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Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia
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LEY No 1407 del 09 de Noviembre de 2021

Resúmen: PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021-2025 “RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES”


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LEY N° 1407

LEY DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2021

LUIS ALBERTO ARCE CATACORA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021-2025 "RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES"

ARTÍCULO 1. (OBJETO).

La presente Ley tiene por objeto aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", establecer la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación.

ARTÍCULO 2. (APROBACIÓN).

Se aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", que en Anexo forma parte integrante de la presente Ley.

ARTÍCULO 3. (CONTENIDO DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL).

El contenido del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", se desprende del Plan General de Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, conforme establece el Parágrafo I del Artículo 15 de la Ley No 777 de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE.

ARTÍCULO 4. (OBLIGATORIEDAD).

I. El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", es de ejecución y aplicación obligatoria por parte de las siguientes entidades: a) Órgano Legislativo; b) Órgano Ejecutivo y sus empresas públicas; c) Órgano Judicial; d) Órgano Electoral; e) Tribunal Constitucional Plurinacional; f) Instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado; g) Entidades Territoriales Autónomas; h) Universidades Públicas.

II. Los Planes Sectoriales, Territoriales, de Gestión Territorial Comunitaria, Multisectoriales, Estratégicos Ministeriales, Estratégicos Institucionales, de Empresas Públicas, Estrategias de Desarrollo Integral y otros, deberán ser adecuados, elaborados, formulados y ejecutados en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones".

III. Los recursos del Presupuesto General del Estado, se enmarcarán en los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones".

IV. Los recursos provenientes de la cooperación internacional, se canalizarán de acuerdo a los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones".

ARTÍCULO 5. (COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN).

El Ministerio de Planificación del Desarrollo es responsable de la coordinación, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones".

ARTÍCULO 6. (AJUSTES).

Los ajustes al Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", se realizarán conforme a lo dispuesto por el Artículo 32 de la Ley No 777 de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

ÚNICA.
I. Los Planes Sectoriales, Multisectoriales, Estratégicos Ministeriales, Estratégicos Institucionales, de Empresas Públicas y otros, deberán ser elaborados o adecuados al Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario, computables a partir de la publicación de la presente Ley.

II. Únicamente en el caso de las entidades territoriales autónomas, los Planes Territoriales, de Gestión Territorial Comunitaria, Estratégicos Institucionales, de Empresas Públicas, Estrategias de Desarrollo Integral y otros, deberán ser elaborados o adecuados al Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 "Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones", en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la publicación de la presente Ley. Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los dos días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

Fdo. Lindaura Rasguido Mejía, Freddy Mamani Laura, Gladys V. Alarcón F. de Ayala, María R. Nacif Barboza, Patricio Mendoza Chumpe, Jorge Yucra Zárate.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno.

FDO. LUIS ALBERTO ARCE CATACORA, Rogelio Mayta Mayta, Maria Nela Prada Tejada, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Felima Gabriela Mendoza Gumiel, Marcelo Alejandro Montenegro Gomez Garcia, Franklin Molina Ortiz, Nestor Huanca Chura, Edgar Montaño Rojas, Ramiro Felix Villavicencio Niño De Guzman, Ivan Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, Jeyson Marcos Auza Pinto, Juan Santos Cruz, Adrian Ruben Quelca Tarqui, Remmy Ruben Gonzales Atila, Sabina Orellana Cruz.

ANEXO

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los elementos centrales de la propuesta del Estado Plurinacional de Bolivia, es la construcción colectiva de un mundo sin desigualdades ni pobreza, una sociedad orientada al Vivir Bien en equilibrio y armonía con la Madre Tierra, contemplando los ámbitos: social, económico, político, cultural, ambiental, comunitario, espiritual, que hacen al desarrollo integral y sustentable de un país.

La Constitución Política del Estado, asume y promueve el Vivir Bien como el horizonte estratégico del Estado Plurinacional de Bolivia, como paradigma alternativo al capitalismo y a la modernidad que nace en las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas. Es concebido en el contexto de la interculturalidad para ser alcanzado de forma colectiva, complementaria y solidaria. Signifca vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y las sociedades, en equidad y solidaridad y eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación.

Nuestra visión de desarrollo integral y sustentable promueve el reconocimiento del patrimonio natural y de los derechos de la Madre Tierra, las diversas formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, las manifestaciones plurales políticas y culturales, en igualdad de condiciones la coexistencia de nuestras diferencias y a partir de un reconocimiento de las capacidades individuales en sinergia con las capacidades colectivas, y las consolida en un modelo económico social comunitario productivo, que busca la maximización de la generación de excedentes económicos y la redistribución de los recursos, rescatando valores comunitarios que complementan al interés individual, fortaleciendo y permitiendo el desarrollo integral de las capacidades y potencialidades productivas del país y de nuestros pueblos.

El Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) que abstrae la realidad económica y social del país, ha invocado al desarrollo económico, al desarrollo social, al desarrollo comunitario y al desarrollo productivo del país y a su vez garantiza la justicia social a partir de la redistribución del ingreso y la reducción de la desigualdad, en sus diferentes manifestaciones. La sostenibilidad macroeconómica fundamentada en esos principios se ha constituido en patrimonio nacional. El desarrollo económico sostenido, será alcanzado a una velocidad mayor, de forma articulada a políticas sociales que prioricen el interés colectivo.

En efecto, el desarrollo económico no es el único éxito del modelo boliviano, la inclusión social ha aportado signifcativamente en el logro de tasas sostenidas de crecimiento económico. En el período 2006-2019 se registró una reducción continua de la pobreza moderada de un 59,9% en 2006 a 37,2% en 2019; de la pobreza extrema de 37,7% a 12,9%; y una reducción de la desigualdad medida por el Índice de Gini de 0,59 en 2006 a 0,42 en 2019; sin embargo, en 2020 este indicador mostró un retroceso significativo alcanzando 0,45, explicado por el incremento de la pobreza moderada y extrema a 39,0% y 13,7%, respectivamente.

Estos resultados se alcanzaron de la mano de un crecimiento sostenido del producto, que entre los años 2006 a 2018, pese a varias crisis internacionales, posicionaron a Bolivia como uno de los países con mejor manejo económico, ocupando el primer lugar de crecimiento en la región durante cinco gestiones: 2009 (3,4%), 2014 (5,5%), 2015 (4,9%), 2016 (4,3%), 2017 (4,2%) y 2018 (4,2%).

Todos los avances señalados en materia de política económica y social entre 2006 y octubre de 2019, resultado de la aplicación de nuestro modelo económico (MESCP), se vieron frustrados ante la irrupción del orden constitucional y la violenta asunción de un gobierno de facto en noviembre de 2019. En efecto, los retrocesos en la economía boliviana inician en noviembre de 2019, tras 21 días de paralización del país a manos de movimientos cívicos acompañados por agrupaciones, en representación de intereses sectarios, avalados por un gobierno ilegítimo, y acompañados de una campaña masiva de desinformación y discursos de odio.

Es así, que la ruptura del orden constitucional se tradujo en un escenario de quiebre estructural en los fundamentos no sólo económicos, dejando nuevamente en evidencia la imposibilidad de disociar la política económica del contexto político económico y social del país. La instauración del gobierno de facto supuso también retrocesos y vulneraciones en la aplicación de derechos humanos; recrudecimiento del racismo, así como la judicialización de la política, ejecuciones sumarias y persecuciones extrajudiciales (1. “Informe sobre los Hechos de Violencia y Vulneración de los Derechos Humanos ocurridos entre el 1° de septiembre y el 31 de diciembre de 2019” elaborado por el GIEI.)

Esto produjo un dramático viraje de la política económica y social, retrocediendo en los logros y avances del MESCP que preservaba la estabilidad macroeconómica del país como un patrimonio de la población, y orientando al país nuevamente hacia el modelo neoliberal, que inmediatamente postergó la inversión del Estado en el país y su desarrollo, protegiendo intereses de determinados sectores y vistiendo de luto y dolor la memoria y la vida de nuestras hermanas y hermanos.

En este oscuro escenario de consecutivos desaciertos en el manejo de la política pública por parte del gobierno de facto, se suma un nuevo virus nunca antes visto en el mundo, Sars-Cov-2, detectado en diciembre de 2019 en China, que inicia en el extranjero como un virus desconocido y en el transcurso de meses converge en una pandemia COVID-19 manteniendo alertas sanitarias a nivel mundial.

En marzo de 2020, se registran en Bolivia los primeros casos de esta enfermedad y el gobierno ilegítimo ante la incapacidad de manejar la alerta sanitaria declara cuarentenas rígidas, violentando derechos. Los resultados de la primera ola no se dejaron esperar con elevados índices de letalidad, escasez de pruebas, de medicamentos, de alcohol, barbijos y hasta oxígeno, con consecuencias en vidas humanas.

Durante la gestión 2020, no se tomaron las medidas oportunas de preparación para afrontar la llegada y propagación de la enfermedad en nuestro país, respondiendo improvisadamente con medidas como la cuarentena rígida que derivó en una fuerte violación del derecho a la movilidad de las personas, con la consiguiente violación de los derechos humanos de la población boliviana. La cuarentena rígida no fue acompañada de políticas sociales para compensar la reducción de los ingresos de las familias, en particular de los sectores más vulnerables. Por otro lado, las denuncias de corrupción acompañaron la gestión de la pandemia, así como la falta de oportunidad en las compras estatales para la atención de la enfermedad.

Producto del inadecuado manejo económico y de la pandemia, Bolivia ingresó en un periodo de crisis económica, crisis sanitaria, sumada a la crisis política y crisis social caracterizado por el incremento del desempleo, la pobreza y la desigualdad debido a la caída de la producción, la eliminación de las fuentes de ingresos de las familias que provocó una caída del consumo y la reducción de la capacidad productiva del tejido empresarial.

En este escenario el 18 de octubre de 2020 se llevan adelante las elecciones democráticas, y el pueblo en su sabiduría reencauza la dirección del país a partir de las urnas, con la recuperación de la democracia a través de la elección de nuestro Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora.

El Gobierno Nacional reinstaura el MESCP en noviembre de 2020, e implementa un conjunto de medidas en diferentes plazos, algunas inmediatas, otras con enfoque de mediano y largo plazo. De la misma manera, al advertir la profundidad de la crisis económica y social producida por el Gobierno de Facto, el Producto Interno Bruto cae en -8.8%, la contracción más profunda desde 1953, hace 67 años, derivado de la disminución de la inversión pública de 66,2% hasta octubre de 2020; la pobreza y la desigualdad aumentan en 2020, en el caso de la pobreza moderada en 1,7 puntos porcentuales; y de 0,42 a 0,45 en el caso del Índice de Gini, toma la determinación de implementar medidas de oferta y de demanda.

Hoy el Gobierno constitucional es llamado a reconstruir económica y productivamente el país, siguiendo el enfoque de la redistribución del ingreso, erradicación de la pobreza material, social y espiritual, en armonía con la Madre Tierra y con justicia social. En este esfuerzo, se fortalecerán las capacidades productivas de las distintas regiones del país, son rescatadas, potenciadas, priorizadas y se constituyen en base y fundamento de la formulación del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 – 2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, orientado a la maximización de los excedentes a promover políticas de desarrollo productivo y conformar polos de desarrollo priorizados, y a generar equilibrios productivos e industriales sostenibles en el país a partir de la industrialización con sustitución de importaciones.

También está orientado a la seguridad con soberanía alimentaria a través de incrementar la productividad de la tierra, soluciones tecnológicas en materia de uso de suelos, mejoramiento de semillas, fertilizantes y riego y una mayor cantidad de alimentos enmarcados en el cuidado del medio ambiente en armonía con la Madre Tierra y respetando los ciclos vitales de la naturaleza.

El potencial del país en materia energética será fortalecido, fomentando el uso progresivo de fuentes renovables y alternativas de energía para abastecer el mercado interno y generar excedentes para la exportación como eje de la planificación de mediano plazo.

Esas mismas potencialidades productivas y energéticas se constituyen en el hilo orientador del proceso de “Industrialización con Sustitución de Importaciones”, enfoque que, de manera natural, ordenada e íntegra permite la consolidación del MESCP.

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 - 2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones” reúne todas las características de las distintas formas de organización económica, las rescata a través del MESCP que en su aplicación recupera y potencia las capacidades productivas de la población boliviana, considerando los distintos pisos ecológicos que la componen y busca industrializar nuestro país, con un enfoque que sustituya importaciones, con una profunda mirada a nuestras capacidades y potencialidades intrínsecas.

El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021 - 2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, también toma en cuenta la necesidad de avanzar en los desafíos pendientes relacionados con la profundización de la descolonización, despatriarcalización, el fortalecimiento con calidad del sistema educativo y de la salud, la reforma de la justicia, la innovación en ciencia y tecnología, el comercio justo basado en la diplomacia de los pueblos, cambiando la dependencia del financiamiento externo y las donaciones por mayor ahorro interno, la asignación de los recursos de la cooperación internacional en función de las prioridades del país, entre otros aspectos.

Fueron dos los principales desafíos que afrontó y continúa manejando el gobierno nacional al decidir de manera acertada trabajar simultáneamente en la atención de la pandemia por COVID-19 y la reconstrucción económica del país. Hoy contamos con vacunas, pruebas masivas de diagnóstico, personal médico, y hemos logrado disminuir la letalidad de 6,2% a 2,7%, y se prevé hasta 2025 una inversión pública del 13,5% del PIB en promedio durante este período.

Del PDES 2021 - 2025, se desprenden las políticas sectoriales y territoriales que permitan encaminar a la economía nacional hacia un proceso de diversificación productiva e Industrialización con Sustitución de Importaciones; el PDES como instrumento que canaliza la visión a mediano plazo del Plan General de Desarrollo Económico Social (PGDES), refleja el diagnóstico y los avances en los últimos años y desafíos futuros; el enfoque político de la planificación para el siguiente quinquenio; la estructura programática que contempla las metas, resultados y acciones; el escenario macroeconómico futuro y el pre- supuesto plurianual ligado al Plan.

2. DIAGNÓSTICO: PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2016 - 2020

2.1 Pobreza multidimensional (material, social y espiritual)

Desde el 2006, con la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), se ha dispuesto una serie de medidas orientadas a erradicar la pobreza extrema en todas sus dimensiones, refrendadas en los lineamientos de la Agenda Patriótica 2025, a través de políticas económicas coherentes que han contribuido con el crecimiento económico y la redistribución del ingreso dando paso a un Estado Plurinacional digno, con equidad e igualdad de oportunidades para todas y todos.

En gestiones anteriores a 2006, Bolivia estaba caracterizada por altos niveles de pobreza, alcanzando en 2005 a 60,6% de la población: 77,6% en el área rural y 51,1% en la urbana. En términos de pobreza extrema, los niveles alcanzaban a 62,9% de la población rural y un 24,3% de la urbana.

GRÁFICO 1: Bolivia: Pobreza Moderada, según Área, 2005 - 2020

Entre 2005 y 2019 se ha logrado una sustancial reducción de la pobreza extrema y pobreza moderada. La pobreza extrema se redujo de 38,2% a 12,9% (27,8% en el área rural y 6,4% en la urbana en 2019); la pobreza moderada disminuyó de 60,6% a 37,2%. Sin embargo, todos estos logros cosechados hasta la gestión 2019, se vieron afectados en la gestión 2020, cuando se observó un retroceso en el nivel de pobreza extrema que subió a 13,7% y la pobreza moderada que se incrementó a 39%.

GRÁFICO 2: Bolivia: Pobreza Extrema, según Área, 2005 - 2020. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).  Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) (p): Preliminar

El escenario de altos niveles de pobreza fue enfrentado mediante un conjunto de acciones entre las que se destaca el crecimiento económico sostenido por más de trece años y la aplicación de políticas sociales, de orden redistributivo, a través de la mejora del salario mínimo nacional y la otorgación de transferencias condicionadas en efectivo a sectores de la población más vulnerable como ser los adultos mayores, personas con discapacidad, niños en edad escolar y mujeres embarazadas.

Entre 2006 y 2019, el salario mínimo nacional se incrementó en casi cinco (5) veces, después de estar congelado por varios años; en cada oportunidad, los incrementos salariales fueron superiores al nivel de inflación mejorando así de manera real el poder adquisitivo de los trabajadores. No obstante, en el 2020, el salario mínimo nacional se mantuvo congelado. En 2021 se estableció nuevamente una política en favor de los trabajadores al incrementarse el salario mínimo nacional en un 2%.

GRÁFICO 3: Bolivia: Salario Mínimo Nacional, 2006 - 2021

A su vez, las distintas transferencias condicionadas en efectivo han jugado un rol muy importante en la disminución de la pobreza extrema y pobreza moderada. Al ser medidas sociales orientadas a sectores vulnerables de la población boliviana, como mujeres, madres, adultos mayores y niños, han dado resultados significativos en la mejora de la salud y alimentación nutritiva para las madres, así como mayores niveles de permanencia escolar.

La Renta Dignidad favorece aproximadamente a 1,1 millones de personas de la tercera edad, las cuales reciben Bs3.900 al año, en caso de ser jubilados o rentistas, y Bs4.550, en caso de no ser jubilado o rentista; el Bono Juancito Pinto es entregado a aproximadamente 2,2 millones de estudiantes de los niveles primario y secundario y de Centros de Educación Especial; y el Bono Juana Azurduy beneficia a más de 200 mil personas, entre mujeres embarazadas y niñas y niños menores de 2 años, lo cual es complementado con el Subsidio Universal Prenatal por la Vida dirigido a mujeres gestantes. En términos agregados, estas transferencias alcanzan a más del 30% de la población boliviana.

GRÁFICO 4: Bolivia: Beneficiarios del Pago de Transferencias Condicionadas y Renta Dignidad en Efectivo, 2015 - 2020 (En número de personas y porcentaje de la población total), Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) Nota: La gestión 2020 no se tuvo incremento

Asimismo, desde 2018 se otorga el Bono mensual para personas con discapacidad grave y muy grave de Bs250, dando continuidad al pago de la Renta Solidaria que beneficiaba a estas personas desde 2012 a 2017 con Bs1.000 por año, y se continúa otorgando el Bono de Indigencia de forma anual a personas con ceguera afiliadas al Instituto Boliviano de Ceguera (IBC).

En cuanto al empleo, las tasas de desocupación de grupos poblacionales vulnerables, como mujeres y jóvenes, se mantuvieron en niveles bajos en el período de 2016 a 2019, rondando el 5% en el primer caso y el 8% en el segundo; sin embargo, durante la gestión 2020, estos dos grupos se vieron fuertemente afectados principalmente por las medidas de confinamiento, alcanzando tasas de desocupación de 11,2% y 19,2%, respectivamente. Al mes de agosto de 2021, la tasa de desocupación femenina disminuyó a un nivel de 7,4% y en el caso de jóvenes disminuyó a 10,1%; la tasa de desempleo urbana mejoró en 5,1 puntos porcentuales, respecto a julio de 2020.

GRÁFICO 5: Bolivia: Tasa de Desocupación Mensual, octubre 2015 - agosto 2021(p)

En cuanto a la pobreza social y espiritual, ésta se manifiesta de diferentes formas, y en algunos casos es difícil de ser comprendida adecuadamente. Un ejemplo de esto, es la falta de protección de la población más vulnerable (niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres), así como el ejercicio de la violencia en todos los ámbitos y formas contra esta población, afectando sus derechos fundamentales.

En Bolivia, los programas sociales han estado orientados a proteger y atender las necesidades de la población vulnerable (incluyendo la trata y tráfico de personas). No cabe duda, que la mayor manifestación de pobreza espiritual se da con las formas de violencia hacia las mujeres, niñas, niños, adolescentes y el trabajo infantil.

Dado este desafío y considerando el carácter multidimensional de la pobreza, las acciones para su erradicación requieren el concurso de varias políticas económicas y sociales que hacen parte del presente PDES 2021 - 2025.

Asimismo, es importante fortalecer el rol de la juventud boliviana en la construcción de las mujeres y hombres del futuro, creando las condiciones para que su aporte al desarrollo integral del país sea aún más gravitante.

2.2 Servicios básicos

El Art. 20 de la Constitución Política del Estado, establece que toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y tele- comunicaciones, formando parte del bloque de derechos fundamentales establecidos en nuestro texto constitucional debido a que por su naturaleza gozan del máximo nivel de protección y se caracterizan por ser inalienables, inviolables e irrenunciables, por lo que, el acceso a los servicios básicos se constituye en requisito esencial del desarrollo sustentable. Asimismo, es importante considerar el acceso a una vivienda, telefonía móvil e internet, entre otros servicios siendo un aspecto fundamental para el logro de condiciones para el Vivir Bien, en línea con las metas definidas en la Agenda Patrótica 2025, y los avances del Estado Plurinacional de Bolivia, en línea con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO

Se ha avanzado de forma significativa hacia el pleno acceso del pueblo boliviano a los servicios básicos, tal como se señala en la Agenda Patriótica 2025. En este marco, en el último quinquenio se han realizado acciones con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de vida y de salud de la población, mediante el incremento en el acceso a la provisión, y el aumento de la calidad del servicio de agua potable y saneamiento básico los cuales consideran además acciones complementarias para coadyuvar a la sostenibilidad de los servicios, a través de la implementación de 37 programas entre ellos: Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (PAAP) Fase I y II, Programa de Agua y Saneamiento en Áreas Periurbanas (PASAP), Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pequeñas Localidades y Comunidades Rurales de Bolivia y el Programa Sectorial de Agua Potable para Pequeñas Comunidades (APPC-KFW), programas Mi Agua I, II, III, IV y V.

GRÁFICO 6: Bolivia: Área Urbana y Rural, Población que cuenta con Agua Potable y Segura, 2015 - 2020

Como resultado de este esfuerzo y desde la gestión 2015, el país logró que la mayor parte de la población tenga acceso al agua potable; la cobertura de este servicio básico en el área urbana incrementó de 93,3% en 2015, a 94,6% en 2019. En la gestión 2020, los avances en materia de universalización en el servicio de agua potable se vieron paralizados.

GRÁFICO 7: Bolivia: Área Urbana y Rural, Población que cuenta con Saneamiento Mejorado, 2015 – 2020

En materia de saneamiento básico se continúa avanzando, la población de las áreas urbana y rural, que cuenta con saneamiento mejorado, pasó de 63,7% en 2015 a 68,6% en 2019 en el área urbana; avanzando hacia la universalización de este servicio.

ELECTRICIDAD

La cobertura eléctrica del país registró un importante avance entre 2006 y 2019. En 2006, la cobertura de electricidad en los hogares del área rural alcanzó el 37% y en el área urbana llegó al 89%, cifras que experimentaron incrementos importantes hacia la gestión 2019, logrando cubrir el 80% en el área rural y el 99% en el área urbana. El 2020 no se efectuaron acciones, por esta razón hubo un crecimiento mínimo en la cobertura de este servicio.

GRÁFICO 8: Bolivia: Área Urbana y Rural, Cobertura de Electricidad en los Hogares, 2006 - 2020

Las políticas implementadas para el incremento en la cobertura, especialmente en el área rural, se aplicaron con mayor intensidad a partir del 2008, con la implementación del Programa Electricidad para Vivir con Dignidad (PEVD). De igual manera, se dio mayor impulso a las inversiones para expandir el Sistema Troncal de Interconexión, logrando que los sistemas del Beni y de Tarija se incorporen al Sistema Interconectado Nacional (SIN), el 2010 y el 2014 respectivamente, mejorando de esta manera la calidad del servicio eléctrico en estas zonas y posibilitando la conexión de nuevos usuarios en dichos departamentos.

TELECOMUNICACIONES

Desde 2006, el Estado busca cambiar la realidad del sector de telecomunicaciones asumiendo un rol protagónico en su gestión y administración con el objetivo de reducir la brecha digital y de esta manera, asegurar el acceso universal y equitativo a los servicios de telecomunicaciones. En ese contexto, en el marco del MESCP, el Estado asumió grandes desafíos en el sector de Telecomunicaciones, como la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) en la gestión 2008, que permitió la ejecución de proyectos enfocados a la universalización de los servicios de telecomunicaciones con el objetivo de alcanzar una cobertura del 100% en telefonía móvil e internet.

Los principales logros y aportes para todas las bolivianas y bolivianos se reflejan principalmente, en el acceso a la red de telecomunicaciones más grande del país, lo que a la vez permitió ampliar los servicios a nivel nacional, mediante el tendido de aproximadamente 25.142 km de red troncal y 2.200 km de fibra óptica en el exterior, posibilitando que 305 capitales de municipios cuenten con servicios de mayor velocidad, calidad y menores costos.

Se realizaron instalaciones de más de 9.300 radio bases móviles beneficiando a 18.966 localidades en el país (77% de cobertura), de las cuales 1.357 radio bases, beneficiaron a más de 2.842 localidades de entre 50 y 2.000 habitantes a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (PRONTIS). Estas acciones permiten en su conjunto la prestación y el acceso del servicio de telefonía móvil y acceso a internet. Bajo esta premisa, se logró que la telefonía móvil en Bolivia crezca sostenidamente, pasando de 2,7 millones de líneas de telefonía móvil en 2006, a 11,7 millones en 2019. En 2020, no se registraron acciones de mejora en la cobertura de telefonía móvil.

GRÁFICO 9: Bolivia: Líneas de Telefonía Móvil, 2005 - 2020 (En millones de líneas), Fuente: Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) (p): Preliminar.

Es importante destacar que, conforme la política de redistribución de ingresos establecida en el MESCP, la nacionalizada ENTEL genera excedentes económicos y aporta un porcentaje anual de sus utilidades a la Renta Dignidad y al Bono Juancito Pinto, coadyuvando a la política social en favor de la población boliviana.

GRÁFICO 10: Bolivia: Conexiones de Internet, 2005 - 2020. Fuente: Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) (p):

Asimismo, a partir del 2006 se implementó una política agresiva de conexiones de internet, en contraste con el casi nulo acceso registrado en 2005. En efecto, en 2019 el país ya contaba con 10,5 millones de conexiones de internet, sin embargo, en la gestión 2020 se detuvo en un 81% el porcentaje de localidades con cobertura de acceso al servicio móvil y/o internet para las poblaciones con más de 50 habitantes, reflejando los pocos esfuerzos para que las mismas logren acceder a dichos servicios.

GRÁFICO 11: Bolivia: Localidades con Población Mayor a 50 Habitantes con Acceso a Servicio Móvil y/o Acceso a Internet, 2016 - 2020, Fuente: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV) Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) (p): Preliminar.

GAS DOMICILIARIO

A partir de 2006, con la nacionalización de los hidrocarburos se han logrado importantes avances respecto al uso de esta fuente de energía, más segura y accesible para la población boliviana, así como el camino hacia la masificación del servicio básico de gas domiciliario principalmente para los hogares con escasos recursos económicos.

En este contexto, se puede advertir que las familias beneficiadas con instalaciones de gas domiciliario en poblaciones abastecidas mediante el sistema convencional se incrementaron, pasando en 2016 de 666.552 familias beneficiadas a 965.710 en 2020. En el caso de poblaciones abastecidas con el sistema virtual, las familias beneficiadas con la instalación de gas domiciliario, pasaron de 6.758 en 2016 a 48.018 en 2020.

GRÁFICO 12: Bolivia: Familias Beneficiadas con Instalaciones de Gas Domiciliario, 2016 - 2020, Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).

En suma, las familias beneficiadas con gas domiciliario en el sistema convencional y sistema virtual (gas natural licuado), crecieron de 673.310 familias beneficiadas en 2016 a 1.013.728 familias en 2020. No obstante, se advierte que en ese último año, la tasa de crecimiento fue la más baja del periodo descrito, lo que significa que no existió una política de priorización en la conexión de gas para las familias bolivianas.

GRÁFICO 13: Bolivia: Instalaciones de Gas Domiciliario, 2015 - 2020, Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE),  Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)

VIVIENDA DIGNA

En la Agenda Patriótica 2025 se establece que el 100% de las bolivianas y los bolivianos deberían contar con medios provistos, organizados y promovidos por el Estado para acceder de manera expedita y adecuada en condiciones económicas y sociales, a viviendas dignas, con servicios básicos, que les permitan Vivir Bien. Por esta razón, desde el año 2006, el Estado se encuentra trabajando para contribuir a que la población boliviana pueda ejercer su derecho fundamental a una vivienda adecuada. En el marco de los programas de vivienda y la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) se ha trabajado en la construcción, mejoramiento y ampliación de soluciones habitacionales en el país.

GRÁFICO 14: Bolivia: Hogares con Déficit Habitacional, 2006, 2016 y 2019, Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE),  Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) Déficit cuantitativo: Contabiliza las viviendas o las soluciones habitacionales que se requieren, para reemplazar o añadir viviendas a quienes las necesitan o habitan en viviendas irrecuperables. Déficit cualitativo: Conjunto de viviendas que presentan carencias o insatisfacciones referidas a disponibilidad de agua, disponibilidad de servicio de energía eléctrica y saneamiento básico.

Este esfuerzo se ha constituido en un impulso para ayudar a reducir el déficit habitacional, de 49,4% en 2016 a 45,2% en 2019, mediante la entrega de 27.312 viviendas nuevas y 64.904 viviendas mejoradas, ampliadas y/o renovadas, durante el periodo 2016-2020.

Se construyeron y entregaron viviendas bajo modalidades de subsidio y/o crédito, priorizando a familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como las familias con jefas de hogar que son madres solteras o personas adultas mayores, y las familias numerosas de bajos recursos económicos o con algún miembro con discapacidad. Asimismo, se ha repuesto viviendas a familias que fueron afectadas por desastres naturales entre 2016 y 2019.

GRÁFICO 15: Bolivia: Construcción de Nuevas Viviendas, Mejoramiento y Ampliación, 2006 - 2015 y 2016 - 2020, Fuente: Ministerio de Servicios Públicos y Vivienda (MOPSV) Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)

Por otra parte, como resultado de lo establecido en la Ley N° 393, de 21 de agosto de 2013, de Servicios Financieros, se generaron mejores condiciones financieras para acceder a una vivienda propia con bajas tasas de interés (5,5% a 6,5%), plazos amplios y financiamiento incluso hasta del 100% del crédito; entre 2014 y julio 2021, se ha logrado beneficiar a más de 87.385 familias con créditos de vivienda de interés social con un nivel de financiamiento agregado en la cartera de interés social de Bs28.353 millones.

2.3 Transporte para la integración

TRANSPORTE CARRETERO

Entre 1998 y 2005, se construyeron en términos acumulados 1.098 km de carreteras dentro de la Red Vial Fundamental, con una inversión total de $us8.068 millones. Durante el período de 2006 al 2019, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) concluyó la construcción de 5.983 km, incluyendo la construcción de las primeras dobles vías en el país, como la Doble Vía La Paz - Oruro, Huarina - Achacachi, Puente Ichilo - Ivirgarzama, El Sillar - Cochabamba - Santa Cruz, Villa Tunari - Puente Chimoré, Yacuiba - Campo Pajoso, Montero - Yapacaní, Santa Cruz - Warnes, Caracollo - Confital.

Durante el 2020 no se avanzó en la construcción de carreteras y se paralizó el 76,9% del total de las obras del sector transporte. Desde 1998 al 2020, se cuenta con 7.218 km de carreteras de la Red Vial Fundamental que han sido construidas en Bolivia, de las cuales el 82,9% fueron construidas en el periodo 2006 - 2020.

GRÁFICO 16: Bolivia: Construcción de Carreteras de la Red Vial Fundamental, 2006 - 2020

Los kilómetros construidos de la Red Vial Fundamental están asociados a un fuerte esfuerzo en inversión del nivel central del Estado, muchos de ellos realizados con aportes locales de menor cuantía por parte de gobiernos subnacionales. En efecto, los avances en materia de construcción de vías, permitirán integrar la planificación del desarrollo económico y social del presente plan con las potencialidades productivas de cada región, para alzanzar una planificación integral en línea con el fortalecimiento del aparato productivo y la nueva estrategia 2021 - 2025 de Industrialización con Sustitución de Importaciones.

TRANSPORTE FERROVIARIO

El transporte ferroviario posibilita la articulación de territorios estratégicos del país y se constituye en un medio de transporte de mayor accesibilidad por el costo asociado. La infraestructura ferroviaria en Bolivia se divide en dos redes no conectadas entre sí: la red occidental, que atraviesa las principales ciudades y centros mineros del altiplano que se conectan con Chile y Perú; y la red oriental, que conecta Santa Cruz y otros puntos de la región con Argentina y Brasil.

La conclusión de la construcción de la Vía Férrea Montero - Bulo Bulo es prioritaria en las políticas de planificación del sector ferroviario, debido a que es parte fundamental para el transporte y exportación de productos como la urea, desde la planta petroquímica de Bulo Bulo hacia países vecinos; asimismo, contribuye en los avances de interconexión de la red occidental y la red oriental y consolida el Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración Brasil - Bolivia - Perú.

Por otro lado, se cuenta con la ejecución del Tren Metropolitano de Cochabamba, contribuyendo al desarrollo de un transporte masivo de pasajeros que conecta varios municipios de Cochabamba (Sacaba, Cochabamba, Quillacollo, Colcapirhua, Vinto y Sipe Sipe) y permitirá que la población pueda contar con un servicio de transporte urbano intermunicipal, seguro y amigable con el medio ambiente en armonía con la Madre Tierra.

TRANSPORTE FLUVIAL

La puesta en marcha del Plan Integral de Aprovechamiento de la Hidrovía Ichilo – Mamoré que une Puerto Villarroel (Cochabamba), Puerto Loma Suárez (Trinidad) y Puerto Sucre (Guayaramerín) frontera con Brasil, es una alternativa para el transporte de pasajeros y carga, permitiendo desarrollar el comercio de la región amazónica boliviana con el occidente de Brasil y optimizar los tiempos para el traslado de materiales de construcción, combustibles, urea, entre otros, en las rutas de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Pando.

A fin de fortalecer el transporte fluvial como una modalidad estratégica de transporte en diferentes regiones del país y hacia países vecinos, se viene impulsando el proyecto de la Hidrovía Paraguay - Paraná para así efectivizar el acceso al Océano Atlántico.

El transporte fluvial se constituye en una importante alternativa para el país; sin embargo, aún existen acciones pendientes para otorgar un carácter estratégico a este medio de transporte como soporte para el desarrollo productivo, comercio, de provisión de servicios y movilización de personas.

TRANSPORTE AÉREO

El cambio iniciado en Bolivia a partir de 2006, involucró el desarrollo del sector aeroportuario, con el fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura, a través de la construcción, ampliación, mejoramiento y equipamiento de aeropuertos internacionales y nacionales. Asimismo, la acción conjunta de las entidades del sector, ha logrado democratizar el acceso al transporte aéreo, contando con operaciones a todos los departamentos del país y con destinos internacionales. Se debe dar continuidad a las acciones orientadas al sector aeronáutico como uno de los ejes principales del sector transporte, para mejorar los servicios brindados y seguir fortaleciendo la integración del país, cumpliendo con todos los estándares de seguridad operacional aérea.

TRANSPORTE AÉREO URBANO

En la gestión 2014, con la creación de la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, Bolivia incursiona en el transporte aéreo por cable, aspecto que ha permitido generar una nueva alternativa de transporte masivo urbano en las ciudades de La Paz y El Alto y turístico en la ciudad de Oruro con la implementación del teleférico Santuario “Virgen del Socavón”.

A principios de 2019, se concluyó con la entrega de diez líneas de Mi Teleférico (Roja, Amarilla, Verde, Azul, Naranja, Blanca, Celeste, Morada, Café y Plateada), con una longitud aproximada total de 30,62 km y 1.392 cabinas. Hasta el 2020, “Mi Teleférico” transportó a más de 314 millones de pasajeros en todas sus líneas. En la gestión 2019, Mi Teleférico transportó a casi 97 millones de pasajeros, alcanzando cifras récord desde sus inicios; sin embargo, en 2020 el servicio benefició únicamente a 41 millones de pasajeros.

GRÁFICO 17: La Paz - El Alto: Pasajeros Transportados en Teleférico, 2014 - 2020, Fuente: Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) Nota: Los datos no incluyen a los pasajeros transportados en el teleférico Turístico Santuario Virgen del Socavón

2.4 Educación Sociocomunitaria Productiva

El Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de proveer y garantizar servicios de educación pública gratuita, con el fin de proporcionar bienestar y felicidad a todo el pueblo boliviano, y contribuir a la formación del nuevo ser humano intergral. En ese sentido, a partir del año 2006 se iniciaron modificaciones importantes al sistema educativo orientándolo a un horizonte más inclusivo, fundamentado en la Ley N°070, de 20 de diciembre de 2010, de la Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, se implementa el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo con el cual se ha avanzado en el acceso universal a la educación y en el fortalecimiento del Sistema Educativo Plurinacional en beneficio directo de la comunidad educativa boliviana.

Entre el año 2015 y 2019 la tasa de cobertura en educación regular de la población de 4 a 17 años se incrementó de 84,5% a 86,1%, es decir, que la cobertura en dicho subsistema educativo se incrementó en 1,6 puntos porcentuales en ese período.  En el año 2020, previo a la clausura anticipada del año escolar se registraba un 86,8% de tasa de cobertura de matriculación en el Subsistema de Educación Regular.

GRÁFICO 18: Bolivia: Tasa de Cobertura de la Población de 4 a 17 años de Edad Matriculada en el Subsistema de Educación Regular, 2015 - 2020. Fuente: Ministerio de Educación (ME)/Instituto Nacional de Estadística (INE) Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)

En cuanto a la tasa de abandono en educación regular, se observó una disminución desde el 2015 de 3,3%, hasta llegar a 2,7% en 2019, gracias a las políticas implementadas entre las cuales se encuentra la distribución y pago del Bono Juancito Pinto.

GRÁFICO 19: Bolivia: Tasa de Abandono en el Subsistema de Educación Regular, 2015 - 2019, Fuente: Ministerio de Educación (ME), Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).

A fin de apoyar a la educación técnica productiva en educación regular, desde el 2015 a 2019 se ha incrementado de forma significativa el porcentaje de unidades educativas que implementan el Bachillerato Técnico Humanístico (BTH) pasando de 3,2% al 30,7%. Durante el mismo periodo más de 70 mil bachilleres obtuvieron un título de técnico medio, contando con mayores herramientas para su inserción laboral o su tránsito hacia la educación superior.

GRÁFICO 20: Bolivia: Unidades Educativas Plenas y Estudiantes con Bachillerato Técnico Humanístico, 2015(p) - 2019(p)

En el marco del acceso universal a la educación, entre el periodo 2015 - 2019, se registró un incremento de la población estudiantil en los centros de educación alternativa, que abarca a la población mayor de 15 años que no logró ingresar al subsistema de educación regular, de esta manera los centros de educación especial atienden a la población con discapacidad, logrando velar de manera directa por la educación de los grupos poblacionales más vulnerables.

GRÁFICO 21: Bolivia: Estudiantes Matriculados en Centros de Educación Alternativa y Educación Especial, 2015(p) - 2020(p). Fuente: Ministerio de Educación (ME). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) (p): Preliminar.

Se puede advertir que en la gestión 2020 se vulneró el derecho a la educación; al respecto, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, se pronunció para revisar la decisión de la clausura del año escolar en educación regular, toda vez que ésta atentó contra el derecho a la educación. A su vez, se produjo una caída en el número de estudiantes matriculados en los centros de educación alternativa y especial.

La construcción participativa de las políticas y estrategias sectoriales (participación social); la implementación del nuevo currículo del Sistema Educativo Plurinacional (currículo base, regionalizado y diversificado) que operativiza el modelo educativo; la profesionalización de maestros interinos, logrando ya el 2018 que en el país no haya ningún maestro en ejercicio sin título; la declaratoria de la UNESCO el 2008: “Bolivia como país libre de analfabetismo”; y la creación de las universidades indígenas para la educación de los jóvenes de los pueblos y naciones aymara, quechua y guaraní; son algunos de los hitos de la revolución educativa.

GRÁFICO 22: Bolivia: Ítems de Nueva Creación en el Sistema Educativo Plurinacional, 2006 - 2020. Fuente: Ministerio de Educación (ME). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)

El periodo 2006 - 2019, se caracterizó por la importancia que el Estado otorgó a la educación a través de las distintas políticas; no obstante, una característica importante fue la de disponer la creación de nuevos ítems para el sistema educativo, esta dinámica fue manteniéndose hasta la gestión 2019, donde se dispuso la creación de 2.500 nuevos ítems. En 2020 no se incrementó el número de ítems en el sector educación y después del retroceso de dicha gestión, se deberán realizar esfuerzos para alcanzar los mismos niveles en educación.

2.5 Salud

A fin de garantizar el derecho y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna y de manera gratuita, se ha implementado el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito - SUS, a través de la Ley N° 1152, de 20 de febrero de 2019, que constituye una de las principales políticas del Sector Salud, que tiene como objetivo principal brindar atenciones en salud de manera gratuita a todas las bolivianas y bolivianos que no se encuentran cubiertas por la Seguridad Social de Corto Plazo, en línea a lo planteado en el Pilar 3 de la Agenda Patriótica 2025.

Asimismo, la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural - SAFCI establecida en la Ley N° 031, de 19 de junio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” y en el Decreto Supremo N° 29601, de 11 de julio de 2008, plantea dos modelos de atención y de gestión, bajo los principios de integralidad, intersectorialidad, participación comunitaria e interculturalidad, que privilegia la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, con enfoque de salud colectiva, centrada en la persona, familia, comunidad y entorno; y recuperando la medicina tradicional e intercultural instaurada en la Ley N° 459, de 19 de diciembre de 2013, de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana.

En el marco de la política SAFCI, la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) aplicadas a la Salud a través del Programa Nacional de Telesalud, democratizó la consulta médica especializada, superando las barreras geográficas y optimizando destrezas y capacidades de los recursos humanos. En el periodo 2014 - 2020 se realizaron 133.341 Teleinterconsultas, 64.862 Teleconsultas de monitoreo y seguimiento a casos sospechosos y positivos de COVID-19; 237.097 Telemetrías para el diagnóstico médico, beneficiando a la población del área rural, disminuyendo costos de traslados y estadía al paciente y familia.

En el Subsector Público de Salud, entre los años 2005 al 2019 se han construido más de 1.000 nuevos establecimientos de salud y se han creado más de 20.000 ítems en salud para mejorar la atención a la población boliviana. Gracias a estos esfuerzos, el año 2020, en el contexto de mayor demanda de servicios de salud, se ha realizado la atención de más de 18 millones de prestaciones en establecimientos de primer nivel, más de 7,2 millones en los de segundo nivel y más de 7,2 millones en los de tercer nivel.

GRÁFICO 23: Bolivia: Prestaciones de Salud por Nivel, 2015 y 2020. Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) (*): A partir de la implementación de la Ley N° 1152, de 20 de febrero de 2019, los Productos en Salud es el conjunto de servicios individuales de salud (Prestaciones de Salud) que hacen parte de la atención sanitaria y que se relacionan entre sí alrededor del diagnóstico principal que caracteriza a cada caso.

Por otra parte, a objeto de continuar con el avance en la reducción de los índices de mortalidad materno infantil y desnutrición crónica de niños y niñas menores a dos años, se vienen ejecutando programas de transferencias monetarias condicionadas (Bono Juana Azurduy) y transferencias condicionadas en especie (Subsidio Universal Prenatal Por la Vida) (2. El Subsidio Universal Prenatal por la Vida  fue creado mediante Decreto Supremo No2480, de 6 de agosto de 2015, con el objeto de la entrega mensual de 4 paquetes de productos en especie equivalentes cada uno a un monto de Bs300 a las mujeres gestantes desde el quinto mes de embarazo, que no cuentan con un seguro de salud.) que benefician a mujeres gestantes y niñas - niños menores de 2 años, incentivando a un mayor acceso a controles prenatales y parto institucional en mujeres embarazadas y a controles integrales de salud en niños y niñas menores a dos años, promoviendo la identificación oportuna de los factores de riesgo en el embarazo y crecimiento de niños y niñas hasta sus dos años. Asimismo, se generaron acciones para la promoción de la salud y de mejora nutricional en el binomio madre niño. En Bolivia se ha logrado reducir la tasa de mortalidad infantil de 54 por mil nacidos vivos el 2003 a 24 por mil nacidos vivos en la gestión 2016. A su vez, también se ha reducido la tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos del 24% el año 2003 a 15% el 2016.

GRÁFICO 24: Bolivia: Tasa de Mortalidad Infantil y Neonatal por 1.000 Nacidos Vivos, 2003, 2008 y 2016. Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)

El Sistema Nacional de Salud todavía requiere fortalecer un funcionamiento más articulado donde se dé mayor relevancia a la salud preventiva y a los Establecimientos de Salud de primer nivel en el marco de un modelo de gestión de salud con mejor coordinación, mayor equipamiento y calidad en la atención de sus servicios y laboratorios, una mayor relevancia de la salud intercultural, y mejor información.

En el área de la alimentación, Bolivia ha dado pasos importantes, priorizando la reducción de la desnutrición crónica, de la mortalidad infantil y de la anemia en niños, niñas y mujeres embarazadas. En 2008, el 27,1% de los niños menores a cinco años se encontraban en estado de desnutrición crónica, mientras que para 2016 la prevalencia de la desnutrición se redujo al 16%, una disminución de once puntos porcentuales. Estos resultados fueron posibles gracias a políticas tales como el fomento a la lactancia materna, la fortificación de alimentos, la alimentación complementaria, la suplementación con micronutrientes que se viabilizaron a través de los programas de desnutrición cero y alimentación escolar.

GRÁFICO 25: Bolivia: Niñas y Niños Menores de Cinco años con Desnutrición Crónica, 2008 y 2016. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2008 y Encuesta de Demografía y Salud 2016. Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)

Complementariamente, la implementación de políticas integrales como la universalización del acceso a los servicios de salud, la prevención de las enfermedades, así como la ampliación y mejora de la capacidad de atención de los establecimientos de salud con mejor infraestructura, equipamiento y recursos humanos con enfoque intercultural, coadyuvaron a estos resultados proporcionando a la población una mejora en la calidad de vida, por ejemplo, reduciendo a menos del 30% la mortalidad infantil.

Con la finalidad de combatir la COVID-19 para reducir el riesgo de pérdidas de vida de las bolivianas y los bolivianos, el Gobierno Nacional implementa cuatro ejes estratégicos: i) Diagnóstico oportuno, masivo y gratuito; ii) Coordinación con todos los niveles del Estado; iii) Vacunación voluntaria, gratuita y equitativa; y iv) Control epidemiológico comunitario.

2.6 Deportes

Los Artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado (CPE), reconocen la importancia del deporte, la actividad física y recreación como bases de un Estado Plurinacional con hombres y mujeres integrales y saludables, la Ley N° 804, de 11 de mayo de 2016, y su reglamento establecen la promoción y el desarrollo de la cultura física y de la práctica deportiva en sus niveles recreativo, formativo y competitivo, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social, así como el deporte estudiantil, implementando condiciones que permitan el acceso a la práctica del deporte de las bolivianas y bolivianos, considerando la recreación deportiva como auténtico medio de equilibrio y desarrollo social.

Entre 2007 y 2018 se implementaron 1.772 proyectos de construcción de infraestructura deportiva, entre éstos, coliseos municipales, complejos multifuncionales y otros proyectos. Asimismo, se ha promovido una mayor participación de deportistas bolivianos en eventos internacionales.

En el período 2013 al 2019, se ha promovido la práctica de actividades físicas y deportivas en la población boliviana a través de las carreras pedestres 10K, con la participación de 826.361 deportistas. Asimismo, en el periodo de 2016 al 2019, han participado un total de 16.501 estudiantes en los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales, en su fase nacional. Durante la gestión 2020 todos estos programas y eventos deportivos estudiantiles fueron suspendidos.

Se han realizado cuatro versiones del campeonato de fútbol Sub 18 Copa Estado Plurinacional de Bolivia, con la participación de 10 selecciones de fútbol y 600 deportistas cada año; se han organizado los Juegos Plurinacionales de Educación Especial, con 552 atletas con capacidades diferentes y se ha consolidado el Día del Desafío.

GRÁFICO 26: Bolivia: Participación de Estudiantes en los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales, 2016 - 2019. Fuente: Ministerio de Educación (ME). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)

2.7 Ciencia y tecnología

La Agenda Patriótica otorga un rol primordial al conocimiento, la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico del país y ha sido parte esencial de la política implantada desde el 2006 y estuvo orientada a alcanzar la seguridad con soberanía alimentaria, mejorar los niveles de nutrición y de los servicios de atención médica, mayor alcance en la cobertura y calidad de la educación y formación del capital humano boliviano, gestión inteligente de los recursos hídricos, desarrollo de energías más asequibles, seguras y modernas, entre otros beneficios.

El Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de ser un país innovador, creativo y capaz de afrontar los desafíos para el desarrollo de la tecnología rompiendo las cadenas de la dependencia. La tecnología desarrollada e implementada debe tener un sello propio que es nuestra identidad y la de nuestras comunidades y pueblos indígenas y originarios.

En este sentido, la implementación del Satélite “Tupac Katari”, el desarrollo de aplicaciones en tecnología nuclear y las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) tienen un papel clave en diferentes aspectos del desarrollo integral para Vivir Bien, facilitando la inclusión social, dinamizando la economía, mejorando los niveles de salud y permitiendo una mejor protección del medio ambiente en armonía con la Madre Tierra.

El Estado Plurinacional de Bolivia ha generado avances significativos en materia de ciencia y tecnología; no obstante, es preciso avanzar en la institucionalidad de Ciencia y Tecnología más allá del ámbito educativo. Entre los esfuerzos sostenidos para avanzar en este campo, ha sido la constitución de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) el 2015 para desarrollar la tecnología, la que permitió modernizar el Estado, transformar la gestión pública y reducir la burocracia.

2.8 Desarrollo productivo e industrial

El MESCP establece un rol activo del Estado encaminado al fortalecimiento de la capacidad productiva nacional, redistribuyendo los recursos económicos hacia el sector industrial manufacturero generador de ingreso y empleo, encaminado plenamente al logro de la soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista.

El promedio de crecimiento del PIB industrial durante el período 2006 - 2019 fue de 4,8%; en 2020 se registró una contracción del PIB industrial de -8,4%.

GRÁFICO 27: Bolivia: Crecimiento del PIB Industrial, 2010 - 2020. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)

Como parte del proceso de industrialización iniciado el año 2006 se realizaron importantes inversiones en industria, que permitieron construir las bases de industrias como: endulzantes, productos tecnológicos, lácteos, carnes, textiles, cemento, entre otros, que se encuentran contribuyendo al crecimiento de la industria nacional.

Las estrategias del sector productivo e industrial se basan en: la intervención estatal estratégica en desarrollo productivo que fortalezca la diversificación de la producción con valor agregado; la promoción de la participación de los actores de la economía plural en los procesos de la transformación productiva; el desarrollo y consolidación del mercado interno para productos con valor agregado y apertura de mercados para la exportación; y la optimización de la eficiencia, eficacia y efectividad en la gestión institucional sectorial.

En cuanto a la participación de los actores en los procesos de transformación productiva, se han implementado medidas fiscales para el desarrollo productivo y comercial, a través de la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA importación y comercialización) y el diferimiento del arancel para la importación de bienes de capital.

Se han impulsado proyectos y acciones transversales como la implementación de nodos de manejo y distribución de carga, centros de inspección simultanea, el programa de internacionalización de empresas, bolsa de productos y la articulación de la producción nacional con el mercado interno, con el uso de las TIC’s (Billetera Móvil).

En ese entendido, se han instaurado 13 proyectos de desarrollo productivo cuyas entidades responsables de su funcionamiento son empresas públicas y centros de innovación productiva en coordinación con los diferentes niveles de gobierno local.

La concepción e implementación de las plantas va en línea con la innovación tecnológica como procesos de automatización, economía circular, producción esbelta, que permiten aumentar la productividad para la diversificación de la producción en su integralidad con otras cadenas productivas.

Por su parte, la economía comunitaria se centra en la producción de alimentos, la pecuaria mayor y menor, la transformación de alimentos y promueve la generación de valor agregado a la producción, la artesanía y los servicios en conocimientos ancestrales, empíricos y saberes prácticos de la tierra, suelo y territorio.

En cuanto al desarrollo productivo territorial del turismo, se implementaron medidas para generar sinergias de producción, donde la producción local es motor de los servicios turísticos.

El turismo genera sus dinámicas a partir de 5 motivaciones principales (aventura, conocimiento, recreación, participación e intereses especiales), los proyectos turísticos planteados apoyan a todas estas modalidades haciendo énfasis en incentivar, promover, fomentar y facilitar el desarrollo del turismo en sus modalidades de; aventura, gastronómico, rural, de base comunitaria, ecoturismo, vivencial, patrimonial, de salud medicinal ancestral, agro ecoturismo y turismo para la conservación de la diversidad biocultural; a partir de la diversificación de la oferta turística y el mejoramiento de la infraestructura y planta turística en los programas y proyectos de desarrollo.

El desarrollo del turismo se enfocó en el aumento a la contribución al desarrollo socio- económico, con vistas a mejorar la calidad de vida de los grupos sociales más vulnerables y desfavorecidos en el país, incrementado el gasto turístico, el empleo; priorizando la puesta en valor de atractivos turísticos; apoyo directo a las comunidades; promoción y comercialización. Asimismo, se impulsó el sector con el mejoramiento de proyectos pilotos de desarrollo turístico en cuanto a instalaciones y equipamiento.

2.9 Hidrocarburos y energía

El MESCP establece que los sectores estratégicos de hidrocarburos, minería y energía tienen el objetivo de maximizar el excedente económico y a su vez, optimizar su uso redistribuyéndolo para la diversificación económica, industrialización y reducción de la pobreza. Con la nacionalización de los hidrocarburos, el país se benefició de los recursos derivados de la actividad hidrocarburífera. Entre las gestiones 2006 y 2020 la renta petrolera alcanzó un valor acumulado de $us41.087 millones.

GRÁFICO 28: Bolivia: Renta Petrolera, 1993 - 2020. Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) (p): Preliminar

El avance energético global, se enfoca en una transición hacia las energías renovables. En ese sentido, Bolivia cuenta con un alto potencial para afrontar estas transformaciones globales y ha iniciado un proceso de fortalecimiento de la generación de energía renovable; a objeto de alcanzar la transición energética.

Se han efectuado importantes inversiones en proyectos orientados al cambio de la matriz energética. Estos esfuerzos, buscan reducir la participación de la energía termoeléctrica y aumentar la generación eléctrica a partir de energías limpias (hidroeléctricas y energías alternativas como la geotermia, eólica, solar y biomasa). Dichas acciones implican el fortalecimiento de energías menos contaminantes, un mayor aprovechamiento principalmente de recursos hídricos y una menor dependencia en fuentes fósiles y no renovables para la generación eléctrica.

HIDROCARBUROS

La Agenda Patriótica establece como prioridad hacia el año 2025 el fortalecimiento de la industrialización y transformación de recursos estratégicos en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.

En consecuencia, la nacionalización de los hidrocarburos fue un hito para el MESCP, que permitió maximizar los recursos económicos a favor del país. Los recursos provenientes de los hidrocarburos fueron invertidos en el desarrollo industrial con el objetivo de generar valor agregado a la producción.

Asimismo, las plantas separadoras de líquidos, Río Grande (2013) y Carlos Villegas (2015), se constituyen en la base para la industrialización de nuestros recursos naturales. El desarrollo de la industria de hidrocarburos permitió a Bolivia producir bienes que anteriormente se importaban, tal es el caso del GLP, cuya producción permite cubrir el mercado interno y exportar los excedentes. En la gestión 2009 se producían 978 Tm por día, como resultado de las acciones e inversiones efectuadas; para 2019 la producción se incrementó a 1.589 Tm por día. Sin embargo, en 2020, la producción se redujo a 1.477 Tm por día.

GRÁFICO 29:  Bolivia: Producción Nacional de Gas Licuado de Petróleo (GLP), 2009 - 2020. Nota: Datos Correspondientes a producción de campo, refinería y PSL Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).

Por otro lado, fortaleciendo el proceso de industrialización de los hidrocarburos, se dio un importante paso con la implementación de la Planta de Amoníaco y Urea (PAU), uno de los proyectos más significativos orientados a la sustitución de importaciones con un fuerte impacto en la industria agrícola del país.

GRÁFICO 30

Bolivia: Volumen de Comercialización de Urea al Mercado Externo, 2018 - 2020. Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)

Esta industria no sólo está planificada para abastecer el mercado interno, sino también el mercado regional, iniciando exportaciones de urea granulada a Brasil, Argentina y Uruguay el 2018. En 2020 la producción de este importante fertilizante fue paralizada, la exportación de urea únicamente alcanzó a 19,1 miles de Tm/año, un retroceso de -93,8% respecto al volumen exportado en 2019.

Por su parte, similar comportamiento se observó en la venta de urea en el mercado interno, en la gestión 2019 se comercializó un total de 36,7 miles Tm/año, mientras que en la gestión 2020 se vendieron tan solo 19,3 miles Tm/año representando un retroceso del 47,3%.

GRÁFICO 31: Bolivia: Volumen de Comercialización de Urea al Mercado Interno, 2017 - 2020. Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)

A partir del 2018, se inicia con la producción de biocombustibles con el objetivo de fortalecer de manera simultánea a la industria hidrocarburífera y la industria agrícola del país. Esta política, permitió incorporar la producción de biocombustibles, a fin de cubrir la demanda interna y disminuir la importación de gasolina.

ENERGÍA ELÉCTRICA

Los recursos obtenidos por la nacionalización de los hidrocarburos impactaron en el desarrollo del sector eléctrico permitiendo la ampliación de la cobertura de energía eléctrica a más bolivianos, principalmente en zonas rurales. Asimismo, tomando en cuenta el potencial del sector energético, se realizaron importantes inversiones para ampliar las redes de transmisión, interconectando grandes centros de consumo en el país.

La potencia existente en 2006 era de 1.071 megavatios (MW) y la demanda alcanzaba 813 MW, con lo cual, se tenía una reserva de 258 MW. El 2019 se incrementó la potencia a 3.150 MW y se tuvo una demanda de 1.512 MW, generando una reserva de 1.638 MW. Esta capacidad energética de generación permite cubrir los requerimientos del mercado interno, garantizando la demanda, con perspectivas para su exportación. En 2020, la capacidad energética de generación se redujo a 1.611 MW.

GRÁFICO 32: Bolivia: Oferta y Demanda de Energía Eléctrica, 2006 - 2020. Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE).  Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) Nota. Información actualizada a julio de 2021

En ese sentido, a partir de la gestión 2006, se lograron incrementar las líneas de transmisión: de 2.174 km que existían en 2006, a 5.859 km en 2020, de los cuales, 48 km están destinados a la conexión internacional para la exportación de electricidad.

CUADRO 1: Bolivia: Líneas de Transmisión, 2006 y 2020. Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).

Está planificado potenciar la capacidad de producción de energía eléctrica en Bolivia y exportar los excedentes a los países vecinos, de los cuales el mayor avance se ha concretado con la construcción de la línea de transmisión Juana Azurduy de Padilla, mediante la cual se exportará energía eléctrica hacia la Argentina. Asimismo, existen potenciales mercados para la exportación con otros países vecinos (Brasil, Paraguay, Chile y Perú) que requieren energía y que el país tiene la capacidad de proveer, dado que existe una reserva en la capacidad de generación de energía eléctrica.

GRÁFICO 33: Bolivia: Líneas de Transmisión en el Sistema Troncal Interconectado, 2006 - 2020. Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)

La política energética está orientada a la transición hacia fuentes renovables, con el objetivo de realizar un cambio en la matriz energética, para ello se han impulsado diferentes proyectos de energías hidroeléctricas, solares, eólicas y geotérmicas que permitan el uso de energías limpias.

El 2015 la matriz energética estaba compuesta principalmente por energía termoeléctrica, que representaba el 74% del total de la energía producida, seguida de la energía hidroeléctrica con 24% y finalmente energías alternativas con sólo el 2%. Al 2020, el 70% de la potencia instalada de la matriz energética proviene de plantas termoeléctricas (que incorporan el uso de ciclos combinados con tecnología más eficiente), el 24% de generación hidroeléctrica y el restante 6% de generación con energías alternativas (solar, biomasa, eólica y geotermia).

GRÁFICO 34: Bolivia: Composición de la Matriz Energética, 2015 y 2020. Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)

RECURSOS EVAPORÍTICOS

El desarrollo de la industria de los recursos evaporíticos es esencial para el país y en este marco, las primeras acciones estuvieron enfocadas a implementar una fase piloto de producción experimental y de investigación para posteriormente consolidar la fase de producción industrial de sales de potasio y la producción piloto de Carbonato de Litio.

A objeto de consolidar la fase de industrialización de Litio con valor agregado, se implementaron las plantas piloto de materiales catódicos y baterías; el país cuenta con un recurso de 21 millones de toneladas de litio en la superficie del Salar de Uyuni, Potosí.

Desde el 2008 hasta el 2020, el Estado ejecutó una inversión de más de $us703,6 millones en las dos primeras fases del desarrollo de la industria de litio y otros productos derivados de los recursos evaporíticos. Las primeras acciones estuvieron enfocadas a implementar una fase piloto de producción experimental y de investigación para posteriormente consolidar la fase de producción industrial de sales de potasio y carbonato de litio, insumos necesarios para producir materiales catódicos y baterías. En consecuencia, el 2013 se comenzó a producir cloruro de potasio y carbonato de litio a escala piloto; y el 2014 y 2017, baterías de ion litio y material catódico a escala piloto. A partir de la gestión 2018 se inició la producción de cloruro de potasio a nivel industrial.

GRÁFICO 35: Bolivia: Ejecución de la Inversión Pública de Yacimientos de Litio Bolivianos, 2008 – 2020. Fuente: Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)

En la gestión 2019 se alcanzó una producción de cloruro de potasio de 26.741 Tm para 2020 se redujo a 18.369 Tm; es decir un 31,3% menor. En el caso del carbonato de litio la producción en 2020 se redujo a 191 Tm, una caída respecto a 2019 de 54,6%.

GRÁFICO 36: Bolivia: Producción de Carbonato de Litio y Cloruro de Potasio, 2013 - Agosto 2021. Fuente: Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).

En una segunda fase, se tiene planificado consolidar la industrialización de cloruro de potasio y carbonato de litio. En octubre de 2018 se inauguró la Planta Industrial de Cloruro de Potasio, con una capacidad de 350.000 toneladas año. Asimismo, se encuentra en construcción la planta industrial de carbonato de litio, la cual podrá producir 15.000 toneladas anuales.

CUADRO 2: Bolivia: Plantas Industriales de Litio. Fuente: Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)

Un aspecto fundamental en el desarrollo de los recursos evaporíticos, es el uso de tecnologías que posibiliten de manera eficiente la extracción directa de litio, posibilitando de esta manera optimizar procesos e industrializar todos los recursos derivados del litio en los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes mediante la implementación de la Fase III (Industrialización con Valor Agregado) y Fase IV (Investigación e Industrialización en otros Salares y Lagunas).

2.10 Minería

Bolivia, con una larga tradición minera, se encuentra en un punto de inflexión hacia la modernidad productiva sobre la base de la tecnología, industrialización y exportación con valor agregado. El país posee un importante potencial minero y se busca fortalecerlo a través de mayores inversiones.

La minería ha sido uno de los sectores que más ha impulsado el desarrollo de la economía boliviana, aportando durante las últimas tres décadas un promedio de 5,2% del PIB. El mayor aporte del sector al PIB fue en 2009 con 6,7% y el menor de 3,6% en 2020.

Entre 2006 y 2019, el valor de la producción minera se ha incrementado en $us3.344 millones. No obstante, en la gestión 2020 tuvo una caída de 27,6% equivalente a $us1.242 millones como resultado de la paralización de actividades mineras.

GRÁFICO 37: Bolivia: Valor de la Producción Minera, 2006 - 2020. Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia (MMyM). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) (p): Preliminar.

Durante los últimos años, la participación estatal en el sector se ha incrementado de manera sustancial mediante la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), el impulso al desarrollo de la siderurgia y la consolidación de las empresas mineras estatales. Aún persisten desafíos para continuar fortaleciendo y modernizando el sector minero metalúrgico en toda la cadena productiva.

Desde 1990 hasta el 2019, el valor de las exportaciones mineras ha representado en promedio el 36,0% de las exportaciones totales siendo los principales minerales: zinc, estaño, plomo, plata y oro.

GRÁFICO 38: Bolivia: Participación de las Exportaciones de Minerales respecto al Total, 1990 - 2020. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) (p): Preliminar.

El desafío es potenciar la producción de minerales metálicos con valor agregado, en línea a lo planteado en el Pilar 6 de la Agenda Patriótica 2025. Al 2019, las exportaciones de minerales con valor agregado representaron apenas el 23,3% del total exportado. Para ello, un factor relevante es el desarrollo de plantas de refinación y otros proyectos de industrialización que permitan reforzar el tránsito de una minería tradicional extractivista a una minería con generación de valor agregado.

GRÁFICO 39: Bolivia: Exportaciones de Minerales con Valor Agregado, 2015 - 2019. Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) (p): Preliminar.

2.11 Agropecuaria

En el sector agropecuario, la implementación del MESCP, se enfoca en la construcción de una economía plural y diversificada, que permite garantizar el acceso y la producción soberana de alimentos a través de la promoción y fortalecimiento de las potencialidades y capacidades productivas de las diferentes lógicas económicas y sistemas de producción, considerando además la contribución de los diferentes actores económicos, desde lo comunitario de los pueblos originarios y campesinos, lo estatal, privado y cooperativo.

En ese marco, se tiene avances significativos, siendo algunas medidas que contribuyeron a estos logros la implementación de programas de riego, programas de mecanización del agro, saneamiento de la propiedad agraria, seguro agrario, producción de fertilizantes, industrialización selectiva a través del desarrollo de cadenas de valor, entre otros, orientados a alcanzar la soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista, planteado en la Agenda Patriótica 2025.

El desarrollo agropecuario nacional cumple un rol fundamental en el logro de la seguridad con soberanía alimentaria en el país, es decir, cubrir los requerimientos alimenticios (calidad y cantidad suficiente) de la población para llevar una vida sana, pero a partir de la capacidad del país, reduciendo así la dependencia de alimentos provenientes del exterior.

Como resultado de las políticas implementadas el PIB del sector agropecuario registró un incremento significativo en la economía boliviana, pasando de Bs10.035 millones en 2006 a Bs35.438 millones en 2020.

En el 2015, el crecimiento del sector agrícola fue de 5,1%. Durante la gestión 2020 esta tasa cayó al 3,1%, mostrando una desaceleración en relación a los últimos años.

GRÁFICO 40: Bolivia: Contribución de la Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca en el PIB, 2006 - 2020. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) (p) Preliminar

La agricultura familiar y comunitaria constituye una parte importante de la actual estructura productiva agropecuaria nacional sobre todo en el altiplano y los valles del país, con una contribución significativa a la producción de alimentos para el consumo local y la generación de ingresos por la venta de esta producción en los mercados locales de productos.

La producción agrícola convencional, que es otra fuente importante de provisión de alimentos para la población boliviana, complementa los esfuerzos de la agricultura familiar y comunitaria con mayores volúmenes y en una mayor escala de producción, incorporando el uso de insumos externos, maquinaria y tecnología. Este tipo de agricultura genera aproximadamente el 70% de los productos que conforman la canasta básica que consume la población boliviana, incorporando frutas, hortalizas, tubérculos, cereales y otros.

Se continúa haciendo los máximos esfuerzos para subir la productividad agrícola, no obstante, la paralización de todas las actividades en el 2020, denota un estancamiento o retroceso en la productividad agrícola en algunos cultivos, tal es el caso de los cereales que presentaron un decrecimiento de su productividad de 2,3 Tm por hectárea registrado en 2015 a 2,0 Tm por hectárea en el 2020. Por su parte, la productividad de las hortalizas sólo registró una variación de 2,8 Tm por hectárea en el 2015 a 3,0 Tm por hectárea en la gestión pasada, mientras que los tubérculos pasaron de 6,0 Tm por hectárea en el 2015 a 7,0 Tm por hectárea el 2020.

GRÁFICO 41: Bolivia: Rendimiento Agrícola de los Principales Cultivos, 2005 y 2020. Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) e Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) (p) Preliminar

A partir de los años 80’s el país ingresó en una escalada de industrialización agrícola vinculada con la producción de cultivos agroindustriales como la caña de azúcar, el algodón y la soya, principalmente, mismos que han estado enfocados hacia mercados de exportación. La Revolución Democrática y Cultural ha privilegiado la producción para el consumo y mercado interno y la exportación de los excedentes a través de la regulación del abastecimiento y exportación de estos productos agroindustriales.

Una de las estrategias más eficientes y efectivas para mejorar los rendimientos agrícolas tiene relación con la provisión adecuada, oportuna y suficiente de agua suplementaria durante el desarrollo vegetativo de los cultivos, por los que se ha priorizado incrementar la cobertura de la superficie regada que está estrechamente articulada a la producción de una mayor cantidad de alimentos, lo que también tiene que ver con el fortalecimiento de la gestión integral de cuencas y la gestión sustentable de los sistemas de riego. En la gestión 2014 se contaba con una superficie agrícola con riego de 357 mil hectáreas, y el 2020 esta cifra alcanzó a 520 mil hectáreas.

El período 2015-2025 se ha establecido como la “Década del Riego”. Esto implica que en este ciclo se deberá avanzar de forma significativa en el incremento de la superficie con riego.

GRÁFICO 42: Bolivia: Superficie Agrícola con Riego, 2014 - 2020. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua ( MMAyA). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)

La producción pecuaria en los últimos años, de igual manera tuvo un buen desempeño, considerando la implementación de políticas con el objetivo de incrementar la producción de carne, en rubros como la ganadería bovina y avícola, generando excedentes para la exportación. Como resultado de la política de fomento a la producción de carne bovina se logró consolidar las exportaciones al mercado de China, exportando entre el 2019 y 2020, 17,5 mil toneladas.

Sin embargo, es importante considerar que este incremento en la producción de carne, debe estar acompañado por acciones que garanticen una población ganadera óptima y mejoras en los índices de productividad.

GRÁFICO 43: Bolivia: Población Ganadera por Especie, 2014 - 2020. Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) e Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) (p) Preliminar

2.12 Comercio justo

En el ámbito de las relaciones económicas internacionales se buscó contribuir al cambio del modelo económico con relaciones comerciales más equilibradas, diversificación de mercados, recuperación del mercado interno con la aplicación de una política de protección selectiva.

2.13 Medio ambiente en armonía con la Madre Tierra

Bolivia en el marco del proceso de transformación del país y consolidación del MESCP, alineado a alcanzar la soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra, viene desarrollando e incorporando una lógica alternativa contraria a la mercantilización de la naturaleza, basada en el reconocimiento y respeto de los derechos de la Madre Tierra, la acción colectiva de los pueblos en la conservación y uso sustentable de la naturaleza.

En este entendido, protagonizó un claro punto de inflexión articulando la visión sustancial de contribuir a la construcción de un orden internacional alternativo con respeto a los valores de la paz, justicia, diversidad, equilibrio, inclusión, complementariedad y la necesaria armonía del hombre con la naturaleza. La posición boliviana ha sido difundida en diferentes escenarios multilaterales de la ONU y se ha posicionado como una alternativa a los enfoques capitalistas.

Es una necesidad avanzar hacia la reducción de la contaminación ambiental en diferentes ámbitos dando paso al establecimiento de una economía circular. El crecimiento acelerado de las áreas urbanas y ciudades intermedias, convierte el tratamiento de la basura en un problema ambiental. En ese contexto se hace necesario el cierre de los botaderos y áreas contaminadas por residuos y una transición para reducir la generación de residuos y una adecuada disposición final, dispuestos en la Ley N° 755 de Gestión Integral de Residuos de 28 de octubre de 2015. Asimismo, la reducción de la contaminación hídrica y atmosférica es otra tarea importante para asegurar una adecuada calidad de vida de la población.

El Cambio Climático, uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad, es un fenómeno causado por el exceso de gases artificiales, generando el efecto invernadero. Los rayos solares penetran la atmosfera, llegando a chocar con la corteza terrestre, la que actúa como un reflector, haciendo que los rayos salgan de la misma. Los gases artificiales interfieren este camino, reflectando nuevamente los rayos hacia la Tierra. Al aumentar los gases, aumenta el efecto invernadero, por ende, la temperatura se eleva, produciendo el calentamiento global.

En este entendido, Bolivia asume el compromiso internacional ante los Pueblos del Mundo de preservar la integralidad de la Madre Tierra siendo Parte del Acuerdo de Paris, ratificado a través de a Ley 835 de 17 de septiembre de 2016.

Los bosques proporcionan una diversidad de funciones ambientales que son importantes para la protección de las fuentes de agua, la conservación de suelos, el almacenamiento

de carbono y la protección de la biodiversidad, además proporcionan medios de vida y empleo para diversos actores. Sin embargo, la cobertura forestal se ve amenazada por la deforestación ilegal y el cambio de uso de suelos.

El país tiene una importante superficie territorial de bosques que aproximadamente corresponde a la mitad del territorio nacional. Los bosques cumplen múltiples funciones para las poblaciones locales y son la fuente de provisión de funciones ambientales para beneficio de la población, como la regulación hídrica, protección y conservación de suelos y regeneración de biodiversidad, entre otros.

Antes de 2005 la mayor parte de bosques en el país eran aprovechados por las élites empresariales, mientras que en la actualidad la mayoría de bosques (10 millones de hectáreas) son gestionadas por Territorios Indígena Originario Campesinos. Sin embargo, en este contexto se ha producido un debilitamiento del sector forestal orientado a las exportaciones a partir de la crisis financiera mundial que ha reconfigurado los mercados internacionales, se ha incrementado la presión de actividades ilegales en el aprovechamiento de madera, y se presentó una baja competitividad de los empresarios nacionales frente a las importaciones de productos acabados del exterior. Asimismo, debido a que Bolivia es uno de los países más ricos en diversidad de fauna y flora silvestre, existen amenazas constantes como el tráfico de animales, la destrucción de hábitats, la introducción de especies y las cadenas de extinción.

La Constitución Política del Estado reconoce como derecho humano el acceso al agua, estableciendo por tanto obligaciones para el Estado con el objeto que la población en su conjunto pueda gozar de este derecho. En este marco, se planteó fortalecer la gestión integrada de los recursos hídricos con enfoque de cuenca, de manera coordinada entre los diferentes sectores del nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas.

Como resultado de las intervenciones del sector de recursos hídricos, hasta la gestión 2020 se había formulado planes directores de cuencas y planes para la gestión de la calidad de cuerpos de agua en más de 20 cuencas, superando el resultado previsto referido a instrumentos de planificación, y se habrían desarrollado acciones a nivel de intervenciones con proyectos en manejo integral de cuencas, en 185 microcuencas.

Asimismo, como resultado de la coordinación y articulación intersectorial, en torno a la gestión del agua a través de plataformas interinstitucionales, se constituyen mecanismos de gestión e implementación de acciones para la gestión integrada de los recursos hídricos.

2.14 Relaciones exteriores

Antes de 2006, la política exterior se caracterizó por un enfoque servil a los intereses de grupos de poder económico privado extranjero, y por depender de las políticas de potencias y regímenes hegemónicos extranjeros, sin velar por la soberanía y la libre autodeterminación de los pueblos. Esto afectó los intereses nacionales y la capacidad soberana de actuación política, excluyendo a la población, los sectores sociales y los pueblos indígenas. En general, el país no tuvo una visión propia en el escenario internacional.

Con la Revolución Democrática y Cultural, la política exterior del Estado Plurinacional de Bolivia ha logrado colocar en la agenda internacional planteamientos propios, no solamente para el bienestar nacional o para mejorar los procesos de integración, sino para defender la vida del planeta, en miras de lograr integración complementaria de los pueblos con soberanía.

Nuestra política exterior está basada en la diplomacia de los pueblos por la vida con identidad propia basada en la geopolítica del Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, con el propósito de establecer las bases de un nuevo horizonte civilizatorio alternativo al capitalismo y a la modernidad, ampliando y profundizando las relaciones con los Estados y gobiernos en un marco de respeto mutuo, cooperación y solidaridad, para avanzar en la búsqueda de la reivindicación de valores como la complementariedad, integración, justicia social, dignidad, respeto y armonía con la Madre Tierra, anticolonialismo, antiimperialismo y soberanía.

El accionar del país, basado en la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, constituye una visión de relacionamiento internacional soberana, propositiva y con participación social planteando iniciativas de interés mundial, en la lucha por una cultura de la vida y la paz para Vivir Bien, y un marco internacional de solidaridad, complementariedad y alianzas estratégicas capaces de contribuir al desarrollo del país.

El año 2010 Bolivia logró que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en una votación histórica reconozca el “Derecho al Agua Potable y al Saneamiento” como un derecho humano.

El hecho de que la hoja de coca en su estado natural esté protegida por la Constitución Política del Estado, por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, contribuyó a que el país logre que la comunidad internacional reconozca y acepte el uso ancestral medicinal y cultural en su re adhesión a la Convención Única de las Naciones Unidas (ONU) sobre estupefacientes.

Por último, continuará en la lucha para tener un acceso soberano al Pacífico en el marco de la política ...

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