarrollar la convivencia equilibrada y la complementariedad con equidad de la Economía Estatal, la Economía Comunitaria -que se asienta en procesos productivos, impulsados por organizaciones sociales, comunitarias, y micro y pequeños empresarios, artesanos, organizaciones económicas campesinas, organizaciones productivas, comunidades y asociaciones urbanas y rurales-, la Economía Mixta y la Economía Privada.

5. Promover el desarrollo integral a través de la construcción de un nuevo patrón de desarrollo diversificado e integrado y la erradicación de la pobreza, desigualdad social y exclusión.

6. Desarrollar, de manera prioritaria, los ejes transversales: equidad, innovación, medio ambiente y gestión de riesgos.

ARTÍCULO 6.- (PILARES).
Los pilares del Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien", que deben ser incorporados en todos los ámbitos sectoriales y territoriales según sus características, son:

1. BOLIVIA DIGNA. Es la erradicación de la pobreza y la inequidad, de manera de lograr un patrón equitativo de distribución y/o redistribución de ingresos, riqueza y oportunidades. Está conformada por los sectores generadores de activos y condiciones sociales, y por la política, estrategias y programas intersectoriales de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario.

2. BOLIVIA DEMOCRÁTICA. Es la construcción de una sociedad y Estado plurinacional y socio - comunitario, donde el pueblo ejerce el poder social y comunitario y es corresponsable de las decisiones sobre su propio desarrollo y del país. Está constituido por los sectores orientados a lograr una mejor gestión gubernamental, transparencia y construir el poder social comunitario.

3. BOLIVIA PRODUCTIVA. Está orientada hacia la transformación, el cambio integrado y diversificación de la matriz productiva, logrando el desarrollo de los complejos productivos integrales y generando excedentes, ingreso y empleo con la finalidad de cambiar el patrón primario exportador excluyente. Está conformada por los sectores estratégicos generadores de excedentes y los sectores generadores de empleo e ingreso. De manera transversal, se encuentran los sectores de infraestructura para el desarrollo productivo y de apoyo a la producción.

4. BOLIVIA SOBERANA. Es la constitución del Estado en un actor internacional, soberano, autodeterminado, con identidad propia, mediante una política exterior que oriente la acción política y diplomática con presencia de los pueblos y defensa sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad. Está conformada por los sectores de Relaciones Exteriores y Relaciones Económicas internacionales.

La concepción de desarrollo y los pilares del Plan Nacional de Desarrollo, requieren de un equilibrio entre el cambio deseado y la sostenibilidad macroeconómica del país como instrumento que coadyuvará a implementar las mencionadas estrategias, de manera que las políticas adoptadas profundicen la recuperación de la economía y promuevan mayor justicia social.

ARTÍCULO 7.- (REMISIÓN).
Póngase en conocimiento del Honorable Congreso Nacional de conformidad con el Artículo 96 de la Constitución Política del Estado.

Los Señores Ministros de Estado, en sus respectivos despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil siete.

FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Alfredo Octavio Rada Vélez, Walker San Miguel Rodríguez MINISTRO DE DEFENSA NAL. E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTOS, Gabriel Loza Tellería, Luis Alberto Arce Catacora, Celinda Sosa Lunda, José Kinn Franco MINISTRO DE OO.PP. SERVICIOS Y VIVIENDA É INTERINO DEL AGUA, Susana Rivero Guzmán, Carlos Villegas Quiroga, Luis Alberto Echazú Alvarado, Walter Delgadillo Terceros MINISTRO DE TRABAJO E INTERINO DE JUSTICIA, María Magdalena Cajías de la Vega, Nila Heredia Miranda.

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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

"BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, PRODUCTIVA Y DEMOCRÁTICA PARA VIVIR BIEN"

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
2006 - 2011

La Paz - Bolivia

Septiembre de 2007

El Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien", 2006 - 2011, en su primera versión, en presencia del Presidente Constitucional de la República Evo Morales Ayma, fue presentado oficial y públicamente en Palacio de Gobierno el 16 de junio, 2006.

El inicio de su ejecución tiene sus orígenes en el mes de mayo, 2006. Posteriormente, durante el segundo semestre del año 2006, fue socializado a través de talleres realizados en todo el país con la participación de organizaciones sociales, indígenas, originarios, campesinos, productores, empresarios, ciudadanos y académicos. En la presente gestión se profundizó su implementación y se actualizaron las propuestas programáticas.

El Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien: Lineamientos Estratégicos", 2006 - 2011, en su versión actualizada, fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29272, de fecha 12 septiembre, 2007.

Ministros de Planificación del Desarrollo
Lic. Carlos Villegas Gestión 23/1/06-14/9/06
Lic. Hernando Larrazabal Gestión 15/9/06-22/1/07
Lic. Gabriel Loza Gestión 23/1/07 a la fecha

Viceministros
Lic. Noel Aguirre de Planificación y Coordinación
Lic. Jhon Vargas de Planificación Territorial y Medio Ambiente
Dr. Roger Carvajal de Ciencia y Tecnología
Lic. Hernando Larrazabal de Inversión Pública y Financiamiento Externo
Lic. Humberto Arandia de Planificación Estratégica Plurianual
Lic. Carmen Alcoreza de Inversión Pública y Financiamiento Externo

Directores Generales
Lic. Luís A. Rodríguez Director General de Planificación
Lic. Javier Fernández Director General de Coordinación Institucional
Lic. David Haquim Director General de Planificación Territorial
Lic. Raúl Manjón Director General de Planificación Estratégica y Plurianual

Equipo Técnico del Ministerio de Planificación del Desarrollo MPD
Celso Ayala
Celso Erazo
Juan Gabriel Pérez
Daniela Seoane
Mónica Loma
Claudia Sotomayor
Aparecida Tobias
Vivian Viaña
Mariela Fernandez
Marcos Kucharsky
Daniel Vedia
Fernando Jiménez A.
Guillermo Pereira
Jorge Bohorquez
Héctor Cordova
Jerzy De la Barra A.
Luis Alberto Miranda
Sonia Escobar
Daniel Vargas
Marina Videla
Miriam Olivares
Rafo Delgado
Bernardo Corro
Víctor Camacho
Jesús Limpias
Carmen Zelada
Mariana Deheza
Andres Viscarra
Humberto Zambrana
Antonio Calvetti
Jazmín Antonio

PRESENTACIÓN

Las políticas neoliberales que habían anunciado un elevado crecimiento económico y la reducción de la pobreza no han cumplido su objetivo, más al contrario, al cabo de 20 años de su aplicación en Bolivia, hasta diciembre de 2005, estos ajustes mostraron un país con bajo crecimiento del PIB per capita, con mayor pobreza y menores oportunidades de desarrollo económico, político, social y cultural.

Es así que a partir del 22 de enero del 2006, Bolivia inició una nueva etapa de su historia. De esta historia, sembrada de esperanzas y desafíos, emerge la necesidad de construir la revolución democrática y cultural que plantea el gobierno presidido por el compañero y hermano Evo Morales Ayma.

La convocatoria a la Asamblea Constituyente, la Nacionalización de los Hidrocarburos, la puesta en marcha del proyecto Mutún, la distribución del Bono Juancito Pinto y otras medidas que puso en práctica el Gobierno Nacional, son parte del propósito y de los caminos orientados a consolidar el actual periodo de transformaciones. Estas medidas forman parte del Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien.

Las propuestas y orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo (PND) son la base del inicio del desmontaje del colonialismo y del neoliberalismo en el país. Constituyen, asimismo, el resultado de las demandas seculares y actuales del pueblo para construir un Estado pluricultural y comunitario, que permita el empoderamiento de los movimientos sociales y pueblos indígenas emergentes. Su principal aspiración es que las bolivianas y bolivianos vivamos bien.

El objetivo es lograr la convivencia equilibrada y la complementariedad con equidad de la Economía Estatal, la Economía Comunitaria -que se asienta en procesos productivos, impulsados por organizaciones sociales, comunitarias, y micro y pequeños empresarios, artesanos, organizaciones económicas campesinas, organizaciones productivas, comunidades, y asociaciones urbanas y rurales, la Economía Mixta y la Economía Privada.

Bolivia vive actualmente una excelente coyuntura nacional e internacional. En lo interno se cuenta con un masivo respaldo de la población, así como una dotación especial de recursos naturales renovables y no renovables, con reservas significativas de hidrocarburos, lo que permitirá disponer de excedentes económicos importantes para su uso dentro del país y orientado a la diversificación económica y el desarrollo social. En lo externo, se cuenta con un ciclo económico mundial favorable debido al aumento de los precios internacionales de las materias primas relacionados con los sectores de hidrocarburos, minería y agropecuario.

Esta coyuntura favorable requiere de un manejo adecuado, especialmente, para que el excedente económico se traduzca en inversión social y productiva, contribuya a construir y a consolidar una Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática, como es la finalidad del Plan Nacional de Desarrollo para que las bolivianas y bolivianos vivamos bien.

Después de muchos años el país cuenta ahora con un Plan Nacional de Desarrollo, con visión para el corto, mediano y largo plazo, un Ministerio de Planificación que en conjunto con el equipo de Gobierno permitirán direccionar los recursos internos y externos en función de las prioridades nacionales.

El Plan Nacional de Desarrollo: "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien" comprende seis capítulos:

Capítulo I: Concepción del Desarrollo
Capítulo II: Bolivia Digna
Capítulo III: Bolivia Democrática
Capítulo IV: Bolivia Productiva
Capítulo V: Bolivia Soberana
Capítulo VI: Sostenibilidad Macroeconómica

De acuerdo a los lineamientos estratégicos que establece el Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien", los planes de desarrollo del país, en todos los ámbitos sectoriales y territoriales, según sus características, deberán incorporar la siguiente estructura, objetivos y composición de los pilares del PND:

El objetivo de la Bolivia Digna es la erradicación de la pobreza y la inequidad, de manera de lograr un patrón equitativo de distribución y/o redistribución de ingresos, riqueza y oportunidades. Está conformada por los sectores generadores de activos y condiciones sociales; y por la política, estrategias y programas intersectoriales de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario.

El objetivo de la Bolivia Democrática es construir una sociedad y Estado plurinacional y sociocomunitario, donde el pueblo ejerza el poder social y comunitario y sea corresponsable de las decisiones sobre su propio desarrollo y del país. Está constituido por los sectores orientados a lograr una mejor gestión gubernamental, transparencia y construir el poder social comunitario.

La Bolivia Productiva está orientada hacia la transformación, el cambio integrado y diversificación de la matriz productiva, logrando el desarrollo de los complejos productivos integrales, y generando excedentes, ingreso y empleo con la finalidad de cambiar el patrón primario exportador excluyente.

Está conformada por los sectores: estratégicos generadores de excedentes y los sectores generadores de empleo e ingreso. De manera transversal se encuentran los sectores de infraestructura para el desarrollo productivo y de apoyo a la producción.

La Bolivia Soberana contribuirá a constituir al Estado en un actor internacional, soberano, autodeterminado, con identidad propia, mediante una política exterior que oriente la acción política y diplomática con presencia de los pueblos y defensa sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad. Está conformada por los sectores de Relaciones Exteriores y Relaciones Económicas internacionales.

La concepción de desarrollo y los pilares del PND, requieren de un equilibrio entre el cambio deseado y la sostenibilidad macroeconómica del país como instrumento que coadyuvará a implementar las mencionadas estrategias, de manera que, las políticas adoptadas profundicen la recuperación de la economía y promueven mayor justicia social.

Se esta construyendo un Sistema Nacional de Planificación a nivel nacional, departamental y municipal, que permita realizar un seguimiento, monitoreo y evaluación del PND. El Presupuesto General de la Nación será programado de acuerdo a los objetivos, lineamientos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, con la finalidad de lograr resultados a favor de la población boliviana.

El agradecimiento al Ministro Carlos Villegas por la dirección en la elaboración del documento del Plan, así como la participación comprometida de los viceministros, del equipo técnico y del personal de apoyo del Ministerio de Planificación del Desarrollo, de las unidades descentralizadas (Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, UDAPE, Instituto Nacional de Estadísticas, INE, y Unidad de Productividad y Competitividad, UPC); así como también el reconocimiento de todos los equipos de planificación de los otros ministerios y, en especial, a los colegas ministros, por su participación en la primera y en la segunda etapa que comprendió el ajuste del PND, con el cual se generaron condiciones para implementar esta propuesta y conducir a Bolivia en el nuevo sendero del cambio para el Vivir Bien, de todas y todos los bolivianos.

Gabriel Loza Tellería
Ministro de Planificación del Desarrollo

INTRODUCCIÓN(1)

Los cambios sociales y económicos estructurales promovidos por los movimientos sociales y originarios, la esperanza puesta en el futuro de los pueblos indígenas -centenariamente excluidos-, y el abrumador triunfo electoral del 18 de diciembre de 2005, son la fuente de inspiración y el mandato que recibió el novel Ministerio de Planificación del Desarrollo para la elaboración de este Plan Nacional de Desarrollo. Esta propuesta es la herramienta que debe remover, desde sus raíces, la profunda desigualdad social y la inhumana exclusión que oprimen a la mayoría de la población boliviana, particularmente la de origen indígena y originaria.

Este objetivo requiere del cambio del actual patrón de desarrollo primario exportador, que se caracteriza por la explotación y exportación de recursos naturales sin valor agregado, y de la constitución de un nuevo patrón de desarrollo integral y diversificado, consistente en la industrialización de los recursos naturales renovables y no renovables. Siendo evidente que el patrón primario exportador no permite la acumulación interna que sustente el desarrollo nacional, sino que transfiere excedentes al exterior, beneficiando a otras naciones, el nuevo patrón tiene como función la generación, control y distribución de los excedentes producidos por los recursos naturales renovables y no renovables para la acumulación interna que alimente, en el largo plazo, el desarrollo nacional.

El cambio del patrón de desarrollo se inicia con la transformación de la matriz productiva nacional, el desmontaje del colonialismo neoliberal, la descolonización del Estado y la construcción de la nueva identidad boliviana, basada en la institucionalidad multinacional con enfoque comunitario.

La desigualdad y la exclusión social actuales son productos del colonialismo y del patrón primario exportador. El colonialismo republicano institucionalizó la desigualdad y la exclusión -no sólo social sino también política y económica- de la población mayoritaria indígena desde el momento mismo de fundación de la República y de la primera Asamblea Constituyente de 1826, pues le niega el derecho a la propiedad de los medios productivos - principalmente la tierra-, el acceso a los servicios públicos de educación y salud, así como a la posibilidad de intervención en las decisiones nacionales. Se le impone, sin embargo, la continuidad del pago del tributo indígena -heredado de la colonia-, así como la servidumbre personal y el trabajo no remunerado en favor de los patrones.

El patrón primario exportador emerge con el establecimiento de la "industria" minera de la plata -a fines del siglo diecinueve-, que aprovecha a su favor la institucionalidad del colonialismo republicano, particularmente el trabajo servil no remunerado. De esta manera, con la instauración del capitalismo en el país, se profundiza la desigualdad y la exclusión social, política y económica de la población indígena en beneficio de reducidos núcleos oligárquicos -propietarios de las minas y las tierras- que concentran la riqueza y el poder político.

El patrón primario exportador "moderniza" la producción minera de la plata con la incursión de capitales anglo-chilenos que facilitaron la exportación de materias primas -minerales- a través del ferrocarril instalado para tal propósito desde las minas bolivianas hasta puertos chilenos. Así, las riquezas naturales extraídas de las entrañas del país "fugaron" hacia el exterior y engrosaron el capital anglo-chileno, depositado en un banco en Valparaíso, fundado para este fin. Las divisas obtenidas por la exportación no fueron destinadas a la reinversión, sino -una parte de ellas- a la importación de productos de consumo, en especial de bienes suntuarios para los núcleos oligárquicos minero-terratenientes, así como, en reducida proporción, para la mayoría de la población que se alimentaba básicamente de la producción interna, obtenida por los "indios" sujetos a la tierra. El excedente logrado por esta producción fue exportado simultáneamente con las materias primas y no contribuyó a la acumulación interna de capital y a la industrialización del país.

El patrón primario exportador se reprodujo desde las postrimerías del siglo diecinueve hasta el primer quinquenio del presente siglo. Este patrón no fue cambiado por la Revolución Nacional, cuyo objetivo era la independencia económica y la intervención del Estado en la producción de bienes y servicios, en concordancia con el "modelo de desarrollo hacia adentro", que buscaba la industrialización y la sustitución de importaciones, por el contrario, mantuvo este patrón de extracción y exportación de materias primas. La nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma de la educación y el voto universal promovidas por esta Revolución fueron insuficientes para suprimir las causas originarias de la desigualdad y la exclusión social, política y económica.

La instauración del capitalismo de Estado -en la segunda mitad del siglo pasado- dio lugar a la emergencia de nuevas oligarquías regionales que se apropiaron del patrimonio estatal, accedieron al control de los sucesivos gobiernos y conspiraron contra la acumulación interna y la industrialización, pues no consiguieron generar un proceso de desarrollo nacional, independiente de la ayuda externa, que condicionó el financiamiento externo a la aplicación de políticas de contención de los movimientos sociales a través de los organismos multilaterales y los convenios bilaterales.

La insuficiencia del modelo de desarrollo hacia adentro implantado y la liquidación de la Revolución Nacional condujeron al agotamiento del capitalismo de Estado; la crisis de la deuda externa y la hiperinflación contribuyeron a su epitafio: "liquidados por ineficientes y corruptos". Así, el modelo neoliberal se impuso como la opción resolutoria a la crisis del Estado de bienestar. De esta manera, el Estado fue sustituido por el mercado en la función de asignador de recursos para la producción de bienes y servicios y también para la distribución de la riqueza. El resultado fue la exacerbación de la concentración de la riqueza producida y de los medios productivos en un segmento muy reducido de la población -una décima partey, por otra parte, la ampliación de la desigual distribución de la riqueza y acceso a los medios productivos y al empleo remunerado para los nueve décimos de la población.

La desigualdad y la discriminación social -denominada "pobreza" por el colonialismo neoliberal- aumentaron en profundidad y extensión. El reconocimiento de este hecho condujo a la adopción de medidas compensatorias por los desastres causados. Las "políticas sociales", extraídas del recetario desarrollista, fueron el mejor reconocimiento del fracaso del mercado y se aplicaron como si fueran el instrumento eximio para resolver el problema de la distribución de la riqueza y el acceso equitativo a los medios productivos para nueve de cada 10 habitantes del país.

Con las políticas de ajuste se introdujeron los programas denominados de "reducción de la pobreza", como objetivo urgente de las políticas públicas, cuyo cumplimiento fue condicionado -por la cooperación externa, los organismos multilaterales y los convenios bilaterales- al logro de objetivos inconsultos, traducidos, primero, en metas de reducción de las "necesidades básicas insatisfechas", luego en "indicadores de desarrollo humano" y, finalmente, en la consecución de los "objetivos del milenio" y la organización de una "red de protección social".

Paradójicamente, esta exigencia y su cumplimiento requerían de la presencia e intervención del Estado con recursos y autoridad en condiciones adversas, pues el proceso privilegiaba el mercado como único asignador de recursos. La "reducción de la pobreza" quedaba, entonces, supeditada al mercado. Debido al debilitamiento del Estado, las "políticas sociales" también quedaron supeditadas al mercado; sin embargo, ya que la empresa privada no asumió este desafío, quedó un vacío de intervención pública para encarar los problemas sociales básicos. Este vacío fue parcialmente cubierto por la iniciativa privada no gubernamental articulada a la cooperación externa, la cual también reemplazó parcialmente al Estado a través de la ejecución de "proyectos de desarrollo", circunscritos a comunidades locales, articulados levemente a municipios, prefecturas y ministerios.

El carácter puntual de los "proyectos de desarrollo" financiados por la cooperación externa, dio lugar a la conformación de unidades sujetas exclusivamente a los objetivos de los proyectos. Pese a su articulación con diversas instancias gubernamentales, la ejecución de proyectos fragmentados y dispersos no resolvió el problema, pero sí contribuyó al debilitamiento del Estado. De esta manera, tales "proyectos de desarrollo" -articulados a instancias estatales nacionales, departamentales y municipales- significaron una inyección externa de recursos financieros y tecnológicos que no se tradujo en desarrollo, sino en un gasto ineficiente de ahorro externo.

Como efecto de lo anterior, el desarrollo del país quedó supeditado a los designios de la cooperación externa conformada por las organizaciones multilaterales, los convenios bilaterales y los intereses de las empresas transnacionales, con lo cual la discriminación y la exclusión social, económica y política de la mayoría de la población del país, en especial la indígena, no fue resuelta sino que aumentó de manera creciente a la par de la exportación de materias primas y la depredación de los recursos naturales.

Como lo admiten los propios organismos multilaterales, la pobreza aumenta al mismo ritmo en que aumenta la cooperación externa para reducirla, esto significa que las políticas de reducción de la pobreza diseñadas por el colonialismo neoliberal fueron, primero, mal encaminadas y, segundo, fueron aplicadas de manera ineficiente, porque no estuvieron dirigidas a suprimir las causas que la originaron sino a paliar sus manifestaciones.

La desigualdad y la exclusión social productos del colonialismo son inherentes al patrón primario exportador -instaurado a fines del siglo diecinueve y que se mantuvo hasta principios del siglo veintiuno- y al neoliberalismo, lo que debilitó al Estado y supeditó el desarrollo del país a los designios de las organizaciones multilaterales y a los intereses de las empresas trasnacionales. Como consecuencia, la discriminación social, económica y política de la mayoría de la población indígena del país aumentó de manera creciente, a la par que creció y se diversificó la exportación primaria y la depredación de los recursos naturales renovables y no renovables, con una alta concentración de la riqueza en un reducido segmento de la población y la consiguiente ampliación de la desocupación y la pobreza asociada a la exclusión de los medios productivos y deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, marcado por la extensión de la jornada y el trabajo precario mal remunerado e inestable.

El objetivo principal está centrado, por lo tanto, en la supresión de las causas que originan la desigualdad y la exclusión social del país, lo que significa cambiar el patrón primario exportador y los fundamentos del colonialismo y el neoliberalismo que lo sustentan. Es decir, desmontar, no sólo los dispositivos económicos, sino también los políticos y culturales, coloniales y neoliberales erigidos por la cultura dominante, que se encuentran diseminados en los intersticios más profundos de la organización del Estado y también en la mente de las personas a través de la práctica social individual en detrimento de la solidaridad y la complementariedad.

El cambio del patrón primario exportador es, por lo tanto, una condición imprescindible para revertir la desigualdad y la exclusión de la población indígena, urbana y rural; erradicar la pobreza y desmontar tales dispositivos. Sin embargo, dicho "desmontaje" resultaría insuficiente si, al mismo tiempo, no instauramos nuevos dispositivos económicos, políticos y culturales que nos conduzcan a la construcción de un nuevo modelo de desarrollo -de producción y acumulación interna de riqueza, basado en la soberanía de la propiedad y en la industrialización de los recursos naturales para su exportación y uso interno, a la par, debe traducirse en la redistribución de la riqueza nacional obtenida en beneficio de los sectores sociales tradicionalmente excluidos del acceso a los medios productivos y al empleo digno, adecuadamente remunerado y estable, mediante la ampliación y diversificación del aparato productivo en una matriz, la recuperación del mercado interno y la redefinición de nuestro relacionamiento con los mercados internacionales, siempre en beneficio del país.

Este cambio del patrón de desarrollo y de los dispositivos de dominación requiere de la intervención del Estado como promotor y protagonista del desarrollo nacional, porque no basta su presencia como conductor del desarrollo, sino que es indispensable su participación en la producción y en la actividad comercial de los sectores estratégicos que garanticen la acumulación interna, al mismo tiempo que proteja y aliente la innovación y la expansión de la producción en el resto de los sectores productivos, en los cuales los pequeños productores son los mayores generadores de empleo e ingresos y requieren del apoyo estatal para modificar su productividad e introducirse ventajosamente en los mercados internos y externos, a fin de que el empleo y los ingresos sean estables y dignos.

Esta estrategia conduce a la construcción de una nueva sociedad fundada en la energía y en la capacidad derivada de la multiculturalidad que posee el país y de la diversidad de las prácticas solidarias ejercitadas por las comunidades urbanas y rurales, en la construcción de una nueva forma organizativa nacional sustentada en la nueva institucionalidad que emerge de nuestra multiculturalidad; afirmada en un nuevo Estado social comunitario, descolonizado y fundada en la multidiversidad social urbana y rural, como expresión de la diversidad de intereses y aspiraciones de cambio en función del Vivir Bien, ahora y mañana.

El Plan Nacional de Desarrollo corresponde a los lineamientos estratégicos, por lo tanto, no incluye la totalidad de los proyectos que serán ejecutados el próximo quinquenio (algunos de ellos requieren ser validados territorialmente para su inclusión en la programación).

Bolivia, Junio de 2006
Carlos Villegas Quiroga
Ministro de Planificación del Desarrollo en el periodo: Enero-Septiembre, 2006

CAPÍTULO I
CONCEPCIÓN DE DESARROLLO

1.1. El Enfoque de Desarrollo

1.2. El País que Construiremos

1.3. Estrategia General del Plan Nacional de Desarrollo

EL ENFOQUE DE DESARROLLO

1.1.1 EL DESARROLLO DESDE EL COLONIALISMO NEOLIBERAL

Durante años, las estrategias de desarrollo fueron presentadas como instrumentos técnicos, sin ideología y ajenos a las condiciones políticas e históricas de la realidad nacional. Las políticas de desarrollo de las últimas dos décadas acumularon frustración, desigualdad y pobreza en la mayoría de la población.

Los pobres no tenían esperanza de obtener trabajo digno y remunerado para satisfacer sus necesidades más elementales y tampoco contaban con un Estado protector. Esta situación generó el rechazo al modelo de desarrollo diseñado para expropiar la riqueza nacional, que luego se convirtió en demanda social por participación directa en las políticas de Estado, el acceso igualitario a los medios productivos, el reconocimiento de sus culturas y la construcción de nuevas alternativas de futuro.

El neoliberalismo concebía el desarrollo humano asociado exclusivamente al crecimiento económico, desvinculado del Estado y de la política, que terminó por expropiar al pueblo el derecho a proponer y debatir su futuro común. El libre cambio es una ficción del capitalismo, por ello la apertura de la economía agudizó el empobrecimiento y las diferencias sociales. La estabilidad macroeconómica, la flexibilización del mercado laboral, la privatización de empresas y de los servicios públicos fueron condiciones necesarias para garantizar la competitividad y estimular la inversión extranjera directa sin condiciones.

Las diversas vertientes teóricas del desarrollo corresponden a pautas civilizatorias occidentales, cuyo lenguaje esconde dispositivos de dominación y control social que refrendan las prácticas de poder y conocimiento colonial. Para el neoliberalismo, los pueblos indígenas y la diversidad multiétnica y pluricultural son intrascendentes porque no contribuyen al crecimiento económico, excepto como mano de obra barata o potencial consumidor. En esta lógica la comunidad y lo indígena fueron sentenciados a diluirse por el colonialismo y la globalización.

El achicamiento del Estado -supuesta condición del fortalecimiento de la empresa privada- llevó a su debilitamiento y dispersión funcional. El empleo público fue drásticamente reducido en favor del servicio de consultoría privado, financiado por la cooperación externa, y la burocracia estatal fue privatizada y subordinada a intereses externos.

La reducida participación del sector público, la incursión de la gran empresa privada extranjera y la institucionalización de la libre contratación condujeron a disminuir la generación de empleo y a la caída de los salarios. Estos hechos, al generalizarse, ocasionaron el aumento de las tasas de desempleo abierto y también condujo a que las unidades de pequeña escala y los trabajadores por cuenta propia se constituyan en la mayor fuente de generación de empleo, aunque en condiciones de alta precariedad, con ingresos bajos y sin beneficios sociales.

El deterioro de las condiciones sociales contrastó con la alta rentabilidad de las operaciones financieras y con la concentración patrimonial en una reducida porción de la sociedad. Este proceso se realizó al amparo de la impunidad del poder político y de la ganancia prebendal, que contribuyó a que la riqueza nacional se concentre en empresas multinacionales exportadoras de excedentes.

La masificación de la pobreza en las ciudades está asociada a la ruptura de las formas culturales de integración social, la aguda diferencia entre ricos y pobres, la reducida capacidad protectora del Estado, la presión consumista, el comportamiento mediático y la proliferación de formas no solidarias y competitivas de conducta y relación humana.

El malformado Estado oligárquico, centralista, patrimonialista y corrupto, atrincherado en una democracia representativa, exacerbó la discriminación social, la exclusión política y el desconocimiento de los derechos indígenas.

1.1.2 VIVIR BIEN, EL FUNDAMENTO DE LA NUEVA PROPUESTA DE DESARROLLO

En un país multiétnico y pluricultural el desarrollo debe edificarse desde una lógica plurinacional de convivencia civilizatoria. La convivencia articula las diversas maneras de percibir, asumir, interpretar la vida, la sociedad, la naturaleza, la economía y el Estado.

La nueva propuesta de desarrollo se basa en la concepción del Vivir Bien, propia de las culturas originarias e indígenas de Bolivia. A partir de los elementos comunitarios enraizados en pueblos indígenas, comunidades agrarias, nómadas y urbanas de las tierras bajas y altas, el Vivir Bien postula una visión cosmocéntrica(2) que supera los contenidos etnocéntricos tradicionales del desarrollo.

El Vivir Bien expresa el encuentro entre pueblos y comunidades, respeta la diversidad e identidad cultural. Significa "Vivir Bien entre nosotros", es una convivencia comunitaria con interculturalidad y sin asimetrías de poder, "no se puede Vivir Bien si los demás viven mal". Se trata de vivir como parte de la comunidad, con protección de ella, en armonía con la naturaleza, "vivir en equilibrio con lo que nos rodea". También significa "Vivir Bien contigo y conmigo", que es diferente del "vivir mejor" occidental, que es individual, separado de los demás e inclusive a expensas de los demás y separado de la naturaleza.

El Vivir Bien es la expresión cultural que condensa la forma de entender la satisfacción compartida de las necesidades humanas, más allá del ámbito de lo material y económico. A diferencia del concepto occidental de "bienestar", que está limitado al acceso y a la acumulación de bienes materiales, incluye la afectividad, el reconocimiento y prestigio social.

También es una práctica relacionada con la dignidad, la independencia y la singularidad, con las lenguas nativas y el bilingüismo, y con dimensiones inmateriales y subjetivas, como el aprecio y reconocimiento comunitario, el afecto y el ocio traducido en la fiesta.

El Vivir Bien es la demanda de humanización del desarrollo donde la diversidad cultural asegura la responsabilidad y obligación social en el desempeño de la gestión pública. De esta manera, el desarrollo se convierte en un proceso colectivo de decisión y acción de la sociedad como sujeto activo y no como receptora de directivas verticales. De este modo, el Vivir Bien es el acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos.

El encuentro como sentido esencial de las relaciones humanas (El encuentro y la pluralidad cíclica y en espiral frente al progreso lineal unidimensional)

La concepción lineal y secuencial de progreso es insuficiente para comprender la nueva propuesta de desarrollo porque requiere de una comprensión integral, holística(3), radial y acumulativa, capaz de abarcar situaciones no homogéneas y a la vez incorpora aspectos desde lo cultural, económico, político y social. Asimismo une diversas prácticas y conocimientos provenientes de actores sociales diferentes, portadores de intereses, expectativas y percepciones contrapuestas.

La nueva política propone el desarrollo desde el encuentro y la contribución horizontal, y no desde la imposición y el autoritarismo. El encuentro significa la unión, la comunidad, la fiesta del compartir imaginarios(4) urbanos y rurales, el sentido esencial de las relaciones humanas complementarias en un país diverso y comunitario.

Este principio del encuentro asociado al desarrollo es importante para contrarrestar la herencia colonial extendida a la constitución republicana, que se refleja en la acumulación de desencuentros e incomprensiones.

El encuentro es la pieza capital del proceso constituyente en el que está inmerso el país porque parte de la idea de comunidad política. Desde esta perspectiva, la Asamblea Constituyente debe vislumbrarse como un gran encuentro de culturas e identidades sociales para la construcción de la nueva nación y el nuevo Estado, fundados en la interculturalidad (relación entre culturas).

La armonía con la naturaleza

El desarrollo en torno al Vivir Bien se fundamenta en la capacidad de recuperar el vínculo con la naturaleza y la memoria social. En las comunidades agrarias está centrado en la tierra, en las comunidades nómadas en el bosque y en las comunidades urbanas en el barrio y la ciudad. De este modo se descarta el procedimiento deliberado de separar a las sociedades de sus raíces culturales mediante la dominación de una sola cultura.

La planificación busca ordenar el desarrollo y fortalecer el principio de relación intrínseca entre las culturas bolivianas y la naturaleza, como nexo generador de visiones sobre el mundo, interpretaciones del trabajo, identidades sobre el tiempo y sus mitos, construcción de la territorialidad y del poder.

Los sólidos vínculos de las culturas bolivianas con la naturaleza son patrimonio de todos y representan una enorme ventaja comparativa con relación a un modelo de desarrollo capitalista en crisis, donde la ecuación básica de desarrollo está asociada a la depredación de los recursos naturales con ganancias de corto plazo.

La nueva propuesta de desarrollo, enraizada en la pluralidad cultural, el encuentro y en la complementariedad de conocimientos, tienen el objetivo de acabar con el mito del progreso lineal que pretende dividir a las culturas entre modernas y atrasadas o primitivas y avanzadas. Esta trampa desarrollista conlleva la aniquilación de otras temporalidades, memorias, aportes a la construcción de las relaciones interhumanas y relaciones con el tiempo y espacio, cuyo horizonte estratégico es preservar otros significados acerca de la relación entre humanidad y naturaleza.

Hacia una vida social fraterna y solidaria

Es necesario vulnerar, desobedecer y quebrantar los moldes mentales convencionales para esbozar una nueva configuración mental en torno al desarrollo. Se trata de recuperar y ensamblar al desarrollo valores esencialmente humanos como la complementariedad, la solidaridad y la retribución, que tienen múltiples expresiones en la vida social boliviana y deben ser rescatadas, expresadas, revalorizadas y fortalecidas.

Más allá de la adhesión circunstancial a una causa, las expresiones de solidaridad generadas alrededor de movimientos sociales y organizaciones ciudadanas son una fuente esencial de valores basada en la unión y el respaldo mutuo, y en la solidaridad y complementariedad. Esta necesidad se manifiesta en formas de organización de las comunidades, cuyas expresiones rurales y urbanas son diversas y complementarias. Como colectivo social, que integra a familias e individuos, reproducen formas de vida social donde las personas mantienen relaciones sociales fraternas y solidarias protegidas por la comunidad.

Algunas de estas formas sociales son de trabajo asociado o de confluencia de intereses productivos. Las empresas campesinas, asociaciones de productores rurales o urbanos, cooperativas, micro y pequeñas empresas familiares son células económicas generadoras de empleo y distribuyen ingreso con una elevada contribución a la economía nacional.

Pese a esta capacidad, estas entidades no forman parte de los registros estadísticos oficiales y virtualmente no existen porque la normatividad estatal -fundada en principios jurídicos coloniales- sólo reconoce a una parte de la sociedad: a las empresas formales.

Estas formas de organización -no reconocidas por el Código de Comercio- son sancionadas con la exclusión de acceso al crédito en el sistema financiero y otros servicios públicos y privados. Además son discriminadas y calificadas como "informales" y, por consiguiente, "ilegales", ignorando su naturaleza. Sin embargo el Estado colonial les exige su obligación de contribuyentes.

Dada la magnitud de su aporte a la economía, estas formas de organización productiva representan un universo diferenciado del sector privado y de las empresas estatales del sector público. En ese sentido conforman un tercer sector económico de carácter sociocomunitario. Su discriminación está estrechamente ligada a la exclusión social general.

Democratización integral del desarrollo: plurinacional y diverso

La nueva política propone el concepto de "patrón de desarrollo" en oposición al "modelo de desarrollo" porque no sigue ni utiliza un prototipo probado y validado, sino que plantea construir un nuevo patrón de desarrollo en sustitución del primario exportador. Parte de la convicción de que en un país diverso, multicultural y plurilingüe, el desarrollo sólo puede ser un proceso plural, conjunto, colectivo, atento a la diversidad y pronunciado en distintas lenguas y concepciones del mundo.

Este proceso es la sucesión y el medio para dignificar la vida, contrario a la sumisión, sometimiento y a las formas políticas de absolutismo y dictadura. Algo que sólo puede suceder sin dominación, sin imposición cultural y con libertad para decidir el futuro.

El proceso está destinado a mejorar y ampliar las opciones, condiciones y capacidades humanas desde el respeto a la diferencia, sin homogenizar a las comunidades, a los pueblos y a los individuos, sino a fortalecer su cohesión mediante la heterogeneidad.

El marco teórico de esta estrategia se sustenta en la convicción de que las limitaciones y frustraciones del desarrollo del país son producto de un sistema de dominación étnica, cultural y político, impregnado de racismo y enraizado en las diversas formas del colonialismo.

Sin negar la importancia de las "necesidades básicas" es necesario comprender el desarrollo como un proceso de participación, deliberación y emancipación donde las comunidades y los pueblos deciden las prioridades, los contenidos y las expectativas de su futuro desde sus valores culturales y su imaginario social. En este contexto, el respeto a los derechos humanos, el sentido de pertenencia, la seguridad, el respeto a las formas de organización social y los derechos de las minorías tienen un valor central.

El patrón de desarrollo se define como una estructura fundamental que va más allá de la acumulación económica y está relacionada esencialmente con la libertad cultural para decidir, el respeto a la diversidad, la diferencia, la heterogeneidad social y con la forma en que se organiza la vida, la sociedad y el Estado.

En este sentido, el Vivir Bien corresponde a un patrón de desarrollo y de democratización integral, plurinacional y diversificado, donde el desarrollo y la democracia tienen la misma importancia. No existe desarrollo sin democracia, sin extender la participación social en la actividad y las decisiones políticas, económicas y culturales.

La democratización en su dimensión social es la toma de decisiones, la organización estatal y la actividad política. Este proceso está relacionado con la representación, legitimidad y la forma en que los movimientos sociales, las organizaciones campesinas y los pueblos indígenas participan, aportan e intervienen en la configuración democrática del país.

Este énfasis popular obedece a que son las organizaciones sociales, los pueblos indígenas y los trabajadores campesinos los legítimos impulsores históricos de la transformación democrática en el ejercicio del poder político. De este modo la democratización no pasa únicamente por el reconocimiento de las identidades culturales y sociales, sino por un diseño institucional distinto a la representación y al ejercicio del poder.

El cambio multidimensional desde la diversidad cultural

La clave del desarrollo radica en suprimir la estructura de dominación cultural y de discriminación racial vigente e instituir una práctica de diálogo, cooperación, complementación, reciprocidad y entendimiento. De esta manera el crecimiento económico se concibe como el proceso de consolidación, fortalecimiento e interacción entre identidades, como la articulación de redes de intercambio e interculturalidad.

El crecimiento económico también se concibe como la estimulación de formas de comunidad y convivencia, y la constitución de mecanismos y andamiajes institucionales para proteger, respetar y promover la diversidad y los derechos en el proceso productivo. En consecuencia, el cambio cuantitativo, la expansión de la economía y el aumento porcentual del producto interno bruto (PIB) y del producto real por habitante no expresan el crecimiento que se deriva de la diversidad, la identidad y la interculturalidad.

El aumento de los valores de bienes y servicios producidos, la suma de variables macroeconómicas de la inversión, producción, el empleo y consumo que convergen para generar bienestar tampoco expresan el aporte de la comunidad, de la convivencia y la expansión de los derechos que están fuera de esta comprensión.

El crecimiento múltiple y sostenible responde a la multiplicidad de formas coexistentes y simultáneas de pensar, encarar y relacionarse con los ámbitos del progreso y del desarrollo. De esta manera, el crecimiento se vuelve diverso, complejo, heterogéneo y compuesto.

La vocación por la diversidad y la admisión de las formas múltiples del crecimiento supone una postura de resistencia a: i) la imposición de un macromercado globalizado, ii) a la creación de patrones de consumo, pensamiento y comportamiento uniformes, y iii) a la contradicción provocada entre la producción capitalista y la preservación de la diversidad biológica, de los recursos naturales y de la integridad de los ecosistemas (por el modelo de consumo globalizado).

La interculturalidad y la diversidad son la base de la acumulación interna y la calidad de vida

Uno de los núcleos del nuevo patrón de desarrollo propuesto es la interculturalidad (relación entre varias culturas dentro de un mismo territorio) como interacción, intercambio y comunicación cultural, y también como reconocimiento, aceptación y reciprocidad con el otro.

La interculturalidad es el motor del desarrollo porque permite que las culturas interactúen, compartan valores, se complementen y se reconozcan promoviendo relaciones igualitarias entre los seres humanos y los pueblos. La interculturalidad es una construcción opuesta al etnocentrismo(5).

La interculturalidad asociada al desarrollo permite interpretar de manera distinta los fenómenos sociales, como ocurre en los tránsitos y desplazamientos poblacionales en el territorio que son fuentes de identidad colectiva, fértiles espacios de intercambio y de construcción de andamiajes organizativos.

La postulación de la interculturalidad y de la vida, como principios prioritarios en la concepción de esta estrategia frente a la acumulación económica, es una crítica a la perversión neoliberal que sitúa al capital y a la especulación financiera por encima de toda convivencia humana. Además conduce a mercantilizar toda la apropiación privada del conocimiento, la tecnología, los recursos naturales, la comunicación y hasta la producción y difusión de significados y mensajes.

1.1.3 RECUPERAR LA CAPACIDAD DE DECIDIR COMO PRINCIPIO DE SOBERANÍA NACIONAL: CONSTRUYENDO EL NUEVO ESTADO

Otro componente esencial del diseño conceptual del nuevo patrón de desarrollo es recuperar la capacidad de decidir. Sin el restablecimiento de esta facultad consustancial con el papel del Estado, como representante del interés social y colectivo, no es posible establecer nuevas pautas y dimensiones del desarrollo.

La recuperación de la capacidad de decidir es un acto fundamental de libertad y soberanía nacional. Sólo mediante el autogobierno y la autodeterminación de los pueblos se puede construir un país solidario y cohesionado socialmente, basado en la convivencia y en la paz.

La capacidad de decidir qué ser y qué hacer es la condición necesaria para el diseño y el cambio de un nuevo patrón de desarrollo de democratización integral, plurinacional y diversificado. El país solidario y cohesionado socialmente propone y busca una convivencia en paz para todos los miembros de la sociedad.

La recuperación de la capacidad de decidir radica en establecer un nuevo concepto de lo nacional, arraigado en el reconocimiento auténtico de la plurietnicidad (varias etnias) y de la multiculturalidad (varias culturas), en la vitalidad de los movimientos sociales, en lo popular como una ampliación de la participación del pueblo y en la conjugación de las fuerzas nacionales que fueron la esencia histórica de la vitalidad democrática del país(6).

La capacidad de decidir, la soberanía y la dignidad son valores nacionales sustanciales para configurar un patrón de desarrollo que contribuya a superar la pobreza, la desnutrición y que impacte positivamente en la salud, la esperanza de vida, la generación de empleo y en la erradicación de la corrupción.

Construcción del Estado descolonizado: protagonista y promotor del desarrollo

El Estado es concebido como potencia transformadora del cambio y su carácter esencial se expresa en un nuevo poder que surge de los sectores populares y de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y de los trabajadores del campo y la ciudad. Este Estado representa el nuevo bloque de poder que enuncia los intereses de los que fueron marginados y excluidos durante siglos.

Este nuevo Estado corresponde a una sociedad diversa, participativa y justa, basada en la solidaridad, cooperación y reciprocidad como rasgos distintivos de su propia identidad. En esta sociedad se alcanza el máximo nivel posible de bienestar colectivo, que subordina el interés individual al social y en la que se combina y complementa la acción espontánea de las leyes del mercado con la previsión consciente del Estado mediante la planificación.

La ruta para descolonizar el Estado desde el Estado

La propuesta de la nueva institucionalidad del Estado boliviano consiste en asumir su descolonización desde sus mismas estructuras, prácticas y discursos. La composición colonial del aparato estatal y la urgencia de desmontar todos los mecanismos explícitos e implícitos que connotan y denotan esta colonialidad se debe a que está impregnada en la estructura del Estado y en su funcionamiento cotidiano.

La reconstrucción continua de lo colonial penetró a todas las esferas sociales y en ella se mezclaron elementos de dominación, exclusión étnica, racismo y hegemonía, mistificados por la modernización liberal y neoliberal de segmentos de la sociedad.

En lo político la descolonización implica aceptar las prácticas políticas de poblaciones sometidas y excluidos, mientras que en lo económico reconoce las economías de los pueblos agrarios y nómadas junto a las comunidades urbanas.

En el Estado descolonizado se superponen las raíces culturales regionales andinas, amazónicas, chaqueñas, chiquitanas y otras junto a las expresiones culturales occidentales insertas desde la colonia o recientemente instaladas. Descolonizar el Estado significa reconocernos cómo somos, diversos y múltiples, en un largo proceso que parte de la subjetividad social hasta llegar a una conciencia colectiva de una nueva identidad nacional.

La institucionalidad política y la constitución del Poder Ejecutivo tienen base colonial, por lo tanto es necesario desmontar el colonialismo cambiando la institucionalidad estatal por una nueva(7).

La ruta de la descolonización comprende diversas acciones y decisiones políticas. La Asamblea Constituyente es el espacio central para incorporar la diversidad social al proceso de construcción de una nueva institucionalidad, que le restará centralidad a las entidades liberales en el mismo núcleo del poder político.

En este escenario se planteará el diseño de las instituciones sobre la base de una propuesta multiétnica y pluricultural, que no significa sustituir la hegemonía señorial por la indígena, sino que organiza una nueva institucionalidad para democratizar el país e incorpora instituciones y formas ajenas a la modernidad.

Restarle centralidad a la cultura dominante es un requisito indispensable de la descolonización, porque las herencias coloniales se asientan en representaciones, discursos y estructuras ideológicas con contenido racial y étnico. El centro neurálgico de la colonialidad es la administración de la lengua y del conocimiento.

La incorporación concertada y participativa en la gestión estatal de diversos sujetos, movimientos sociales y trabajadores del campo y la ciudad, que reconozcan las formas comunales asociadas a prácticas solidarias y cooperativas, forma parte de la descolonización del Estado al igual que el reconocimiento y valoración de las economías comunales indígenas y campesinas, porque contribuyen a construir un Estado para todos con la participación de todos. La prioridad de este proceso es cambiar la historia y lograr reconocimiento legal de las economías indígenas y la necesidad de su normatividad positiva.

El Estado social, pluricultural y comunitario produce riqueza y controla el excedente

El propósito del nuevo patrón de desarrollo, democratizador, integral, plurinacional y diversificado carece de sentido si no genera capacidades y canales para que la sociedad boliviana se apropie de su Estado y lo oriente hacia las necesidades de la población.

El diseño de una nueva matriz productiva para racionalizar la inversión pública con equidad en el proceso de distribución de los recursos reduce el intercambio desigual, el desequilibrio urbano rural y la relación asimétrica regional.

El Estado descolonizado controlará el excedente económico para el desarrollo ampliado de la vida humana, asumirá el rol productor y distribuidor de la riqueza nacional y cumplirá el papel rector de la actividad económica. El Estado recupera las funciones, las atribuciones y las competencias que el neoliberalismo le cercenó progresivamente hasta convertirlo en un aparato subsidiario.

Este nuevo Estado restablecerá sus funciones económicas en la producción, en la infraestructura, en la comercialización y en el financiamiento, generará la construcción de un nuevo sector público y una nueva empresa pública con gestión transparente y sustentable.

La creación de rentas estatales en los sectores estratégicos de hidrocarburos, minería, energía eléctrica y ambiental contribuirá a la acumulación interna como soporte del desarrollo de los sectores generadores de empleo e ingresos. Este proceso se realiza en concordancia con la construcción de un país digno, soberano y productivo.

De acuerdo con el nuevo patrón de desarrollo propuesto, la democratización del Estado no existirá ni prosperará si no se conforma una estructura de poder para que todos los pueblos y culturas estén presentes en las decisiones económicas y políticas del Estado. Será imprescindible diseñar y establecer mecanismos institucionales para que lo comunitario, lo local y lo regional participen y tengan peso en la definición de las políticas públicas y en las decisiones del Estado.

El nuevo Estado debe surgir del proceso de debate en la Asamblea Constituyente, alrededor de las visiones sobre la posible reconstitución de la división política estatal y de las autonomías. Debe respetar la complementación, solidaridad, cooperación, el desarrollo de las regiones, el respeto a las culturas nómadas y comunitarias, y a la forma en que éstas subsisten basadas en estrategias de tránsito entre distintos pisos productivos y ecológicos.

1.1.4 LAS NUEVAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO: CONSOLIDACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD DE IDENTIDADES Y VALORES

Las identidades pueden consolidarse, complementarse y enriquecerse mutuamente si se considera la diversidad cultural de grupos humanos como una construcción social destinada a establecer vínculos e intercambios culturales para superar la visión de la identidad como un hecho de confrontación con los demás.

Para ello se debe articular elementos relevantes y definitorios de las identidades colectivas -como los vínculos de sangre, el color de la piel, el lugar de nacimiento, los rasgos físicos, la lengua y la vestimenta- para que sean comprendidos, respetados y conjugados de forma enriquecedora. De esta manera la diversidad se convierte en un factor de cohesión social y no de separación y enfrentamiento. Asimismo se deben construir espacios que faciliten la complementariedad de identidades y la generación de valores compartidos(8).

En realidad todas las culturas son mestizas en la medida que reciben aportes de otras identidades diferenciadas. Por lo tanto, el mestizaje es un punto de llegada y no de partida. En este sentido, la revalorización de las identidades debe partir del concepto de las culturas como espacios de condensación de anhelos, costumbres, poderes, deseos, gustos, imaginaciones, de actos de personas y grupos relativamente compactos que mutuamente se integran, se seducen y toleran, se confrontan y se aceptan e imponen.

Construir esquemas de complementariedad de identidades y generación de valores compartidos implica romper el modo histórico de cómo se produjo y se produce la cultura desde las elites reducidas que controlan y disciplinan la elaboración y difusión de representaciones discursivas. Contra esta forma de creación de cultura se propone incorporar una matriz cultural heterogénea que combine distintas voces de la diversidad, sin imposiciones ni predominios.

El aporte conceptual de la Estrategia Nacional de Desarrollo se basa en la propuesta de una complementariedad de identidades que no se reduce a la etnicidad (como visión unilateral) como exclusión y tampoco como categoría fiscal tributaria, utilizada para jerarquizar oficios, dominar y prolongar las formas impuestas por el orden establecido y por la colonialidad extendida.

La propuesta de consolidación y complementariedad de identidades y valores compartidos es una apuesta por constituir textos, hábitos y prácticas para descolonizar, orientadas a acabar con la hegemonía de una fracción social acostumbrada a mandar e imponer su dominación por siglos.

Para que el Estado pueda quebrar la raíz del colonialismo es necesario que vaya más allá de la ocupación de la identidad delegada. Es inexcusable llevar hasta el límite la impugnación de las falsedades instituidas por el colonizador y avanzar hacia un proceso progresivo de autoemancipación y de ejercicio de la libertad.

1.1.5 EL ACCESO EQUITATIVO AL CONOCIMIENTO Y A LA COMUNICACIÓN COMO BIENES PÚBLICOS

El acceso universal al conocimiento y a la comunicación, como bienes públicos, son de responsabilidad del Estado porque están asociados a generar espacios de igualdad y de oportunidad mediante su democratización y el establecimiento de nexos interactivos para que la sociedad no sólo reciba conocimiento e información, sino que contribuya a producir, adaptar y reinterpretar el saber.

La nueva propuesta de desarrollo plantea fortalecer los sistemas de publicación y difusión de información, y establecer mecanismos para el desarrollo, la comunicación del conocimiento, los saberes propios y autóctonos vinculados con los pueblos originarios y comunidades urbanas.

De este modo, la consolidación de distintas vías para el acceso plural a la información y a la disponibilidad de tecnologías apropiadas debe entenderse como un mecanismo para combatir la desigualdad y mejorar la productividad, creatividad, comprensión y el intercambio cultural.

Este concepto de acceso abierto al conocimiento y a la comunicación también se extiende al ámbito de los servicios estatales, sociales y productivos. En está lógica se concibe al Estado como un agente democratizador, incluyente y participativo, que genera y permite la cohesión social a partir de la disponibilidad social e irrestricta de sus servicios.

La construcción de conocimiento debe ser una actividad colectiva, catalizada por el Estado y ejecutada en todos los ámbitos, desde los centros científicos y tecnológicos hasta las comunidades más alejadas.

1.1.6 LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA PROPIEDAD, EL INGRESO Y EL EMPLEO

Una nueva dimensión fundamental para constituir un desarrollo alternativo al colonial es democratizar la propiedad, el ingreso y el empleo. La herencia colonial en combinación con el neoliberalismo determinó que los derechos de propiedad sean ejercidos por una elite minoritaria asociada a la gestión permanente de la política y el poder.

Por ello, es necesario que establecer mecanismos para democratizar la propiedad para que el Estado y la sociedad participen activamente en la economía, que significa generar riqueza y acceder a nuevos mercados y a los flujos económicos restringidos y controlados por los grupos de poder acostumbrados al usufructo del patrimonio estatal.

La democratización de la propiedad, el ingreso y el empleo es el principal instrumento para contrarrestar la desigualdad y la inequidad social. Desde el Estado es necesario establecer procedimientos y fórmulas que favorezcan una distribución más democrática del ingreso y la riqueza, donde la tierra es un elemento básico.

El empleo es otro de los componentes esenciales de la dignidad humana porque permite afianzar el relacionamiento y la cohesión social interna. Democratizar el empleo significa considerar que es un derecho fundamental que debe ser protegido y extendido por la acción del Estado.

1.1.7 SEGURIDAD ALIMENTARIA CON SOBERANÍA, BASE DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Uno de los pilares fundamentales, que orienta la estrategia nacional de desarrollo productivo, se basa en la seguridad y soberanía alimentaria, entendida esta como el derecho de nuestro país a definir sus propias políticas y estrategias de producción, consumo e importación de alimentos básicos, conservando y rescatando la diversidad productiva y cultural de nuestro territorio. Garantizando el acceso oportuno en cantidad y calidad de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados a la población para Vivir Bien.

La nueva visión contribuye al logro de la seguridad alimentaria nacional sustentable, aplicando tecnologías ancestrales y de última generación, dirigidas al fortalecimiento del sector productivo, priorizando la micro, pequeña y mediana producción, así como a las organizaciones productivas.

Esto requiere de la garantía estatal del acceso del sector productivo al agua, la tierra, recursos genéticos y mercados justos.

1.1.8 LA CONFIGURACIÓN DE UNA NUEVA FORMA DE RELACIONES INTERNACIONALES

La inserción en el mundo globalizado exige un cambio de las relaciones con otros países, acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales para que sea concordante con el nuevo patrón de desarrollo. El propósito es eludir las influencias perniciosas de un mundo enfrascado en una feroz competencia por capturar y acumular el excedente internacional, a costa de la biodiversidad del planeta y la propia supervivencia humana.

Este nuevo relacionamiento protegerá al país y a la sociedad de los elementos nocivos que introduce la tecnología para abaratar costos y lograr competitividad, como el uso perverso de la biotecnología, que implica condicionantes políticas de sumisión para acceder a mercados externos.

Además del comercio de mercancías, la interrelación con el mundo abarca el aporte cultural al mundo y la recepción de elementos beneficiosos de otras culturas, en el marco de relaciones de intercambio equitativas que ayuden a reproducir y expandir la nueva matriz productiva del país.

Es necesario construir y desarrollar vínculos internacionales mediante alianzas estratégicas con estados que comparten el comercio justo en beneficio de los pueblos y no de las transnacionales que controlan los mercados internacionales y la Organización Mundial de Comercio (OMC). Desde esta perspectiva, el comercio internacional debe proteger la biodiversidad y la propiedad intelectual de productos locales indígenas incorporados en los productos ecológicos, fitofármacos, nutraceúticos y la medicina tradicional.

1.1.9 LA RELACIÓN LATINOAMERICANA CON EL CAMBIO DE PATRÓN DE DESARROLLO EN BOLIVIA

Las repercusiones del cambio en el entorno latinoamericano son parte de la historia de las variadas experiencias de las políticas desarrollistas compartidas por decenios en el siglo pasado. No cabe duda que el cambio de paradigma de desarrollo privilegia al sujeto social como depositario de los beneficios.

La acumulación de riqueza es un instrumento para el bienestar de las personas que viven en alguna forma comunitaria y comparten las consecuencias perversas del mercado, y no la finalidad del esfuerzo de la sociedad.

El Vivir Bien extensivo a las relaciones con los pueblos en condiciones distintas al simple intercambio mercantil de productos entre empresas (que benefician primero a sus propietarios y residualmente a los demás), significa incorporar la solidaridad, la complementariedad y la reciprocidad. No es un intercambio de compensaciones obligatorias, sino una ayuda oportuna para romper con las formas tradicionales de los limitados acuerdos de comercio.

La nueva política exterior boliviana se funda en estos principios y está traducida en el Tratado de Comercio de los Pueblos que, además del comercio de mercancías, abarca el intercambio cultural, social, científico, político y tecnológico, basado en la complementación de las disponibilidades y capacidades de cada pueblo. Esta modalidad es extensiva a las relaciones con los otros países de la región, sobre nuevas bases de integración entre pueblos.

La integración de centros académicos y de investigación que realicen trabajos conjuntos en una relación sur-sur conformará una masa crítica que ayude a romper la dependencia tradicional de los centros de investigación del norte y a desarrollar conocimiento regional propio, compartido en costos y beneficios para los pueblos. Otra opción similar es la integración de empresas estatales como mecanismo de protección frente al mercado internacional.

EL PAÍS QUE CONSTRUIREMOS

El país se encuentra en un periodo histórico de crisis generalizada que demanda transformaciones estructurales en el Estado, la economía, la organización social y la cultura. La Asamblea Constituyente es el instrumento político para establecer el nuevo pacto social intercultural y lograr el cambio institucional que esperan pueblos y comunidades de todas las regiones del país.

Este instrumento debe normar el proceso de transformación y hacer posible la erradicación del origen colonial de la desigualdad y la exclusión que no consiguió eliminar el desarrollismo y fue profundizado por el neoliberalismo.

La transformación del país en el largo plazo, en el lapso de una generación, configura una Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para que todos los bolivianos y bolivianas "vivamos bien".

La Bolivia Digna erradicará la pobreza y toda forma de exclusión, discriminación, marginación y explotación, y hará que se ejerzan plenamente los derechos sociales, políticos, culturales y económicos de la población. La solidaridad y reciprocidad se expresarán en un patrón equitativo de distribución del ingreso y la riqueza, con una población en situación de menor riesgo en lo social, económico y político.

La Bolivia Democrática se funda en la sociedad plurinacional y comunitaria, donde el pueblo ejercerá el poder político desde las regiones con los actores sociales y los movimientos sociales e indígenas. El pueblo no sólo elige sino revocará mandatos, ejercerá control social sobre la gestión estatal y será corresponsable en las decisiones sobre su propio desarrollo.

La Bolivia Productiva transformará, integrará y diversificará su matriz productiva en el marco del nuevo patrón de desarrollo, ocupará el conjunto de su territorio y logrará el desarrollo de los complejos productivos integrales. También creará productos materiales e intelectuales con marca boliviana, industrializará sus recursos naturales y aumentará el valor agregado a sus exportaciones con el apoyo del Estado promotor y protagonista del desarrollo. Este Estado, con políticas productivas y un mercado interno fortalecido, generará excedentes, contribuirá a la acumulación interna y distribuirá la riqueza equitativamente.

La Bolivia Soberana tomará decisiones propias y autónomas a partir de sus necesidades, perspectivas e identidades. También se relacionará digna y exitosamente en el contexto mundial, preservará relaciones armónicas y de equilibrio entre los países y consolidará su soberanía alimentaria y energética en beneficio del Vivir Bien.

Este esfuerzo se orienta a construir una sociedad y un Estado en el que bolivianas y bolivianos y "vivamos bien", donde Bolivia es la casa común, digna y soberana. En este escenario se desarrollará una concepción cosmocéntrica, holística y se privilegia el vivir en comunidad con el disfrute de los bienes materiales, espirituales y afectivos generados por la sociedad y el Estado.

En este contexto, el plan estratégico está orientado a desmontar el colonialismo y el neoliberalismo para construir un paradigma alternativo de desarrollo que contribuya a recuperar lo mejor de la humanidad y a garantizar la sostenibilidad del planeta.

Para el año 2015 se logrará:

- Implantar políticas estructurales de cambio del patrón de distribución de activos productivos y sociales, y mecanismos distributivos del ingreso mediante estrategias y programas de desarrollo comunitario.

- Configurar un nuevo patrón de desarrollo diversificado e integral, basado en la matriz productiva con productos y servicios con mayor valor agregado, sustentado en la industrialización de los recursos naturales, en la calificación del potencial humano y en el desarrollo sectorial y territorial equilibrado y articulado.

- Establecer una nueva modalidad de relacionamiento internacional político, económico y cultural, apoyado en principios de autodeterminación, complementariedad y reciprocidad, donde se privilegiará el beneficio para los pueblos y se propugnará el intercambio justo.

- Consolidar el control social y la participación ciudadana en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas de desarrollo regional y nacional. Se alcanzará un alto nivel de transparencia en la gestión pública y se disminuirá drásticamente la corrupción.

En la perspectiva del Vivir Bien se alcanzará:

- Desarrollar la economía con tasas de crecimiento sostenidas más altas que las obtenidas en los últimos 20 años y superiores a las del crecimiento demográfico.

- Generar mayores ingresos en el marco de una distribución más equitativa, empleo digno y permanente, donde el trabajo es una actividad que contribuye a la realización plena de la persona.

- Reducir la desigualdad con una mayor disponibilidad y acceso a elementos materiales y espirituales satisfactorios, además de los activos sociales y productivos.

- Incorporar en las políticas y estrategias de desarrollo el enfoque social, de equidad cultural, género, manejo ambiental, innovación y aplicación de saberes y conocimiento.

En el período 2006 - 2011 se alcanzará:

- Un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 6,3 por ciento como tasa promedio estimada.

- Disminuir la pobreza de 58,9 por ciento en 2005 a 49,7 por ciento en 2011, mientras que la pobreza extrema se reducirá de 35,3 por ciento en 2005 a 27,2 por ciento en 2011.

- Reducir la tasa de desempleo abierto de 8,4 por ciento en 2005 a cuatro por ciento en 2011.

- Un promedio de 90 mil empleos por año durante este período.

- Un ingreso per cápita que subirá de 1.000 dólares en 2005 a 1.411 dólares en 2011.

- Una disminución de la desigualdad medida en términos de diferencia entre el ingreso del 10 por ciento más rico con relación al 10 por ciento más pobre de 27 veces en 2005 a 21 veces en 2011.

- Un cambio de la matriz energética del 50 por ciento del parque automotor.

- Reforestación de medio millón de hectáreas.

ESTRATEGIA GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

La historia de Bolivia, al igual que la de Latinoamérica, se encuentra marcada por el colonialismo y el neoliberalismo, donde las potencias coloniales impusieron una forma de civilización ajena que dio lugar a una larga historia de dominación y exacción económica, sustentada en un patrón de desarrollo primario exportador. La coacción impuesta se complementó con exclusiones culturales, sociales y políticas.

En las dos últimas décadas, aquellas imposiciones y exacciones adquirieron características aún más excluyentes porque las transnacionales, los organismos internacionales y las naciones poderosas impusieron su agenda. Asimismo se acrecentó el colonialismo externo y la burguesía nacional abandonó su propio proyecto nacional para someterse a las decisiones de los países externos.

El resultado de ese proceso dejó un país profundamente inequitativo y excluyente. La pobreza y la desigualdad son la expresión de la distribución inequitativa del ingreso, empleo, consumo, de la riqueza y las oportunidades, además del desconocimiento de las identidades, los derechos y la dignidad de las personas.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional decidió poner en marcha su Plan Nacional de Desarrollo para dar inicio al proceso de desmontaje del colonialismo y del neoliberalismo, y a empezar a construir una nueva sociedad con un Estado plurinacional y comunitario. En este proceso de construcción prevalece lo comunitario, la asociación de "complementarios que a su vez son diversos", la reciprocidad, la relación armónica hombre/mujer con la naturaleza y la visión holística de la realidad.

En el corto plazo, el desmontaje y la construcción plantean el fortalecimiento de un Estado promotor y protagonista del desarrollo, distribuidor de riqueza y oportunidades, productor en unos casos de manera directa y en otros como socio mayoritario e impulsor de la convivencia entre la economía privada, comunitaria y mixta.
Este cambio se realizará con la implementación de cuatro estrategias nacionales (ver Gráfico Nº 1):

- Estrategia sociocomunitaria: Bolivia Digna, busca la erradicación de la pobreza e inequidad, y desarrollo de un patrón equitativo de distribución y/o redistribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades.

- Estrategia del poder social: Bolivia Democrática, con base en una sociedad y Estado plurinacional y socio - comunitario, donde le pueblo ejerce el poder social y comunitario y es corresponsable de las decisiones sobre su propio desarrollo y del país.

- Estrategia económica productiva: Bolivia Productiva, busca la transformación, el cambio integrado y diversificado de la matriz productiva generando excedentes, ingresos y empleo.

- Estrategia de relacionamiento internacional: Bolivia Soberana, consiste en la interacción con el resto del mundo a partir de nuestra identidad y soberanía.

GRÁFICO Nº 1
ESTRATEGIA GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO



La estabilidad macroeconómica del país y la nueva gestión institucional estatal son instrumentos que coadyuvarán a implementar las mencionadas estrategias.

Este proceso se asienta en las regiones, siendo el territorio y sus componentes naturales, agua y ser humano los elementos substanciales de la cosmovisión de las culturas. De esta manera, la innovación, la equidad social, cultural y de género, y el manejo adecuado del medio ambiente transversalizan las estrategias.

Desde la visión holística de la propuesta, las estrategias Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática están orientadas a conseguir el Vivir Bien en comunidad.

En este sentido, el PND reconoce la existencia y la necesidad de articulación con equidad y complementariedad de la economía estatal, comunitaria, mixta y privada.

La economía estatal, donde el Estado es promotor y protagonista del desarrollo, asumiendo roles y funciones diferenciadas económicas en los procesos productivos del país y propiciando la transformación de la matriz productiva.

La economía comunitaria, que se asienta en procesos productivos impulsados por organizaciones sociales, comunitarias y micro y pequeños empresarios, artesanos, Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS), Organizaciones Productivas, Comunidades y Asociaciones urbanas y rurales, basados en valores como equidad, complementariedad, reciprocidad y solidaridad.

La economía mixta, que se establece sobre la asociación del Estado con los actores del resto de las economías.

La economía privada que surge de la iniciativa privada y que se desarrolla fundamentalmente con reglas de mercado.

CAPÍTULO II
BOLIVIA DIGNA

2.1 Estrategia Nacional Sociocomunitaria
2.2 Políticas Sociales
2.3 Indicadores Sociales
2.4 Sector Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario (PS-DIC)
2.5 Sectores Generadores de Activos Sociales
2.6 Sectores Generadores de Condiciones Sociales

2.1 ESTRATEGIA NACIONAL SOCIOCOMUNITARIA

La estructura socioeconómica y sociocultural imperante en Bolivia es inequitativa y excluyente porque no toma en cuenta las diversidades socioculturales, genera alta desigualdad en la distribución de los ingresos y en el acceso al empleo digno y remunerado con participación social. Las desigualdades económicas y sociales brindan escasas oportunidades de acceso al sistema educativo, a los servicios de salud, a la vivienda, saneamiento, justicia, seguridad ciudadana y a servicios financieros.

Los más afectados de este orden estructural son los indígenas, las mujeres, los campesinos, niños y jóvenes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes y en general todos los actores vulnerables que en su conjunto son la mayoría nacional.

Esta grave situación se refleja en:

i) Pobreza, la más extensa y profunda de la región.

ii) Alta vulnerabilidad social, económica, organizativa, cultural y territorial que afecta con mayor rigor a los más pobres.

iii) Alta desigualdad en la distribución de los ingresos y en el acceso al empleo digno.

iv) Inequidad y exclusión estructural que principalmente provocó la marginación y discriminación de los pueblos indígenas y originarios de las áreas urbanas y rurales y que estructuró un ordenamiento social de base étnico-cultural ocasionando la segmentación, discriminación de la diversidad -no solo cultural sino de toda índole -menosprecio de potencialidades y patrimonio cultural.

v) Enormes diferencias entre: pobres y ricos; el área rural y urbana, que produjo la mayor migración de nuestra historia; regiones; y entre el eje central (ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz) y el conjunto del territorio.

vi) Debilitamiento de las capacidades integrales individuales y comunitarias en términos de:

- Reproducción social (educación, salud, habitabilidad, tierra, cultura, justicia, seguridad).
- Manejo territorial (tierra territorio, sistemas de manejo de recursos naturales, agua, aire, biodiversidad entre otros)
- Reproducción económica de la producción, transformación, circulación y distribución.

vii) Rupturas civilizatorias de la diversidad.

La Estrategia Nacional de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario Bolivia Digna, es la respuesta a esta situación, en un proceso de desmontaje del colonialismo liberal y la construcción de la interculturalidad y el comunitarismo expresado en una nueva «estatalidad» y «societalidad».

GRÁFICO Nº 2
DESMONTAJE DEL COLONIALISMO Y NEOLIBERALISMO



La colonialidad liberal mina estructuralmente las capacidades humanas y comunitarias del país y su diversidad cultural.

El desmontaje del colonialismo alcanza a la institucionalidad, por su vocación excluyente y su normatividad institucional diferenciadora y colonizante. Comprende la disciplina que genera hábitos que reproducen conocimientos, actitudes y prácticas de jerarquización colonial de sometimiento. Finalmente involucra la lógica civilizatoria que determina las relaciones sociales entre las personas y la relación con la naturaleza.

El desmontaje del liberalismo comprende a su vez la reversión del centralismo del mercado que forma imaginarios objetivados y centrados en el individualismo y la desestructuración de la comunidad. Revierte, la competencia destructora que corroe la solidaridad y la responsabilidad compartida, como al consumismo que destruye la naturaleza.

La construcción de la interculturalidad parte de la reconstitución de las unidades socioculturales y los actores sociales para encarar un modelo de estatalidad, de la diversidad alternativa a la lógica homogeneizante del "Estado Nacional Colonial". De ésta manera, la interculturalidad puede desarrollarse en todos los ámbitos, espaciales y sectoriales, orientada a construir, de manera permanente, simetrías en las relaciones de poder.

La construcción comunitaria de: los pueblos indígenas y originarios; organizaciones populares; comunidades económicas, sociales, culturales y políticas, se centra en la conformación de armonías, equilibrios, interdependencias y autonomías. Estas redistribuyen y construyen equidad, que otorga vida y movimiento al entorno en su conjunto.

El proceso de desmontaje es la afirmación y construcción de la democracia comunitaria.
Esta implica la toma de decisiones compartidas entre el Estado y la sociedad, así como la participación permanente y equilibrada individual en la comunidad.

La Estrategia Nacional Sociocomunitaria Bolivia Digna, construye comunitarismo intercultural y democrático. Rompe con las formas tradicionales de poder y de asignación de recursos para el «Sector Social», porque esas formas coadyuvan a que las estructuras reproduzcan la desigualdad en la dimensión económica, en el poder y en el sistema mundial.

La Estrategia Bolivia Digna asume una proyección tetradimensional. Genera, primero, capacidades humanas y comunitarias para el desarrollo de la economía, de la propia sociedad, la cultura y la política. En éste sentido, forma y reproduce el factor más importante del desarrollo que son: individuo (persona), la familia, la comunidad.

En segundo lugar, la distribución de factores y medios de producción, como elementos sustantivos de la reciprocidad y la redistribución del excedente nacional para potenciar y fortalecer la capacidad de los actores y el territorio.

En tercer lugar, genera desarrollo socio comunitario pleno, sano, creativo, proactivo, con valores e identidad, con capacidad proyectiva y transformadora, y con esperanza.

Finalmente, orienta la reproducción de la equidad, establece un escudo de protección y movilización que garantiza cerrar las injustas brechas, y se organiza en torno al horizonte de dignidad para erradicar toda forma de exclusión, discriminación y violencia.

Los principios de intervención son: la intersectorialidad y la territorialidad; la primera orientada a construir integralidad en una concepción holística de interdependencias y complementariedades de construcción, y cuidado permanente del equilibrio y armonía; permite una intervención integral porque no se construye sólo en el ámbito de lo sociocomunitario sino también en su relación con lo económico, el poder social y la inserción internacional.

El segundo principio, la intervención territorial, está orientada a generar equidades regionales y al mismo tiempo reconstituir unidades socioculturales.

La Bolivia Digna está organizada en una matriz sociocomunitaria compuesta por sectores que generan capacidades y sectores que generan condiciones. Los sectores que generan capacidades son: educación, salud, vivienda, agua y saneamiento, los sectores que generan condiciones son: cultura, justicia, seguridad nacional (defensa) y seguridad pública.

GRÁFICO Nº 3
MATRIZ SOCIOCOMUNITARIA



De esta manera la política social se convierte en una condición fundamental para el desarrollo orientado por el Vivir Bien, no es una acción compensatoria para los pobres por los daños que genera el mercado. Generan capacidades individuales (de la persona), familiares y comunitarias a partir de la educación, la salud y la habitabilidad (vivienda, agua, saneamiento básico, energías) que se articula estructuralmente a la vida económica, social, cultural y política fortaleciendo, desarrollando y reconstituyendo capacidades humanas orientadas al desarrollo integral. Generan condiciones a partir de inclusión como factores de desarrollo a la cultura, la justicia, la equidad y la seguridad (pública y nacional) de tal manera que los actores no solo tienen la oportunidad de generar condiciones sino que el entorno se torna favorable para la gestión del desarrollo.

2.2 POLÍTICAS SOCIALES

Las políticas en la Bolivia Digna, como objetivo de desarrollo en el largo plazo, están orientadas a erradicar la pobreza y toda forma de exclusión, marginación y explotación social, política, cultural y económica. Se realizará a través del establecimiento de políticas nacionales de desarrollo integral que contribuyan a la generación de un patrón equitativo de distribución del ingreso, de la riqueza y de las oportunidades.

Deben concretarse mediante el ejercicio pleno de la dignidad y de los derechos de las personas y de los grupos sociales, así como, mediante la implementación de estrategias y programas de desarrollo destinados a reducir drásticamente las situaciones de riesgo y sus consecuencias en lo social, económico y político.

En esta perspectiva, las orientaciones que regirán la gestión del Estado son:

2.2.1 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES INTEGRALES Y SOSTENIDAS

La política social en Bolivia dependió, en gran parte, de las olas generadas por el ámbito internacional, que puso de moda tendencias y enfoques. Situación que sumada a las debilidades institucionales de la administración estatal facilitó la ejecución de proyectos y estrategias, poco estables y articuladas, con fuerte orientación asistencial.

La propuesta plantea el desarrollo de procesos sostenidos de intervención de tal manera que las políticas sociales tengan continuidad y sostenibilidad. Establece, además la necesidad de realizar acciones articuladas entre los múltiples sectores, en la perspectiva de fomentar el desarrollo integral de las personas, así como su relación armónica y equilibrada con la naturaleza, y el conjunto de la sociedad.

2.2.2 LA POLÍTICA SOCIAL DE ESTADO

Las estrategias del sector sociocomunitario se sustentarán en políticas de Estado. Estas responderán a las necesidades y expectativas de la población y serán parte indisoluble de las propuestas de desarrollo del país para Vivir Bien, y serán construidas sobre la base de la complementariedad entre políticas sociales y económicas.

Se dejará de considerar lo social como "variable de ajuste" de las políticas de crecimiento económico, y se constituirá como función principal del Estado, otorgándole a éste, el rol de promotor y protagonista para generar condiciones de equidad que contribuyan al logro del Vivir Bien.

2.2.3 POLÍTICAS SOCIALES COMO PARTE DE LA REVALORIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS SOCIALES

La inequidad y desigualdad, además de la ausencia de ciertos beneficios sociales y económicos, es la expresión estructural de la negación de los derechos de las personas y de los grupos sociales. En consecuencia, las políticas sociales deben dar prioridad a la atención y resolución de las causas de la negación de estos derechos y oportunidades.

El Plan Nacional de Desarrollo prevé la generación de estrategias destinadas a facilitar el perfeccionamiento de potencialidades y habilidades que conduzcan a formar activos sociales y condiciones sociales.

2.2.4 POLÍTICAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA PARA LOS SECTORES EXCLUIDOS

Las prioridades de inversión y ejecución de estrategias, programas y proyectos estarán orientadas a garantizar la atención y resolución de necesidades, expectativas y derechos de los grupos sociales con mayores niveles de exclusión. Estos grupos son: niñas y niños, mujeres, indígenas, adultos mayores, habitantes de áreas rurales, personas con capacidades diferentes, y adolescentes trabajadores.

2.2.5 POLÍTICAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PODER SOCIAL DE LOS EXCLUIDOS

Los procesos de resolución de la problemática social contarán con la participación y toma de decisiones de los sectores y actores en situación de exclusión. La construcción de la equidad se sustentará en estrategias de carácter comunitario y estará orientada al establecimiento de relaciones de igualdad con el resto de la sociedad y el Estado.

En este sentido el acceso, control y capacidad de uso de la comunicación y la información, la capacidad de negociar y participar en espacios de decisión y la defensa y ejercicio de sus derechos serán un soporte fundamental para la toma de decisiones y el control social.

2.2.6 POLÍTICAS DE VALORACIÓN DE LOS SABERES Y CONOCIMIENTOS LOCALES

La recuperación y valorización de saberes y conocimientos locales, así como el encuentro con los llamados "conocimientos universales", será una base fundamental para el diseño y desarrollo de estrategias sociales que promoverán la equidad.

2.3 INDICADORES SOCIALES

Para conocer el nivel de vida en que se encuentra la población, desde la perspectiva holística del Vivir Bien, no es suficiente considerar las variables macroeconómicas tales como el PIB global, el PIB per cápita, el nivel de inversión, la tasa de inflación, etcétera.

El significado del Vivir Bien tiene directa relación con el estado de bienestar general de las personas, es decir, con elementos adicionales que son cotidianos y parte de su vida diaria, así como de los grupos sociales con los que se interrelacionan.

En ese contexto, lo que cuenta es disponer de trabajo digno y permanente, de ingresos suficientes, vivienda decente, alimentación adecuada, educación, transporte, energía eléctrica, agua, servicios sanitarios y otros satisfactores de orden material y espiritual.

En este sentido, se han establecido indicadores sociales que servirán para evaluar el avance de las políticas sociales del Plan Nacional de Desarrollo, los mismos que se presentan en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 1
INDICADORES SOCIALES GLOBALES

INDICADOR	2005(%) p	2006(%) p	2011(%) e
Pobreza moderada (a)	60.6	59.9	51,6
Pobreza extrema o indigencia (b), (c)	38.2	37.7	29,7
Tasa de crecimiento PIB per cápita	1,8	2,5	4,8
Ratio entre ingreso del 10% más rico y con el 10% más pobre (d)	30 veces	24 veces	22 veces
Tasa de desempleo urbano	8,1	8,0	4,0

Fuente: Elaborado con datos del INE (Dossier Estadístico UDAPE 2007).

p: Preliminar; e: Estimado.

La pobreza moderada(a) se refiere a aquellas personas cuyos ingresos no les permiten satisfacer una canasta básica alimentaría y otros satisfactores básicos como educación y salud. La pobreza extrema o indigencia (b), se refiere a aquellos grupos sociales cuyos ingresos no cubren siquiera una canasta básica alimentaría.

Finalmente, el fuerte incremento que se espera lograr en la cobertura de servicios de electrificación rural permitirá levantar restricciones importantes para el desarrollo de diferentes actividades productivas urbanas y rurales, agroindustriales y de servicios.

Esto no solo representa mejoras tecnológicas sustanciales en las condiciones de vida y de producción, sino que constituye la base para el desarrollo de programas de educación, de capacitación técnica y el acceso a los servicios de telecomunicación, tecnologías de la información y la comunicación (TICs).

El cuadro siguiente muestra algunas de las metas sociales que se piensa alcanzar con la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, durante el periodo 2006 a 2010.

CUADRO Nº 2
INDICADORES SOCIALES SECTORIALES

No	Situación Actual	Metas 2006-2010
1	Agua potable y saneamiento Actualmente 2.6 millones de habitantes (26.9%) no tienen acceso al agua potable. 4.3 millones de habitantes (44.3%) no tienen acceso al servicio de saneamiento.	Población adicional que será beneficiada con agua potable: 1.926.414 habitantes. Población adicional que será beneficiada con saneamiento: 2.057.750 habitantes.
2	Recolección y tratamiento de residuos sólidos Deficiente prestación en los servicios de recolección y tratamiento de residuos (rellenos sanitarios) sólidos.	Se incrementará y mejoraran los rellenos sanitarios y el servicio de recolección, con una inversión de 11.5 millones de dólares americanos al año.
3	Aguas residuales Reducido tratamiento de Aguas Residuales	Población adicional que será beneficiada con tratamiento de aguas residuales: 1.314.778 habitantes.
4	Electricidad A octubre del presente año 1.42 millones de hogares en el área urbana y 271 mil hogares en el área rural cuentan con electricidad	Se ampliará la cobertura de electricidad en el área urbana de 90% a 97%, beneficiando al menos a 462 mil hogares adicionales y sectores productivos de zonas periurbanas. Se ampliará la cobertura de electricidad en el área rural de 33 por ciento a 53 por ciento beneficiando a 210 mil hogares.
5	Matriz energética Actualmente los hogares utilizan Gas Licuado de Petróleo para la generación de energía	Se construirán redes e instalaciones domiciliarias de Gas Natural en 150.000 viviendas
6	Vivienda Existe un déficit cuantitativo de 298 mil viviendas y en términos cualitativos un déficit de 855 mil viviendas	Se construirán 45 mil soluciones habitacionales en el periodo 2006-2010.
7	Alfabetización Actualmente el 13.6 por ciento (750.000 habitantes) de la población mayor a 15 años es analfabeta absoluta	Se alfabetizarán a 1.23 millones de personas mayores a 15 años, lo que significa prácticamente analfabetismo cero.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del PND

Con éste planteamiento se espera superar de manera cuantitativa y cualitativa las metas del Milenio reflejando el esfuerzo del país frente al pacto mundial de erradicación de la pobreza en sus diferentes manifestaciones a objeto de alcanzar el desarrollo sustentable, en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

De esta manera, el Plan Nacional de Desarrollo expresa la voluntad política de superar la exclusión social y reducir sustancialmente las desigualdades e inequidades económicas y sociales en el marco de una nueva visión de país, articulando las denominadas políticas de carácter universal que contribuyen al logro de los ODM, con políticas de focalización poblacional y territorial en intervenciones estratégicas más puntuales como repuesta integral a la superación de las causas de la pobreza, de la exclusión socio-cultural y económica.

2.4. SECTOR PROTECCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO

La pobreza es la manifestación más aguda de la desigualdad y la exclusión social, económica, política y cultural. Los pobres son discriminados socialmente por sus características étnicas y culturales; económicamente porque sólo pueden acceder y desempeñar las ocupaciones más degradantes y con las peores remuneraciones; políticamente porque no acceden a la representación ni a la gestión pública; y culturalmente porque están constreñidos a aplicar la normatividad impuesta en contra de sus usos y costumbres.

La pobreza en Bolivia es elevada pues más de la mitad de la población total (65,1 por ciento) es pobre y un tercio de la misma (41,3 por ciento) es extremadamente pobre. Estas cifras significan que un tercio de la población nacional está sometida a un alto grado de desigualdad y exclusión social, que están corroboradas por la distribución del ingreso nacional, donde la población más rica recibe el 47,3 por ciento del total del ingreso, o sea, 325 veces más que la población más pobre, que sólo obtiene el 0,2 por ciento. Además, esta concentración de la riqueza aumentó considerablemente con el modelo neoliberal, pero, creció la concentración de la pobreza, especialmente en algunas regiones del país.

La comparación del consumo en los municipios más pobres y más ricos confirma la situación de desigualdad del país. Los 80 municipios más pobres registran indicadores críticos (por el bajo nivel de ingreso), 97 de cada mil niños nacen muertos y sólo el 37 por ciento de ellos llega al octavo grado de la escuela, esto debido a la carencia de servicios básicos, de agua potable, recolección de basura, eliminación de excretas y en general, necesidades básicas insatisfechas que no fueron resueltas para la población indigente y marginal, como lo muestra el cuadro anterior.

En promedio, el porcentaje de población en extrema pobreza de los ochenta municipios focalizados es del 92,83 por ciento. Entre los problemas que afectan a la población de estos municipios esta la prevalencia de desnutrición global en menores de dos años que alcanza niveles alarmantes; donde el promedio es del 7,73 por ciento pero en algunos casos alcanza hasta el 46,03 por ciento. El promedio de consultas prenatales por embarazada atendida es de tres.

En Bolivia, las políticas de protección social surgieron para mitigar los efectos sobre la población del modelo económico neoliberal, comprometiéndose enormes cantidades de recursos financieros para el "alivio de la extrema pobreza", en base a proyectos asistencialistas, individualistas, paternalistas y sin visión de largo plazo ni sostenibilidad, los que también poco o casi nada han logrado en resultados.

Propuesta de cambio

El nuevo modelo de intervención está orientado a fortalecer la capacidad autogestionaria de las comunidades urbanas y rurales en la identificación, priorización, ejecución y seguimiento de proyectos de desarrollo integral comunitario.

El modelo se basa en la articulación intersectorial e interinstitucional, y en la movilización y participación de las comunidades para la definición y gestión de los proyectos que las benefician a través de transferencias autocondicionadas que implican que las comunidades reciban recursos contra la responsabilidad comunitaria del cumplimiento de metas de mejoría en indicadores de desarrollo.

El actual gobierno tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población en extrema pobreza urbana y rural fortaleciendo sus capacidades de organización comunitaria y generando de forma integral, participativa y autogestionaria en entorno que les garantice acceso a mejores oportunidades y capacidades de desarrollo individual y comunitario.

Los objetivos de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario son los siguientes:

- Contribuir a erradicar las causas estructurales de la pobreza, extrema pobreza, reducir las brechas de inequidad entre la población, eliminar toda forma de exclusión, y disminuir factores de riesgo, precariedad y vulnerabilidad de las personas, familias, comunidades y grupos sociales, focalizando la inversión productiva y social en: i) comunidades y municipios más pobres ubicados en el área rural; ii) población con mayores niveles de vulnerabilidad y iii) zonas periurbanas de las ciudades más pobladas.

- Coadyuvar a la restitución y fortalecimiento de los derechos y capacidades (económicas, físicas, humanas, naturales y sociales) de la población, principalmente de los indígenas, originarios y campesinos.
- Fortalecer el modelo comunitario urbano y rural que se sustenta en los valores de la comunidad, el control social directo y la transparencia, las formas organizativas propias de las poblaciones locales, y la identidad cultural y territorial;

Esta propuesta permitirá, a las poblaciones excluidas, ser protagonistas de la nueva matriz productiva a través de la generación de ingresos y el acceso a servicios sociales; revalorizar sus derechos fundamentales e implementar estrategias sostenibles de solidaridad y redistribución del ingreso; desarrollar potencialidades comunitarias de manera que no se reproduzca ninguna forma de exclusión y explotación en la perspectiva pluricultural y multiétnica.

Políticas y Estrategias

Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario se basa en las siguientes políticas:

i) Integralidad
Contribuye a desarrollar las múltiples capacidades de las personas, familias, grupos sociales y comunidades en forma armónica y equilibrada a través de intervenciones intersectoriales, así como con programas de corto, mediano y de largo plazo.

ii) Territorialidad
Las intervenciones se focalizan en el ámbito de la comunidad, municipal, departamental, regional y nacional, reconociendo las relaciones sociales y culturales que se establecen en los territorios, fortaleciendo la reconstitución de actores territoriales, generando equidad entre los mismos y estableciendo nuevas dinámicas de relacionamiento entre las comunidades y los municipios, regiones, departamentos y país.

iii) Enfoque comunitario
Fortalece y se sustenta en la identidad y las formas de organización y autogestión de las comunidades locales campesinas, indígenas-originarios, productivas y vecinales, en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los programas y proyectos.

iv) Impacto sobre las causas de la pobreza
Los programas estarán orientados a erradicar las causas estructurales de la pobreza, extrema pobreza, marginalidad y prevención y reducción de vulnerabilidad en todas sus manifestaciones.

v) Autogestión
Destinada a fortalecer las capacidades de autogestión y de desarrollo sustentable de las comunidades locales campesinas, indígenas-originarias, productivas y vecinales, fundamentalmente a través de transferencias monetarias y en especie.

vi) Intersectorialidad
Se consideran tanto procesos intersectoriales como territoriales que apoyan la articulación sectorial de manera estratégica e inteligente y no solamente como una suma de sectores, donde cada uno de ellos contribuirá de manera específica a dar solución a los factores que causan la pobreza y en función a las propias decisiones comunitarias. Asimismo, permitirá generar un proceso de elevada movilización social y estatal para apoyar a la población a salir de la extrema pobreza con creatividad.

La implementación de la Red de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario (RPS - DIC) está enfocada a intervenir de manera progresiva en los territorios y poblaciones vulnerables y de extrema pobreza, a fin de lograr en el corto, mediano y largo plazo los cambios estructurales establecidos en los objetivos de la Política. Se desarrollará en base a las siguientes estrategias y programas.

Estrategia de Transición de Corto Plazo, destinado a la generación de programas que en una primera etapa será necesario para resolver demandas de emergencia.

Estrategia de Generación de Oportunidades y Activos Sociales está dirigida a la creación de activos sociales para las poblaciones con mayores niveles de pobreza. Esta estrategia comprende los siguientes programas:

- Jóvenes en Acción, Mi Primer Empleo Digno, dirigido a incrementar la inserción laboral de jóvenes, mujeres y varones, de escasos recursos, bachilleres de área peri - urbanas mejorando sus condiciones de empleabilidad en el mercado de trabajo, mediante programas de capacitación y pasantía.

- Bono Juancito Pinto, dirigido a niños y niñas de escuelas públicas que cursan entre primero y quinto de primaria, subsidio de incentivo a la permanencia escolar instituido a través del Decreto Supremo Nº 28899 de 26 de octubre de 2006.
- Desnutrición 0, dirigido a mejorar la alimentación y el cuidado integral de los niños y niñas menores de cinco años y mujeres embarazadas en periodo de lactancia, en el marco de la política de Seguridad y Soberanía Alimentaria del PND.

Estrategia de Desarrollo Integral Comunitario comprende los siguientes programas:

- Comunidades en Acción. Promueve la construcción de un modelo comunitario con base en la identidad cultural y territorial y en los valores de solidaridad y reciprocidad propios de la comunidad. Se implementará en municipios rurales con extrema pobreza.

Este programa se basa en la movilización de los valores, capacidades, decisiones autónomas, y mecanismos de reciprocidad, administración y autogestión comunitaria para la erradicación de la extrema pobreza.

- Comunidades Recíprocas. Orientadas a mejorar las capacidades económicas, físicas, naturales, humanas y socio-comunitarias a partir de las potencialidades de los municipios del área urbana. Se ejecutará en las áreas de extrema pobreza de las Ciudades más pobladas del País.

Se denomina así porque la erradicación de la pobreza forma parte de un esfuerzo basado en la reciprocidad entre el Estado y las comunidades urbanas, rurales, y entre la población que vive en las ciudades.

- Comunidades Solidarias. dirigida al reconocimiento, restitución y potenciamiento de capacidades, oportunidades, proyecciones y derechos de los sujetos con mayor vulnerabilidad, discriminación y marginalidad.

Está dirigida a atender a las poblaciones con mayores riesgos, de acuerdo al siguiente detalle: personas con discapacidad, adultos mayores pobres, trabajadores infantiles, indigentes en las ciudades y emigrantes rurales en extrema pobreza, y poblaciones indígenas con alta vulnerabilidad física, lingüística, cultural, y amenazados por procesos económicos. Se denomina así porque la disminución de los factores de riesgo y vulnerabilidad en estas poblaciones requiere de la solidaridad del propio Estado y de la población boliviana.

Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario se desarrollará a través de cinco componentes principales.

a) Iniciativas económicas comunitarias:

Este programa está orientado a mejorar las capacidades económicas de la población local extremadamente pobre, promoviendo la producción de alimentos en el marco de la seguridad alimentaria y para el incremento de sus ingresos económicos.

Esto se logrará a través del desarrollo de complejos productivos que consoliden el control por parte de la población local del territorio comunal y regional, así como sobre el conjunto del proceso productivo, de transformación y comercialización, en una lógica creciente de incorporación de nuevas innovaciones hasta lograr el máximo de la transformación y de desarrollo científico tecnológico.

b) Construcción de una vida digna:

Este programa está dirigido a mejorar de forma integral las capacidades humanas de las poblaciones locales más pobres, otorgándoles las condiciones para que gocen de una buena salud, educación y nutrición, en el marco de sus propias visiones culturales, y con calidad y calidez.

Se desarrollará con enfoques intersectoriales para resolver problemas estructurales de manera coordinada entre sectores que generan capacidades (educación, salud, vivienda, agua, saneamiento básico, y energías) y condiciones (culturas, justicias, equidad, transparencia y seguridad).

c) Restitución ambiental:

Este programa está dirigido a conservar, mejorar y restituir las capacidades naturales de los recursos (tierra, agua y bosques) de la población más pobre, de tal manera que se pueda garantizar que en el mediano plazo se detenga el deterioro ambiental progresivo y se incrementen las capacidades de productividad del ecosistema en su conjunto.

d) Fortalecimiento de prácticas comunitarias autogestionarias:

Este programa apoyará al fortalecimiento de las capacidades socio-comunitarias de la población indígena a través del soporte a las prácticas sociales comunitarias en los distintos niveles de las organizaciones comunitarias.

e) Construcción de infraestructura y equipamiento social y productivo:

Este programa está orientado a que las regiones cuenten con las capacidades de infraestructura física social y productiva completa.

Estos componentes se sustentan en los siguientes programas de soporte: Conocimiento e innovación, identidad Territorial, Desarrollo Regional e Identidad cultural.

2.5 SECTORES GENERADORES DE ACTIVOS SOCIALES

2.5.1 SALUD

El Estado tiene una deuda social sanitaria con la población boliviana acumulada desde la colonia, agravada en los últimos 20 años por la aplicación de políticas neoliberales de ajuste económico social, y que incluyeron procesos de reforma estructural del Estado, el privilegio de la economía de mercado, así como reformas sectoriales, que comprendieron el sector salud, que profundizaron la desigualdad, la exclusión social y la ineficiencia e ineficacia de las instituciones públicas.

Los datos revelan que el recorte del gasto público en salud y el desplazamiento de la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos sociales constitucionales en salud, generaron serios problemas, tanto en la profundización de la precariedad de las condiciones de vida y situación de salud de grandes mayorías poblacionales, incrementando la desigualdad, la exclusión en salud y el debilitamiento de las instituciones públicas del sector.

Esta situación, junto a la depresión salarial, el aumento del desempleo, la flexibilización de las relaciones laborales y la feminización de la pobreza, derivo en la conformación de grupos de población con perfiles epidemiológicos diferenciados, en su mayoría caracterizados por la prevalencia de las enfermedades de la pobreza -tuberculosis, diarreas e infecciones-, que a su vez han incidido en la alta morbimortalidad general, y materno infantil, en particular; además de ahondar las brechas de inequidad y de género, las diferencias entre lo urbano y lo rural, y entre indígenas y no indígenas.

Así también, siendo que Bolivia es un país multiétnico y multicultural, el Sistema Nacional de Salud ejerció represión y desprecio al saber ancestral y a los usos y costumbres tradicionales, situaciones que están entre las causas de la exclusión y marginación en la atención en salud. Los intentos de recuperación sociocultural fueron insuficientes ya que nunca antes se asumió la cosmovisión sanitaria de los pueblos indígenas y originarios de las diferentes regiones.

Entre los indicadores que reflejan la grave situación de salud y de exclusión de la población boliviana, están los siguientes:

- El 77 por ciento de la población se encuentra excluido de los servicios de salud, con fuerte incidencia en regiones del altiplano y valles rurales. Las barreras son la económica, la geográfica, la cultural y la social.

- Siete niños de cada cien mueren antes de los cinco años, principalmente por enfermedades infecciosas prevenibles y curables; 26,5 por ciento de los sobrevivientes tiene desnutrición crónica y la mayoría de ellos tiene secuelas irreversibles en su capacidad intelectual y desarrollo; el 67 por ciento de los niños menores de tres años tiene anemia y el 19 por ciento déficit de vitamina A.

- El 44 por ciento de los niños nacidos de madres sin educación son desnutridos, lo que prueba una relación directa entre educación y desnutrición.

- Un tercio de la población de niños de áreas rurales menores de tres años e indígenas de la misma edad tiene desnutrición crónica, que equivale al doble de la población de niños de la misma edad que viven en la ciudad. Por otro lado, el país presenta una mortalidad materna de 320 por cada 100 mil nacidos vivos (ENDSA 2003), y es la más alta de Sudamérica.

- La tasa de Incidencia Parasitaria Anual (IPA) en la población en riesgo es de 4,3 por mil habitantes expuestos en 2005.

- La dispersión de vectores domiciliaros cubre, aproximadamente, el 60 por ciento del territorio, ocupando casi toda la superficie de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y, parcialmente, Potosí y La Paz, representando un 80 el riesgo de transmisión vectorial.

- La tuberculosis es un problema grave de salud pública: la notificación de casos procedentes de los servicios de salud públicos muestra una incidencia de casos pulmonares positivos de 67,3 por 100 mil y en todas sus formas de 100,3 x 100 mil.

Para revertir la critica situación de salud de la población anteriormente señalada, el Gobierno Nacional ha definido una nueva política social, en cuyo centro se encuentra la salud y la seguridad social. En ese marco, el Ministerio de Salud y Deportes, con una visión integral e intersectorial, tomando en cuenta las prerrogativas constitucionales, ha elaborado participativamente un Plan de Desarrollo Sectorial orientado a generar bienestar social, a proteger a la sociedad de riesgos, a garantizar la equidad en salud, la asignación de recursos y a lograr la máxima eficiencia en el impacto.

Inicialmente, el sector salud ha establecido las siguientes problemáticas:

- Alta privación socio-biológica(9) en mayorías poblacionales, dada por los factores obstaculizadores y desfavorables en la calidad de vida y sus consecuencias para la salud colectiva, que se expresan en perfiles patológicos y epidemiológicos diferenciados según grupos sociales, caracterizados por la alta incidencia de enfermedades de la pobreza, muertes evitables y baja productividad.

- Sistema de Salud inequitativo e ineficiente, que no toma en cuenta la diversidad social, étnica y cultural del país. Insuficiente capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, expresado en niveles de gestión y atención desintegrados; sin criterios de calidad y eficiencia; desconectados entre sí; mal distribuidos; deficientemente equipados; con profesionales, técnicos y administrativos desmotivados, y sin mecanismos de control social.

- Sistema Nacional de Salud segmentado, fragmentado, con débil rectoría, gestión ineficaz e ineficiente, sin capacidad de seguridad sanitaria ni de contribuir a la protección social de la población, expresado en la presencia de varios subsectores, con planes y presupuestos no coordinados con el Ministerio de Salud y Deportes, y de accionar independiente; con recursos de cooperación mayoritariamente condicionados por las agencias cooperantes; con un marco jurídico disperso y contradictorio, en gran parte obsoleto; con concentración y duplicidad de servicios en focos urbanos y con áreas rurales sin servicios básicos de salud; con poca o ninguna experiencia o interés en coordinar intersectorialmente para intervenir sobre las determinantes y minimizar la exclusión social en salud.

- Insatisfacción de los usuarios del Sistema Nacional de Salud, y escasa participación en la planificación y control social de la actividad, determinado por un entorno económico y social que ha minado el poder social y ha evitado el empoderamiento de la población, aún más el de las mujeres.

- El sistema de salud no asume la medicina tradicional y no hay complementación intercultural en los servicios. Hay una falta de fomento a la práctica de los terapeutas tradicionales, a la investigación de la medicina ancestral, a la elaboración de una farmacopea y a la implementación de mecanismos regulatorios.

- Problemas alimentario nutricionales, que repercuten en la desnutrición y malnutrición, que generan bajas defensas frente a la enfermedad, y en el caso de la infancia causa disminución en sus capacidades de aprendizaje y desarrollo intelectual.

Las potencialidades identificadas son las siguientes:

- Un modelo de gestión de salud descentralizado y concurrente, en proceso de mayor profundización que tendría capacidad para tomar decisiones más próximas a los problemas locales, en la que participarán las comunidades en la toma de decisiones.

- La existencia de varias experiencias exitosas del enfoque de salud familiar comunitaria intercultural en el altiplano, valles, llanos y en otros países, que serán sistematizados y aplicados en Bolivia.

- Pueblos indígenas y originarios con estructuras propias que cuentan con saberes ancestrales en el tratamiento de enfermedades.

- Sistema Nacional de Salud con práctica gerencial en manejo del seguro público (Seguro Universal Materno Infantil y Seguro Médico gratuito de Vejez) en todo el territorio nacional, además de 50 años de experiencia en Seguridad Social.

Propuesta de cambio

El objetivo del Plan Nacional en el sector salud es la eliminación de la exclusión social, se conseguirá con la implementación del Sistema de salud familiar comunitario intercultural, que asume la medicina tradicional.

Este sistema será inclusivo, equitativo, solidario, de calidad y calidez. Participará de la dimensión económica, productiva, sociocultural y política organizativa, generando capacidades individuales, familiares y comunitarias, actuará de manera intersectorial sobre los determinantes de salud con participación plena en todos sus niveles, orientado hacia la promoción de hábitos saludables, de la actividad física y deportiva, que cuida, cría y controle el ambiente, promueve y se constituye en el espacio de organización y movilización sociocomunitaria del Vivir Bien.

El rol del Estado, basado en una concepción social, comunitaria intercultural, asume la historicidad de las personas y el derecho a la salud y la vida. Reconoce lo social como totalidad para lograr una correcta caracterización de la situación de salud y formular propuestas articuladas para la solución de los problemas de salud y lograr transformaciones socio económicas.

En este sentido, todos los sectores involucrados en el Sistema Nacional de Salud (público, seguridad social, tradicional y privado) cumplirán, bajo la rectoría y autoridad normativa y regulatoria del Ministerio de Salud y Deportes, los roles y funciones que estén vigentes. (Ver Gráfico Nº 4).

GRÁFICO Nº 4
RELACIÓN DEL ENFOQUE POLÍTICO CON LOS LINEAMIENTOS CENTRALES DEL PLAN DE SALUD



Este cambio permitirá el cumplimento de las Metas del Milenio en Salud hasta el 2015:

- Erradicar la pobreza extrema y el hambre
- Alcanzar la educación primaria universal
- Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer
- Reducir la mortalidad infantil
- Mejorar la salud materna
- Combatir el VIH/SIDA, el paludismo, Chagas y Tuberculosis
- Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

La población boliviana, hasta el 2010, accederá en un 100 al Sistema Salud Familiar Comunitario Intercultural, además del acceso a servicios básicos. Se eliminará la desnutrición en niños menores de cinco años. Se alcanzará la mayor cantidad de años de vida en forma saludable con menor incidencia de enfermedades.

El sistema de salud generará un ambiente sano y sostenible vigilando el ámbito productivo, los desechos industriales, residuos hospitalarios y suelos (minería, agricultura, hidrocarburos y otros). Para ellos se crearán políticas, normas y sistemas.

Se eliminará la violencia intrafamiliar focalizada principalmente en niñas de municipios pobres.

Políticas y estrategias

i) Sistema único de salud familiar comunitaria intercultural

Permitirá el acceso a los servicios de salud del 100 de la población boliviana bajo el Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, mediante la promoción de hábitos y conductas saludables en individuos, familia y la comunidad, la prevención de riesgos, el control de daños y la rehabilitación de personas con discapacidades; logrando una población sana y productiva, que participe en la transformación económica, social y cultural, con la aplicación de un modelo de salud familiar comunitaria intercultural.

La estrategia de está política es la Universalización del Acceso al Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, orientada a superar toda forma de exclusión en salud, que se traduce en altos índices de enfermedad y muerte, pero también en personas con hábitos no saludables.

El Programa es «Salud Familiar Comunitaria Intercultural», que comprende la Extensión de coberturas; el Fortalecimiento de Redes de Salud; Gestión de la calidad, Intercultural, género generacional; y Vigilancia de la calidad de producción de bienes y servicios. El requerimiento para la implementación del programa es el de contar con recursos humanos con competencias especiales en la atención primaria de salud.

ii) Rectoría

Recupera la soberanía y la rectoría del sistema, liderizando la intersectorialidad para la salud; con mayor capacidad de gestión que permitirá garantizar la sostenibilidad financiera del sector, proteger la salud de los bolivianos, sus condiciones de vida, de trabajo y de su relación con el ambiente. También se busca que el Sistema de Salud cuente con un marco jurídico normativo, administrativo y financiero independiente de condicionamientos externos.

Para implementar esta política se plantea la estrategia de «Recuperar y consolidar la soberanía sanitaria», orientada a fortalecer la rectoría estatal del Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria Intercultural y de la autoridad sanitaria en todos los niveles de gestión.

El programa Conducción, Regulación Fiscalización y Modulación del Financiamiento, recuperará para el Estado la responsabilidad de la salud y la protección social de la población en general y de los grupos más vulnerables en particular. El avance será mediante fortalecimiento de la capacidad de gestión; aseguramiento público ampliado y reformas en la Seguridad Social de Corto Plazo.

iii) Movilización social

Plantea promover la ciudadanía activa, participativa y corresponsable del quehacer en salud y del autocuidado de las personas de base comunitaria (gestión, movilización y control social) empoderando y movilizando consejos de salud en el nivel nacional, departamental y municipal. Esto permitirá coadyuvar a aumentar los años de vida saludable de la población y mayor productividad para el país.

La estrategia de esta política es la «Revalorización de la salud en las prioridades de los hombres, mujeres, comunidades y familias bolivianas», orientada a la promoción de una ciudadanía activa, participativa y responsable, Esta estrategia se implementará mediante el programa Participación comunitaria, desarrollando las comunidades saludables en el marco de la propuesta nacional de "comunidades en acción".

iv) Determinantes de la salud

Propone la recuperación de la responsabilidad del Estado en la cultura de salud integral y la calidad de vida de las personas y familias.

La estrategia de esta política es la «Recuperación de la responsabilidad del Estado en la cultura de salud integral y la calidad de vida», orientada a la disminución de la carga social sobre el proceso salud enfermedad, a intervenir, coordinadamente, entre el sector salud y los demás sectores del desarrollo económico social, en los factores que determinan la calidad de vida, para que se incremente el acceso de la población a servicios básicos, alimentación, vivienda, vestimenta, recreación, acceso a servicios básicos de educación, salud, saneamiento básico, agua segura, energía limpia y seguridad social.

Para lograr esta estrategia se implementará el programa «Intersectorialidad», como una acción intersectorial, integral, articulada y sostenible para contribuir a mejorar la capacidad del Estado para enfrentar los problemas de los diferentes grupos sociales, logrando aumentar la calidad de vida y alcanzar la equidad por sobre intereses excluyentes, contribuyendo con ello a la dignidad nacional.

Articulará al sector educativo, por ser el encargado de formar la mente de las y los niños, y producir recursos humanos para el desarrollo nacional, prioriza la formación y el desarrollo integral de los bolivianos y bolivianas, mediante la actividad física como un proceso que garantice la incorporación de estilos de vida activa y saludable y el desarrollo de una cultura de ganadores.

Dentro de este programa, el proyecto Espacios Saludables, que plantea construir e implementar el concepto y la práctica de escuelas, normales, universidades, cuarteles saludables y productivas y otros. En todos se priorizará la atención de todos los sectores sociales y productivos a nivel nacional que garanticen los insumos, medios y servicios que contribuyan al Vivir Bien.

v) Solidaridad

Esta política desarrollará la estrategia de la "alianza nacional para la erradicación de la desnutrición y violencia; la habilitación, rehabilitación, prevención y equiparación de oportunidades de personas discapacitadas y la inclusión social de grupos desprotegidos que viven en la extrema pobreza".

Se pretende mejorar la alimentación y nutrición de niños menores de cinco años y mujeres en edad fértil; cambiar los hábitos alimentarios.

Esto implica un plan de acciones inmediatas intersectoriales bajo la coordinación del Sector Protección Social y con recursos de los sectores incorporados en su programación operativa como acciones intersectoriales.

La estrategia es la Alianza Nacional para la erradicación de la desnutrición y la violencia; la habilitación, rehabilitación, prevención y equiparación de oportunidades de personas discapacitadas y la inclusión de grupos más desprotegidos que viven en extrema pobreza, orientada a eliminar la exclusión social en salud.

Para lograr esta estrategia, se implementará el programa "Solidaridad", que focalizará las intervenciones en forma inmediata, en tanto se vayan modificando las estructuras sociales y del Estado para el Vivir Bien. Asimismo, se plantea luchar contra la violencia, fundamentalmente, en niñas menores de cinco años; el derecho a la integración de las personas con discapacidad.

2.5.2 EDUCACIÓN

La política de Reforma Educativa aplicada en el país no ha logrado superar el modelo colonial que conlleva procesos de exclusión, discriminación, marginación y explotación. Asimismo, el Sistema Educativo Nacional asumió la visión hegemónica y el modo de vida de las élites y no tomó en cuenta identidades, formas de pensar, de organizar el mundo, cosmovisiones y proyecciones históricas de los pueblos originarios e indígenas.

En este marco, la educación se ha constituido en un instrumento de reproducción de las jerarquías coloniales y de imposición arbitraria; no incluyó a la población, ni a los maestros en la definición de la política educativa y coartó la iniciativa, creatividad y capacidad de producción intelectual de la población. En este contexto, los problemas a enfrentar son: la falta de igualdad de oportunidades, relacionadas al acceso, permanencia y calidad en el sistema educativo nacional, la desvinculación entre la educación y el sector productivo, la cual no guarda relación con el ámbito científico, tecnológico, cultural y político.

Propuesta de cambio

El proceso de cambio que impulsa el sector es el de transformar la concepción y operacionalización de la educación en los niveles inicial, primario, secundario, técnico y universitario, en sus modalidades formal y alternativo; de tal manera que éste se articule a la nueva matriz productiva, al desarrollo socio comunitario, al proceso de acumulación y desarrollo de la ciencia y tecnología, a los procesos de construcción de la nueva estatalidad, de reconstitución de las unidades socioculturales y de reterritorialización, de modo que responda a la diversidad en sus dimensiones económica, cultural, espiritual, social y política, para que en sus procesos de formulación e implementación, desarrolle la participación real y estratégica de las organizaciones sectoriales, sociales, territoriales y comunitarias.

Con ello, cada boliviano y boliviana tendrá derecho a desarrollarse con su propia cultura rescatando sus saberes y tradiciones, de manera que su identidad se fortalezca y así pueda aportar desde su visión a la construcción de un nuevo país.

Políticas y estrategias

i) Transformación del sistema educativo

Esta política consiste en una transformación integral que abarque todos los niveles formativos; se llevará a cabo desde la sociedad en el marco de la democracia inclusiva y en la perspectiva de la articulación con la nueva matriz productiva; también desarrollará la interculturalidad socio comunitaria rescatando y promoviendo culturas ancestrales, para el proceso de reconstitución de las unidades socioculturales.

Bajo la estrategia refundar la educación se busca promover la participación de todos los actores sociales, en el marco de una democracia inclusiva, que posibilite identificar plenamente las necesidades de las regiones del país, para el diseño y gestión de políticas educativas que sustenten el Nuevo Pacto Social, para precisamente, refundar la educación boliviana.

Con los nuevos lineamientos de la política educativa, expresados en una nueva Ley, "Elizardo Pérez y Avelino Siñani", se normará y reglamentará la estructura curricular, la gestión educativa y la participación social, de modo que la educación se vincule desde, para y con la producción, ajustándose a las características culturales.

ii) Educación de calidad que priorice la igualdad de oportunidades

Uno de los principales problemas de la educación en Bolivia es la falta de igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y la calidad en el sistema educativo nacional. Los mayores índices de analfabetismo, deserción escolar y baja escolaridad se registran en el área rural, en las familias más pobres y sobretodo en las mujeres. Las tasas de abandono escolar, son de 7 por ciento rural y 5,5 por ciento urbano; siendo el principal factor para el abandono escolar la pobreza. Los niños y niñas de las familias pobres se insertan tempranamente al mundo laboral y abandonan el sistema educativo, en éste hecho nuevamente es el área rural el más afectado: 7 por ciento en relación al área urbana donde solo llega a un 5,5 por ciento.

Mediante esta política, se busca generar igualdad de oportunidades educativas para la población discriminada, excluida y explotada, democratizando el acceso y la permanencia de la educación, con programas, acciones y tareas que faciliten la inserción de los sectores sociales desfavorecidos, y garantizando su movilidad a otras modalidades del sistema formativo, facilitando así la continuidad de su formación.

Con la estrategia de promoción de la educación equitativa y de calidad se ampliará la cobertura de las áreas rurales y peri urbanas de manera prioritaria, para que se facilite el acceso y la permanencia de mujeres, jóvenes, adultos e indígenas, a través de la dotación de recursos pedagógicos, equipamiento, recursos humanos capacitados y sobre todo para desarrollar competencias productivas en coordinación con otros sectores.

Se cuenta con dos programas, el primero y prioritario es el de Alfabetización sostenida que beneficiará a 1,23 millones de jóvenes y adultos, hombres y mujeres de sectores rurales y zonas peri urbana, para que puedan integrarse en mejores condiciones al mundo contemporáneo.

El segundo, denominado Educación de calidad con equidad social, étnica, de género y generacional, tiene como orientación vincular el aprendizaje a las necesidades laborales, psicológicas, emocionales, procedimentales y de actitud para que esa población pueda integrarse a la sociedad en mejores condiciones. Para ello, el proceso de transformación de la educación superior promoverá la extensión de las universidades públicas al área rural, las cuales tendrán la misión de recuperar saberes y tecnologías de los pueblos originarios y el de promover el diálogo entre estos actores y otras culturas y la democracia participativa, comunitaria e inclusiva.

Además, el programa está dirigido a legitimar, a través de un proceso de certificación, las competencias, conocimientos, habilidades (artísticas y artesanales), adquiridas de manera empírica por jóvenes y adultos.

iii) Educación que genera, adapta y aplica ciencia y tecnología

Busca desarrollar procesos intersectoriales de transformación de la gestión educativa vinculada a las vocaciones y características productivas y culturales de las regiones y a sus demandas de formación técnica y tecnológica. Para ello se coordinarán acciones conjuntas con ministerios, prefecturas y municipios para vincular las vocaciones productivas y culturales de las regiones a la educación; además de desarrollar competencias conceptuales, procedimentales y de actitud, para generar investigaciones aplicadas que impulsen el desarrollo y mejoren la productividad.

Su primer programa, Educación para la producción con identidad cultural, tiene el propósito de promover la investigación para identificar las vocaciones productivas de los municipios en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Mientras que el programa de Institutos productivos y saludables esta orientado a la dotación de infraestructura, equipamiento y el mantenimiento de centros de formación técnica, tecnológica y universitaria.

Asimismo se contempla una estrategia para desarrollar procesos educativos y culturales, dirigidos a fortalecer pedagogías descolonizadoras que recuperen, revaloricen y promuevan saberes y tecnologías de las culturas ancestrales, mediante el rescate y revalorización de formas de pensamiento, filosofías, espiritualidades, valores, comportamientos y usos culturales.

Con el programa de Investigación educativa para la recuperación y revalorización cultural, se busca rescatar y valorizar las lenguas originarias, el equilibrio cultural y de integración, para ello, y entre otros, se alfabetizará en idioma originario a los hablantes de castellano de las diferentes regiones del país; y con el programa de Tecnologías de información y comunicación, a través de la instalación de Tele centros educativos comunitarios, que incluyen equipamiento, tecnología de punta, la implementación de un Portal Educativo, servicios de Internet, telefonía, radio, video-conferencia y televisión satelital, se modificarán radicalmente los sistemas de enseñanza-aprendizaje, especialmente en el área rural y la periferia de las ciudades; para ello, 115 tele centros ya estarán instalados y funcionando hasta diciembre de 2007 y 1.000 hasta el año 2010.

2.5.3 AGUA PARA LA GENTE - SANEAMIENTO BÁSICO

Desde 1997 se impulsó la privatización del servicio de agua potable en las ciudades de La Paz, El Alto, y Cochabamba. Con la Ley 2066 se implantó una política de concesiones para empresas privadas con beneficios tales como tarifas indexadas al dólar, monopolio por 40 años, prohibición de servicios alternativos y un marco regulatorio sin mecanismos claros de control y evaluación por parte de la sociedad y del Poder Ejecutivo.

El impacto de las medidas de privatización sobre el patrimonio social y público del país y sobre los derechos de gestión de las comunidades campesinas, indígenas y originarias, obligó a la población a defender sus derechos sobre las fuentes de agua que usaba tradicionalmente. Esta defensa se hizo realidad con movilizaciones, paros cívicos y otros enfrentamientos contra el gobierno de turno. El principal conflicto ocurrió en Cochabamba con la "guerra del agua". Posteriormente, a fines del año 2004, una nueva crisis se produjo en las ciudades de El Alto y La Paz.

En Bolivia, igual que en otros países, se observa una creciente demanda por el uso del agua. Las demandas para consumo humano y saneamiento, uso agropecuario, industrial y otros, se incrementan cada vez más y, generalmente, no se respeta la prioridad del uso para consumo humano y riego, generando y profundizando conflictos relacionados al acceso, aprovechamiento y derechos sobre el recurso.

Propuesta de cambio

Se pretenden encarar importantes transformaciones en el sector, en la perspectiva de promover y coordinar la elaboración de un ordenamiento jurídico que brinde mayor seguridad jurídica a las comunidades indígenas y campesinas sobre fuentes de agua, y desarrolle cambios legales tendientes a priorizar la inversión en servicios de agua que beneficien a las poblaciones más vulnerables, entre ellas terminar con la privatización de los servicios del agua potable.

El sector pretende lograr un incremento sustancial del acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento en general, en el marco de una gestión integral de los Recursos Hídricos con enfoque de cuenca, así como de una gestión participativa y responsable de instituciones prestadoras de servicios básicos garantizando la sostenibilidad y el carácter no lucrativo de los mismos, promoviendo la participación de los usuarios, la transparencia, la equidad y la justicia social, respetando usos y costumbres de comunidades campesinas e indígenas, garantizando jurídicamente el acceso a las fuentes de agua para la prestación de los servicios.

Políticas y estrategias

i) Agua de dominio público

El agua su asignación y control por el Estado, su protección frente a los monopolios, su uso efectivo, la prohibición de contaminarla y ponerla en riesgo, su aprovechamiento sustentable, su uso prioritario para el consumo humano y riego agropecuario, su reservación dentro de los flujos ambientales y finalmente, el respeto a la forma que tienen de usarla los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas son de dominio público.

Con la estrategia Acceso pleno al agua y saneamiento como uso social, se pretende establecer las bases de planificación para el desarrollo de las inversiones, mediante fondos de inversión pública. Esto implica elaborar y aprobar el Plan Nacional de Saneamiento Básico y la Política Financiera Sectorial.

El programa de Inversiones a través de la Política Financiera Sectorial pretende incrementar la cobertura de los servicios de agua potable para 728.484 habitantes y los servicios de saneamiento básico para 620.777 habitantes.

El Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para zonas peri urbanas, logrará la expansión de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en las zonas periurbanas y que tienen características propias como ser una alta tasa de crecimiento, una elevada densidad poblacional, bajos niveles en las coberturas de agua potable y alcantarillado y niveles de pobreza altos.

El Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento para localidades rurales logrará el desarrollo integral del sector, mediante la implementación de los proyectos de agua potable y saneamiento para localidades rurales. Tiene como metas beneficiar con servicios de Agua 210.650 habitantes y una población con servicios de saneamiento a 269.165 habitantes.

El Programa Nacional de Agua y Saneamiento para Pueblos y Territorios Indígenas y Originarios desarrollará inversiones en captación de aguas y prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico. Sus metas son de 50 mil habitantes con servicios de agua y una población adicional con servicios de saneamiento

El Programa Multidonante de Agua Potable y Saneamiento (UNICEF) contribuirá a la reducción de la mortalidad infantil y al mejoramiento de la salud de niñas y niños, mediante el acceso a los servicios de agua y sanea-miento y cambios de hábitos de higiene en comunidades rurales dispersas y barrios periurbanos.

El Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento, para ciudades menores e intermedias logrará el desarrollo integral del sector, mediante la implementación de los proyectos de agua potable y saneamiento para ciudades menores e intermedias. Las metas de población incremental con servicios de Agua son de 145.240 habitantes y la población con saneamiento es de 280.668 habitantes.

El Programa Nacional de agua potable y saneamiento con inversión integral en enclaves geográficos socio productivos logrará el desarrollo integral del sector, mediante la implementación de los proyectos de agua potable y saneamiento ligados a la producción. Sus metas son una Población adicional con servicios de Agua de 125 mil habitantes y una población con saneamiento de 125 mil habitantes.

Con la estrategia Desarrollo e implementación de una gestión ambiental se elaborará el proyecto de ley de residuos sólidos y sus reglamentos y el plan de inversiones. Se Implementará y desarrollará infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, coadyuvando a la implementación de una gestión ambiental. Se desarrollará e implementará una gestión ambiental para la protección, preservación y aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos.

El Programa Nacional de Mejoramiento y Ampliación de los servicios de recolección y rellenos sanitarios reducirá el 6 de la cantidad de residuos sólidos que van a relleno sanitario.

El Programa Nacional de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales mejorará los servicios de tratamiento de aguas residuales y su meta es una población incremental con tratamiento de aguas residuales de 1.314.778 habitantes.

Con la estrategia Garantizar la seguridad jurídica en el sector se debe implementar los siguientes programas: Ajuste de la Normativa del Sector Agua Potable y Saneamiento, Asistencia Técnica y Fortalecimiento a la Entidad Nacional de Regulación de Saneamiento Básico y la Fundación de Saneamiento Básico (FUNDASAB) e Instituciones del Sector, asimismo comprende el fortalecimiento institucional y asistencia técnica a las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento (EPSA)

El Programa de fortalecimiento de la información del sector contará con información precisa, sistematizada, y de fácil acceso para la elaboración de políticas concertadas, planificación estratégica y toma de decisiones que respondan a las necesidades de los diferentes actores del sector. Se contará con un Sistema de Información de Agua Potable y Saneamiento integrado con el Sistema de Información del Agua en Bolivia (SIAB).

2.6 SECTORES GENERADORES DE CONDICIONES SOCIALES

2.6.1 JUSTICIA

La justicia en Bolivia de hoy, es el resultado de un largo proceso colonial que se reproduce y renueva constantemente. La fundación de la república y su proceso codificador (Códigos Santa Cruz), las reformas dictatoriales de los años 70 (Códigos Bánzer), las reformas neoliberales de los años noventa, no han hecho más que reforzar la continuidad colonial al eje jurídico de un Estado de Derecho: la administración de Justicia.

Junto a ella, los sistemas de Justicia indígena originaria -patrimonio de los primeros habitantes de estas tierras- nos muestran la posibilidad histórica para descolonizar el derecho y nacionalizar la justicia, en base a principios y valores que norman y regulan la convivencia armónica de los pueblos indígenas originarios, comunidades campesinas y afro descendientes; pues el sistema de justicia es hasta ahora un instrumento que legaliza y legitima el Estado colonial, neoliberal y patriarcal. Es excluyente, se encuentra sentada en la desigualdad e inequidad, es monopolizada por una élite y sus prácticas judiciales perversas y corruptas desechan toda posibilidad real de acceso a la justicia y el ejercicio pleno de los derechos de las mayorías poblacionales, principalmente de las mujeres, personas con capacidades diferentes, pueblos indígenas y originarios.

Por efecto de la impunidad, el ciudadano se convierte en un evasor de sus propios deberes porque considera que al no sancionarse la corrupción ésta puede ser considerada como una actividad normal, rompiendo con ello valores y principios de la responsabilidad y convivencia. Además, la corrupción conlleva un alto costo social y económico para el país (300 millones de dólares anuales, estimativamente).

Por otro lado, el sistema de justicia no considera a las mujeres, grupos generacionales y personas con capacidades diferentes como sujetos de derecho y desarrollo, más al contrario fueron permanentemente discriminados y desvalorizados.

En aquel marco, las políticas del estado colonial, neoliberal, patriarcal y androcéntrica vulneran los derechos de las personas, lo que se manifiesta en el maltrato y/o abandono infantil, trabajo infantil, trata y tráfico de personas, explotación sexual comercial infantil, y adolescente, precarización de las condiciones laborales, feminicidio y violencia en todas sus manifestaciones en contra de las mujeres. En síntesis, el Estado se deslindó de las responsabilidades en la protección de los sectores poblacionales más vulnerables.

Propuesta de cambio

La propuesta del cambio en el sector está orientada a construir un sistema de justicia plural, participativa, transparente, esencialmente restaurativa, con equidad e igualdad; instaurando una cultura de inclusión, igualdad, equidad y respeto a la diferencia, que considere las necesidades y demandas específicas de las poblacionales vulnerables, que revalorice las identidades culturales en el marco de una cosmovisión sin asimetrías de poder entre hombres y mujeres.

Se trata de descolonizar el sistema de justicia construyendo, de manera participativa y comunitaria, un sistema de justicia plural e integral. Desarrollando un nuevo saber jurídico que elimine el monopolio en la producción del derecho, desmonte de las prácticas burocráticas. Se promoverá la participación, el control social y la inclusión de los sectores poblacionales, históricamente marginados, en el acceso a la justicia y el ejercicio de los derechos fundamentales.

Se busca redimensionar el sistema de administración de justicia comunitaria como base para el cambio del método de administración de justicia formal y su esencia colonial así como patriarcal.

Se busca la institucionalización, reconocimiento y ejercicio pleno del sistema de justicia indígena originaria en el marco del sistema de justicia plural e integral.

Se busca establecer y ampliar el marco normativo de transparencia que permita la prevención, control social y sanción de la corrupción en el ámbito público y privado, con normas específicas que mejoren las normas vigentes en el país, regulando la conducta y los actos de los servidores públicos.

La propuesta está orientada a transformar el Estado colonial, neoliberal y patriarcal en un Estado comunitario, donde las mujeres, grupos generacionales y las personas con capacidades diferentes ejerzan plenamente sus derechos en todas las dimensiones y ámbitos que hacen al desarrollo de sus existencias, desterrando toda forma de discriminación, marginación, exclusión y violencia. Un Estado donde se elimine la violencia en contra de estos sectores, los considere sujetos activos dentro de la matriz económica productiva y beneficiarios prioritarios de las políticas sociales, restableciendo rupturas que no permitieron la armonía y el equilibrio cosmocéntrico.

Diseñar y aplicar políticas de pleno ejercicio de los derechos humanos y políticas de reparación de la violación de los derechos humanos priorizando los derechos económicos, sociales, políticos y culturales.

Políticas y estrategias

i) Nacionalizar la justicia descolonizando el derecho

Consiste en la afirmación y puesta en práctica efectiva de los derechos sociales, que constituye la preocupación central del Ministerio de Justicia. El proceso de "nacionalización de la Justicia y la descolonización del Derecho" será el soporte epistemológico y base para la transformación del Poder Judicial, ya que una verdadera revolución judicial generará credibilidad a la zona sensible de todo Estado de Derecho.

Estrategia: "Transformar el sistema judicial tomando en cuenta la realidad económica, social, política y cultural del país en base a principios y valores de igualdad, equidad, tolerancia, respeto a la diferencia, participación social y no discriminación".

ii) Institucionalizar la plena vigencia de la justicia comunitaria

La plena vigencia e institucionalización de las prácticas, valores y principios de la Justicia Comunitaria; se entiende como la promoción del respeto, ejercicio y reconocimiento de los sistema de Derecho Indígena existente en Bolivia, de tal forma que las decisiones emanadas de los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades sean valoradas y asumidas, principalmente por el Poder Judicial, con ese horizonte de construir una sociedad Plurinacional Comunitaria, buscando ante todo la reafirmación de la identidad cultural de los Pueblos Indígenas.

Estrategia: "Compatibilizar los sistemas de Justicia Originaria y Formal". Que, promoverá la compatibilidad, complementariedad y coordinación entre el ejercicio de la Justicia Ordinaria y la Justicia Comunitaria, enmarcado en una nueva política de Estado, implementada a través de un sistema de Derecho Indígena, Originaria y Campesina, reconocido y avalado dentro de un nuevo sistema jurídico plurinacional y comunitario.

iii) Erradicar la corrupción institucionalizada, implementando medidas administrativas, judiciales y legislativas

Enmarcada en Cero Tolerancia a la Corrupción e Impunidad, con plena transparencia en el manejo de recursos y vigencia de mecanismos de control social pertinentes. Estrategia: "Implementar mecanismos de participación y control social, para transparentar la gestión pública y de los servidores públicos", constituyéndose en instrumentos por los cuales el pueblo organizado participa y controla las acciones de la administración estatal, sustentado en alianzas estratégicas con movimientos indígenas y sociales. Enmarcado en cero tolerancia a la corrupción e impunidad, plena transparencia en el manejo de recursos y vigencia de mecanismos de control social pertinentes.

iv) Reducir las brechas sociales-económicas, políticas y culturales por razón de género, generacional y personas con discapacidad.

Consiste en la restitución de los derechos de la población más vulnerable, en la perspectiva de establecer una cultura de igualdad y equidad respetando las diferencias que destierre toda forma de discriminación, marginación, exclusión y violencia que afecta a las mujeres, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, niñas, niños y personas con capacidades diferentes. Se promoverá la creación de nuevas fuentes de trabajo o de actividades que generen ingresos económicos, éstas deberán estar ceñidas a los aspectos más sobresalientes que caracterizan a los sectores poblacionales marginados. Como también, se buscará eliminar las peores formas de explotación laboral de niñas y niños, y de manera gradual eliminar definitivamente el trabajo infantil.

Estrategia: Promover la ampliación de la inserción laboral y fortalecer la participación activa de mujeres, grupos generacionales y personas con discapacidad.

v) Promover el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la persona, desde una visión multicultural.

Los Derechos Fundamentales, forman parte de las transformaciones profundas en estos últimos años, en este contexto los Derechos Económicos, Sociales, Políticos y Culturales, adquieren una importancia de primer grado en las políticas públicas; reconceptualizando lo jurídico a partir de los derechos colectivos, acorde a la realidad actual del país. El ejerció pleno de los derechos humanos implica políticas de respeto a los derechos humanos y políticas de reparación a la violación de derechos humanos.

Estrategia: Construir una visión multicultural de los Derechos Humanos y fundamentales de la persona, que priorice los derechos sociales, políticos, económicos y culturales, que adquieren una importancia de primer grado en las políticas públicas; reconceptualizando lo jurídico a partir de los derechos individuales y colectivos, acorde a la realidad actual del país, contraponiendo un sistema judicial que reconozca la justicia como un modo de convivencia inclusiva y solidaria, que promueva el bien común, el mayor beneficio público y su gran relevancia para la realización efectiva de los derechos, exigibles por sus titulares.

2.6.2 SEGURIDAD PÚBLICA

Durante los últimos veinte años, producto de las reformas neoliberales aplicada a las entidades de Seguridad Pública, acontece una situación de colapso en las instituciones de seguridad. Las debilidades institucionales en su estructura ofrecieron condiciones propicias para la expansión del crimen, los ciudadanos están enfrentados a un desproporcionado incremento de la violencia criminal y el delito común. El miedo inunda los hogares bolivianos y los espacios públicos destinados a la convivencia social se contraen cotidianamente, profundizando el distanciamiento de las instituciones públicas de seguridad y la población. A lo que se suma la carencia de servicios como el alumbrado público que permite un aumento de la delincuencia.

Los organismos de seguridad no tuvieron como prioridad la prevención del delito, ni el control de la criminalidad organizada; la Policía y la administración de justicia tuvieron como objetivo atacar los eslabones débiles de la cadena social; entretanto los delitos de cuello blanco cuyo impacto económico es demoledor para los intereses de la sociedad, no fueron objeto de investigación o se pasearon más bien bajo el encubrimiento e impunidad.

Los planes de seguridad ciudadana no resolvieron el crecimiento de la violencia intrafamiliar por la falta de coordinación interinstitucional y la intromisión de gobiernos extranjeros en la legislación antidroga nacional, solo lesionaron la soberanía y el derecho internacional.

Sin embargo, frente a esta situación, la sociedad tuvo la capacidad de enfrentar todas estas injusticias y vicisitudes, donde los movimientos sociales organizados han generado espacios de participación, mediación y acercamiento con el Estado, llevando adelante las reformas estructurales y la predisposición favorable ante la cooperación internacional.

Propuesta de cambio

El nuevo enfoque de seguridad pública basará su tarea en la inclusión, participación y prevención social, antes que el orden público y atenderá las necesidades de la población en el respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos y la seguridad humana para mejorar la calidad de vida de la población. Los cambios en el sector se conseguirán en la perspectiva de un nuevo modelo de Seguridad Pública, que base su acción en el enfoque con justicia social y rechace la seguridad bajo el concepto vinculado al orden público y la represión. El objetivo del sector es proporcionar seguridad pública a los habitantes del país con un enfoque preventivo, la participación activa de la población organizada y el cambio de patrones culturales bajo un nuevo concepto de fuerza pública y Estado de derecho.

La propuesta de seguridad basa su acción en la construcción de una sociedad igualitaria y democrática que se diferencia de aquella que trata de contener represivamente a la sociedad al amparo de supuestos delitos atribuidos a los pobres. La única forma de garantizar la paz y una democracia participativa e incluyente, es construyendo una sociedad que acceda a la justicia y practique sus derechos constitucionales.

Políticas y estrategias

i) Seguridad ciudadana y educación preventiva

Esta política busca garantizar la seguridad de las personas, reducir los niveles de violencia delictiva y proteger fundamentalmente los derechos humanos, como una de las principales responsabilidades del Estado.

La aplicación de esta política no podrá ser efectiva sin la participación activa de las Organizaciones Sociales a través de la Red Social e Institucional de Seguridad Ciudadana, la que será ejecutada a través de los Consejos de Seguridad Ciudadana que serán implementadas y desarrolladas en los Municipios, Comunidades, Juntas Vecinales, Juntas Escolares, Ayllus, Tentas y Capitanías, bajo una nueva normativa que fortalezca la legitimidad de la Justicia y materialice los Derechos Humanos.

Esta política es planteada en el ámbito de las demandas, fundamentalmente dirigidas al cumplimiento de las leyes a favor de los niños, adolescentes, jóvenes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad. Así también, se pretende abordar los temas más sensibles de atención de la población juvenil, en posibilidades de disgregación familiar, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, el desempleo y otros.

Con la estrategia y consolidación democrática de un nuevo método de seguridad ciudadana con equidad e inclusión social de las diferentes organizaciones sociales, se espera tener la nueva normativa consensuada en función a las demandas y necesidades de seguridad ciudadana.

ii) Seguridad pública y la acción de los Derechos Humanos con participación de la sociedad civil organizada

La relación compleja entre seguridad y derechos humanos, ante la inseguridad en la que vivimos no permitió discernir claramente entre Estado de Derecho, derechos fundamentales y Derechos Humanos, pese a los logros democráticos en el país ésta no ha logrado liberarse de las concepciones colonialistas de seguridad, porque aún continúa el uso de la violencia institucional frente a la protesta social.

Esta política plantea que la sociedad civil organizada, juntamente con las instituciones de seguridad pública, interactúen en su accionar, garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos, permitiendo la reducción de la inseguridad en todas sus formas y favoreciendo el accionar libre de la población.

La estrategia de acción conjunta entre la sociedad civil y las instituciones de seguridad pública es la que velará por el ejercicio de los Derechos Humanos, como necesidad de reconocer los valores de la multiculturalidad de los pueblos indígenas, originarios y organizaciones sociales al respecto de las transgresiones, la violencia o el delito, los organismos de seguridad o jueces fiscales deben considerar el delito desde una perspectiva multicultural y no desde la visión colonialista de la justicia.

Los programas para llevar a cabo esta estrategia son la acción conjunta de la sociedad civil con instituciones de seguridad ciudadana y el establecimiento de líneas de acción conjunta de organizaciones sociales e Instituciones en Régimen Interior para la Seguridad Pública.

iii) Defensa Social para garantizar la protección contra las drogas

La Defensa Social y el conjunto de políticas de Estado se orientarán a garantizar la protección de la sociedad civil frente a los efectos derivados de la problemática de las drogas que repercuten en los ámbitos social, cultural y económico. Para llevar adelante esta política se estableció la estrategia de construcción de una nueva cultura democrática en torno a la defensa social.

El objetivo de esta estrategia es generar en la población una actitud de respeto a las normas democráticas y principios de defensa social, con la participación democrática de la sociedad en la toma de decisiones, monitoreo y evaluación permanente.

La aplicación de esta política permitirá reducir los niveles promedio anual del consumo de inhalantes, alcohol y tabaco en jóvenes de 12 a 24 años de edad, a través de programas de prevención.

2.6.3 DEFENSA NACIONAL

Después de casi 180 años de vida republicana, época signada por la prominencia de diferentes grupos dominantes, dirigida por caudillos militares y civiles de la rosca minero feudal y por los grandes terratenientes que respondían a corrientes político ideológicos foráneos, el Estado no ha podido desarrollar un Sistema de Seguridad Civil y de Defensa Nacional, capaz de garantizar la soberanía, proteger el territorio y su población, ni defender los recursos naturales de carácter estratégico, indispensables para el desarrollo socioeconómico del país.

Los gobiernos que apostaron por el modelo neoliberal tampoco atendieron las necesidades administrativas y operativas del sector de Defensa Nacional, haciendo que este, en la actualidad, se encuentre reducido a límites extremos.

Entre los principales problemas identificados en el sector se encuentran la falta de definición de políticas de seguridad y defensa nacional, así como la escasa atención a las necesidades administrativas y operativas de parte de los anteriores gobiernos, lo que ha causado que los equipos y medios tácticos se encuentren hoy reducidos a su mínima capacidad de operación y la infraestructura cuartelaria se halle en estado de deterioro.

El Sistema de Defensa Civil no está articulado ni estructurado a nivel municipal, departamental ni nacional. La dispersión de esfuerzos y recursos limita la capacidad de respuesta ante situaciones adversas y de riesgos.

El sector tiene potencialidades que pueden ser aprovechadas en beneficio del Vivir Bien, entre las que destaca la voluntad política del actual gobierno para restablecer y fortalecer las capacidades institucionales, así como modernizar las Fuerzas Armadas (FFAA) a través del desarrollo de una política de defensa nacional y haciendo de ésta una política de Estado.

Se cuenta con unidades operativas y presencia militar en todo el territorio nacional para proteger a la población y los intereses nacionales. A esto se suman instituciones y empresas especializadas como el Instituto Geográfico Militar, el Comando de Ingeniería, Transportes Aéreos Militares, la Empresa Naviera Boliviana y otras que realizan un efectivo apoyo en programas y proyectos de inversión social.

Se brindará mayor capacitación técnica especializada a los conscriptos para que puedan una vez culminados su servicio militar, replicar sus conocimientos, bajo los principios de equidad, reciprocidad y dignidad.

En la actualidad, el sector de defensa busca su renovación ideológica, espiritual y material para garantizar la seguridad, defensa y soberanía del territorio nacional, así como los altos intereses de la nación y la población. Busca también organizar y reestructurar la defensa civil y apoyar efectivamente al desarrollo, brindando protección y posibilidades de Vivir Bien a las poblaciones más empobrecidas y vulnerables del área rural y de las fronteras.

Propuesta del cambio

El objetivo del sector es lograr una Bolivia soberana y segura: que defienda el territorio y a su población, que cuente con un sistema de defensa civil fuerte y que participe activamente en el desarrollo integral bajo los principios de equidad, reciprocidad y equidad de género.

Para conseguir esto el sector restablecerá y fortalecerá de manera sólida sus capacidades institucionales, consolidando un liderazgo institucional soberano, competente y honesto al servicio de los altos intereses de la patria, de la seguridad de sus recursos estratégicos y de su población; con capacidad operativa de disuadir con mayor credibilidad a cualquier amenaza externa; y con infraestructura cuartelaria, equipo y sistemas de comunicación que permitan la modernización del sector defensa en forma sostenida.

Asimismo, se desarrollarán 25 polos de desarrollo en el área de influencia de los puestos militares y capitanías de puertos ubicados en las fronteras, con infraestructura básica, social y productiva instalada, lo que permitirá fortalecer la presencia del sector en los más de 7.000 kilómetros de frontera que tiene el país, con capacidad de proteger todos los recursos naturales estratégicos existentes y asegurando su control con soberanía.

En relación a la Defensa Civil, se desarrollará el Sistema de Prevención de Riesgos; mediante un sistema de alerta temprana en los diferentes centros de operación departamental y en coordinación con los municipios, prefecturas y comunidades se organizarán redes comunitarias para la reducción de riesgos, disminuyendo, considerablemente, el efecto de los desastres naturales en las zonas de alto riesgo.

También se promoverá, desarrollará y consolidará una política de modernización del sistema de defensa nacional de forma permanente e integral a la política de Estado, conformando la «comunidad de defensa» entre civiles y militares.

La soberanía nacional se hará efectiva mediante el fortalecimiento de los puestos militares fronterizos y la consolidación de asentamientos humanos dotados de sistemas de infraestructura básica social y productiva, generando de esta manera, polos de desarrollo a través de un trabajo conjunto entre la población civil y militar.

Una nueva identidad de unidad nacional será establecida bajo principios de interés social y comunitario, el desarrollo de un nuevo marco normativo (leyes, reglamentos y procedimientos) y la capacitación en el sistema educativo nacional y del sector defensa, mediante la inclusión de materias de educación cívica, ética y moral, historia y cultura, en todos sus niveles de educación y formación militar.

Políticas y estrategias

i) Seguridad y Defensa Nacional

Esta política estará orientada a desarrollar un liderazgo institucional, imbuido de un alto sentido de patriotismo, capaz, competente y honesto, al servicio de los altos intereses de la patria, la seguridad y defensa de sus recursos estratégicos y la población, que se hará efectiva mediante el fortalecimiento y modernización de las Fuerzas Armadas de manera continua y en permanente interacción con la población.

Para el logro de esta política se ha establecido la Estrategia Bolivia Segura y Soberana, donde se desarrollará una política de defensa en función a la protección, resguardo y desarrollo de los intereses nacionales y su población, con unas Fuerzas Armadas modernas.

Esta estrategia contará con los siguientes programas:

Programa de Desarrollo de la nueva identidad nacional, estableciendo el nuevo marco normativo a través de la aprobación del cuerpo legal del sector Defensa y el rediseño del Sistema de Fuerzas (Ejército, Fuerza Naval, Fuerza Aérea) para fortalecer las capacidades institucionales y consolidar una política de defensa nacional como política de Estado, garantizando la soberanía y continuidad del Estado.

El segundo programa contempla el equipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas con equipos de campaña, armamento y municiones; vehículos tácticos terrestres, aéreos y náuticos de instrucción, reconocimiento y combate; mejoramiento de la infraestructura cuartelaria y viviendas funcionales; batallones de ingeniería y centros de mantenimiento para la construcción de caminos y obras productivas a nivel nacional, departamental y municipal; además de sistemas de comunicación integrados con todas las unidades militares y poblaciones rurales y fronterizas a nivel nacional con el fin de recuperar la capacidad operativa, infraestructura cuartelaria, equipo y sistemas de comunicación para conformar una institución con capacidad de defensa efectiva.

El control y vigilancia terrestre, acuática y aérea de todo el territorio nacional, es un programa que permitirá la protección y vigilancia de los recursos estratégicos (hidrocarburos, minerales, recursos hídricos y otros) en beneficio del desarrollo nacional, en forma conjunta con las organizaciones e instituciones del Estado, la población y organizaciones comunitarias.

El programa de modernización, democratización y universalización del servicio militar obligatorio permitirá incorporar al servicio militar y de defensa que requiere el Estado, al 100 de jóvenes, hombres y mujeres, en edad de cumplir con esta obligación, a través de un sistema de administración informático que focalice y ubique al futuro conscripto y a las unidades militares donde prestarán sus servicios.

A través del programa de participación en el mercado naviero-portuario en el ámbito fluvial (hidrovía Paraguay-Paraná) y marítimo se tomará parte activa en el transporte por agua de la Carga Estratégica Nacional y se construirá un puerto en Puerto Quijarro y otro alternativo en Puerto Busch, en coordinación con instituciones públicas y privadas, con el objetivo de contar con un punto de carga estratégica y salida alterna y soberana de exportación hacia el Océano Atlántico.

ii) Sistema de Defensa Civil

La Estrategia Bolivia Segura y Soberana estará orientada a desarrollar un Sistema Nacional de Defensa Civil articulado institucionalmente con las prefecturas, municipios, comunidades y organismos nacionales e internacionales. Implementará unidades de reacción inmediata, entrenada y especializada con capacidad efectiva de reacción y atención inmediata ante los desastres naturales y antrópicos (producidos por los seres humanos).

Esta política tiene como estrategia reestructurar el sistema nacional de defensa civil, definiendo funciones y atribuciones entre las instituciones involucradas. Definirá niveles de coordinación para la atención de los asuntos administrativos y operativos relacionados con la gestión de riesgos, y establecerá planes, programas y proyectos integrales, para contar con un sistema de Defensa Civil fuerte.

Se incorporará en el diseño curricular del sistema educativo la temática de prevención y atención de desastres, con miras a fortalecer una cultura de prevención colectiva, en coordinación con el Ministerio de Educación para involucrar a toda la población en el sistema de Defensa Civil.

iii) Apoyo al Desarrollo Nacional

Orientada hacia la participación de las FFAA en el desarrollo nacional, integrando esfuerzos de la población civil, militar, ministerios y prefecturas, municipios y comunidades en la lucha contra la pobreza; promoviendo la inclusión, equidad y desarrollo, y generando polos de desarrollo en las áreas de frontera para fortalecer la soberanía nacional.

La estrategia consiste en apoyar la inclusión socioeconómica, mediante la capacitación y participación, del efectivo militar en diferentes campañas de salud y educación para que posteriormente éste transmita en su lugar de origen todos estos conocimientos a través de una participación activa y efectiva del sector Defensa en el desarrollo nacional.

El programa de Apoyo al Desarrollo de Fronteras, donde las FF.AA. colaborarán al desarrollo de las fronteras con la implementación de 25 polos de desarrollo en los puestos militares fronterizos más desprotegidos, estratégicos y vulnerables (Laguna Colorada, Charaña, Silala, Bolpebra, Río Machupo, Fortaleza del Abuná y otros), con el objetivo de precautelar la soberanía nacional. Para ello, se facilitará el asentamiento de familias alrededor de estos puestos, a las que se les dotará de infraestructura social y productiva con la participación activa de pobladores, Ejército e instituciones públicas y privadas.

Con el programa de Capacitación Integral a Jóvenes se otorgará instrucción integral a jóvenes bolivianos en el Servicio Militar Obligatorio en las diferentes especialidades acorde a las necesidades de la población boliviana.

Bajo el programa de apoyo al desarrollo nacional se apoyará la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural de áreas protegidas, mediante la instalación de puestos militares para incrementar la seguridad y resguardo de las mismas, fortaleciendo la soberanía de los territorios indígenas y evitando el avasallamiento y explotación ilegal de recursos naturales, de biodiversidad y del medio ambiente.

Finalmente, se concluirá y actualizará la cartografía básica nacional y se levantará la cartografía náutica en los ríos Beni, Madre de Dios, Mamoré e Ichilo, necesaria para la planificación del desarrollo de los municipios.

2.6.4 CULTURAS

La Revolución Democrática y Cultural iniciada en Bolivia desde enero de 2005 implica también una profunda trasformación de las relaciones sociales y culturales de los ciudadanos y ciudadanas.

Hasta ahora estas relaciones si bien se han mantenido en los márgenes del sincretismo con culturas occidentales y coloniales con expresiones respetuosas de la diversidad cultural de Bolivia, es necesario reconocer que también existen sectores de la población que manifiestan su participación en la comunidad a partir de expresiones de división, exclusión, racismo, discriminación e individualismo.

Está claro que este tipo de relaciones sociales y culturales no puede seguir formando parte de una sociedad transformada en sus relaciones políticas, económicas y sociales, como elementos centrales de una revolución Democrática y Cultural instaurada a partir de una decisión soberana asumida por la mayoría de la población boliviana en las elecciones nacionales de diciembre de 2004.

El principal antecedente de esta definición política se encuentra en el valor cuantitativo de la composición étnica y social del país, en el que 63 por ciento de la población se reclama indígena. A este factor debemos sumar la definición política y ciudadana, suficientemente elocuente como para promover una transformación de las políticas culturales en Bolivia, que tienen que contrastarse con el patrimonio cultural de la nación para constatar la demanda implícita de una propuesta de cambio en las políticas públicas destinadas al sector cultural del país.

El territorio boliviano está habitado según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001 por 8.274,325 ciudadanos y ciudadanas, de esa población, la indígena está constituida por 4.915.245 habitantes mayores de 15 años (CNPV 2001) lo que da cuenta que el 60 por ciento de la población total de Bolivia está constituido por indígenas y originarios de los cuales los pueblos más numerosos son el Quechua con 1.510.560 (18,25 por ciento), el Aymara 1.243.728 (15,03 por ciento), el Chiquitano 108.206 (1,30 por ciento), el Guaraní 77.121 (0,93 por ciento) y el Moxeño 44.247 (0,53 por ciento).

Aun a pesar de su peso específico el 86 por ciento de la población indígena es pobre, el 10 por ciento más rico de los bolivianos consume 22 veces más que el 10 por ciento más pobre y cerca de dos tercios de la población indígena se encuentra entre el 50 por ciento más pobre de la población.

Paradójicamente estos datos contradicen el aporte de los indígenas a la actividad productiva del país. La tasa de participación laboral esta compuesta por 81por ciento de población indígena y 64 por ciento de población no indígena. Los indígenas son 3 por ciento menos propensos a estar desempleados (4 por ciento comparado con 7 por ciento) que los no indígenas pero un tercio de los indígenas empleados no reciben remuneración por su trabajo, comparado con un 13 por ciento de los no indígenas. Es importante subrayar que la mayoría del trabajo sin pago es realizado por mujeres.

Por otra parte, Bolivia ostenta en su Patrimonio Cultural (no suficientemente documentado y sistematizado legal y científicamente), 35.000 sitios arqueológicos registrados de los cuales 7.000 fueron intervenidos por las instancias estatales. 500 sitios arqueológicos son considerados de interés turístico. Asimismo existen 6 Patrimonios Mundiales, 2 Obras Maestras de la Humanidad y 1 Memoria del Mundo.

La Institución Pública para la administración de las culturas en el Estado boliviano también es producto de una crisis permanente y sostenida en el tiempo al no haber tenido una posición fija en la estructura, su lugar estuvo determinado por decisiones gubernamentales fluctuantes.

Las culturas y el patrimonio boliviano han sido considerados como poco estratégicos para la gestión pública y en consecuencia los niveles de inversión desde el Estado y la Cooperación Internacional en esta área no son significativos, pero aun peor es constatar que no responden a una propuesta de política pública que fortalezca un proceso de desarrollo cultural.

Propuesta de cambio

En la constatación cualitativa, fáctica y cuantitativa de las relaciones socioculturales y patrimoniales de Bolivia, está implícita la propuesta del sector Culturas del Plan Nacional de Desarrollo que debe constituirse en una auténtica Revolución Cultural para Bolivia.

Este sector debería concebirse como factor estratégico para la gestión política, económica y social del país, en la medida en que su incidencia en el pensamiento, comportamiento y actitud de la sociedad, puede transformar la misma en un sentido revolucionario para la sociedad boliviana.

La administración eficiente, eficaz, participativa, democrática y transparente de las culturas en Bolivia, fundamentan el destino de la gestión pública en el sector cultural del gobierno que encabeza el Presidente Evo Morales Ayma.

El resultado revolucionario debe constituirse en una valoración social y económica más equilibrada en relación a la diversidad étnica y cultural del país.

Su participación en la economía, su notoriedad social en sentido interno y su expresión hacía el mundo, además de su legitimación a partir de la institucionalización del proceso participativo de evaluación y planificación, deben ser los principales objetivos de la gestión gubernamental.

Ante la hegemonía excluyente de la evaluación y planificación del desarrollo cultural en el país, se hace imperioso un permanente diálogo con la sociedad para evaluar y planificar participativa y democráticamente la agenda estatal de la gestión cultural.

Este proceso tendría que ser complementado con la Institucionalización de la administración cultural del Estado, a partir de la creación del Ministerio y los Consejos Departamentales y Nacional de Desarrollo de Culturas, que expresarían un sentido representativo y democrático consecuente con el carácter progresista del sector.

La participación de la ciudadanía y su institucionalización, tienen sentido en la medida en que administren recursos públicos que constituyan inversión y desarrollo efectivo, para lo cual se propone la creación de un Fondo Concursable de Desarrollo de Culturas que debiera estar financiado con recursos provenientes de las empresas públicas más rentables del país, además de los aportes de la empresa privada a través de la reglamentación del mecenazgo y un impuesto al consumo de alcohol y tabaco, fundamentales para que el desarrollo cultural dependa fundamentalmente del aporte de los bolivianos y bolivianas.

Bajo esta estructura estatal, el control y planificación ciudadano, además del aporte real de los bolivianos y bolivianas, es necesario encarar un trabajo de desarrollo en diez áreas temáticas vinculadas a las culturas.

Políticas y estrategias

Evaluación y Planificación Democrática y Participativa. Institucionalizando las Jornadas Culturales departamentales para generar un trabajo de evaluación y planificación con la participación de los actores y gestores culturales de cada Departamento organizados.

Institucionalización de la Gestión Cultural. Mediante la creación del Ministerio de Desarrollo de Culturas, los Consejos Departamentales de Desarrollo de Culturas y el Consejo Nacional de Desarrollo de Culturas.

Sostenibilidad de la Gestión Cultural. Mediante la creación del Fondo Concursable de Desarrollo de Culturas y el redireccionamiento del Fondo del Banco Central de Bolivia y creación de Fondos de apoyo a la Cultura.

Estas políticas se implementarán a través de las siguientes estrategias:

i) Descolonizar la cultura

La gestión cultural de Bolivia se ha caracterizado por una fuerte atención de las instituciones del Estado a las expresiones artísticas y culturales convencionales y casi estrictamente vinculadas a los espacios urbanos del país.

Esto ha promovido dos efectos de la colonización cultural en Bolivia, por un lado una subestimación de las expresiones artísticas y culturales de los pueblos y naciones originarias e indígenas y, por otro, una sobrestimación de las expresiones convencionales urbanas y occidentales sin vínculos de identidad nacional.

Dado que las principales fortalezas de la identidad y culturas en Bolivia corresponden a las expresiones originarias, se propone desarrollar estrategias que apunten a revertir las consecuencias de la colonización cultural en Bolivia.

Para ello es necesario poner en valor las expresiones originarias a la par de las expresiones occidentales y urbanas y proyectar ambas en un sentido pleno de interculturalidad vinculando este proceso al fortalecimiento de una nueva identidad nacional y el mejoramiento de la autoestima social en Bolivia.

Esta estrategia se llevará adelante a través del "Programa Fortalecimiento de la interculturalidad" y "Fomento a las iniciativas Artísticas y Culturales"

ii) Construir una Nueva Identidad Nacional

Como un efecto de la Estrategia precedente es necesario construir nuevos paradigmas de Identidad Nacional basados en el respeto del colectivo y la valoración real del Patrimonio Cultural del país.

El proceso de reconocimiento de los nuevos paradigmas de la nacionalidad necesariamente tiene que fundamentarse en la recuperación de los valores tradicionales que ostentan las diversas culturas que habitan el territorio boliviano, pero no basta con la recuperación de los distintos elementos tradicionales, es necesario proyectarlos en el contexto del nuevo siglo y las actuales condiciones de comunicación y mercado global.

Es necesario encontrar en ese contexto elementos de representación de la nacionalidad que vinculen el territorio y la población generando una continuidad efectiva en la identidad nacional respetuosa de la diversidad que le es innata.

A partir de la valoración de la nueva identidad nacional será necesaria una vinculación a las diferentes expresiones populares, para generar a partir de su reconocimiento y valoración, imaginarios sociales más expresivos con lo propio en el sentido cultural de sus imaginarios.

La implementación de esta estrategia se realizará a partir del "Programa Investigación
Cultural"

iii) Hacer del Estado el principal protagonista del desarrollo cultural

El Estado boliviano debe recuperar su participación en el proceso de planificación y ejecución de proyectos de gestión cultural en el país. Esta agenda debe estar coordinada con los Gobiernos Departamentales, los Gobiernos Nacionales y los gestores culturales que desarrollan iniciativas en el país. Es necesario reglamentar los aportes a través del Fondo Concursable y con indicadores claros de impacto económico y social para garantizar la eficiencia y sostenibilidad de la propuesta.

Los Concursos Nacionales y los principales Festivales de Carácter nacional e Internacional que se desarrollan en el país deben contener el aporte y participación de las instancias estatales responsables del sector cultural.

Para esta estrategia se formula el programa "Fondo para el Desarrollo Cultural de Bolivia"

iv) Transformar el patrimonio cultural en fuente ...