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Bolivia LEY No 439 del Código Procesal Civil vigente y actualizado 2014 (con fe de erratas)

Código Procesal Civil vigente y actualizado por Derechoteca, incluye la fe de erratas

Tipo de la norma: ,
Fecha de la norma: de de 439
Pais: Bolivia

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INDICE
LEY No 439 del Código Procesal Civil vigente y actualizado 2014 (con fe de erratas)
LIBRO PRIMERO   DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO I   DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
TÍTULO II   AUTORIDADES JUDICIALES
    CAPÍTULO PRIMERO   FUNCIÓN JURISDICCIONAL
    CAPÍTULO SEGUNDO   JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
    CAPÍTULO TERCERO   CONFLICTOS DE COMPETENCIA
    CAPÍTULO CUARTO  
TÍTULO III   PARTES
    CAPÍTULO PRIMERO   GENERALIDADES
    CAPÍTULO SEGUNDO   APODERADA O APODERADO JUDICIAL
    CAPÍTULO TERCERO   LITISCONSORCIO
    CAPÍTULO CUARTO   INTERVENCIÓN DE TERCEROS
        SECCIÓN I   DISPOSICIONES GENERALES
        SECCIÓN II   INTERVENCIÓN VOLUNTARIA PRINCIPAL Y ACCESORIA
        SECCIÓN III   INTERVENCIÓN FORZOSA
    CAPÍTULO QUINTO   DEBERES Y RESPONSABILIDADES
TÍTULO IV   ACTIVIDAD PROCESAL
    CAPÍTULO PRIMERO   DISPOSICIONES GENERALES
        SECCIÓN I   ACTOS PROCESALES
        SECCIÓN II   MEMORIALES
        SECCIÓN III   DOMICILIO PROCESAL
    CAPÍTULO SEGUNDO   RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN PROCESAL
        SECCIÓN I   CITACIÓN
        SECCIÓN II   NOTIFICACIÓN
        SECCIÓN III   PLAZOS PROCESALES
        SECCIÓN IV   AUDIENCIAS
        SECCIÓN V   EXPEDIENTES
    CAPÍTULO TERCERO   NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES
    CAPÍTULO CUARTO   ACTOS DE PROPOSICIÓN
        SECCIÓN I   DEMANDA
        SECCIÓN II   CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
        SECCIÓN III   CONTESTACIÓN
        SECCIÓN IV   RECONVENCIÓN
    CAPÍTULO QUINTO   PRUEBA
        SECCIÓN I   PRINCIPIOS GENERALES
        SECCIÓN II   PRUEBA DOCUMENTAL
        SECCIÓN III   CONFESIÓN
        SECCIÓN IV   DECLARACIONES DE TESTIGOS
        SECCIÓN V   INSPECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS
        SECCIÓN VI   PRUEBA PERICIAL
        SECCIÓN VII   PRUEBA POR INFORME
        SECCIÓN VIII   PRESUNCIONES
    CAPÍTULO SEXTO   PROCEDIMIENTOS POSTERIORES PARA LA PRODUCCIÓN DE PRUEBA
    CAPÍTULO SÉPTIMO   RESOLUCIONES JUDICIALES
        SECCIÓN I   PROVIDENCIAS Y AUTOS
        SECCIÓN II   SENTENCIA, AUTO DE VISTA Y AUTO SUPREMO
        SECCIÓN III   COSTAS Y COSTOS
        SECCIÓN IV   ACLARACIÓN, ENMIENDA Y COMPLEMENTACIÓN
        SECCIÓN V   EFICACIA DE LAS RESOLUCIONES
TÍTULO V   MEDIOS EXTRAORDINARIOS DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO
    CAPÍTULO PRIMERO   TRANSACCIÓN
    CAPÍTULO SEGUNDO   CONCILIACIÓN
    CAPÍTULO TERCERO   DESISTIMIENTO
    CAPÍTULO CUARTO   EXTINCIÓN POR INACTIVIDAD
TÍTULO SEXTO   MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES
    CAPÍTULO PRIMERO   DISPOSICIONES GENERALES
    CAPÍTULO SEGUNDO   RECURSO DE REPOSICIÓN
    CAPÍTULO TERCERO   RECURSO DE APELACIÓN
    CAPÍTULO CUARTO   RECURSO DE CASACIÓN
    CAPÍTULO QUINTO   COMPULSA
    CAPÍTULO SEXTO   RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE SENTENCIA
LIBRO SEGUNDO   DESARROLLO DE LOS PROCESOS
TÍTULO I   PROCESOS PRELIMINARES
    CAPÍTULO PRIMERO   CONCILIACIÓN PREVIA
    CAPÍTULO SEGUNDO   EXENCIÓN DE COSTOS Y COSTAS
    CAPÍTULO TERCERO   DILIGENCIAS PREPARATORIAS
TÍTULO II   PROCESO CAUTELAR
    CAPÍTULO PRIMERO   DISPOSICIONES GENERALES
    CAPÍTULO SEGUNDO   MEDIDAS CAUTELARES GENÉRICAS
    CAPÍTULO TERCERO   MEDIDAS CAUTELARES ESPECÍFICAS
        SECCIÓN I   ANOTACIÓN PREVENTIVA
        SECCIÓN II   EMBARGO PREVENTIVO Y SECUESTRO
        SECCIÓN III   INTERVENCIÓN JUDICIAL
        SECCIÓN IV   INHIBICIÓN DE BIENES
        SECCIÓN V   PROHIBICIONES DE INNOVAR Y CONTRATAR
TÍTULO III   PROCESOS INCIDENTALES
    CAPÍTULO PRIMERO   DISPOSICIONES GENERALES
    CAPÍTULO SEGUNDO   INCIDENTES ESPECIALIZADOS
        SECCIÓN I   ACUMULACIÓN
        SECCIÓN II   RECUSACIONES Y EXCUSAS
        SECCIÓN III   PROCEDIMIENTO INCIDENTAL DE LA RECUSACIÓN
        SECCIÓN IV   CASOS ESPECIALES DE RECUSACIÓN
        SECCIÓN V   RENDICIÓN DE CUENTAS
    CAPÍTULO TERCERO   TERCERÍAS E INTERVENCIÓN DE TERCEROS
TÍTULO IV   PROCESO DE CONOCIMIENTO
    CAPÍTULO PRIMERO   PROCESO ORDINARIO
    CAPÍTULO SEGUNDO   PROCESO EXTRAORDINARIO
    CAPÍTULO TERCERO   PROCESO DE ESTRUCTURA MONITORIA
        SECCIÓN I   DISPOSICIONES GENERALES
        SECCIÓN II   PROCESO EJECUTIVO
        SECCIÓN III   OTROS PROCESOS MONITORIOS
TÍTULO V   PROCESOS DE EJECUCIÓN
    CAPÍTULO PRIMERO   EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
    CAPÍTULO SEGUNDO   EJECUCIÓN COACTIVA DE SUMAS DE DINERO
    CAPÍTULO TERCERO   EJECUCIÓN DE OTRAS OBLIGACIONES
TÍTULO VI   PROCESOS CONCURSALES
    CAPÍTULO PRIMERO   DISPOSICIONES GENERALES
    CAPÍTULO SEGUNDO   PROCEDIMIENTO DE LOS CONCURSOS
TÍTULO VII   PROCESOS VOLUNTARIOS
    CAPÍTULO PRIMERO   DISPOSICIONES GENERALES
    CAPÍTULO SEGUNDO   PROCESO SUCESORIO
        SECCIÓN I   SUCESIÓN LEGAL
        SECCIÓN II   SUCESIÓN TESTAMENTARIA
        SECCIÓN III   ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA CON BENEFICIO DE INVENTARIO
        SECCIÓN IV   RENUNCIA DE HERENCIA
        SECCIÓN V   INCIDENCIAS DEL PROCESO SUCESORIO
        SECCIÓN VI   SUCESIÓN DEL ESTADO
    CAPÍTULO TERCERO   DESAPARICIÓN Y PRESUNCIÓN DE MUERTE
    CAPÍTULO CUARTO   OTROS PROCESOS VOLUNTARIOS
        SECCIÓN ÚNICA   PROCEDIMIENTOS EN MENSURA, DESLINDE Y REGISTROS PÚBLICOS
    CAPÍTULO QUINTO   OFERTA DE PAGO Y CONSIGNACIÓN
TÍTULO VIII   COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL
    CAPÍTULO PRIMERO   DISPOSICIONES GENERALES
    CAPÍTULO SEGUNDO   EXHORTOS SUPLICATORIOS Y OTRAS COMISIONES
    CAPÍTULO TERCERO   COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA CAUTELAR
    CAPÍTULO CUARTO   EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DICTADAS EN EL EXTRANJERO

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DISPOSICIONES FINALES
LEY Nº 439
LEY DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2013

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA :

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

LIBRO PRIMERO      Arriba
DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I      Arriba
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

ARTÍCULO 1º (PRINCIPIOS).-

El proceso civil se sustenta en los principios de:

1. Oralidad. La oralidad es la forma de desarrollar el proceso, sin perjuicio de la escritura en los actos establecidos por la Ley.

2. Legalidad. La autoridad judicial, en los procesos deberá actuar con arreglo a lo dispuesto en la Ley.

3. Dispositivo. El proceso se construye en función al poder de disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional.

4. Dirección. Consiste en la potestad de la autoridad jurisdiccional para encaminar las actuaciones procesales de manera eficaz y eficiente, y ordena a las partes, sus apoderados y abogados al cumplimiento de las disposiciones legales.

5. Inmediación. Permite a la autoridad jurisdiccional, el contacto personal y directo con las partes en las audiencias, con la prueba y los hechos que se alegan en el proceso, excepto en los actos procesales que deban cumplirse por comisión fuera de la jurisdicción de Juzgado.

6. Concentración. Determina la conjunción de la actividad procesal en el menor número posible de actos, para evitar su dispersión.

7. Publicidad. La publicidad exige como condición indispensable la difusión de la actividad procesal, salvo que la autoridad judicial decida lo contrario cuando la Ley lo determine.

8. Saneamiento. Faculta a la autoridad judicial para adoptar decisiones destinadas a subsanar defectos procesales en la tramitación de la causa, siempre que no afecten los principios del debido proceso y de la seguridad jurídica, de manera que se concluya la tramitación de la causa con la debida celeridad procesal.

9. Gratuidad. El proceso civil es gratuito, siendo ésta la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

10. Celeridad. La economía del tiempo procesal está edificada sobre un conjunto de institutos orientados a conseguir una pronta solución de las contiendas judiciales, impidiendo la inercia de las autoridades judiciales, partes, abogadas y abogados, y servidores judiciales. El Juez no podrá aplazar una audiencia o diligencia ni suspenderla salvo por razones que expresamente autorice el presente Código.

11. Interculturalidad. La autoridad judicial en el desarrollo del proceso deberá considerar que el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, permiten la convivencia de una diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística.

12. Transparencia. Los actos procesales se caracterizan por otorgar a las partes información útil y fiable facilitando la publicidad de los mismos, con el objeto de que la jurisdicción cumpla con la finalidad de proteger derechos e intereses que merezcan tutela jurídica.

13. Igualdad procesal. La autoridad judicial durante la sustanciación del proceso tiene el deber de asegurar que las partes, estén en igualdad de condiciones en el ejercicio de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegio entre las partes.

14. Eventualidad. Exige realizar actividades conjuntas, dentro de un mismo plazo, aun cuando sean excluyentes, contrarias e incompatibles.

15. Contradicción. Las partes tienen derecho a exponer sus argumentos y rebatir los contrarios.

16. Verdad material. La autoridad judicial deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por la Ley, aun cuando no hayan sido propuestas por las partes.

17. Probidad. Exige en la actuación de las autoridades judiciales, partes, representantes, auxiliares de la jurisdicción y terceros que intervienen en el proceso, de conducirse en los actos procesales con buena fe, lealtad y veracidad.

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ARTÍCULO 2º (IMPULSO PROCESAL).-

Las autoridades judiciales en forma independiente de la actividad de las partes, tendrán a su cargo la responsabilidad de adoptar las medidas orientadas a la finalización del proceso y evitar su paralización, procurando que los trámites se desarrollen con la mayor celeridad, dentro de los plazos procesales.

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ARTÍCULO 3º (BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL).-

I. Las autoridades judiciales están en la obligación de impedir y sancionar toda forma de fraude procesal, colusión, dilación, y en suma cualquier manifestación de inconducta procesal.

II. Las partes y en general quienes intervienen en el proceso, deben actuar en forma honesta, de buena fe, con lealtad y veracidad sobre la base del conocimiento cierto de los hechos y el entender racional del derecho aplicable, respetando a la autoridad judicial y los derechos del adversario.

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ARTÍCULO 4º (DERECHO AL DEBIDO PROCESO).-

Toda persona tiene derecho a un proceso judicial justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido a disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar; comprende el conjunto de requisitos que debe observar toda servidora o servidor judicial en las instancias procesales, conforme a la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la Ley.

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ARTÍCULO 5º (NORMAS PROCESALES).-

Las normas procesales son de orden público y, en consecuencia, de obligado acatamiento, tanto por la autoridad judicial como por las partes y eventuales terceros. Se exceptúan de estas reglas, las normas que, aunque procesales, sean de carácter facultativo, por referirse a intereses privados de las partes.

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ARTÍCULO 6º (INTERPRETACIÓN).-

Al interpretar la Ley Procesal, la autoridad judicial tendrá en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la Ley sustantiva. En caso de vacío en las disposiciones del presente Código, se recurrirá a normas análogas, la equidad que nace de las leyes y a los principios generales del derecho, preservando las garantías constitucionales en todo momento.

TÍTULO II      Arriba
AUTORIDADES JUDICIALES

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CAPÍTULO PRIMERO      Arriba
FUNCIÓN JURISDICCIONAL

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ARTÍCULO 7º (FUNCIÓN).-

I. La autoridad judicial es el titular de la función jurisdiccional. Las servidoras y los servidores auxiliares sólo realizarán los actos permitidos por la Ley del Órgano Judicial y el presente Código, bajo responsabilidad.

II. Las autoridades judiciales sustanciarán y resolverán las causas sometidas a su competencia, de acuerdo a las leyes del Estado Plurinacional.

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ARTÍCULO 8º (INDEPENDENCIA).-

Las autoridades judiciales son independientes en el ejercicio de sus funciones y están sometidas sólo a la Constitución y las leyes.

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ARTÍCULO 9º (OBLIGATORIEDAD).-

I. Las decisiones de las autoridades judiciales deben ser acatadas por todas las autoridades y personas individuales o colectivas. Las autoridades en general están en la obligación de prestar asistencia para el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

II. Para el cumplimiento de sus decisiones, las autoridades judiciales podrán:

1. Disponer el auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarse a solo requerimiento.

2. Decretar conminatorias y sanciones económicas bajo la modalidad de multas, sin que en ningún caso el cumplimiento de obligaciones civiles pueda hacerse efectivo a través del apremio corporal de la obligada u obligado.

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CAPÍTULO SEGUNDO      Arriba
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

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ARTÍCULO 10º (CARÁCTER Y ALCANCE).-

La función jurisdiccional es indelegable y su ámbito abarca todo el territorio del Estado Plurinacional.

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ARTÍCULO 11º (CRITERIOS DE COMPETENCIA).-

I. La competencia de la autoridad judicial para conocer de un asunto se determina por razón de materia y territorio.

II. Todo proceso tendrá dos instancias, salvo aquellos que por Ley se tramiten en única instancia.

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ARTÍCULO 12º (REGLAS DE COMPETENCIA).-

En el proceso civil se observarán las siguientes reglas de competencia:

1. En las demandas con pretensiones reales o mixtas sobre bienes en general, será competente:

a. La autoridad judicial del lugar donde estuviere situado el bien litigioso o del domicilio de la parte demandada, a elección de la parte demandante.

b. Si los bienes fueren varios y estuvieren situados en lugares diferentes, el de aquel donde se encontrare cualquiera de ellos.

c. Si un inmueble abarcare dos o más jurisdicciones, el que eligiere la parte demandante.

2. En las demandas con pretensiones personales, será competente:

a. La autoridad judicial del domicilio real de la parte demandada.

b. El del lugar donde deba cumplirse la obligación, o el de donde fue suscrito el contrato, a elección del demandante.

c. En caso de contratos por medio electrónico, será competente la autoridad judicial pactada en el contrato, y a falta de éste, la autoridad judicial del domicilio real de la parte demandada, salvo que la Ley especializada disponga lo contrario.

3. En las sucesiones, será competente:

a. La autoridad judicial del lugar del último domicilio real de la o del causante, o el de donde se hallare cualquiera de los bienes sucesorios.

b. Si el fallecimiento ocurriere en el extranjero, el del último domicilio real que la o el causante hubiere constituido en el Estado Plurinacional, o el de donde se hallare cualquiera de los bienes sucesorios.

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ARTÍCULO 13º (PRÓRROGA DE LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO).-

La competencia por razón de territorio se puede prorrogar únicamente por consentimiento expreso o tácito de las partes. En forma expresa, cuando ellas convienen en someterse a una autoridad judicial que para una o para ambas partes no es competente; en forma tácita, cuando la parte demandada contesta ante una autoridad judicial incompetente, sin oponer esta excepción.

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ARTÍCULO 14º (SUSPENSIÓN DE LA COMPETENCIA).-

La competencia de una autoridad judicial puede suspenderse en todos los asuntos que conoce o sólo en determinado asunto. En el primer caso, por cualquiera de las causas que privan a la autoridad judicial de sus funciones, como la suspensión motivada por acción penal, vacación o licencia; y en el segundo caso, por excusa o recusación, o por la conclusión del pleito.

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ARTÍCULO 15º (SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA COMPETENCIA).-

La competencia se suspende temporalmente en determinadas causas:

1. Por apelación concedida en efecto suspensivo.

2. Por acuerdo de las partes, en los casos permitidos por Ley.

3. Por suspensión del asunto en los casos señalados por Ley.

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ARTÍCULO 16º (PÉRDIDA DE LA COMPETENCIA).-

La autoridad judicial perderá competencia por:

1. Excusa declarada legal.

2. Recusación probada.

3. Resolverse en su contra la competencia suscitada.

4. Conclusión del pleito.

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CAPÍTULO TERCERO      Arriba
CONFLICTOS DE COMPETENCIA

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ARTÍCULO 17º (PROCEDENCIA).-

Los conflictos de competencia que se suscitaren entre dos o más juzgados o tribunales para determinar a cual corresponde el conocimiento de la causa, podrán promoverse de oficio o a instancia de parte, por inhibitoria o por declinatoria, antes de haberse consentido la competencia reclamada.

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ARTÍCULO 18º (INHIBITORIA).-

La inhibitoria, se intentará ante el juez o tribunal a quién se considere competente, pidiéndole dirija oficio al que se estimare incompetente para que se inhiba y le remita el proceso.

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ARTÍCULO 19º (DECLINATORIA).-

Por vía de declinatoria se planteará ante el juzgado o tribunal que se considere incompetente, pidiéndole se separe del conocimiento de la causa y remita el proceso a la autoridad tenida por competente.

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ARTÍCULO 20º (PROCEDIMIENTO DE LA INHIBITORIA).-

Si planteada la inhibitoria la autoridad judicial se declarare competente, se dirigirá a la jueza o juez o tribunal tenida o tenido por incompetente, acompañando fotocopia legalizada del memorial en que se hubiere planteado la inhibitoria, como de la resolución correspondiente y demás recaudos sobre los que hubiere fundado su competencia; asimismo, solicitará a la autoridad judicial su inhibitoria, la remisión del expediente o, en su defecto, el envío de éste al tribunal superior llamado por Ley para dirimir el conflicto.

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ARTÍCULO 21º (PROCEDIMIENTO DE LA INHIBITORIA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL REQUERIDA).-

I. La autoridad requerida previa notificación, se pronunciará en el plazo de cuarenta y ocho horas aceptando o negando la inhibitoria.

II. Si la autoridad requerida aceptare la inhibitoria, remitirá la causa ante el juzgado o tribunal requirente, emplazando a las partes para que comparezcan ante este último. Esta resolución será inapelable.

III. Si la autoridad requerida negare la inhibitoria y se declarare competente, en el término de cuarenta y ocho horas enviará las actuaciones sin otra sustanciación al tribunal superior para dirimir el conflicto, comunicando al mismo tiempo a la o el requirente para que remita las suyas en igual plazo si las o los jueces se encontraren en el mismo asiento judicial o, en el de seis días si lo estuvieren en asientos diferentes.

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ARTÍCULO 22º (PROCEDIMIENTO DE LA INHIBITORIA ANTE EL TRIBUNAL DIRIMIDOR).-

Dentro de los cinco días de recibidas las actuaciones de ambas autoridades judiciales o a los quince días de remitidas aquellas sólo por la autoridad requerida, el tribunal superior resolverá el conflicto sin otra sustanciación ni ulterior recurso, declarando:

1. La competencia de la autoridad judicial que conoció en su origen la demanda principal.

2. La incompetencia de la autoridad judicial de origen, en cuyo caso dispondrá la remisión de obrados a la autoridad considerada competente.

3. La incompetencia de ambas, en cuyo caso dispondrá la remisión de antecedentes al juzgado o tribunal que considere competente para conocer el asunto.

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ARTÍCULO 23º (SUSPENSIÓN DEL PROCESO).-

Durante el conflicto y desde que la autoridad judicial fuere notificada, ambas autoridades judiciales deberán abstenerse de toda actuación sobre lo principal, salvo las medidas cautelares que podrá solicitarse a cualquiera de ellas.

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CAPÍTULO CUARTO      Arriba

PODERES, DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL

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ARTÍCULO 24º (PODERES).-

La autoridad judicial tiene poder para:

1. Rechazar en forma inmediata y fundamentada la demanda cuando:

a. Sea manifiestamente improponible.

b. Se reclame un derecho sujeto a plazo de caducidad y éste haya vencido, siempre que se trate de derechos indisponibles.

2. Impulsar el proceso observando el trámite que legalmente corresponda, cuando el requerido por la parte no sea el adecuado.

3. Ejercitar las potestades y deberes que le concede este Código para encauzar adecuadamente el proceso y la averiguación de la verdad de los hechos y derechos invocados por las partes.

4. Disponer en cualquier momento del proceso, hasta antes de sentencia, la presencia de las partes, testigos o peritos, a objeto de formular aclaraciones o complementaciones que fueren necesarias para fundar la resolución.

5. Rechazar sin sustanciación, la prueba inadmisible en relación al objeto de la controversia.

6. Rechazar los incidentes que tiendan a dilatar o entrabar el proceso.

7. Imponer a las abogadas o los abogados y a las partes, sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas cuando obstaculicen maliciosamente el desarrollo del proceso, observando conducta incompatible con la ética profesional y el respeto a la justicia.

8. Sancionar con arresto de hasta ocho horas a las o los abogados o a las partes, que falten manifiestamente al respeto a la autoridad judicial, servidores judiciales o parte contraria; impidan u obstaculicen maliciosamente cualquier audiencia o diligencia.

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ARTÍCULO 25º (DEBERES).-

Son deberes de las autoridades judiciales:

1. Fallar, aplicando las reglas de derecho positivo, sin que en ningún caso puedan excusarse bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la Ley en las causas sometidas a su juzgamiento. Sólo podrán fallar por equidad cuando, tratándose de derechos disponibles, las partes lo soliciten.

2. Dictar resoluciones dentro de los plazos señalados por este Código.

3. Disponer las medidas necesarias para asegurar la efectiva igualdad de las partes.

4. Considerar que el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, permiten la convivencia de una diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística.

5. En la audiencia deberán tomar en cuenta la cosmovisión de las personas que intervienen en la misma, velando por el respeto de sus tradiciones y costumbres; así como la comprensión adecuada de la realidad donde desempeña sus funciones.

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ARTÍCULO 26º (RESPONSABILIDADES).-

I. Las autoridades judiciales serán responsables por:

1. Demorar injustificadamente en proveer.

2. Dictar providencias inapropiadas.

3. Proceder con dolo o fraude.

4. Sentenciar incurriendo en error inexcusable.

II. Las autoridades judiciales tienen responsabilidad civil, penal y disciplinaria, establecida en la forma que determina la Ley.

TÍTULO III      Arriba
PARTES

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CAPÍTULO PRIMERO      Arriba
GENERALIDADES

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ARTÍCULO 27º (PARTES).-

Son partes esenciales en el proceso la o el demandante, la o el demandado y terceros en los casos previstos por la Ley.

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ARTÍCULO 28º (OTROS SUJETOS PROCESALES).-

Concurren también al proceso las servidoras y los servidores auxiliares de la administración de justicia señalados en la Ley del Órgano Judicial, abogadas y abogados, peritos, traductores, intérpretes, depositarios, administradores, interventores, martilleros, comisionados, y en general aquellas o aquellos que no tienen interés en el objeto del proceso, pero que actúan en éste de una u otra forma.

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ARTÍCULO 29º (CAPACIDAD E INCAPACIDAD).-

I. Toda persona natural o colectiva que tenga capacidad de obrar, podrá intervenir en el proceso en calidad de parte actora, demandada o tercero, ya sea directamente o por representación.

II. Las y los incapaces no podrán intervenir por sí mismos en el proceso, debiendo actuar por medio de sus representantes.

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ARTÍCULO 30º (CAPACIDAD E INCAPACIDAD SOBREVINIENTES).-

I. Si la persona incapaz que estuviere litigando se tornare capaz, continuará los trámites por sí misma o mediante apoderado y, los actos consumados antes de esa comparecencia serán válidos. Si la persona capaz durante el proceso se incapacitare y estuviere actuando personalmente, comprobado el hecho, se le designará representante judicial, en un plazo máximo de tres días.

II. Si actuare mediante representación, ésta o éste se incapacitare, se comunicará a la autoridad judicial, a efecto de la designación referida en el Parágrafo anterior, debiendo continuar en el ejercicio del mandato, sin suspensión del proceso, hasta su sustitución.

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ARTÍCULO 31º (SUCESIÓN PROCESAL DE LAS PARTES).-

I. La sucesión procesal se presenta cuando una persona ocupa el lugar de una de las partes en el proceso, reemplazándola como sujeto activo o pasivo del derecho discutido.

II. Existe sucesión procesal cuando:

1. Fallece una persona que sea parte en el proceso.

2. Se disuelve o extingue una persona colectiva.

3. Se adquiere por acto entre vivos un derecho o un bien litigioso.

III. Si durante la sustanciación del proceso falleciere la persona natural que interviene como parte, o fuere declarada la desaparición o el fallecimiento presunto, el proceso continuará con los sucesores.

IV. La contraparte podrá pedir el emplazamiento de los sucesores sin que sea necesario que éstos agoten el trámite sucesorio, debiendo procederse en la misma forma prevista para la demanda. Mientras tanto el proceso en que fueron llamados quedará suspendido por el plazo de cuarenta días, salvo que se encuentre en estado de dictarse sentencia, en cuyo caso la suspensión se producirá después de pronunciada ella.

V. La autoridad judicial a tiempo de disponer la suspensión del proceso, mandará la citación personal o mediante una publicación de edicto a las o los herederos, otorgándoseles hasta un plazo de treinta días, para su comparecencia. Si las o los herederos o la o el albacea, no se presentaren, se declarará la extinción de la instancia o la prosecución de la causa según corresponda, debiendo en este último caso designarse una o un defensor.

VI. Si en el curso del proceso sobreviniere la fusión o escisión de alguna persona colectiva que figure como parte, los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.

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ARTÍCULO 32º (DISOLUCIÓN DE PERSONA COLECTIVA).-

Si la persona colectiva en litigio se disolviere, el proceso continuará con quienes estén a cargo de la liquidación del patrimonio.

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ARTÍCULO 33º (TRANSFERENCIA DEL DERECHO O DE BIEN LITIGIOSO).-

I. En caso de transferencia por acto entre vivos del derecho o del bien litigioso en todo o en parte, el adquirente podrá suceder en forma total o parcial a la o el enajenante en el proceso.

II. De existir oposición, se dictará resolución de previo y especial pronunciamiento. Si ella fuere admitida, la o el enajenante conservará su condición de parte en el proceso, pero como litisconsorte activo o pasivo de la o el adquirente; en caso contrario, la o el sucesor procesal ocupará el lugar de su enajenante.

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ARTÍCULO 34º (MENORES EMANCIPADOS).-

Los menores emancipados por matrimonio podrán actuar directamente y con plena capacidad por sus derechos personales y personalísimos.

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ARTÍCULO 35º (REPRESENTACIÓN PROCESAL).-

I. La persona natural podrá actuar por intermedio de representante, sea que éste se hallare previsto por la Ley, por poder otorgado al efecto o designado por la autoridad judicial.

II. La representación de la persona colectiva deberá adecuarse a las disposiciones que determinaron su creación y que estén previstas en su norma interna, y se ejercerá por sus órganos autorizados. Si se tratare de un representante designado en el acto constitutivo, no requerirá presentar poder especial para actuar a nombre del ente colectivo, salvo revocatoria de mandato. El representante deberá acreditar la existencia legal del ente colectivo respecto del cual alega su representación y tratándose de un representante convencional, el poder que acredite su personería.

III. En cualquier caso, el representante deberá presentar el documento idóneo en su primera intervención en el proceso.

IV. El desaparecido declarado judicialmente, intervendrá mediante representante designada o designado al efecto.

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ARTÍCULO 36º (REPRESENTACIÓN DE PLENO DERECHO).-

Las madres o los padres que comparezcan en representación de sus hijas o hijos menores de edad no emancipados por matrimonio, no estarán obligados a presentar los certificados de nacimiento, salvo que la autoridad judicial, a petición de parte o de oficio, los emplazare a presentarlas, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada.

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ARTÍCULO 37º (REPRESENTACIÓN DE PERSONAS COLECTIVAS EXTRANJERAS).-

I. Las personas colectivas extranjeras, sus sucursales, agencias o establecimientos que realicen actividades debidamente autorizadas en Bolivia, están sujetas a las mismas exigencias de representación que la Ley señala para las personas colectivas nacionales, salvo convenio internacional o disposición legal en contrario.

II. El poder que se otorgare en el extranjero, debidamente traducido, cuando corresponda, y legalizado, deberá presentarse en el primer escrito en que el apoderado se apersone como tal.

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CAPÍTULO SEGUNDO      Arriba
APODERADA O APODERADO JUDICIAL

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ARTÍCULO 38º (CONSTITUCIÓN).-

I. La parte con capacidad para comparecer por sí al proceso, podrá constituir uno o más apoderados. Si las o los apoderados fueren varios, podrán actuar indistintamente y cada uno de ellas o ellos asumirá responsabilidad ante su mandante por los actos procesales que realice.

II. El Estado y demás órganos de derecho público, podrán designar apoderadas o apoderados para los procesos en que fueren parte.

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ARTÍCULO 39º (CAPACIDAD).-

La representación judicial podrá ser conferida a cualquier persona que tenga capacidad de obrar.

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ARTÍCULO 40º (ACEPTACIÓN Y ADMISIÓN DE LA PERSONERÍA).-

I. La aceptación de la o el apoderado judicial se presume por su ejercicio.

II. Admitida la personería de la o el apoderado, ésta o éste, asume las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan a la o el mandante.

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ARTÍCULO 41º (OBLIGACIONES).-

La o el apoderado está obligado a seguir todos los trámites del proceso mientras no cese legalmente el mandato. Las citaciones, notificaciones y emplazamientos que le fueren practicadas, incluso con las resoluciones, tendrán la misma eficacia que si se hicieren a la o el mandante, sin que le sea permitido pedir se entiendan con éste. Se exceptúan los actos que por disposición de este Código deban ser citados, notificados y emplazados a la parte.

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ARTÍCULO 42º (EXTENSIÓN DEL MANDATO).-

I. El poder conferido para uno o más pleitos determinados, cualesquiera fueren sus facultades, comprenderá las de interponer y tramitar los recursos ordinarios y extraordinarios, así como las diversas instancias y etapas de aquellos, incluyendo los procesos preliminares, cautelares, de ejecución de sentencia e incidentales y en suma, realizar todos los actos procesales, extensivo pero no limitativa para hacer efectiva la sentencia. Para realizar actos jurídicos de disposición de derechos, tales como confesar, desistir del proceso o de la pretensión, conciliar, transigir, suspender el proceso y sustituir o delegar la representación, se requiere de facultades especiales contenidas en el poder.

II. Si la parte demandada reconviene, la o el apoderado estará obligada u obligado a responder, aun cuando no se lo hubiera conferido mandato especial para tal acto.

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ARTÍCULO 43º (SUSTITUCIÓN Y DELEGACIÓN DEL MANDATO).-

I. La o el apoderado podrá sustituir o delegar sus facultades, siempre que esté autorizada o autorizado expresamente para ello. La delegación faculta al delegante para revocarla y reasumir la representación.

II. La actuación de la o el apoderado sustituto o delegado obliga a la parte representada dentro de los límites de las facultades conferidas.

III. La formalidad para sustituir o delegar es la misma que la exigida para otorgar el poder.

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ARTÍCULO 44º (CESE DE LA REPRESENTACIÓN).-

La representación de la o el apoderado cesará:

1. Por revocación del mandato que conste en el expediente, en cuyo caso la o el mandante deberá comparecer por sí o constituir nuevo apoderado bajo pena de continuarse el proceso en rebeldía. Sin embargo, la ejecución de un acto procesal por la o el mandante no supone la revocación del poder, salvo declaración explícita en tal sentido.

2. Por renuncia de la o el apoderado, caso en el cual ésta o éste deberá, bajo pena de daños y perjuicios, continuar los trámites hasta el vencimiento del plazo fijado por la autoridad judicial a la o el mandante para que comparezca personalmente o designe nuevo apoderado. La resolución que otorga el plazo contendrá apercibimiento de continuarse el proceso en rebeldía y será notificada por cédula en el domicilio de la o el mandante, conforme al Artículo 72, Parágrafo VI, de este Código.

3. Por extinción de la personalidad de la persona colectiva mandante.

4. Por conclusión de la causa para la cual se otorgó el mandato.

5. Por muerte o incapacidad de la o del mandante, en cuyo caso:

a. Comprobado el hecho, la autoridad judicial suspenderá la tramitación y citará a las o los herederos, tutora o tutor, mediante edicto publicado por una sola vez, para que en el plazo de treinta días se hagan presentes y asuman defensa prosiguiendo el juicio en el estado en el que se encontrare. Si las o los herederos o tutora o tutor no se presentaren en el plazo señalado, se declarará la extinción de la instancia o rebeldía, según corresponda. Si el mandante siendo incapaz no tuviera tutor o tutora, se le designará representante judicial. La o el apoderado en el caso de medidas urgentes, continuará ejerciendo personería hasta que las o los herederos o representantes, asuman la defensa que corresponda.

b. Cuando el fallecimiento o la incapacidad de la o el mandante hubiere sido de conocimiento de la o el mandatario, éste deberá dar parte del hecho a la autoridad judicial en el plazo de tres días; asimismo, deberá indicar el nombre y domicilio de las o los herederos o de la tutora o el tutor, si los conociere. En caso de incumplimiento perderá el derecho a percibir honorarios que se devengaren con posterioridad al acontecimiento, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal.

6. Por muerte o incapacidad de la o el apoderado, en cuyo caso se suspenderá el trámite del proceso, disponiendo la autoridad judicial en la misma providencia, que la o el mandante comparezca por sí o nuevo apoderado, en el plazo de tres días, con citación mediante cédula en su domicilio señalado. Vencido el plazo sin que la o el mandante cumpliere lo ordenado, se declarará la extinción de la instancia o continuará el proceso en su rebeldía, según corresponda.

7. Por resolución judicial fundamentada, cuando la o el apoderado actué con malicia o temeridad reiterada.

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ARTÍCULO 45º (UNIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN).-

I. Cuando actuaren en el proceso diversas personas con un interés común, deberán hacerlo conjuntamente. Si no lo hicieren, la autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte y después de contestada la demanda, les intimará a unificar su representación siempre que hubiere compatibilidad o que el derecho o fundamento de la demanda fuere el mismo o iguales las defensas. A este efecto, señalará audiencia; si las o los interesados no concurrieren o no se avinieren en el nombramiento de representante único, designará de entre las o los que intervinieren en el proceso.

II. La unificación no podrá disponerse si, tratándose de proceso ordinario, las partes no llegaren a acuerdo sobre la persona que asumirá la representación única. En caso de negativa de una persona a la designación de apoderada o apoderado común, queda obligada a litigar por separado.

III. Dispuesta la unificación, podrá ser revocada por acuerdo unánime de las partes, o por la autoridad judicial a petición de una de ellas, siempre que hubiere motivo justificado. La revocación del poder o la renuncia de la apoderada o el apoderado común no surten efectos mientras no se designe uno nuevo y éste se apersone al proceso.

IV. Producida la unificación, la o el representante único tendrá, respecto de sus mandantes, todas las facultades y responsabilidades inherentes al mandato.

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ARTÍCULO 46º (REPRESENTACIÓN SIN MANDATO).-

Nadie podrá pretender asumir la representación de una persona, sin mandato expreso, salvo:

I. El esposo o esposa por su cónyuge, los padres por los hijos o viceversa, el hermano por el hermano, suegros por sus yernos y nueras o viceversa, y los socios o comuneros, cuando la persona a quien se representa se encontrare impedida de hacerlo o ausente del país, siempre que no se trate de pretensiones personalísimas.

II. La o el representado hasta antes de la sentencia, ratificará lo actuado en su nombre.

III. Si la o el representado no ratificare lo actuado a su nombre, se tendrá por nulas las actuaciones de la o el representante, imponiéndose daños y perjuicios a esta última si hubiere lugar.

IV. La ratificación es tácita cuando la o el representado comparezca por sí o por apoderado y no rechace expresamente las actuaciones. La ratificación parcial o condicional no es válida.

V. La ratificación tiene efectos retroactivos a la fecha de comparecencia de la o del representante.

VI. No procede esta representación en los procesos voluntarios y concursales.

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CAPÍTULO TERCERO      Arriba
LITISCONSORCIO

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ARTÍCULO 47º (LITISCONSORCIO FACULTATIVO).-

I. Dos o más personas podrán litigar en forma conjunta como demandantes o demandadas en el mismo proceso, cuando sus pretensiones fueren conexas por su causa u objeto, o cuando la sentencia a dictarse respecto de una pudiere afectar a la otra.

II. Los litisconsortes facultativos serán tenidos como sujetos procesales independientes, salvo disposición en contrario.

III. Los actos de un litisconsorte no favorecen ni perjudican a los otros y tampoco afectan la unidad del proceso.

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ARTÍCULO 48º (LITISCONSORCIO NECESARIO).-

I. Cuando por la naturaleza de la relación jurídica substancial, objeto del proceso, no pudiere pronunciarse sentencia, sin la concurrencia o el emplazamiento de todos los interesados, según se trate del litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, todos los litisconsortes activos deberán comparecer y todos los pasivos deberán ser emplazados en forma legal.

II. Los recursos y actuaciones procesales de uno de los litisconsortes favorecerán a los otros. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si fueren consentidos por todos los litisconsortes.

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ARTÍCULO 49º (FACULTADES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL).-

I. En el caso del litisconsorcio necesario activo, si no comparecieren todos los interesados, la autoridad judicial, no proseguirá la tramitación de la demanda hasta tanto no sean citados. La misma facultad ejercerá tratándose del litisconsorcio necesario pasivo, mientras la parte no proporcione en término que fije la autoridad judicial, los datos necesarios para que todos los litisconsortes puedan ser citadas y citados.

II. Si después de citada o contestada la demanda se estableciere la existencia de otras personas que pudieren revestir la calidad de litisconsortes necesarios, se suspenderá la tramitación de la causa, hasta que se establezca correctamente la relación procesal conforme al parágrafo anterior.

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CAPÍTULO CUARTO      Arriba
INTERVENCIÓN DE TERCEROS

SECCIÓN I      Arriba
DISPOSICIONES GENERALES

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ARTÍCULO 50º (ALCANCE).-

I. Se admite la intervención de terceros cuando éstos asumen la calidad de parte en el proceso, quedando en consecuencia vinculados a la sentencia, salvo que la Ley establezca lo contrario.

II. La intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados procede, mientras se encuentre pendiente el proceso, para quien acredite tener interés legítimo en el resultado y en los efectos del litigio.

III. La solicitud de intervención de terceros no retrotraerá ni suspenderá el desarrollo del proceso, salvo que la Ley establezca lo contrario.

IV. La parte demandante o demandada podrá presentar oposición a la citación del tercero, la que será resuelta por auto interlocutorio, sólo apelable en el efecto devolutivo cuando se rechace la intervención.

V. La autoridad judicial, siempre que considere que pudiera existir fraude o colusión, de oficio o a petición de parte, ordenará la citación de las personas que resultaren perjudicadas para que hagan valer sus derechos durante el proceso, en cuyo caso, se podrá ordenar la suspensión de trámites hasta por treinta días.

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ARTÍCULO 51º (CLASES).-

De acuerdo con la forma con la que se produce la intervención del tercero, puede ser:

1. Voluntaria, sea principal o accesoria.

2. Forzosa.

SECCIÓN II      Arriba
INTERVENCIÓN VOLUNTARIA PRINCIPAL Y ACCESORIA

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ARTÍCULO 52º (TERCERÍA DE DOMINIO EXCLUYENTE).-

Quien alegue un derecho positivo y de existencia cierta, en todo o en parte sobre el bien o derecho que se discute en un proceso pendiente, podrá intervenir formulando su pretensión contra las partes.

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ARTÍCULO 53º (TERCERÍA DE DERECHO PREFERENTE).-

Quien alegue un derecho de crédito privilegiado o preferencial, podrá proponer en ejecución de sentencia su pretensión de ser pagado antes que a la parte actora, debiendo deducir su pretensión hasta antes de hacerse efectivo el pago al acreedor demandante.

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ARTÍCULO 54º (TERCERÍA COADYUVANTE SIMPLE).-

I. Quien tenga con una de las partes una relación jurídica substancial, a la que no deban extenderse los efectos de la sentencia, pero que pueda verse afectada desfavorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella.

II. Esta intervención podrá admitirse sólo en primera instancia, hasta la audiencia preliminar.

III. El tercero puede realizar los actos procesales que no estén en oposición a la parte que coadyuva y no impliquen disposición del derecho discutido.

IV. El coadyuvante simple no es parte en el proceso, sino un auxiliar de la parte a la que coadyuva, y no se requiere su voluntad en los actos de desistimiento, transacción conciliación u otro acto de disposición.

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ARTÍCULO 55º (TERCERÍA COADYUVANTE LITISCONSORCIAL).-

I. Quien como titular de una relación jurídica substancial considere que presumiblemente puedan extenderse en su contra los efectos de una sentencia, por cuya razón se encuentre legitimada o legitimado en el proceso como demandante o demandado, podrá intervenir como litisconsorte de una parte, reconociéndosele las mismas facultades y obligaciones que a ella.

II. Esta intervención puede admitirse incluso en segunda instancia.

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ARTÍCULO 56º (APELACIÓN POR TERCERO).-

Pronunciada la sentencia o auto definitivo, si sus efectos pudieran perjudicar los intereses de un tercero, éste se encontrará facultado para plantear recurso de apelación contra la resolución demostrando documentalmente su calidad de interesado. En este caso el término para interponer el recurso será de diez días, computables desde la última notificación a las partes.

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ARTÍCULO 57º (OPOSICIÓN A UN EMBARGO).-

Un tercero podrá oponerse al embargo ordenado o practicado sobre bienes muebles propios acreditando su derecho de propiedad. También podrá oponerse alegando ser detentador a nombre del ejecutado o tener un derecho exigible sobre la cosa embargada, en estos últimos casos no se suspenderá el embargo, pero se respetará el derecho del tercero. El procedimiento para estos casos, es el de la vía incidental, debiendo ser deducida esta pretensión hasta antes de la aprobación del acta de remate.

SECCIÓN III      Arriba
INTERVENCIÓN FORZOSA

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ARTÍCULO 58º (CITACIÓN DE EVICCIÓN).-

I. Tratándose de pretensiones en las que se discuta la titularidad de un derecho adquirido de forma onerosa, la parte demandada, a tiempo de contestar, podrá pedir se cite de evicción a su causante.

II. La o el garante de evicción será citada o citado para que comparezca dentro del plazo de la contestación.

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ARTÍCULO 59º (EFECTOS DE LA CITACIÓN).-

I. Si la o el citado de evicción no compareciere o, habiendo comparecido, no asumiere defensa por la parte que solicitó la citación, el proceso continuará contra este último, salvando sus derechos contra aquel.

II. Si la o el citado compareciere, tomará la causa en el estado en que se encuentre.

III. Si la sentencia causare perjuicio a la parte demandada, en ejecución de fallos, se liquidará por la vía incidental los daños y perjuicios ocasionados por el enajenante conforme a las normas del Código Civil.

IV. En uno u otro supuesto, la autoridad judicial, en un plazo de cinco días, convocará a audiencia, en la que, escuchando a las partes, dictará auto interlocutorio que podrá ser:

1. Declarativo de la procedencia del llamamiento, en cuyo caso el proceso continuará contra la parte demandada y la o el citado con el carácter de litisconsorte.

2. Desestimatorio del llamamiento, debiendo proseguir la causa contra el principal, cuyos derechos quedarán salvados para que los haga valer contra su enajenante.

V. Contra el auto interlocutorio procederá únicamente el recurso de apelación en efecto devolutivo.

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ARTÍCULO 60º (LLAMAMIENTO EN CAUSA DE UN TERCERO).-

La parte demandada en el plazo previsto para la contestación, podrá solicitar la citación de un tercero, a quien se considere que la controversia le es común o a quien la sentencia pudiere afectar. El citado no podrá objetar la citación y comparecerá con los mismos derechos y deberes de la parte demandada.

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ARTÍCULO 61º (DENUNCIA DE TERCERO).-

Se produce cuando promovida la demanda contra el que posee una cosa ajena, la parte demandada denuncia el nombre y domicilio del poseedor o propietario, bajo responsabilidad de daños y perjuicios en caso de omisión, a fin de que el proceso continúe con éste. La parte actora una vez conocida la denuncia formulada por la parte demandada, debe dirigir la demanda contra el poseedor o propietario, permitiendo la exclusión de la parte demandada original, de lo contrario su demanda deberá ser rechazada por falta de legitimación.

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CAPÍTULO QUINTO      Arriba
DEBERES Y RESPONSABILIDADES

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ARTÍCULO 62º (DEBERES DE LAS PARTES Y REPRESENTANTES).-

Son deberes de las partes y de las o los representantes:

1. Proceder con veracidad, honestidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso.

2. Abstenerse de usar expresiones agraviantes, difamatorias o temerarias en el ejercicio de sus derechos.

3. Guardar respeto y decoro a la autoridad judicial y a las partes, abogadas o abogados y servidoras o servidores auxiliares de justicia.

4. Acatar las órdenes de la autoridad judicial durante el desarrollo del proceso y concurrir a las audiencias y otras actuaciones judiciales.

5. Evitar el uso de recursos dilatorios que obstaculicen el curso normal del proceso.

6. Realizar las diligencias establecidas por Ley dentro de los plazos procesales.

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ARTÍCULO 63º (RESPONSABILIDAD).-

I. Las partes, representantes, terceros y abogados son responsables por los perjuicios que causen con sus actuaciones procesales negligentes, temerarias o de mala fe.

II. Cuando la autoridad judicial considere que la abogada o el abogado actúa con negligencia, temeridad o mala fe, remitirá antecedentes a la institución que corresponda, para efectos disciplinarios.

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ARTÍCULO 64º (DAÑOS Y PERJUICIOS).-

Cuando la mala fe o la temeridad resultaren plenamente acreditadas, la parte podrá ser condenada, además de las costas y costos, a los daños y perjuicios, que se liquidarán en la vía incidental, en el mismo proceso.

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ARTÍCULO 65º (TEMERIDAD Y MALA FE).-

Existe temeridad y/o mala fe cuando:

1. Se sustraiga, mutile o inutilice alguna parte o pieza del expediente.

2. Se obstruya la producción de medios probatorios.

3. Sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, medio de impugnación, incidente o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.

4. Se utilice el proceso o acto procesal para fines claramente ilegales con propósito doloso o fraudulento.

5. Por cualquier medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo normal del proceso.

6. Se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas.

7. Las partes, apoderados, terceros o abogados por razones injustificadas no asistan a la audiencia generando dilación.

8. Se usen expresiones agraviantes, difamatorias o temerarias.

TÍTULO IV      Arriba
ACTIVIDAD PROCESAL

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CAPÍTULO PRIMERO      Arriba
DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN I      Arriba
ACTOS PROCESALES

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ARTÍCULO 66º (PREVALENCIA DE LA VOLUNTAD DECLARADA).-

I. Los actos procesales se presumirán siempre realizados por acto de voluntad de los interesados, prevaleciendo la voluntad declarada, salvo disposición en contrario.

II. Los actos procesales deben tener por causa un interés legítimo.

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ARTÍCULO 67º (FORMA).-

Cuando la forma de los actos procesales no estuviere expresamente determinada en este Código, se exigirá la que resulte indispensable e idónea para el objeto del proceso.

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ARTÍCULO 68º (IDIOMA).-

I. En los actos procesales se utilizará el idioma castellano o el preponderante en la región, que será definido por la Sala Plena de cada Tribunal Departamental de Justicia, asegurando que en los tribunales de apelación y casación sean perfectamente entendibles los actuados.

II. En caso de utilizarse el castellano u otro idioma e intervenir en el proceso quien no conozca éste, la autoridad judicial nombrará una traductora, traductor o intérprete, según las circunstancias, sin más trámite.

III. Si cualquiera de las partes además de su idioma hablare el castellano pero fuere analfabeta o analfabeto, se procederá de acuerdo al parágrafo anterior.

SECCIÓN II      Arriba
MEMORIALES

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ARTÍCULO 69º (MEMORIALES DE LAS PARTES).-

I. Los memoriales de las partes deberán ser redactados por medio técnico o manuscrito y suscritos por las partes y abogados.

II. Se indicará en ellos la autoridad judicial ante el cual son dirigidos, con los nombres de las partes y la individualización del proceso.

III. Llevarán en la parte superior una suma o resumen del petitorio y al final el lugar y la fecha del memorial.

IV. Si la parte no supiere o no pudiere firmar, estampará sus impresiones digitales.

V. Los memoriales presentados por personas que concurren al proceso en forma ocasional, deberán observar los mismos requisitos exigidos para las partes principales.

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ARTÍCULO 70º (COPIAS).-

Todo memorial será acompañado de tantas copias o fotocopias, claramente legibles, cuantas sean las personas que tuvieren que ser notificadas.

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ARTÍCULO 71º (CARGO).-

I. Todo memorial llevará cargo, en el que, se hará constar los documentos acompañados y el día y hora de presentación que será puesto con letra legible, o con fechador al pie del memorial y firmado por la o el servidor receptor.

II. Además de las copias a que se refiere el artículo anterior, se acompañará otra, en la que se pondrá el cargo. Esta copia con la firma y sello de la o el servidor receptor será devuelta a la o el presentante.

III. En los recursos ordinarios o extraordinarios o en las notas de provisión para testimonios o reproducción de fotocopias legalizadas, el cargo según corresponda, será puesto por la secretaria o el secretario, bajo su responsabilidad.

SECCIÓN III      Arriba
DOMICILIO PROCESAL

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ARTÍCULO 72º (SEÑALAMIENTO).-

I. Las partes y demás comparecientes en el proceso deberán señalar con precisión en el primer memorial, a tiempo de su comparecencia, el domicilio que constituyen para fines de la comunicación procesal en los casos expresamente señalados por este Código.

II. Las partes, las abogadas o los abogados, también podrán comunicar a la autoridad judicial el hecho de disponer medios electrónicos, telemáticos o de infotelecomunicación, como domicilio procesal, a los fines de recibir notificaciones y emplazamientos.

III. Si en el primer memorial no se señalare el domicilio, se tendrá por constituido el domicilio en estrados a todos los efectos del proceso.

IV. El domicilio procesal fuera de estrados, será fijado en un radio de veinte cuadras con respecto al asiento del juzgado en las capitales de Departamento, y en el resto de diez.

V. El domicilio señalado conforme a los anteriores parágrafos, subsistirá hasta que sea cambiado por otro.

VI. Cuando la parte actuare mediante apoderado judicial, éste estará obligado a señalar el domicilio procesal de su mandante, si no lo hiciere, se tendrá por domicilio procesal, el propio de la o del apoderado y, a falta de éste, será el estrado judicial.

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CAPÍTULO SEGUNDO      Arriba
RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN PROCESAL

SECCIÓN I      Arriba
CITACIÓN

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ARTÍCULO 73º (REGLA GENERAL).-

I. Admitida la demanda, se citará a la parte demandada para que la conteste u oponga excepciones en plazo legal o se la emplazará para que comparezca cuando así determine la autoridad judicial, estará a derecho como efecto de la citación o emplazamiento y será notificada con los actos y resoluciones que se señalaren en este Código.

II. La citada o el citado por una autoridad judicial, no podrá serlo después por otra, sobre el mismo asunto.

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ARTÍCULO 74º (CITACIÓN PERSONAL).-

I. La citación con la demanda será practicada en forma personal.

II. En la citación se entregará a la parte copia de la demanda y su resolución, lo cual deberá constar en la diligencia respectiva, con indicación del lugar, fecha y hora y con firma de la citada o el citado, así como de la servidora o servidor público. Si la citada o el citado rehusare, ignorare firmar o estuviere imposibilitada o imposibilitado para ello, se hará constar en la diligencia con intervención de testigo, debidamente identificado que firmará también en la diligencia.

III. La parte reconvenida, será citada con la reconvención mediante cédula, en el domicilio procesal señalado en la demanda.

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ARTÍCULO 75º (CITACIÓN POR CÉDULA).-

I. Si la parte que debiera ser citada no fuere encontrada, la o el servidor, comisionada o comisionado, dejará cedulón a cualquiera de los familiares o dependientes mayores de dieciocho años. La o el oficial de diligencias o la persona comisionada, deberá identificar a la persona a quien entrega el cedulón y firmará en la diligencia y en caso de negativa, deberá firmar el testigo de actuación debidamente identificado.

II. Si no fuere encontrada ninguna de las personas citadas en el Parágrafo anterior o no pudiera identificarse, la servidora o el servidor fijará el cedulón de citación en la puerta del domicilio, con intervención de un testigo que será debidamente identificado y firmará también en la diligencia.

III. En los casos anteriores, la o el oficial de diligencias o la persona comisionada, deberá acompañar a la diligencia de citación o emplazamiento una fotografía del inmueble en la que se practicó la diligencia y de la persona que recepcionó el cedulón o presenció el acto, agregando además un croquis de ubicación.

IV. En caso de no poder ubicar el inmueble donde se practicará la citación y después de haber indagado en el vecindario, la o el servidor público, representará el hecho.

V. Si la citación por cédula se hubiere practicado en el domicilio indicado por la parte demandante y tal domicilio resultare ser falso, la diligencia será nula.

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ARTÍCULO 76º (CONTENIDO DE LA CÉDULA).-

I. La cédula contendrá los siguientes datos:

1. Nombre y domicilio de la persona que será citada.
2. Tribunal o juzgado en el que se tramita el proceso.
3. Naturaleza del proceso.
4. Firma y sello de la secretaria o el secretario.

II. Las copias o fotocopias de memoriales, informes de peritos, liquidaciones y otras actuaciones procesales podrán servir como cédulas y contendrán, además, la providencia o resolución de la autoridad judicial, autenticadas con la firma y sello de la secretaria o el secretario.

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ARTÍCULO 77º (CITACIÓN POR COMISIÓN).-

I. Si la parte demandada tuviere su domicilio fuera de la jurisdicción territorial de la autoridad judicial, será citada por comisión.

II. Si la parte demandada residiere fuera del Estado Plurinacional, será citada por comisión mediante exhorto suplicatorio, conforme a las normas fijadas en este Código o los acuerdos internacionales.

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ARTÍCULO 78º (CITACIÓN POR EDICTOS).-

I. Si la parte señalare que la o el demandado no tiene domicilio conocido, la autoridad judicial, deberá requerir informes a las autoridades que corresponda con el objeto de establecer el domicilio.

II. Tratándose de personas desconocidas o indeterminadas o cuyo domicilio no pudiera establecerse, la parte solicitará la citación mediante edictos, previo juramento de desconocimiento. Deferida la solicitud, el edicto se publicará por dos veces con intervalo no menor a cinco días, en un periódico de circulación nacional, o a falta de éste, se difundirá en una radiodifusora o medio televisivo, nacional o local, en la misma forma y plazo previstos.

III. Agregadas las publicaciones al expediente, si la parte demandada no compareciere en el plazo de treinta días, contados desde la primera publicación, se le designará defensora o defensor de oficio, con quien se entenderán ulteriores actuaciones. Es obligación de la defensora o defensor procurar que la parte demandada tome conocimiento de la demanda, así como la defensa y seguimiento de la causa hasta la conclusión del proceso, bajo pena de nulidad.

IV. La o el citado por edictos podrá comparecer para asumir su defensa en el estado que se encuentre la causa, así como hacer uso de los medios impugnatorios previstos por el presente Código.

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ARTÍCULO 79º (CITACIÓN AL ESTADO Y OTRAS PERSONAS COLECTIVAS).-

I. Si la parte demandada fuere el Estado o la persona colectiva de derecho público, se citará a la o el personero legal de la entidad estatal correspondiente, sin perjuicio de notificarse a la Procuraduría General del Estado; su falta de apersonamiento no importará nulidad de obrados.

II. Si la parte demandada fuere contra una persona colectiva de derecho privado, la citación se practicará a su personero o representante legal.

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ARTÍCULO 80º (CITACIÓN TÁCITA).-

Si la parte demandada o reconvenida compareciere ante la autoridad judicial para contestar, oponer excepciones o asumir alguna forma de defensa, se la tendrá por citada en forma tácita con la demanda o reconvención.

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ARTÍCULO 81º (PROVISIONES).-

I. El Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales Departamentales de Justicia, de oficio o a petición de parte, a nombre del Estado Plurinacional, con mención del Tribunal remitente, Tribunal o Juzgado destinatario, partes intervinientes, naturaleza y objeto del proceso, se dirigirán a los Juzgados o Tribunales inferiores mediante provisiones citatorias, ejecutorias o compulsorias.

II. Las provisiones citatorias contendrán la transcripción de los memoriales de las partes y la resolución que dispone la citación. Las ejecutorias, además de la transcripción de las piezas señaladas, contendrán la resolución que dispone el cumplimiento del acto o diligencia correspondiente, y las compulsorias, la prevención o conminatoria para su cumplimiento oportuno en el plazo señalado al efecto.

III. La autoridad judicial comisionada deberá dar estricta observancia a las provisiones que les fueren libradas, bajo responsabilidad.

SECCIÓN II      Arriba
NOTIFICACIÓN

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ARTÍCULO 82º (REGLA GENERAL).-

I. Después de las citaciones con la demanda y la reconvención, las actuaciones judiciales en todas las instancias y fases del proceso deberán ser inmediatamente notificadas a las partes en la secretaria del juzgado o tribunal o por medios electrónicos, conforme a las disposiciones de la presente Sección.

II. Las resoluciones pronunciadas en audiencia se tendrán por notificadas a quienes estuvieren presentes en ella.

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Artículo 83º (FORMAS DE NOTIFICACIÓN).-

I. Las notificaciones se practicarán por la o el oficial de diligencias en las formas y condiciones que señala el presente Código y, en su caso, por correo, facsímil, radiograma, telegrama, acta notarial, comisión a autoridad pública o policial u otro medio técnicamente idóneo que autorice el Tribunal Supremo de Justicia.

II. Cuando los juzgados, tribunales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones, o de otra clase semejante que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos de tal forma que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido, y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios con constancia del recibo respectivo.

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ARTÍCULO 84º (CARGA DE ASISTENCIA AL TRIBUNAL O JUZGADO).-

I. Por principio, las actuaciones judiciales, en todos los grados, serán inmediatamente notificadas a las partes en la secretaría del juzgado o tribunal, excepto en los casos previstos por Ley.

II. Con este objeto, las partes, las y los abogados que actúen en el proceso, tendrán la carga procesal de asistencia obligatoria a la secretaría del juzgado o tribunal. Podrá actuar como procuradora o procurador del profesional, un estudiante de la carrera de derecho, cuando este lo autorizare.

III. Si la parte o su abogada o abogado o procurador de estos últimos, no se apersonare al juzgado o tribunal, se tendrá por efectuada la notificación y se sentará la diligencia respectiva.

IV. No se considerará cumplida la notificación si el expediente o la actuación no se encontrare en secretaría, en cuyo caso, se hará constar esta circunstancia en el libro de control de notificaciones u otro medio autorizado del juzgado o tribunal, bajo responsabilidad de la o el oficial de diligencias y de la o el secretario, quedando en tal caso postergada la notificación para el día hábil siguiente.

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ARTÍCULO 85º (NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS).-

Cuando la parte a quien deba notificarse concurriere al juzgado, será notificada por la o el oficial de diligencias, quien le franqueará el expediente para la lectura del actuado correspondiente y le entregará la cédula, debidamente suscrita por la o el secretario. A continuación se sentará diligencia de la notificación que suscribirán la servidora o el servidor y la o el interesado. Si éste no pudiere o se resistiere a firmar, se dejará constancia.

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ARTÍCULO 86º (NOTIFICACIÓN POR CORREO).-

I. La autoridad judicial cuando corresponda podrá disponer la notificación por correo y se hará necesariamente por carta certificada, en la que la o el oficial de diligencias, bajo responsabilidad, incluirá copias con transcripción de las piezas pertinentes, para el conocimiento de la resolución judicial.

II. El correo entregará la carta a la o el destinatario, haciendo firmar acuse de recibo, el cual será devuelto a la autoridad judicial, bajo constancia.

III. Si la persona a quien debe notificarse no se encontrare en el domicilio será devuelto a la autoridad judicial.

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ARTÍCULO 87º (NOTIFICACIÓN POR AUTORIDAD PÚBLICA O POLICIAL).-

Cuando la notificación deba practicarse en lugares alejados donde no exista la posibilidad de que se cumpla por los medios anteriormente señalados, podrá practicarse por intermedio de la autoridad pública o policial del lugar, quien remitirá a la autoridad comitente copia o fotocopia del cedulón debidamente firmado por la interesada o el interesado o de quien la reciba.

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ARTÍCULO 88º (COMISIÓN A OTRAS AUTORIDADES).-

I. Cuando la autoridad judicial tuviere que ordenar diligencias de notificación dentro de su jurisdicción y no pudiere cumplirlas a través de la o el oficial de diligencias, podrá comisionarlas a otras autoridades judiciales y, a falta de éstas, a las administrativas.

II. Cuando tenga que comunicar sus actos o resoluciones a autoridades no judiciales, lo hará por oficio u otro medio técnicamente idóneo.

SECCIÓN III      Arriba
PLAZOS PROCESALES

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ARTÍCULO 89º (CARÁCTER).-

I. Los plazos procesales son perentorios.

II. Las partes, expresamente y de común acuerdo, de modo previo o durante su desarrollo, podrán pedir la abreviación de los plazos por el tiempo que estimen conveniente o la suspensión de los que estuvieren en curso, en este último caso, por una sola vez y por un plazo máximo de treinta días. La autoridad judicial accederá a la petición sin otro trámite.

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ARTÍCULO 90º (COMIENZO, TRANSCURSO Y VENCIMIENTO).-

I. Los plazos establecidos para las partes comenzarán a correr para cada una de ellas, a partir del día siguiente hábil al de la respectiva citación o notificación, salvo que por disposición de la Ley o de la naturaleza de la actividad a cumplirse tuvieren el carácter de comunes, en cuyo caso correrán a partir del día hábil siguiente al de la última notificación.

II. Los plazos transcurrirán en forma ininterrumpida, salvo disposición contraria. Se exceptúan los plazos cuya duración no exceda de quince días, los cuales sólo se computarán los días hábiles. En el cómputo de los plazos que excedan los quince días se computarán los días hábiles y los inhábiles.

III. Los plazos vencen el último momento hábil del horario de funcionamiento de los juzgados y tribunales del día respectivo; sin embargo, si resultare que el último día corresponde a día inhábil, el plazo quedará prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

IV. Vencido el plazo, la o el secretario, sin necesidad de orden alguna, informará verbalmente del vencimiento a la autoridad judicial, a fin de que dicte la resolución que corresponda.

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ARTÍCULO 91º (DÍAS Y HORAS HÁBILES).-

I. Son días hábiles para la realización de actos procesales todos aquellos en los cuales funcionan los juzgados y tribunales del Estado Plurinacional.

II. Son horas hábiles las correspondientes al horario de funcionamiento de las oficinas judiciales; sin embargo, tratándose de diligencias que deban practicarse fuera del juzgado, serán horas hábiles las que medien entre las seis y las diecinueve horas.

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ARTÍCULO 92º (HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES).-

I. De oficio o a petición de parte, podrá disponerse la habilitación de días y horas inhábiles para la realización de actos o diligencias cuyo cumplimiento sea urgente.

II. La habilitación se pedirá durante los días y horas en que funcionan los juzgados y tribunales.

III. Los actos de desapoderamiento, lanzamiento y ejecución de medidas cautelares, en ningún caso podrán ejecutarse en horas de la madrugada, que comprende desde las cero horas hasta seis de la mañana.

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ARTÍCULO 93º (HABILITACIÓN TÁCITA).-

La actuación iniciada en día y hora hábiles podrá llevarse hasta su conclusión en horas inhábiles, sin necesidad de habilitación expresa.

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ARTÍCULO 94º (PLAZO DE LA DISTANCIA).-

I. Para toda diligencia que deba practicarse fuera del asiento judicial, pero dentro del territorio del Estado Plurinacional, se ampliarán los plazos fijados por este Código a razón de un día por cada doscientos kilómetros o cada fracción que no baje de cien, siempre que exista transporte aéreo, fluvial, ferroviario o de carretera.

II. Si no hubieren estos servicios, la ampliación será de un día por cada sesenta kilómetros.

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ARTÍCULO 95º (IMPEDIMENTO POR JUSTA CAUSA).-

I. A la o el impedido por justa causa, no le corre plazo ni le depara perjuicio, desde el momento en que nace el impedimento y hasta su cese.

II. Se considera justa causa la que provenga de fuerza mayor o caso fortuito insuperable para la parte, que se encuentre en la imposibilidad de realizar el acto por sí o por mandataria o mandatario.

SECCIÓN IV      Arriba
AUDIENCIAS

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ARTÍCULO 96º (DIRECCIÓN).-

La autoridad judicial presidirá personalmente las audiencias, bajo pena de nulidad y podrá adoptar las medidas y resoluciones necesarias para su realización y desarrollo, salvo los casos previstos por este Código.

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ARTÍCULO 97º (CONTINUIDAD).-

I. Las audiencias, si fueren varias, serán fijadas con la mayor proximidad posible, a fin de asegurar la continuidad del proceso.

II. En el caso de suspensión obligada de la audiencia, se fijará en el mismo acto de oficio, nuevo día y hora para su reanudación.

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ARTÍCULO 98º (ACTA).-

I. Lo obrado en audiencia se documentará en acta resumida que la o el secretario labrará durante su transcurso o en plazo máximo de cuarenta y ocho horas, bajo responsabilidad.

II. Para asegurar la fidelidad del acta, las partes podrán pedir aclaraciones o complementaciones y formular observaciones, las cuales se resolverán de inmediato.

III. Las actas deberán contener:

1. Lugar, fecha, hora y expediente al que corresponde.

2. Nombre de las o los intervinientes y constancia de la asistencia o inasistencia de las o los obligados a comparecer, indicándose en su caso, el motivo de la ausencia, si se conociere.

3. Relación circunstanciada de lo obrado.

4. Peticiones de las partes o resoluciones de la autoridad judicial dictadas en el desarrollo de la audiencia.

5. Firma y sello de la autoridad judicial y de la o el secretario.

SECCIÓN V      Arriba
EXPEDIENTES

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ARTÍCULO 99º (FORMACIÓN DE EXPEDIENTES).-

Con el primer memorial o acta inicial de toda causa, se formará un expediente al que serán incorporadas cronológica y sucesivamente las actuaciones posteriores, pudiendo ser éste electrónico.

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ARTÍCULO 100º (CONSULTA Y EXHIBICIÓN).-

I. Los expedientes permanecerán en las oficinas para su examen por las partes y por todas o todos los que tuvieren interés en su exhibición.

II. Si el expediente fuere negado a la parte que solicita su exhibición, se podrá reclamar verbalmente ante la autoridad judicial, que resolverá de inmediato lo que corresponda.

III. Los expedientes no podrán ser trasladados de los tribunales y juzgados, a menos que exista orden expresa.

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ARTÍCULO 101º (TESTIMONIOS, CERTIFICADOS Y FOTOCOPIAS).-

I. Las partes o terceros interesados podrán pedir se les franquee testimonio o fotocopias legalizadas del expediente en forma total o parcial, o certificado que refleje los puntos solicitados, lo que será deferido con notificación de la parte contraria, o de ambas si la petición proviniere de un tercero.

II. Las oposiciones fundadas, serán resueltas por la autoridad judicial sin recurso ulterior.

III. Las partes y terceros interesados pueden recabar fotocopias simples sin necesidad de orden judicial y con solo requerimiento verbal a la secretaria o secretario.

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ARTÍCULO 102º (PROHIBICION DE RETIRO DE EXPEDIENTE).-

Los expedientes no podrán ser retirados del juzgado o del tribunal, mientras esté en trámite el proceso, salvo autorización judicial debidamente fundamentada.

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ARTÍCULO 103º (ARCHIVO DE EXPEDIENTES).-

A la conclusión del proceso, el expediente será archivado. Cualquiera de las partes, posteriormente, podrá solicitar por escrito, el desarchivo.

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ARTÍCULO 104º (REPOSICIÓN DE EXPEDIENTES).-

La reposición de expedientes estará sujeta al siguiente procedimiento:

1. Si el extravío o pérdida fuere sólo de alguna o algunas piezas del expediente, la autoridad judicial mandará la reposición mediante providencia, sin suspender el procedimiento, a menos que ello fuere indispensable.

2. Si el extravío o pérdida fuere total, la autoridad judicial, de oficio, dictará la providencia de reposición, intimando a las partes o a otras autoridades judiciales o no judiciales a que hubiere lugar, para que en el plazo de diez días remitan todos los documentos posibles, trátese de originales, testimonios, certificaciones, fotocopias legalizadas, cedulones u otros. El personal subalterno, en el plazo de tercero día, acumulará al expediente las copias de los actos procesales que pudieren ser obtenidos al efecto intimado, sin perjuicio de otras medidas que se considere necesarias, y elevará los informes del caso.

3. Vencidos los diez días, sobre la base de los documentos agregados al nuevo expediente, se dará por repuesto el original extraviado o perdido mediante auto interlocutorio, y se dispondrá la prosecución de la causa.

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CAPÍTULO TERCERO      Arriba
NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES

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ARTÍCULO 105º (ESPECIFICIDAD Y TRASCENDENCIA DE LA NULIDAD).-

I. Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley, bajo responsabilidad.

II. No obstante, un acto procesal podrá ser invalidado cuando carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin. El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión.

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ARTÍCULO 106º (DECLARACIÓN DE LA NULIDAD).-

I. La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente.

II. También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observancia de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión.

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ARTÍCULO 107º (SUBSANACIÓN DE DEFECTOS FORMALES).-

I. Son subsanables los actos que no hayan cumplido con los requisitos formales esenciales previstos por la Ley, siempre y cuando su finalidad se hubiera cumplido.

II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita.

III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil.

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ARTÍCULO 108º (NULIDAD EN SEGUNDA INSTANCIA).-

I. El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre un recurso de apelación, apreciará si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el presente Código.

II. Si la reclamación de nulidad hubiere sido planteada a tiempo de la apelación, se resolverá sobre ella, y sólo en caso de rechazarla, se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si se opta por la declaración de nulidad se dispondrá la devolución de obrados al inferior para que se tramite la causa a partir de los actos válidos, con responsabilidad al inferior de acuerdo a Ley.

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ARTÍCULO 109º (EXTENSIÓN DE LA NULIDAD).-

I. La nulidad declarada de un acto procesal no importará la de los anteriores ni de los posteriores que sean independientes de aquel. Los actos procesales que resultaren afectados con la declaración de nulidad, de oficio serán declarados nulos.

II. La nulidad de un acto especifico no afecta a otros que sean independientes, ni impide que se produzcan los efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo que la Ley disponga lo contrario.

III. La autoridad judicial a tiempo de fundamentar su decisión deberá especificar si la nulidad declarada de un acto procesal afecta a otros actos anteriores o posteriores al acto nulo.

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CAPÍTULO CUARTO      Arriba
ACTOS DE PROPOSICIÓN

SECCIÓN I      Arriba
DEMANDA

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ARTÍCULO 110º (FORMA Y CONTENIDO DE LA DEMANDA).-

La demanda será escrita, salvo disposición expresa en contrario, y deberá reunir los siguientes requisitos de forma y contenido:

1. La indicación de la autoridad judicial ante quien se interpusiere.

2. Suma o síntesis de la pretensión que se dedujere.

3. El nombre, domicilio y generales de la parte demandante o del representante legal, si se tratare de persona colectiva.

4. El nombre, domicilio y generales de la parte demandada. Si se tratare de persona colectiva, la indicación de su representante legal.

5. El bien demandado designándolo con toda exactitud.

6. La relación precisa de los hechos.

7. La invocación del derecho en que se funda.

8. La cuantía, cuando su estimación fuere posible.

9. La petición formulada en términos claros y positivos.

10. Las firmas de la parte actora o apoderado y de la abogada o abogado.

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ARTÍCULO 111º (PRUEBA CON LA DEMANDA).-

I. Se acompañará a la demanda la prueba documental relativa a su pretensión. Si la parte no dispusiere de documentos a tiempo de presentar la demanda se indicará en ésta, el contenido y el lugar donde se encuentren y se solicitará su incorporación al proceso. En este último caso, la autoridad judicial de oficio conminará la remisión de la documentación requerida en un término no mayor a tres días.

II. Si la parte pretende producir otros medios de prueba, deberá señalarlos precisando los hechos que quiere demostrar.

III. Podrán ser propuestas con posterioridad a la demanda las pruebas sobrevinientes referidas a hechos nuevos, y las mencionadas por la contraparte a tiempo de contestarla y reconvenirla.

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ARTÍCULO 112º (DOCUMENTOS POSTERIORES O ANTERIORES).-

Después de interpuesta la demanda, sólo se admitirá documentos de fecha posterior a ella o, siendo anteriores, bajo juramento o promesa de no haberse tenido conocimiento de los documentos.

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ARTÍCULO 113º (DEMANDA DEFECTUOSA).-

I. Si la demanda no se ajustare a los requisitos señalados en el Artículo 110 del presente Código, se dispondrá la subsanación de los defectos en plazo de tres días, bajo apercibimiento, en caso contrario, de tenerse por no presentada aquella.

II. Si fuere manifiestamente improponible, se la rechazará de plano en resolución fundamentada. Contra el auto desestimatorio sólo procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo sin recurso ulterior. En caso de revocarse la resolución denegatoria, el tribunal superior impondrá responsabilidad a la autoridad judicial inferior.

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ARTÍCULO 114º (DEMANDA CON PRETENSIÓN MÚLTIPLE).-

En la demanda con pretensión múltiple deberán concurrir los siguientes requisitos:

1. Se trate de pretensiones de materias iguales, análogas o conexas.

2. Las pretensiones no sean contrarias entre sí, salvo el caso de que una se proponga como alternativa de la otra.

3. Todas puedan sustanciarse por el mismo procedimiento.

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ARTÍCULO 115º (AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN).-

I. La demanda podrá ser ampliada o modificada hasta antes de la contestación. En tal caso, la ampliación o modificación deberán citarse a la parte demandada, con los mismos efectos de la citación con la demanda original.

II. Si después de contestada sobreviene algún hecho nuevo que influya sobre el derecho pretendido por las partes en el proceso, éstas podrán alegarlo y probarlo hasta antes de la sentencia; si fuere posterior, podrán alegarlo y probarlo en segunda instancia. En ambos casos se concederá a la contraparte las facultades de contradicción y prueba correspondientes.

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ARTÍCULO 116º (EFECTOS DE LA DEMANDA).-

La presentación de la demanda formalmente idónea surtirá los siguientes efectos:

1. La competencia de la autoridad judicial no se modificará aunque posteriormente varíen las circunstancias que la determinaron.

2. La legitimación de las partes subsistirá aunque los hechos que la sustenten hubieren cambiado.

3. La pretensión ejercitada no podrá ser alterada fuera de los límites previstos por este Código.

4. No se podrá iniciar otro proceso con la misma pretensión.

5. Los demás efectos sustanciales legalmente establecidos.

SECCIÓN II      Arriba
CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

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ARTÍCULO 117º (OBJETO Y PLAZO).-

I. La citación como acto procesal de comunicación, tiene por objeto poner en conocimiento de la parte demandada la existencia formal de la demanda para que esté a derecho.

II. Se practicará bajo responsabilidad, en el plazo máximo de diez días computados a partir de la admisión de la demanda, salvo caso de fuerza mayor u orden expresa en contrario.

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ARTÍCULO 118º (EFECTOS DE LA CITACIÓN).-

La citación con la demanda o con la reconvención producirá los siguientes efectos:

1. La parte demandada es prevenida con la demanda y no podrá ser citada por otra autoridad judicial sobre el mismo asunto.

2. Interrumpe la prescripción.

3. Da lugar a que los intereses legales corran desde el día de la citación.

4. Determina la mora del deudor.

5. Obliga a la restitución de los frutos percibidos por el poseedor a partir de esa fecha.

6. Los demás efectos jurídicos establecidos por Ley.

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ARTÍCULO 119º (CARGA DEL CITADO).-

La persona citada tiene la carga de comparecer o constituir apoderada o apoderado y señalar domicilio bajo apercibimiento de lo que en derecho corresponda.

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ARTÍCULO 120º (CASO DE FALLECIMIENTO).-

Si, practicada la citación, falleciere la parte demandada antes de la contestación, se citará a los herederos en la forma señalada en este Código, bajo pena de nulidad.

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ARTÍCULO 121º (NULIDAD DE LA CITACIÓN).-

Es nula toda renuncia a la citación con la demanda o la reconvención; asimismo, es nula la citación que no se ajuste a los preceptos establecidos en este Código.

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ARTÍCULO 122º (EMPLAZAMIENTO).-

Es la convocatoria a la parte demandada para que comparezca ante la autoridad judicial con objeto de realizar un acto procesal determinado dentro de plazo legal o judicial.

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ARTÍCULO 123º (FORMAS Y PLAZOS DEL EMPLAZAMIENTO).-

I. Si la parte demandada tuviere su domicilio en la ciudad o población donde se tramita el proceso, el emplazamiento se practicará observando las formalidades previstas para las notificaciones que se realizan dentro de la jurisdicción de la autoridad judicial que conoce la causa.

II. Si la parte demandada tuviere domicilio en otra ciudad o población, el emplazamiento se practicará observando las formalidades establecidas para las notificaciones fuera del asiento judicial. En este caso se agregará el plazo de la distancia, previsto en este Código.

III. Si la parte demandada se encontrare fuera del país, será emplazado mediante exhorto suplicatorio librado a la autoridad del lugar donde estuviere domiciliado. El plazo, para comparecer será fijado por la autoridad judicial entre un mínimo de sesenta y un máximo de noventa días.

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ARTÍCULO 124º (NULIDAD DEL EMPLAZAMIENTO).-

I. La omisión o alteración de las formalidades del emplazamiento determinará su nulidad.

II. El emplazamiento aunque carezca de requisitos formales, si hubiera cumplido su finalidad será válido.

SECCIÓN III      Arriba
CONTESTACIÓN

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ARTÍCULO 125º (FORMA Y CONTENIDO).-

En la contestación, la parte demandada observará los siguientes requisitos:

1. La presentará por escrito, observando las formas previstas para la demanda, en el plazo de treinta días contados a partir de la citación.

2. Deberá pronunciarse sobre los hechos alegados en la demanda, sobre la autenticidad de los documentos acompañados, cuya autoría le fuere atribuida y su contenido. Su silencio o evasiva se tendrá como admisión de los hechos y de la autenticidad de los documentos.

3. Expondrá con claridad y precisión los hechos que alegare como fundamento de su defensa.

4. Acompañará la prueba que le incumba e indicará las demás que pretendiere diligenciar, señalando expresamente que hechos pretende demostrar.

5. Podrá oponer las excepciones previas señaladas en el Artículo 128 de este Código.

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ARTÍCULO 126º (ACTITUDES DE LA PARTE DEMANDADA).-

La parte demandada podrá, conforme a sus intereses, allanarse a la pretensión, plantear excepciones previas, asumir una actitud de mera expectativa, contestar negativamente o deducir reconvención. Si optare por más de una de estas actitudes, lo hará en forma simultánea y en el mismo acto.

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ARTÍCULO 127º (ALLANAMIENTO A LA DEMANDA).-

I. La parte demandada a tiempo de contestar, podrá allanarse a la demanda, aceptando la pretensión de la parte actora.

II. Si el allanamiento a la demanda fuere total, se pronunciará sentencia sin necesidad de otra prueba ni trámite, y si fuere sólo parcial, se tendrá por probada en la parte allanada, debiendo proseguir la sustanciación en lo demás.

III. No será admisible el allanamiento si el objeto de la pretensión es de orden público, si se tratare de derechos indisponibles o si los hechos en que se funda la demanda no pudieren ser probados por confesión.

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ARTÍCULO 128º (EXCEPCIONES PREVIAS).-

I. Las excepciones previas son:

1. Incompetencia de la autoridad judicial.

2. Incapacidad de la parte demandante o impersonería de su apoderada o apoderado.

3. Falta de legitimación o interés legítimo que surja de los términos de la demanda.

4. Litispendencia.

6. Demanda defectuosamente propuesta, trámite inadecuadamente dado por la autoridad judicial a la misma o indebida acumulación de pretensiones.

7. Demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del término o el cumplimiento de la condición.

8. Emplazamiento de terceros, en los casos que corresponda.

9. Prescripción o caducidad.

10. Cosa juzgada.

11. Transacción o conciliación.

12. Desistimiento del derecho.

II. La autoridad judicial podrá declarar, aun de oficio, la incompetencia, la incapacidad del actor o de su representante, la cosa juzgada y la transacción. La prescripción y la caducidad sólo podrán declararse a instancia de parte.

III. Las defensas sobrevinientes fundadas en hechos nuevos y dirigidas al fondo o mérito de la causa, deberán justificarse con prueba pre constituida y podrán oponerse en cualquier estado de la causa, aun en ejecución de sentencia.

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ARTÍCULO 129º (MODO DE PLANTEARLAS).-

I. Planteadas las excepciones previas serán corridas en traslado al demandante para que las conteste en quince días, salvo que mediare reconvención, en cuyo caso el plazo será el previsto para la contestación a la reconvención.

II. Las excepciones previas serán resueltas en la audiencia preliminar a tiempo del saneamiento del proceso.

SECCIÓN IV      Arriba
RECONVENCIÓN

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ARTÍCULO 130º (FORMA Y CONTENIDO).-

La parte demandada podrá reconvenir en el mismo escrito de contestación, observando en lo pertinente los mismos requisitos exigidos para la demanda. Fuera de esta oportunidad no podrá deducirla, quedando a salvo su derecho para hacerlo valer en proceso distinto.

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ARTÍCULO 131º (ADMISIBILIDAD).-

La reconvención será admisible sólo en procesos ordinarios siempre que corresponda a la competencia de la autoridad judicial que conociere la demanda, por razón de la materia.

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ARTÍCULO 132º (MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN).-

La parte demandada podrá ampliar o modificar su reconvención sólo hasta antes de la contestación a ésta por la parte actora. Se observará el Artículo 115, Parágrafo II de este Código.

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ARTÍCULO 133º (TRÁMITE).-

I. Planteada la reconvención se correrá traslado a la parte actora, quien deberá responder en el plazo de treinta días observando las formas previstas para la contestación.

II. Después de interpuesta la reconvención, sólo se admitirán documentos de fecha posterior o, siendo anteriores, bajo juramento de no haberse tenido conocimiento de ellos.

III. La reconvención se sustanciará y resolverá juntamente con la demanda principal.

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CAPÍTULO QUINTO      Arriba
PRUEBA

SECCIÓN I      Arriba
PRINCIPIOS GENERALES

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ARTÍCULO 134º (PRINCIPIO DE VERDAD MATERIAL).-

La autoridad judicial en relación a los hechos alegados por las partes, averiguará la verdad material, valiéndose de los medios de prueba producidos en base a un análisis integral.

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ARTÍCULO 135º (NECESIDAD DE PRUEBA).-

I. Las afirmaciones de hecho efectuadas por una parte que fueren relevantes o controvertidas, deben ser probadas.

II. También requieren prueba los hechos expresa o tácitamente admitidos, si así lo dispone la Ley.

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ARTÍCULO 136º (CARGA DE LA PRUEBA).-

I. Quien pretende un derecho, debe probar los hechos constitutivos de su pretensión.

II. Quien contradiga la pretensión de su adversario, debe probar los hechos impeditivos, modificatorios o extintivos del derecho de la parte actora.

III. La carga de la prueba que el presente Código impone a las partes no impedirá la iniciativa probatoria de la autoridad judicial.

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ARTÍCULO 137º (EXENCIÓN DE LA PRUEBA).- No requieren prueba:

1. Los hechos admitidos por la parte adversa, salvo las limitaciones señaladas por Ley.

2. Los hechos notorios, conocidos por la generalidad de las personas, salvo que constituyan el fundamento de la pretensión y no sean admitidos por las partes.

3. Los hechos evidentes cuya existencia se acredite por sí misma.

4. Las presunciones establecidas por la Ley.

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ARTÍCULO 138º (PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA).-

Las pruebas serán producidas en audiencia, conforme a lo dispuesto para cada proceso en particular, salvo disposición contraria.

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ARTÍCULO 139º (PRUEBA FUERA DE LA SEDE JUDICIAL).-

Cuando las pruebas tengan que producirse fuera del asiento del juzgado, la autoridad judicial podrá trasladarse para recibirlas o comisionar su recepción a las autoridades judiciales de las localidades respectivas y, a falta de ellas, a una autoridad administrativa, concediendo en su caso el término de la distancia previsto en el presente Código.

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ARTÍCULO 140º (RECEPCIÓN DE PRUEBA EN EL EXTRANJERO).-

Si la prueba debiere producirse fuera del Estado Plurinacional de Bolivia, la autoridad judicial comisionará a la autoridad judicial correspondiente, siempre que se presenten cualquiera de las circunstancias siguientes:

a. El hecho a probar hubiere ocurrido fuera del Estado Plurinacional de Bolivia.

b. Los archivos u oficinas que contuvieren los documentos se encontraren en el extranjero.

c. La persona que deberá declarar residiere en el extranjero.

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ARTÍCULO 141º (PRUEBA DEL DERECHO).-

I. El derecho aplicable al margen de su nacionalidad, no requiere prueba.

II. El derecho extranjero o la costumbre sólo necesitan ser probados cuando la autoridad judicial no los conozca. Para la determinación de las normas de esta clase, la autoridad judicial no queda limitada a las pruebas que le ofrezcan las partes; está facultada para servirse de otras fuentes de conocimiento y para ordenar todo lo que conduzca al aprovechamiento de los mismos.

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ARTÍCULO 142º (RECHAZO DE LA PRUEBA).-

Determinados los hechos a probar, la autoridad judicial rechazará de oficio o a petición de parte, el diligenciamiento de las pruebas manifiestamente inconducentes o prohibidas por la regla de derecho. De la misma manera a tiempo de dictar sentencia, podrá desestimar las pruebas impertinentes al objeto del proceso.

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ARTÍCULO 143º (PRUEBA TRASLADADA).-

Las pruebas legalmente producidas en un proceso tendrán la misma validez y eficacia en otro seguido entre las mismas partes, siempre que en el primero se hubieren producido por una de las partes contra la otra.

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ARTÍCULO 144º (MEDIOS DE PRUEBA).-

I. Son medios legales de prueba, los documentos, la confesión, las declaraciones de testigos, la inspección judicial, la reconstrucción de hechos, el peritaje, las presunciones y la prueba por informe.

II. Igualmente se consideran medios legales de prueba los documentos y firmas digitales y los documentos generados mediante correo electrónico, en las condiciones previstas en la Ley.

III. Las partes pueden valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la Ley, y que consideren conducentes a la demostración de sus pretensiones. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de prueba semejantes contemplados en el presente Código, y en su defecto en la forma que disponga la autoridad judicial.

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ARTÍCULO 145º (VALORACIÓN DE LA PRUEBA).-

I. La autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su criterio.

II. Las pruebas se apreciarán en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la Ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta.

III. En la valoración de los medios de prueba, la autoridad judicial, apreciará las mismas tomando en cuenta la realidad cultural en la cual se ha generado el medio probatorio.

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ARTÍCULO 146º (RECURRIBILIDAD DE LAS RESOLUCIONES SOBRE PRUEBAS).-

Las resoluciones dictadas por la autoridad judicial sobre rechazo, producción y diligenciamiento de la prueba, serán apelables en el efecto diferido sin recurso ulterior.

SECCIÓN II      Arriba
PRUEBA DOCUMENTAL

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ARTÍCULO 147º (DOCUMENTOS).-

I. La prueba documental será presentada por la parte a quien interesa o cuando la autoridad judicial así lo requiere en los casos en que la Ley o la naturaleza de los hechos lo precisare.

II. Los documentos serán presentados en originales. Si se tratare de fotocopias legalizadas deberán guardar fidelidad con el original, acreditada por servidora o servidor público autorizado que tenga el original en su poder y que, en caso de duda, deberá exhibirlo.

III. Los documentos públicos otorgados en el extranjero debidamente legalizados ante la respectiva autoridad pública, serán presentados para su admisión y procesamiento en la causa, salvo las excepciones establecidas en leyes o tratados. Tratándose de documentos redactados en idioma extranjero, deberá acompañarse la traducción legal en cada caso, salvo las excepciones mencionadas.

IV. Cuando se trate de libros o documentos extensos, la traducción comprenderá sólo aquella parte o partes pertinentes al objeto del proceso.

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ARTÍCULO 148º (CLASES DE DOCUMENTOS).-

I. El documento público es:

1. El otorgado por funcionario autorizado en ejercicio de su cargo.

2. La escritura pública y demás documentos otorgados por o ante notario de fe pública.

II. El documento privado tendrá valor, autenticidad y eficacia de documento público, cuando:

1. Hubiere sido declarado como reconocido por autoridad judicial.

2. Habiendo sido negada la firma y rúbrica por la parte contra quien se opusiere, se lo declare auténtico por resolución judicial ejecutoriada.

3. Hubiere sido inscrito con las formalidades legales pertinentes en registro público, a pedido de la parte contra quien se opusiere.

4. Hubiere sido presentado en el proceso afirmándose estar suscrito o estar manuscrito por la parte contra quien se opusiere, sin que hubiere sido oportunamente tachado de falso.

III. El documento digitalizado o electrónico en los términos que señale la Ley.

IV. El documento mercantil se regirá por las normas del Código de Comercio y otras leyes.

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ARTÍCULO 149º (INDIVISIBILIDAD Y VALOR PROBATORIO).-

I. La eficacia probatoria de los documentos públicos o privados, es indivisible y comprenderá aun lo meramente enunciado, siempre que tuviere relación directa con lo dispuesto en el acto o contrato.

II. El documento público se presume auténtico mientras no se demuestre lo contrario; igual regla se aplicará al documento privado cuyas firmas y rúbricas se encuentren reconocidas o autenticadas ante autoridad competente.

III. El documento privado aun sin reconocimiento de firmas hará fe entre partes, salvo que oportunamente se desconozca la firma o en su caso la autoría o falsedad.

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ARTÍCULO 150º (VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS, COPIAS, FOTOCOPIAS LEGALIZADAS Y CERTIFICADAS).-

Los testimonios, copias, fotocopias legalizadas y certificados tendrán el mismo valor probatorio que el original, cuando:

1. Hubieren sido otorgados por notario u otro funcionario autorizado, siempre que el original se encontrare a su cargo.

2. Consistan en reproducciones mecánicas o técnicas del documento original, siempre que estuvieren debidamente autenticadas por el funcionario a cuyo cargo se encuentre el original y fueren otorgadas por orden judicial o de autoridad competente.

3. Cuando se trate de la reproducción de documentos privados voluntariamente reconocidos ante notario de fe pública.

4. Cuando sean generados mediante correo electrónico o se trate de documentos digitalizados, certificados por entidad competente.

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ARTÍCULO 151º (SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS).-

I. Documentos en Oficinas Públicas. La parte que pretendiere servirse de documento que se encuentre en una oficina pública, podrá pedir se le franquee testimonio, copia o fotocopia legalizada del mismo, con orden judicial; igualmente, el abogado de la parte podrá solicitarlos directamente, especificando el proceso a que será destinado. La institución o autoridad requerida en ningún caso podrá negar su francatura. Cuando la parte hubiere intervenido en el acto, no necesitará autorización judicial, para su otorgamiento y será suficiente solicitud verbal.

II. Documentos en Poder del Adversario. La parte que pretendiere servirse de documento que se encuentre en poder de la otra, podrá pedir a la autoridad judicial que la intime para su presentación en el plazo que al efecto se fije, sin que el intimado pueda resistir la orden judicial. Cuando por otros elementos del proceso, la existencia y contenido del documento resultare verosímil, la negativa a presentarlo se tendrá como reconocimiento de ese contenido.

III. Documentos en Poder de Terceros. Cuando la parte pretendiera servirse de documentos que se encuentren en poder de terceros, solicitará a la autoridad judicial que ordene su entrega en originales, en el caso en que éstos pertenezcan a los requirentes, o en copias o fotocopias autenticadas, sin que el requerido pueda rechazar la orden judicial, con cargo al requirente. El tercero requerido podrá oponerse a la entrega sólo si el documento fuere de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiere causarle perjuicio, situación que será apreciada por la autoridad judicial para determinar lo que corresponda.

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ARTÍCULO 152º (DOCUMENTOS COMERCIALES).-

La prueba por libros de comercios y otros documentos comerciales se regirá por las normas establecidas en la Ley.

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ARTÍCULO 153º (DESCONOCIMIENTO).-

I. Los documentos que se presenten con la demanda o con la reconvención sólo podrán ser objetados al momento de la contestación.

II. Los documentos acompañados con la contestación a la demanda o a la reconvención, o en cualquier otra oportunidad en que fuere admisible su presentación, sólo podrán ser objetados dentro de los seis días siguientes al de su notificación, excepto si se tratare de documentos presentados en audiencia, en cuyo caso el desconocimiento deberá formularse en la misma.

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ARTÍCULO 154º (DENUNCIA DE FALSEDAD).-

I. La parte que denuncie la falsedad material o ideológica de un documento público o de un documento privado auténtico o tenido por auténtico presentado por su adversario, deberá hacerlo en las oportunidades señaladas en el Artículo anterior promoviendo demanda incidental de falsedad.

II. La denuncia de falsedad material o ideológica o de nulidad del documento se planteará como defensa en el curso del proceso.

III. Si de la tramitación de la denuncia se evidenciare la comisión de un delito, se remitirá antecedentes al Ministerio Público.

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ARTÍCULO 155º (DOCUMENTOS EN IDIOMA CASTELLANO U OTRO).-

I. Los documentos deberán presentarse en idioma castellano.

II. Los documentos en otro idioma deberán presentarse acompañados de su correspondiente traducción al castellano. Si la parte contra quien se oponen pidiere su traducción oficial, la autoridad judicial designará perito traductor, en cuyo caso los gastos correrán a cargo del solicitante; empero, si la autoridad judicial considerare necesario, podrá ordenar de oficio la traducción y los gastos serán prorrateados entre las partes.

SECCIÓN III      Arriba
CONFESIÓN

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ARTÍCULO 156º (ALCANCE DE LA CONFESIÓN).-

Existe confesión cuando la parte admite total o parcialmente la veracidad de un hecho personal o de su conocimiento, desfavorable a su interés o favorable a la del adversario.

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ARTÍCULO 157º (CLASES DE CONFESIÓN).-

I. Existen dos clases de confesión, la judicial que podrá ser provocada o espontánea, y la extrajudicial.

II. Es confesión judicial provocada la que una parte absolviere en virtud de petición expresa y conforme a interrogatorio de la otra parte, o dispuesta de oficio por la autoridad judicial, bajo juramento o promesa de decir la verdad y demás formalidades establecidas por Ley.

III. Es confesión judicial espontánea la que se formulare en la demanda, la contestación o en cualquier otro acto del proceso y aun en ejecución de sentencia, sin interrogatorio previo; en éste último caso, importará renuncia a los beneficios acordados en la sentencia.

IV. La confesión extrajudicial es la que tiene lugar fuera del proceso. Cuando sea formulada por la parte o por quien legalmente la represente, surtirá el mismo efecto que la judicial en los casos en que fuere admisible la prueba de testigos.

La confesión extrajudicial de la parte a un tercero tendrá el valor de presunción simple.

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ARTÍCULO 158º (CONFESIÓN DE PARTE).-

I. Las partes podrán recíprocamente deferirse a confesión e interrogarse por conducto de la autoridad judicial en la audiencia de recepción de prueba.

II. La confesión necesariamente se absolverá de manera personal, salvo que la Ley expresamente disponga lo contrario.

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ARTÍCULO 159º (CONFESIÓN DE PERSONAS COLECTIVAS).-

I. Los personeros, directores o gerentes de personas colectivas de derecho público o privado de cualquier naturaleza, podrán confesar en representación de las mismas.

II. Si negaren su calidad de representantes, estarán obligados a la prueba pertinente e indicar, además, la persona que invistiere la representación.

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ARTÍCULO 160º (CONFESIÓN DE LITISCONSORTE).-

La confesión de un litisconsorte no perjudicará a los otros.

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ARTÍCULO 161º (REQUISITOS DE LA CONFESIÓN).-

Los requisitos de la confesión son:

1. Tener la o el confesante capacidad de obrar y poder de disposición sobre el derecho.

2. Recaer sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o favorables a quien la defiera.

3. Ser libre, expresa y consciente.

4. Versar sobre hechos personales de la o el confesante o de los que tuviere conocimiento directo.

5. Estar debidamente probada, si fuere extrajudicial.

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ARTÍCULO 162º (EFECTOS DE LA CONFESIÓN JUDICIAL).-

I. La confesión judicial constituirá prueba, excepto que:

1. Estuviere excluida por la Ley respecto a los hechos que constituyen el objeto del proceso, o afectare derechos que el confesante no pudiere renunciar o transigir válidamente.

2. Recayere sobre hechos cuya investigación o información esté prohibida por Ley.

3. Fuere opuesta a documentos fehacientes de data anterior, ya agregados al expediente.

II. La confesión judicial hace plena prueba contra la parte que la realiza, salvo que se tratare de hechos respecto de los cuales la Ley exige otro medio de prueba o recayere sobre derechos indisponibles.

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ARTÍCULO 163º (INTERPRETACIÓN DE LA CONFESIÓN).-

I. En caso de duda, la confesión se interpretará en favor de quien la absuelve.

II. La confesión será indivisible, excepto si:

1. El confesante invocare hechos impeditivos, modificatorios, extintivos o absolutamente separables o independientes unos de otros.

2. Los hechos expuestos por el confesante fueren inverosímiles o contrarios a una presunción legal.

3. Las modalidades del caso hicieren procedente su divisibilidad.

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ARTÍCULO 164º (RETRACTACIÓN).-

La parte que defiere a confesión no podrá retractarse cuando el deferido hubiere sido emplazado y estuviere presto a absolverla.

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ARTÍCULO 165º (INTERROGATORIO A LA O EL CONFESANTE).-

I. El interrogatorio a la o el confesante se formulará por la autoridad judicial, con sujeción al cuestionario propuesto por el deferente o al dispuesto de oficio. Las preguntas recaerán en forma clara y precisa sobre los hechos relevantes o controvertidos. La autoridad judicial deberá considerar la condición socio cultural de la o el confesante a los efectos de formular las preguntas. Las preguntas obscuras, ambiguas, impertinentes o inútiles, serán rechazadas por la autoridad judicial de oficio o a solicitud de parte.

II. Concluido el interrogatorio, las partes, por intermedio de sus abogadas o abogados, podrán solicitar aclaraciones a las respuestas, siempre por intermedio de la autoridad judicial, que durante el acto podrá formular a su vez las preguntas que estime convenientes.

III. El interrogatorio de la parte podrá efectuarse por la autoridad judicial en el curso de cualquier audiencia, de oficio o a petición de parte, sin necesidad de emplazamiento previo. También podrá efectuarse previo emplazamiento específico, de oficio o a petición de parte.

IV. Si las preguntas fueren oscuras la autoridad judicial podrá formular otras preguntas. Si el confesante se negare a contestar o lo hiciere con evasivas, la autoridad judicial lo amonestará para que responda en forma clara y concreta, bajo apercibimiento de que se presumirán por ciertos los hechos señalados en el interrogatorio, que serán valorados a tiempo de la sentencia, igual efecto producirá la incomparecencia del confesante a la audiencia sin causa justificada.

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ARTÍCULO 166º (TRADUCTOR O INTÉRPRETE).-

I. Si la o el confesante no supiere castellano o no pudiera hablar, el interrogatorio se formulará a través de traductor o interprete, según el caso, que será designado de oficio por la autoridad judicial en la misma audiencia; si no fuere posible, se suspenderá la audiencia por un plazo máximo de tres días para designar a la o el traductor o interprete.

II. La o el traductor o intérprete deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Gozar de capacidad de obrar.

2. Dominar el idioma del confesante y el castellano.

3. No tener ninguna causa de impedimento.

4. Prestar juramento o promesa de traducir o interpretar de forma fehaciente cuanto señale la o el confesante.

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ARTÍCULO 167º (CONFESIÓN FUERA DEL LUGAR DEL PROCESO).-

Tratándose de parte que actuare en el proceso por intermedio de apoderada o apoderado, por tener domicilio real o de hecho constituido en lugar distante de la sede del tribunal, que hiciere razonablemente admisible su inconcurrencia, o que tuviere domicilio constituido en el extranjero, la recepción de la confesión podrá ser comisionada a la autoridad judicial competente del lugar.

SECCIÓN IV      Arriba
DECLARACIONES DE TESTIGOS

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ARTÍCULO 168º (PROCEDENCIA).-

Toda persona mayor de dieciséis años podrá ser propuesta como testigo y tendrá el deber de comparecer y declarar, salvo las excepciones establecidas por Ley.

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ARTÍCULO 169º (TACHAS).-

I. La tacha absoluta procede contra:

1. Quienes padecieren de enajenación mental o perturbación psicológica grave.

2. Los que se encuentren en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias estupefacientes o alucinógenas.

3. Los que hubieren sido condenados por falso testimonio.

4. Los ciegos y sordos con relación a hechos perceptibles por la vista o el oído, respectivamente.

II. La tacha relativa procede contra:

1. El pariente en línea directa, así como el pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; y el derivado de vínculos de adopción.

2. El dependiente de la parte que lo ofreciere.

3. Quien tuviere interés directo o indirecto en el litigio, por sí mismo o por parentesco dentro de los grados establecidos en el numeral 1 de este parágrafo.

4. Los pupilos por sus tutores y viceversa.

5. Quien tuviere litigio pendiente con la parte contraria a su presentante.

6. El amigo íntimo de la parte que lo presentare o el enemigo manifiesto de la parte adversa.

7. Ser deudor o acreedor de alguna de las partes.

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ARTÍCULO 170º (PLAZO PARA TACHAR).-

I. La parte interesada podrá tachar a los testigos de la contraparte dentro de los tres días de haber sido notificada con la prueba testifical propuesta en la demanda o en la reconvención. Pasado este plazo, caducará el derecho de tachar.

II. La prueba de tacha se producirá únicamente en audiencia.

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ARTÍCULO 171º (TACHAS INADMISIBLES).-

I. Las tachas necesariamente serán concretas; no se admitirán tachas generales.

II. Será inadmisible la prueba testifical para invalidar las declaraciones de los testigos de tacha.

III. Cuando una parte contrainterrogare a los testigos ofrecidos por la otra, se tendrá por retirada la tacha que contra ellos hubiere propuesto.

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ARTÍCULO 172º (VALOR DE LAS TACHAS).-

I. La tacha propuesta no impedirá recibir la declaración de la persona ofrecida como testigo, pero, probada la tacha, la autoridad judicial en sentencia prescindirá de la declaración, salvo que atentas las circunstancias del caso, no asignare al hecho probado gravedad suficiente para invalidar la declaración.

II. Podrá probarse, además de las causales mencionadas en el Artículo 169 de este Código, otras que tendieren a disminuir o destruir la fe de un testigo.

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ARTÍCULO 173º (PRUEBA DE LAS TACHAS).-

I. Las circunstancias que afectan la credibilidad e imparcialidad de los testigos serán debidamente probadas por las partes en audiencia y apreciadas por la autoridad judicial en sentencia.

II. El reconocimiento por el testigo de la veracidad de la causal de tacha que se le imputa, dispensa de toda otra prueba.

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ARTÍCULO 174º (OFRECIMIENTO DE PRUEBA TESTIFICAL).-

I. Cuando se ofrezca prueba testifical, se deberá acompañar la lista de testigos con designación de nombres y apellidos, domicilio, profesión, oficio u ocupación habitual y número de cédula de identidad. Si no fuere posible conocer algunos de esos datos, bastará indicar los necesarios para individualizar al testigo.

II. No podrán proponerse más de cinco testigos sobre el objeto del proceso, salvo que exista motivo fundado a juicio de la autoridad judicial.

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ARTÍCULO 175º (EMPLAZAMIENTO DEL TESTIGO).-

I. El testigo será emplazado por cédula que deberá diligenciarse por lo menos con tres días de anticipación a la audiencia y, apercibimiento de las sanciones legales a que dará lugar su desobediencia o falso testimonio.

II. Se prescindirá del emplazamiento cuando la parte que propuso al testigo asumiere la carga de hacerlo comparecer; empero, si el testigo no concurriere, se prescindirá de su declaración, salvo lo dispuesto por el Artículo 24, numeral 3 del presente Código.

III. El testigo que legalmente emplazado rehusare comparecer será conducido a presencia la autoridad judicial por la fuerza pública. El testigo que se negare a declarar incurrirá en desobediencia y será sancionado con arresto hasta un máximo de veinticuatro horas.

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ARTÍCULO 176º (AUDIENCIA).-

La prueba testifical se recibirá en audiencia, interrogándose a cada testigo en forma separada, previo juramento o promesa de decir la verdad, observando el siguiente procedimiento:

1. La autoridad judicial interrogará a la o el testigo, sobre su nombre, estado civil, domicilio, nacionalidad o, nación o pueblo indígena originario campesino al que pertenece, profesión, oficio u ocupación habitual, y si existe en relación a ella o él alguna causal de tacha.

2. En forma inmediata se ordenará al testigo que haga una exposición de los hechos que personalmente le conste en relación al objeto de la controversia; asimismo, que justifique sus afirmaciones, explicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hubiere ocurrido cada hecho.

3. Terminada la declaración del testigo, las partes podrán interrogarlo libremente por intermedio de sus abogados y bajo la dirección del juzgador, que en cualquier momento podrá formular nuevas interrogaciones, rechazar las preguntas impertinentes o agraviantes para el testigo, así como dar por terminado el interrogatorio.

4. Cada pregunta no estará referida a más de un hecho; será clara y concreta. No se admitirán las preguntas vejatorias u ofensivas, tampoco podrá asesorarse de abogado a tiempo de responder.

5. El testigo no podrá leer notas o apuntes, a menos que por la índole de la pregunta la autoridad judicial así lo disponga. En este caso se dejará en el acta constancia de las respuestas dadas en esa forma.

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ARTÍCULO 177º (NEGATIVA A RESPONDER).-

La o el testigo no está obligado a responder preguntas que lo expongan a él o a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, a enjuiciamiento penal o comprometan su honor; asimismo, cuando la pregunta lo exponga a violar un secreto profesional, militar, científico, artístico o industrial que estuviere obligado a guardar, salvo que medie consentimiento informado del afectado.

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ARTÍCULO 178º (PERMANENCIA).-

Después de prestada su declaración, los testigos permanecerán en estrados sin comunicación entre ellos, a los efectos de eventuales declaraciones complementarias o careos, excepto que la autoridad judicial autorice su retiro.

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ARTÍCULO 179º (CAREO).-

Se podrá disponer de oficio o a petición de parte y siempre que fuere pertinente, el careo de testigos entre sí o de éstos con las partes.

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ARTÍCULO 180º (DECLARACIÓN DE AUTORIDADES JERÁRQUICAS).-

El Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional, Ministros de Estado, Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejeros de la Magistratura, Magistrados del Tribunal Agroambiental, Fiscal General del Estado, Procurador General del Estado, Defensor del Pueblo, Contralor General del Estado, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Comandantes de Fuerza, Embajadores y Ministros Plenipotenciarios, podrán declarar por escrito con la manifestación de que lo hacen bajo juramento o promesa de decir la verdad, en un plazo máximo de cinco días computables desde su notificación. La parte contraria a la que ofreciere el testigo podrá presentar contra interrogatorio que será incluido en el despacho a librarse.

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ARTÍCULO 181º (DECLARACIÓN EN DOMICILIO).-

Las declaraciones de adultos mayores, las personas que se hallaren enfermas o estuvieren imposibilitadas de comparecer, se recibirán en su domicilio, en cuyo caso se tomarán las medidas correspondientes para asegurar el normal desenvolvimiento de la audiencia en ese domicilio o en el lugar donde se encontrare la o el testigo, con asistencia de las partes y sus abogados, si desearen concurrir al acto.

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ARTÍCULO 182º (TESTIGOS TRABAJADORES).-

I. Si el testigo fuere empleado u obrero, público o privado, la autoridad judicial, a petición de parte hará conocer la citación al empleador, para que le sea concedida licencia sin descuento de sus sueldos o salarios.

II. El requerido no podrá negar la licencia bajo ninguna circunstancia, con apercibimiento de incurrir en desobediencia.

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ARTÍCULO 183º (TESTIGOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS).-

Tratándose de testigos sordos, mudos o sordomudos que sólo pudieren hacerse entender por lenguaje especializado, se les nombrará intérprete.

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ARTÍCULO 184º (TESTIGOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS Y EXTRANJEROS).-

Las o los testigos pertenecientes a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y ciudadanas o ciudadanos extranjeros podrán declarar en su idioma, debiendo formularse las preguntas y respuestas a través de traductor.

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ARTÍCULO 185º (FALSO TESTIMONIO).-

Si las declaraciones arrojaren indicios graves de falso testimonio u otro delito, por los cuales la autoridad judicial considere que el testigo falta, conociendo la verdad, en forma inmediata denunciará el hecho al ministerio público.

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ARTÍCULO 186º (APRECIACIÓN).-

La autoridad judicial a tiempo de dictar sentencia, sujetándose a las reglas de la sana crítica o prudente criterio, apreciará las circunstancias y motivos que corroboran o disminuyen la fuerza probatoria de las declaraciones testificales.

SECCIÓN V      Arriba
INSPECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS

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ARTÍCULO 187º (PROCEDENCIA).-

I. La autoridad judicial de oficio o a petición de parte, podrá diligenciar antes que otros medios de prueba, inspeccionar lugares o cosas, con la finalidad de esclarecer hechos que interesen a la decisión del proceso.

II. Al decretar la inspección, individualizará su objeto y determinará el lugar, fecha y hora de su realización dentro de los diez días siguientes, pudiendo disponer la concurrencia de peritos o testigos.

III. Si hubiere urgencia, la notificación se practicará con un día de anticipación.

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ARTÍCULO 188º (PROCEDIMIENTO).-

I. La autoridad judicial dirigirá personalmente la diligencia. Las partes podrán concurrir con sus abogados y asesores técnicos para formular las observaciones pertinentes de las que se dejará constancia en acta.

II. La inconcurrencia de las partes no suspenderá la inspección.

III. Los peritos salvarán las explicaciones técnicas del caso, pudiendo disponerse que informen por separado en materias que así lo justifiquen, en plazo que se les fijará al efecto.

IV. Los testigos serán interrogados libremente sobre el objeto de la inspección.

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ARTÍCULO 189º (RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS).-

Observando el procedimiento anterior, podrá procederse a la reconstrucción de hechos bajo la dirección de la autoridad judicial para comprobar si ellos se realizaron o pudieron haberse realizado de una manera determinada. A este efecto, se podrá disponer que comparezcan las partes, peritos y testigos.

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ARTÍCULO 190º (DEBER DE COLABORACIÓN).-

I. Las partes y terceros tendrán el deber de prestar la máxima colaboración para el mejor cumplimiento de las inspecciones y reconstrucciones.

II. En el caso de que terceros rehusaren colaborar, se podrá disponer las medidas conminatorias pertinentes.

III. Si una o ambas partes negaren su colaboración, la autoridad judicial podrá intimar su presencia, y si a pesar de ello persistiere la resistencia, se dispondrá la suspensión de la diligencia, debiendo interpretarse la negativa a colaborar como prueba de la veracidad de las afirmaciones de la parte contraria, respecto del hecho que se pretenda probar.

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ARTÍCULO 191º (SUSPENSIÓN DE TRABAJO O TRÁNSITO).-

Cuando la inspección se efectuare en locales o sitios de mucha concurrencia o tránsito intenso o mediaren otras circunstancias que dificulten la diligencia, la autoridad judicial ordenará, con ayuda de la fuerza pública si fuere necesario, la desocupación o suspensión del trabajo o tránsito mientras durare la inspección o reconstrucción. A este efecto la autoridad judicial deberá comunicar oportunamente a las autoridades administrativas, la diligencia a realizarse.

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ARTÍCULO 192º (GASTOS).-

La parte que hubiere solicitado la inspección o la reconstrucción sufragará los gastos que ésta pudiere ocasionar. Si hubiere sido ordenada de oficio, los gastos serán pagados a prorrata por las partes, a menos que una de ellas o ambas gozaren del beneficio de gratuidad, caso en el cual los gastos serán sufragados por el Tesoro Judicial.

SECCIÓN VI      Arriba
PRUEBA PERICIAL

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ARTÍCULO 193º (PROCEDENCIA).-

I. La prueba pericial será admisible cuando la apreciación de los hechos que interesan al proceso requiriere conocimientos especializados en alguna ciencia, arte, industria o técnica.

II. Las partes podrán solicitar sólo un dictamen pericial sobre un mismo punto, salvo que se produjera la impugnación de sus conclusiones en tiempo y forma oportunos. La autoridad judicial podrá disponer de oficio un nuevo dictamen cuando, a su juicio, fuere necesario.

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ARTÍCULO 194º (NÚMERO DE PERITOS).-

I. El perito será uno sólo, salvo que las partes, de común acuerdo, decidan otra cosa o cuando la complejidad de la cuestión sometida a proceso lo requiera.

II. Cuando el dictamen pericial requiriere conocimientos de alta especialización, la autoridad judicial, a petición de parte o de oficio, podrá formular consultas a universidades, academias, colegios profesionales, institutos y entidades públicas o privadas de carácter científico, cultural o técnico.

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ARTÍCULO 195º (PROCEDIMIENTO).-

I. La parte que solicite un examen pericial señalará los puntos sobre los cuales versará la prueba. El adversario podrá objetarla o agregar nuevos puntos.

II. La autoridad judicial resolverá en la audiencia preliminar sobre la procedencia del dictamen, designará con criterio propio al perito y fijará los puntos sobre los que versará la pericia, de acuerdo con las proposiciones de las partes y los que considere necesarios.

III. En la misma providencia se fijará un plazo prudencial para la presentación del dictamen, que podrá ser prorrogado por una sola vez en caso de motivo fundado.

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ARTÍCULO 196º (ACEPTACIÓN DEL CARGO).-

I. El perito aceptará el cargo ante el secretario del tribunal o juzgado, dentro de los tres días de su notificación con el nombramiento, bajo juramento o promesa de dictaminar conforme a su leal saber y entender.

II. Si el perito dentro de los tres días siguientes a su designación no aceptare el cargo de oficio, sin más trámite, se nombrará otro en su reemplazo.

III. Si el perito no concurriere a manifestar su aceptación sin causa justificada, su nombramiento quedará sin efecto y se nombrará otro en forma inmediata.

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ARTÍCULO 197º (RECUSACIÓN).-

I. El perito, dentro del plazo de tres días, podrá inhibirse del cargo cuando tenga motivos fundados para ello.

II. Podrá ser recusado por las mismas causas previstas para las autoridades judiciales. También será recusable por falta de título profesional o por incompetencia notoria en la materia del dictamen.

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ARTÍCULO 198º (REMOCIÓN).-

I. Será removido el perito que después de haber aceptado el cargo, rehusare dar su dictamen o no lo presentare en el plazo que le fue concedido. La autoridad judicial de oficio, nombrará otro en su lugar y condenará al removido a pagar los gastos de las diligencias frustradas y los daños y perjuicios ocasionados a las partes, si éstas los reclamaren. El perito reemplazado perderá el derecho a cobrar honorarios.

II. Si los peritos fueren varios, la negligencia de uno de ellos no excusará a los otros, quienes deberán realizar las diligencias y dictaminar dentro de plazo.

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ARTÍCULO 199º (DICTAMEN INMEDIATO).-

Cuando el objeto de la pericia fuere de tal naturaleza que permita al perito dictaminar inmediatamente, así deberá hacerlo en audiencia o por escrito.

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ARTÍCULO 200º (PLANOS Y EXÁMENES CIENTÍFICOS).-

La autoridad judicial de oficio o a pedido de parte, podrá ordenar:

1. Elaboración o ejecución de planos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas, fotocopias u otras, de objetos, documentos o lugares con el empleo de medios o instrumentos técnicos.

2. Exámenes científicos necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos.

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ARTÍCULO 201º (ENTREGA DEL DICTAMEN).-

I. Entregado el dictamen pericial será notificado a las partes, que dentro de los tres días siguientes o en la audiencia de prueba, podrán pedir las aclaraciones o ampliaciones que estimen necesarias, las que serán salvadas por el perito durante el curso de la audiencia o, en su caso, en el plazo que señale la autoridad judicial. El dictamen podrá ser examinado en audiencia, en presencia del perito que lo formuló.

II. En la misma oportunidad, las partes podrán impugnar las conclusiones del peritaje, acompañando las pruebas que las justifiquen o, si correspondiere, solicitarán nuevo peritaje, debiendo la autoridad judicial resolver en audiencia.

III. La autoridad judicial podrá requerir del perito las aclaraciones y complementaciones que entienda necesarias y disponer, a pedido fundado de parte o de oficio, la realización de un nuevo peritaje.

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ARTÍCULO 202º (FUERZA PROBATORIA DEL DICTAMEN).-

La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por la autoridad judicial en consideración a la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofreciere. La autoridad judicial no está obligada u obligado a seguir el criterio del perito y podrá apartarse del dictamen mediante resolución fundada.

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ARTÍCULO 203º (GASTOS Y HONORARIOS).-

I. Los honorarios del perito serán cubiertos por la parte que solicitó la pericia. Si la pericia hubiere sido dispuesta por la autoridad judicial, o requerida por ambas partes, o pedida por una sola de ellas a la que posteriormente se hubiere adherido la otra, serán pagados a prorrata.

II. Los honorarios serán regulados tomando en cuenta la importancia del trabajo realizado.

SECCIÓN VII      Arriba
PRUEBA POR INFORME

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ARTÍCULO 204º (PROCEDENCIA).-

I. Los informes salvados por entidades públicas o privadas harán prueba cuando recaigan sobre puntos claramente individualizados y referidos a hechos o actos que resulten de la documentación, archivo o registro del órgano informante.

II. No se admitirá la petición de informe en que manifiestamente se pretenda sustituir o ampliar otro medio de prueba que específicamente corresponda por disposición de la Ley o por la naturaleza del hecho cuya prueba se pretenda.

III. La entidad requerida podrá representar el informe solicitado si existiere causa de reserva o secreto, lo que se pondrá en conocimiento de la autoridad judicial dentro de cinco días de recibida la orden, en cuyo caso se observará la resolución que al efecto se dicte.

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ARTÍCULO 205º (DERECHO EXTENSIVO).-

I. Los abogados, y en general quienes actúen en representación de otro, podrán solicitar en cualquier oficina, pública o privada, testimonio, copia legalizada o fotocopia autenticada del documento que les interese o de la actuación administrativa que se pretenda, aclarando que lo hacen para presentarlo como prueba en proceso iniciado o por iniciarse, o para cualquier finalidad lícita.

II. La autoridad judicial también podrá disponer que el informe sea recabado directamente por uno de los funcionarios de su dependencia.

III. La contraparte podrá plantear las proposiciones que estime necesarias para que el informe solicitado sea objetivo y ajustado a los hechos a que habrá de referirse.

IV. También podrá impugnar la falsedad del informe, quedando facultada para requerir la exhibición de los asientos, documentos y demás antecedentes sustentatorios de la impugnación; ésta sólo podrá ser formulada en la propia audiencia en que se presentare y sustanciarse observando el procedimiento previsto para los incidentes, o dentro del tercero día siguiente al de la notificación con la providencia que ordenare la acumulación del informe.

SECCIÓN VIII      Arriba
PRESUNCIONES

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ARTÍCULO 206º (VALOR PROBATORIO).-

I. Las presunciones judiciales constituirán prueba cuando a juicio de la autoridad judicial sean graves, precisas y concordantes, en los casos en que la Ley admita prueba testifical.

II. Las presunciones legales se regirán por las disposiciones del Código Civil.

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CAPÍTULO SEXTO      Arriba
PROCEDIMIENTOS POSTERIORES PARA LA PRODUCCIÓN DE PRUEBA

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ARTÍCULO 207º (PRUEBAS POSTERIORES).-

I. Concluida la audiencia y al retirarse la autoridad judicial para fundar su decisión, no se admitirá ninguna otra prueba ni solicitud alguna.

II. La autoridad judicial, concluida la audiencia, en forma excepcional podrá disponer la prueba que considere necesaria para mejor proveer y que fuere importante para la formación de su criterio, disponiendo sobre la forma y el tiempo en que deberá ser recibida. En este caso, dejará constancia de las razones por las cuales no dispuso oportunamente su diligenciamiento durante el curso del proceso.

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ARTÍCULO 208º (EFECTOS DE LAS DILIGENCIAS DE MEJOR PROVEER SOBRE LOS PLAZOS PARA DICTAR SENTENCIA).-

I. La audiencia para dictar sentencia no podrá postergarse por más de treinta días, computados a partir de la última audiencia.

II. La autoridad judicial tendrá el deber de ordenar las medidas necesarias para posibilitar que la producción de las pruebas para mejor proveer sean incorporadas con la antelación debida a la audiencia final.

III. En esta audiencia se diligenciará la prueba que pudiere ser recibida y se oirá a cada parte por el tiempo que la autoridad judicial considere necesario. La autoridad judicial para tomar su decisión, podrá decretar cuarto intermedio, levantado el cual en forma inmediata pronunciará sentencia fundada.

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CAPÍTULO SÉPTIMO      Arriba
RESOLUCIONES JUDICIALES

SECCIÓN I      Arriba
PROVIDENCIAS Y AUTOS

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ARTÍCULO 209º (PROVIDENCIAS).-

I. Las providencias sólo tenderán al desarrollo del proceso y, ordenarán actos de mera ejecución.

II. No requerirán otras formalidades que expresarse por escrito, indicarse el lugar, fecha y la firma de la autoridad judicial. En las actuaciones orales las providencias constarán en el acta.

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ARTÍCULO 210º (AUTOS INTERLOCUTORIOS).-

Los autos interlocutorios resolverán cuestiones que se suscitaren durante la tramitación del proceso. Además de los requisitos indicados en el Artículo precedente, contendrán:

1. La precisión del objeto de la decisión.

2. Los fundamentos jurídicos.

3. La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

4. La imposición de costas y multas en su caso.

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ARTÍCULO 211º (AUTOS DEFINITIVOS).-

I. Los autos definitivos resolverán cuestiones que requieren sustanciación, ponen fin al proceso y no resuelven el mérito de la causa.

II. Deberán cumplir con los requisitos previstos para el auto interlocutorio.

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ARTÍCULO 212º (PLAZOS).-

I. Las providencias que deban dictarse en orden a peticiones escritas de las partes, en el plazo de veinticuatro horas.

II. Los autos interlocutorios y definitivos, serán dictados en el plazo máximo de cinco días.

III. En los casos previstos en el presente Código y cuando amerite el asunto, se dictarán en audiencia las resoluciones señaladas en los parágrafos anteriores.

SECCIÓN II      Arriba
SENTENCIA, AUTO DE VISTA Y AUTO SUPREMO

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ARTÍCULO 213º (SENTENCIA).-

I. La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, recaerá sobre las cosas litigadas en la manera en que hubieren sido demandadas, sabida que fuere la verdad material por las pruebas del proceso.

II. La sentencia contendrá:

1. El encabezamiento, con determinación del proceso, nombre de las partes intervinientes y sus generales y, objeto del litigio.

2. La parte narrativa con exposición sucinta del hecho y del derecho que se litiga.

3. La parte motivada con estudio de los hechos probados y en su caso los no probados, evaluación de la prueba, y cita de las leyes en que se funda, bajo pena de nulidad. Esta parte, para el caso de fundarse en jurisprudencia ordinaria o constitucional, se limitará a precisar de manera objetiva las razones jurídicas del precedente, sin necesidad de hacer una transcripción del fallo que oscurezca la fundamentación.

4. La parte resolutiva, con decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda o la reconvención en su caso, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo total o parcialmente.

5. El plazo que se otorgare para su cumplimiento.

6. El pronunciamiento sobre costos y costas.

7. La imposición de multa en el caso de declararse temeridad o malicia por parte de los litigantes, abogadas o abogados.

8. El lugar y fecha en que se pronuncia.

9. La firma de la autoridad judicial, la autorización de la o el secretario con los sellos respectivos del juzgado.

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ARTÍCULO 214º (PRONUNCIAMIENTO POR EQUIDAD).-

Si mediare acuerdo de partes y éstas tuvieren, además, la libre disposición de sus derechos discutidos en el proceso, la autoridad judicial podrá fallar por equidad.

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ARTÍCULO 215º (CONDENA AL PAGO DE FRUTOS E INTERESES Y AL RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS).-

Si la sentencia condenare al pago de frutos o intereses o al resarcimiento de daños y perjuicios, deberá fijar en cantidad líquida y con plazo determinado para su cumplimiento o, excepcionalmente, establecerá las bases sobre las cuales habrá de hacerse su liquidación en ejecución de sentencia.

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ARTÍCULO 216º (PLAZOS PARA DICTAR SENTENCIA).-

I. La autoridad judicial deberá dictar sentencia al cabo de la audiencia, en cuya oportunidad se dará lectura a la misma a los efectos de su notificación. Sin embargo cuando el caso así lo amerite podrá dictar solamente la parte resolutiva.

II. La autoridad judicial podrá diferir la fundamentación del fallo para una ulterior audiencia, que se realizará en un plazo no mayor de veinte días.

III. A la autoridad judicial suplente no se le aplicará los plazos señalados en los parágrafos anteriores.

IV. Los plazos para impugnar se contarán a partir del día siguiente a la celebración de esta audiencia, donde se notificará el fallo. Para el caso de que una de las partes no asistiere a la audiencia, el plazo se computará a partir de su notificación.

V. En los procesos de estructura monitoria, la autoridad judicial deberá pronunciar sentencia en el plazo de cinco días, computables desde el ingreso a despacho del expediente.

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ARTÍCULO 217º (VALIDEZ DE LA SENTENCIA).-

Es válida la sentencia pronunciada fuera del plazo previsto por este Código, pero, dará lugar a sanción disciplinaria a la autoridad judicial, conforme a Ley.

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ARTÍCULO 218º (AUTO DE VISTA).-

I. El auto de vista es el fallo de segunda instancia que deberá cumplir con los requisitos de la sentencia en todo lo que fuere pertinente.

II. Este fallo deberá ser:

1. Inadmisible.

a. Si se hubiere interpuesto el recurso de apelación después de vencido el término.

b. Por falta de expresión de agravios.

2. Confirmatorio.

3. Revocatorio total o parcial.

4. Anulatorio o repositorio.

III. Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.

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ARTÍCULO 219º (AUTO SUPREMO).-

El Tribunal Supremo de justicia se pronunciará mediante auto supremo y deberá cumplir con los requisitos siguientes:

1. Encabezamiento con identificación del proceso, nombre de las partes y objeto del litigio.

2. Parte narrativa con exposición resumida del auto de vista impugnado, del recurso y de la respuesta, ésta última si la hubiere.

3. La doctrina aplicable al caso.

4. La fundamentación.

5. Parte resolutiva, en términos claros, positivos y precisos.

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ARTÍCULO 220º (FORMAS DEL AUTO SUPREMO).-

La forma del auto supremo será:

I. Improcedente, cuando:

1. Se hubiere interpuesto el recurso después de vencido el término.

2. Pudiendo haber apelado no se hubiere hecho uso de este recurso ordinario, excepto que la parte estuviese conforme con la sentencia y esta fuese anulada, revocada total o parcialmente en grado de apelación.

3. La resolución no admita recurso de casación.

4. El recurso no cumpliera con lo previsto por el Artículo 274, Parágrafo I del presente Código.

5. La o el recurrente no hubiera intervenido en las instancias anteriores.

II. Infundado, cuando el tribunal no encontrare haber sido violada la Ley o leyes acusadas en el recurso.

III. Anulatorio de obrados con o sin reposición.

1. En el primer caso, cuando sea resuelto por:

a. Autoridad judicial incompetente o por tribunal integrado contraviniendo la Ley.

b. Autoridad judicial legalmente impedida o cuya excusa o recusación estuviere pendiente o hubiera sido declarada legal por tribunal competente.

c. Faltar alguna diligencia o trámite declarados esenciales, falta expresamente penada con la nulidad por la Ley.

2. En el segundo caso, cuando:

a. Se otorgue más de lo pedido por las partes.

b. Hubiere apelación desistida.

IV. Casando, cuando la resolución infringiere la Ley o leyes acusadas en el recurso, en este caso fallará en lo principal del litigio, aplicando las leyes conculcadas y condenando en responsabilidad de multa a la autoridad judicial infractora, a menos que encontrare excusable el error. La casación podrá ser total o parcial.

SECCIÓN III      Arriba
COSTAS Y COSTOS

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ARTÍCULO 221º (CONDENACIONES EN LA SENTENCIA).-

Las resoluciones judiciales impondrán, según corresponda, condenación en costas, condenación en costas y costos o declararán no haber lugar a la condenación.

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ARTÍCULO 222º (REGULACIÓN DE COSTAS Y COSTOS).-

La autoridad judicial regulará los alcances de la condena en costas y costos, tanto respecto del monto como de los obligados y beneficiarios, en atención a la actividad procesal desarrollada.

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ARTÍCULO 223º (CASOS DE CONDENA).-

I. En la sentencia que declarare improbada la demanda en todas sus partes, se condenará en costas y costos al demandante.

II. En la sentencia pronunciada contra el demandado, éste será condenado en costas y costos.

III. En procesos dobles no procede condenación en costas y costos en primera instancia.

IV. En los autos de vista las condenaciones serán las siguientes:

1. Si se declarare inadmisible la apelación, costas y costos al apelante.

2. Si se confirmare el fallo del inferior en todas sus partes, costas y costos al apelante.

3. Si se revocare el fallo del inferior, no se impondrá condenación.

V. En autos supremos las condenaciones serán las siguientes:

1. Si se declarare improcedente el recurso, costas y costos al recurrente.

2. Si se lo declarare infundado, costas y costos al recurrente.

3. Si se dictare la casación, se impondrá la condenación al perdedor en lo principal del fallo casado.

VI. Las resoluciones que rechazaren los incidentes, condenarán en costas al incidentista, sin perjuicio de la condena en costos si correspondiere.

VII. Las resoluciones de rechazo a recursos de reposición comprenderán también la condenación en costas.

VIII. Los recursos de compulsa rechazados darán lugar a la imposición de multa, a favor del Tesoro Judicial.

IX. El tribunal o autoridad judicial, atendidas las circunstancias en cada caso, determinará si la condena es solidaria o si, en su caso, es divisible entre los litisconsortes.

X. Si las resoluciones fueren anulatorias, se podrá sancionar con responsabilidad a la autoridad que hubiere dictado la resolución anulada.

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ARTÍCULO 224º (ALCANCE DE LAS COSTAS Y COSTOS).-

I. Las costas comprenden todos los gastos necesarios y justificados efectuados por la parte victoriosa, tales como tasas y derechos judiciales, honorarios de peritos, depositarios, martilleros, publicaciones y otros valores legalmente establecidos.

II. Los costos comprenden los honorarios de abogado y los derechos del mandatario.

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ARTÍCULO 225º (TASACIÓN, REGULACIÓN Y ORDEN DE PAGO).-

I. El secretario, por orden de la autoridad judicial, tasará las costas en el plazo máximo de dos días.

II. Notificadas las partes con la tasación, podrán reclamar u observar en el plazo de tercero día.

III. Aprobada la tasación de las costas o renunciadas éstas, podrá la autoridad judicial regular los costos, ordenando al mismo tiempo su pago dentro de tercero día. Esta resolución podrá ser apelada en el efecto devolutivo, en el término de tres días sin recurso ulterior.

IV. Si la parte condenada al pago de las costas o costos no los hiciere efectivos dentro del término fijado por la Ley o la autoridad judicial, queda expedita la vía de la ejecución forzosa de resoluciones pasadas en autoridad de cosa juzgada.

SECCIÓN IV      Arriba
ACLARACIÓN, ENMIENDA Y COMPLEMENTACIÓN

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ARTÍCULO 226º (PROCEDENCIA).-

I. La autoridad judicial tiene la facultad de corregir o enmendar de oficio los errores materiales advertidos en las resoluciones judiciales.

II. Los errores materiales, numéricos, gramaticales o mecanográficos podrán ser corregidos aun en ejecución de sentencia.

III. Las partes podrán solicitar aclaración sobre algún concepto oscuro, corrección de cualquier error material o subsanación de omisión en que se hubiere incurrido en la sentencia, auto de vista o auto supremo en el plazo improrrogable de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación, siendo inadmisible una vez vencido dicho plazo. Si se tratare de resolución dictada en audiencia, lo será sin otro trámite en la misma audiencia.

IV. La aclaración, enmienda o complementación no podrá alterar lo sustancial de la decisión principal.

V. Respecto de cada fallo de fondo, las partes podrán usar de esta facultad por una sola vez; en este caso, se suspenderá el plazo para interponer el correspondiente recurso en lo principal. Dicho plazo comenzará a correr nuevamente a partir de la notificación con el auto que accedió o denegó la aclaración, enmienda o complementación.

SECCIÓN V      Arriba
EFICACIA DE LAS RESOLUCIONES

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ARTÍCULO 227º (EFICACIA DE LAS PROVIDENCIAS Y AUTOS INTERLOCUTORIOS).-

En las providencias y autos interlocutorios que no prejuzgaren lo principal en el litigio, ni cortaren otro procedimiento ulterior suspendiendo la competencia de la autoridad judicial, ésta podrá de oficio o a instancia de parte hacer en cualquier estado del proceso antes de la sentencia, las mutaciones o revocaciones que correspondan, debidamente fundadas.

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ARTÍCULO 228º (COSA JUZGADA).-

Los autos definitivos y las sentencias adquieren la calidad de cosa juzgada cuando:

1. No fueren susceptibles de instancias o recursos posteriores.

2. Las partes consintieren expresa o tácitamente en su ejecutoria.

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ARTÍCULO 229º (ALCANCE DE LA SENTENCIA).-

I. La cosa juzgada alcanza a las partes y a sus sucesores a título universal.

II. También alcanza los efectos de la sentencia a las personas que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas. En ningún caso afectará a terceros adquirentes de buena fe a título oneroso de bienes o derechos y que tengan título inscrito en el registro público correspondiente.

III. Alcanza igualmente a los socios, comuneros o codeudores solidarios e indivisibles conforme a las reglas del Código Civil y a los titulares de derechos sobre la cosa ajena; a estos últimos, cuando se controvierte un desmembramiento que no es el propio respecto del mismo bien.

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ARTÍCULO 230º (EFECTOS DE LA COSA JUZGADA EN PROCESO PREEXISTENTE).-

La cosa juzgada en proceso contencioso tendrá efecto en otro proceso ulterior siempre que se trate de las mismas partes, se funde en la misma causa y verse sobre el mismo objeto.

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ARTÍCULO 231º (EFECTOS DE LA COSA JUZGADA EN PROCESO CON CITACIÓN A PERSONAS INCIERTAS O INDETERMINADAS).-

En los procesos en que hubieren sido demandadas personas cuya identidad se desconozca, la sentencia surtirá efectos en relación a todas las demás comprendidas en la demanda, salvo que se compruebe en el mismo proceso o en otro posterior que su identidad fue conocida por alguna de las partes.

TÍTULO V      Arriba
MEDIOS EXTRAORDINARIOS DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO

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ARTÍCULO 232º (OPORTUNIDAD).-

En cualquier estado del proceso, las partes pueden transigir, para dirimir los derechos en litigio, conforme a las normas del Código Civil.

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ARTÍCULO 233º (FORMA Y TRÁMITE).-

I. La transacción será presentada por escrito.

II. Para su homologación, la autoridad judicial, examinará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

6. Capacidad de las partes.

7. Si se actúa mediante apoderada o apoderado, se tenga facultad de transigir.

8. Que se trate de derechos disponibles.

III. Si la transacción no fuere homologada, se proseguirá el trámite de la causa. La apelación de la negativa se concederá en efecto devolutivo.

IV. Las partes podrán solicitar homologación de un contrato transaccional a la autoridad judicial, en los términos establecidos en los parágrafos anteriores, aun cuando no exista proceso entre éstas. La solicitud suscrita y presentada por ambas partes, será homologada inmediatamente. En caso de ser presentada sólo por una de éstas, se correrá en traslado a la otra mediante citación, para que en el plazo de cinco días sea respondida. Transcurrido el plazo para la respuesta, con o sin ella, se procederá a la homologación, salvo rechazo expreso de la misma, en cuyo caso se negará la solicitud.

V. En caso de una transacción no homologada, previa a la existencia de un proceso judicial, las partes podrán hacerla valer mediante excepción.

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CAPÍTULO SEGUNDO      Arriba
CONCILIACIÓN

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ARTÍCULO 234º (REGLAS GENERALES).-

I. Todos los derechos susceptibles de disposición por su titular, así como los transigibles, podrán ser objeto de conciliación en el proceso.

II. La conciliación podrá ser instada por la autoridad judicial o por las partes.

III. Las partes de mutuo acuerdo podrán acudir directamente al conciliador judicial.

IV. La autoridad judicial, a tiempo de la audiencia preliminar, tiene el deber de instar a las partes a conciliación, bajo pena de nulidad.

V. Las partes podrán conciliar en la audiencia preliminar o en cualquier etapa o fase del proceso.

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ARTÍCULO 235º (CLASES DE CONCILIACIÓN).-

I. La conciliación podrá ser previa o intraprocesal.

II. La conciliación previa se rige por lo dispuesto en el Capítulo I, Título I del Libro Segundo del presente Código.

III. En la conciliación intraprocesal, iniciado el proceso, la autoridad judicial instará a las partes a conciliación en la audiencia preliminar, proponiendo a tal fin medios idóneos, de lo que se dejará constancia en acta. Asimismo, las partes, en cualquier estado del proceso, podrán promover la conciliación en cuyo caso la autoridad judicial señalará audiencia.

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ARTÍCULO 236º (CONCILIACIÓN PARCIAL).-

Si la conciliación sólo recayere sobre parte del litigio o se relacionare con alguno de los sujetos procesales, la causa continuará respecto de los puntos no conciliados o de las personas no comprendidas por aquella.

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ARTÍCULO 237º (APROBACIÓN Y VALOR DE COSA JUZGADA).-

I. La conciliación constara en acta, la cual será firmada por las partes, la autoridad judicial y refrendada por la o el secretario.

II. La conciliación aprobada tiene efectos de cosa juzgada entre las partes y sus sucesores a título universal.

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ARTÍCULO 238º (INEXISTENCIA DE PREJUZGAMIENTO).-

Cuanto expusiere la autoridad judicial en la audiencia de conciliación, no importará prejuzgamiento, aunque estuviere referido al fondo de la controversia. Las opiniones vertidas por la autoridad judicial en la audiencia de conciliación, no son causales de excusa ni recusación.

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CAPÍTULO TERCERO      Arriba
DESISTIMIENTO

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ARTÍCULO 239º (RETIRO DE DEMANDA).-

Antes de la citación con la demanda, ésta podrá ser retirada por la parte actora y se la tendrá por no presentada.

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ARTÍCULO 240º (CARACTERES Y FORMAS DEL DESISTIMIENTO).-

I. El proceso y la pretensión jurídica pueden ser desistidos.

II. El desistimiento es:

c. Expreso y no se presume, debiendo precisarse su contenido y alcance.

d. Incondicional y sólo afecta a la parte que desiste.

III. Presentado el desistimiento, éste no podrá ser retirado.

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ARTÍCULO 241º (DESISTIMIENTO DEL PROCESO).-

I. La parte actora en cualquier estado del proceso y antes de la sentencia, en acto de voluntad expreso, podrá desistir del mismo. En este caso, y siempre que no hubiere contestación o reconvención, la autoridad judicial dictará auto aprobatorio sin otro trámite, ordenando el archivo de obrados.

II. En caso de que el desistimiento fuere presentado después de la contestación se requerirá el consentimiento de la parte demandada y una vez aceptado por ésta, será aprobado con costas a la parte actora, salvo acuerdo de partes. Si no fuere aceptado, se proseguirá el trámite de la causa, según corresponda a su estado.

III. El desistimiento de la reconvención que hubiere planteado la parte demandada será aprobado en los mismos términos y con los mismos efectos precedentemente señalados. En este caso, la tramitación proseguirá sólo con respecto a la demanda principal.

IV. Si tanto parte actora como la demandada y reconviniente formularen desistimiento recíproco, se pronunciará auto aprobatorio sin otro trámite y se ordenará el archivo de obrados.

V. El desistimiento del proceso en primera instancia deja las situaciones jurídicas en el mismo estado que tenían antes de la demanda y no impide la presentación de otra nueva.

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ARTÍCULO 242º (DESISTIMIENTO DE LA PRETENSIÓN).-

I. En las mismas oportunidades a que se refiere el Artículo anterior, la parte actora podrá desistir de la pretensión jurídica o renunciar a su derecho. En este caso, no se requerirá la aceptación de la parte demandada, debiendo la autoridad judicial limitarse a examinar si el acto procede por la naturaleza del derecho en litigio o por el objeto de la demanda y dictar auto aprobatorio que dé por terminado el proceso, el cual no podrá promoverse en el futuro.

II. Si la parte demandada que interpuso reconvención fuere quien desiste de su pretensión o renuncia a su derecho, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el Parágrafo anterior.

III. Si las dos partes desistieren de su pretensión o renunciaren a su derecho en forma recíproca, la autoridad judicial, examinando su procedencia, los aprobará con todos sus efectos, sin que ninguna pueda posteriormente iniciar nuevo proceso.

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