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LEY No 1836 del 01 Abril 1998

RESUMEN:

LEY DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – PUBLICADA EN LA GACETA Nº 2058.

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LEY Nº 1836

LEY DE 1 DE ABRIL DE 1998

HUGO BANZER SUAREZ

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley: EL
HONORABLE CONGRESO NACIONAL,

D E C R E T A:

LEY DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

ARTICULO 1º.-

INDEPENDENCIA Y FINES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.-

I. El Tribunal Constitucional es independiente y está sometido sólo a la Constitución y la
presente Ley. Tiene su sede en la ciudad de Sucre.
II. Son fines del Tribunal Constitucional ejercer el control de constitucionalidad y garantizar
la primacía de la Constitución, el respeto y vigencia de los derechos y garantías
fundamentales de las personas, así como la constitucionalidad de las convenciones y
tratados.


ARTICULO 2º.-

PRESUNCION DE CONSTITUCIONALIDAD.- Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Organos del Estado hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad.

ARTICULO 3º.-

INFRACCION DE LA CONSTITUCION.- La Constitución se tendrá por infringida cuando el texto de una ley, decreto, resolución o actos emanados de autoridad pública o de persona particular, natural o jurídica, sus efectos o su interpretación en relación a un caso concreto, sean contrarios a las normas o principios de aquella.

ARTICULO 4º.-

INTERPRETACION CONSTITUCIONAL.- En caso excepcional de que una ley, decreto, o cualquier género de resolución admita diferentes interpretaciones, el Tribunal Constitucional en resguardo del principio de conservación de la norma adoptará la interpretación que, concuerde con la Constitución.

Los tribunales, jueces y autoridades aplicarán a sus decisiones la interpretación adoptada por el Tribunal Constitucional.

ARTICULO 5º.-

OBLIGATORIEDAD.- El Tribunal Constitucional tiene la obligación inexcusable sin que pueda alegar insuficiencia, ausencia u obscuridad de la norma, de fallar en las causas sometidas a su competencia.

CAPITULO II
DE LA JURISDICCION, COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ARTICULO 6º.-

JURISDICCION.- El Tribunal Constitucional es único en su orden y su jurisdicción se extiende a todo el territorio de la República.

ARTICULO 7º.-

COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES.- Es de competencia del Tribunal Constitucional conocer y resolver, mediante los procedimientos establecidos en la presente ley, los casos y asuntos previstos por el Artículo 120 de la Constitución Política del Estado.

1. Los recursos directos o abstractas inconstitucionalidad de leyes, decretos y resoluciones
de cumplimiento general no vinculadas a un proceso judicial o administrativo.
2. Los recursos indirectos o incidentales de inconstitucionalidad de leyes, decretos y
cualquier género de resoluciones no judiciales.
3. Los recursos de inconstitucionalidad contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos
o contribuciones de cualquier naturaleza, creados, modificados o suprimidos en
contravención a la Constitución.
4. Los conflictos de competencia y controversias que se susciten entre los poderes públicos,
la Corte Nacional Electoral, los departamentos y los municipios.
5. Las impugnaciones del Poder Ejecutivo a las resoluciones camarales, prefecturales y
municipales contrarias a la Constitución.
6. Los recursos directos de nulidad contra los actos o resoluciones de quienes usurpen
funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción, potestad o competencia que no
emane de la Ley.
7. Los recursos contra resoluciones del Poder Legislativo o de una de sus Cámaras, cuando
tales resoluciones afecten uno o más derechos o garantías concretas, cualesquiera sean las
personas afectadas.
8. La revisión de los recursos de Habeas Corpus y Amparo Constitucional.
9. Las consultas del Presidente de la República, del Presidente del Congreso Nacional y del
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre la constitucionalidad de proyectos de
ley, decretos o resoluciones. La declaración del Tribunal Constitucional es obligatoria
para el órgano que efectúa la consulta.
10. Las consultas sobre la constitucionalidad de tratados o convenios con gobiernos
extranjeros u organismos internacionales.
11. Las demandas respecto a procedimientos contrarios de Reforma de la Constitución.

TITULO SEGUNDO

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

CAPITULO I

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ARTICULO 8º.-

NUMERO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONAMIENTO

I. El Tribunal Constitucional está integrado por cinco magistrados titulares que conforman
una sola Sala y cinco magistrados suplentes
II. El Tribunal funcionará de manera ininterrumpida durante todo el año.

ARTICULO 9º.-

COMISION DE ADMISIÓN.- La Comisión de Admisión está formada por tres magistrados, que desempeñarán sus funciones en forma rotativa y obligatoria. Ninguno de ellos desempeñará estas funciones por más de dos veces consecutivas, por turno.

ARTICULO 10º.-

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL.- Los magistrados del Tribunal Constitucional elegirán por mayoría de votos en forma oral y nominal del total de sus miembros al Presidente, quien desempeñará sus funciones durante cinco años, pudiendo ser reelegido. En caso de renuncia o fallecimiento, se procederá a una nueva elección por un nuevo período y en caso de impedimento temporal el Presidente será suplido por el Magistrado Decano.

ARTICULO 11º.-

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- El Presidente del Tribunal Constitucional, que ejerce la función jurisdiccional en igualdad de condiciones con los demás magistrados, tiene las siguientes atribuciones:

1. Dirigir y representar al Tribunal Constitucional;
2. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos del Tribunal;
3. Velar por la correcta y pronta administración de justicia en materia constitucional;
4. Ejercer las facultades disciplinarias sobre el personal que no sean competencia del
Consejo de la Judicatura;
5. Dictar resoluciones administrativas en los casos que no sean competencia del Tribunal en
pleno.
6. Ejercer las demás funciones establecidas en el Reglamento.

ARTICULO 12º.-

DECANO.- Será designado Decano el magistrado más antíguo. Su antigüedad se calificará tomando en cuenta el tiempo de funciones en el Tribunal Constitucional. En caso de tener la misma antigüedad se tomará en cuenta la fecha de extensión del título de abogado en provisión nacional.

CAPITULO II
DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ARTICULO 13º.-

REQUISITOS.- Para ser Magistrado del Tribunal Constitucional se requiere:

1. Ser boliviano de origen y haber cumplido los deberes militares.
2. Tener 35 años cumplidos.
3. Estar inscrito en el Registro Electoral.
4. Tener título de Abogado en Provisión Nacional y haber ejercido durante diez años la
judicatura, la profesión de abogado o la cátedra universitaria, con idoneidad;
5. No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación concedida por el Senado ni
tener pliego de cargo ejecutoriado
6. No estar comprendido en los casos de incompatibilidad señalados en la presente ley.

ARTICULO 14º.-

DESIGNACION.- Los Magistrados titulares y suplentes del Tribunal Constitucional son designados por el Congreso Nacional por dos tercios de votos de sus miembros presentes. Para la elección de magistrados titulares y suplentes, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 68 atribución 12 de la Constitución Política del Estado, el Ministerio de Justicia, las
Facultades de Derecho de las Universidades Públicas y Privadas y los Colegios de Abogados, podrán enviar nóminas de candidatos al Congreso Nacional para su consideración.

ARTICULO 15º.-

PERIODO DE FUNCIONES.- Los Magistrados titulares del Tribunal Constitucional desempeñan sus funciones por un período personal de diez años improrrogables, que se computará a partir de la fecha de su posesión, pudiendo ser reelectos pasado un tiempo igual al que hubiesen ejercido su mandato.

ARTICULO 16º.-

TITULO DE NOMBRAMIENTO.- El título de nombramiento de los Magistrados titulares y suplentes del Tribunal Constitucional será expedido por el Presidente del Congreso Nacional, quien previo juramento, les ministrará posesión de sus cargos.

ARTICULO 17º.-

INCOMPATIBILIDADES.- La función de magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible con:

1. El ejercicio de cargos públicos o privados, administrativos o sindicales, remunerados o
no;
2. Con el desempeño de funciones directivas en partidos políticos, asociaciones,
fundaciones, colegios profesionales, empresas mercantiles de cualquier naturaleza;
3. Con el ejercicio libre de la abogacía.

La función de Magistrado Constitucional sólo es compatible con la cátedra universitaria.


CAPITULO III

SUSPENSIÓN Y CESE DE FUNCIONES

ARTICULO 18º.-

INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS.- Los Magistrados del Tribunal Constitucional que no cumplan los plazos fijados en la presente Ley, de oficio o a instancia de parte, serán sancionados administrativamente de conformidad a su reglamento.

Si de la inobservancia de plazos resultare delito, serán juzgados penalmente.

ARTICULO 19º.-

PROCESAMIENTO.- El procesamiento de los Magistrados del Tribunal Constitucional por delitos cometidos con motivo del ejercicio de sus funciones, se rige por las normas del Juicio de Responsabilidades previsto para los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Por otros delitos, estarán sujetos a las normas comunes del Código de Procedimiento Penal.

ARTICULO 20º.-

SUSPENSIÓN DE FUNCIONES.- Los Magistrados del Tribunal Constitucional serán suspendidos de sus funciones cuando se dicte contra ellos acusación en juicio de responsabilidades, o sentencia ejecutoriada por delitos comunes.

ARTICULO 21º.-

CESE DE FUNCIONES.-
I. Los Magistrados del Tribunal Constitucional cesan en sus funciones por:

1. Fallecimiento;
2. Renuncia;
3. Cumplimiento del período de funciones;
4. Incapacidad física o mental sobrevenida, debida y legalmente comprobada;
5. Incompatibilidad sobreviniente; y,
6. Condena por sentencia ejecutoriada;

I. El cese de funciones o la vacancia en el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional,
en el caso del numeral 2 será conocido por el Congreso Nacional; en el caso de los
numerales 1 y 6 será decretado por el Presidente del Tribunal Constitucional y se
comunicará de inmediato al Congreso Nacional; en el caso de los numerales 4 y 5, previa
comprobación por el Tribunal Constitucional, se hará saber de inmediato al Congreso
Nacional.

II. En el caso de cumplimiento del período de funciones, el Congreso Nacional, después de
asumir conocimiento, procederá a la designación del nuevo Magistrado del Tribunal
Constitucional en el término máximo de treinta días, convocándose en su caso a Congreso
Extraordinario, si fuere necesario.

ARTICULO 22º.- MAGISTRADOS SUPLENTES.-

I. Los magistrados suplentes durarán en sus funciones 10 años, pudiendo ser reelectos.
Suplirán a los titulares en la forma y orden que prevé el reglamento.

II. Tendrán derecho a una remuneración del 50% del salario que perciben los titulares,
mientras no accedan a la titularidad. Percibirán el 100% en los casos que acceden a la
titularidad.
III. Los suplentes accederán a la titularidad de manera circunstancial en cualquier caso de
suspensión.

IV. En el ejercicio de la suplencia podrán ser delegados y comisionados para cumplir las
tareas encomendadas por el Tribunal conforme a reglamento.

ARTICULO 23º.-

CONVOCATORIA.- La convocatoria de los magistrados suplentes se hará conocer en forma obligatoria y oportuna a las partes.

CAPITULO IV

DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ARTICULO 24º.-

PERSONAL.- El Tribunal Constitucional tendrá un secretario, un director
administrativo, asesores y los demás funcionarios necesarios para el servicio, que serán designados
por el Tribunal. En el Reglamento que se dicte el Tribunal fijará la forma y requisitos de
designación, estableciéndose sus funciones.

El Tribunal Constitucional designará al personal de entre quienes reúnan los requisitos que señale
el reglamento.

ARTICULO 25º.-

ASESORES.-

I. El Tribunal Constitucional contará con un equipo permanente de profesionales abogados
con Título en Provisión Nacional. Sus miembros serán designados por concurso de
méritos y oposición que se ajustará a las normas que establezca el Reglamento del
Tribunal.

II. También podrá contratar consultores para casos específicos.

CAPITULO V

DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO


ARTICULO 26º.-

REGIMEN ADMINISTRATIVO.- El Consejo de la Judicatura como órgano administrativo del Poder Judicial establecido por la Constitución Política del Estado, es el encargado de la administración de los recursos económicos y financieros del Tribunal Constitucional.

ARTICULO 27º.-

DIRECCION ADMINISTRATIVA.- La dirección administrativa tiene por objeto, además de las que le encomienda el Reglamento del Tribunal Constitucional, las siguientes:

1. La coordinación con el Consejo de la Judicatura para asuntos administrativos y
financieros; y,

2. Los relativos a la administración interna del Tribunal Constitucional.
TITULO TERCERO DE LAS DISPOSICIONES COMUNES DE PROCEDIMIENTO

CAPITULO I

DE LA LEGITIMACIÓN, FORMA Y CONTENIDO DE LOS RECURSOS

ARTICULO 28º.-

LEGITIMACIÓN.- Toda persona física o jurídica, está legitimada para
interponer los recursos y demandas constitucionales previstos en la presente Ley, a condición de
reunir los requisitos exigidos por ella.

ARTICULO 29º.-

PRESENTACIÓN DE DEMANDAS Y RECURSOS.-

I. Las demandas y recursos constitucionales serán presentados en la Secretaría del Tribunal,
por el recurrente, demandante o sus apoderados, acompañando los documentos que
acrediten su personería y las pruebas en que funda su pretensión jurídica, siempre que
ellas fueren necesarias y pertinentes.

II. Los grupos de personas físicas cuyo interés circunstancial las legitime serán representados
por apoderado.

III. También podrán ser presentados por medio de fax, facsímil o mediante carta certificada.
En estos casos, los plazos para la tramitación de demandas y recursos comenzará a correr
a partir del momento en que se reciba el documento en el Tribunal.

IV. Las reproducciones en facsímil de documentos y testimonios, harán fe y tendrán el mismo
valor probatorio que los documentos originales, en los procedimientos sustanciados ante
el Tribunal Constitucional, si su conformidad con los mismos hubiere sido previamente
legalizada por funcionarios públicos legalmente autorizados.

ARTICULO 30º.-

FORMA Y CONTENIDO DE LAS DEMANDAS Y RECURSOS.- Las demandas y recursos deberán presentarse por escrito con patrocinio de abogado con título en Provisión Nacional, y contendrán:

1. La designación del Tribunal;
2. El nombre, domicilio y generales del recurrente o de su representante legal;
3. El nombre y domicilio de la parte recurrida o de su representante legal;
4. El petitorio formulado con precisión y claridad, citando la norma constitucional
infringida, las leyes, decretos, resoluciones o actos contrarios a la Constitución y
especificando la justificación por las que ellas resultaren inconstitucionales.

En la contestación a las demandas y recursos se observarán las mismas formalidades.

CAPITULO II

DE LA ADMISIÓN DE LAS DEMANDAS Y RECURSOS

ARTICULO 31º.-

ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN.-Recibida una demanda, recurso o consulta será puesta en conocimiento de la Comisión de Admisión, cuyas atribuciones son:

1. Admitirlas, cuando cumplan los requisitos exigibles en cada caso, o en su defecto,
rechazarlas;
2. Observar los defectos formales subsanables que determinen la inadmisibilidad de los
recursos y demandas;
3. Distribuir por sorteo las causas admitidas entre los Magistrados del Tribunal.
4. Absolver las consultas sobre rechazo del incidente de inconstitucionalidad

ARTICULO 32º.-

DEFECTOS FORMALES SUBSANABLES.- Si la Comisión de Admisión observare la existencia de defectos formales subsanables, dispondrá que el recurrente los salve en el plazo de 10 días. Si dentro de este plazo no se subsanaren, se tendrá por no presentado.

ARTICULO 33º.-

RECHAZO.-
I. La Comisión rechazará por unanimidad, las demandas y recursos manifiestamente
improcedentes:

1. Cuando el recurso carezca en absoluto de contenido jurídico- constitucional que
justifique una decisión sobre el fondo;
2. Cuando el Tribunal hubiere desestimado antes en el fondo un recurso de
naturaleza y con objeto sustancialmente análogos.

I. La resolución de rechazo admite recurso de reposición que deberá ser interpuesto dentro
de los tres días siguientes a la notificación del mismo. La Comisión resolverá el recurso
en el mismo plazo.

II. La resolución de rechazo no será causa de excusa a los miembros de la comisión para el
conocimiento del recurso de reposición, ni para que éstos se pronuncien sobre el fondo de
lo planteado en caso de que el recurso, demanda o consulta sean admitidos.

CAPITULO III

DE LAS EXCUSAS

ARTICULO 34º.-

CAUSALES.-

I. El parentesco del magistrado hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o abogados;
II. El interés directo del magistrado en el caso o de alguno de sus parientes referidos en el
numeral anterior;
III. La intervención del magistrado en el caso por razón de su cargo o profesión, como
abogado o mandatario, o por haber ejercido cualquier función que comprometa su
imparcialidad;
IV. Tener el magistrado proceso pendiente con alguna de las partes, siempre que éste no
hubiere sido provocado exprofeso por una de ellas para inhabilitarlo, o ser o haber sido
denunciante o acusador contra una de las partes para su enjuiciamiento penal, o
denunciado por alguna de ellas con el mismo objeto.

ARTICULO 35º.-

OBLIGACIÓN DE EXCUSA

I. El magistrado comprendido en cualquiera de las causales de excusa, deberá excusarse en
su primera actuación, de oficio o a petición de parte.

Declarada legal la excusa, el magistrado quedará inhibido definitivamente de conocer la
demanda o recurso.

II. Será nulo todo acto o resolución pronunciados después de la excusa, con intervención del
que resultare inhibido.

ARTICULO 36º.- RESOLUCIÓN.-

I. El Tribunal conocerá y resolverá la excusa por mayoría de votos en el plazo de tres días.

II. Si la excusa fuere declarada ilegal se devolverá la causa al magistrado, imponiéndole la
multa correspondiente.

III. Si la excusa fuere declarada legal la Comisión de Admisión procederá a nueva
distribución por sorteo.

ARTICULO 37º.-

RESPONSABILIDAD PENAL.- Si el magistrado comprendido en cualesquiera de las causales de excusa no se apartare del conocimiento del proceso, será pasible de responsabilidad penal.

CAPITULO IV
DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES COMUNES

ARTICULO 38º.-

GRATUIDAD.-

I. El procedimiento ante el Tribunal Constitucional es gratuito.

II. El Tribunal impondrá las costas en caso de declararse improcedente o improbada la
demanda y multa si existiere temeridad o malicia.

ARTICULO 39º.-

PLAZOS.- Los plazos establecidos en esta Ley son perentorios y se computarán en días hábiles. Para efectos de legalidad son días hábiles de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas, y los días sábado de 8:00 a 12:00, exceptuando los días feriados.

ARTICULO 40º.-

FACULTADES DEL TRIBUNAL E INTERVENCIÓN FISCAL.-

I. El Tribunal, de oficio o a instancia de parte, en cualquier momento y previa noticia de
partes, podrá disponer la acumulación de aquellos procesos por conexitud que justifiquen
la unidad de tramitación y decisión, siempre que esta medida no provoque atrasos
innecesarios en el conocimiento de las causas.

II. Antes de pronunciar resolución, el Tribunal podrá de oficio o a petición de parte señalar
audiencia para que se fundamente y alegue sobre la pertinencia de la acción planteada.

III. Cuando se trate de la defensa de los intereses del Estado, la intervención del Ministerio
Público en la audiencia es obligatoria, debiendo el mismo pronunciarse en el plazo de
setenta y dos horas.

ARTICULO 41º.-

RESOLUCIONES.-

I. Las resoluciones del Tribunal son de tres clases:

1. Sentencias constitucionales.
2. Declaraciones constitucionales.
3. Autos constitucionales.

I. Las decisiones que resolvieran demandas o recursos se producirán en forma de sentencia.
Las declaraciones serán adoptadas en los casos de consulta. Las decisiones de admisión o
rechazo, desistimiento, caducidad u otras adoptarán la forma de auto.

ARTICULO 42º.-

CARÁCTER DEFINITIVO DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL.- Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso alguno.

ARTICULO 43º.-

PUBLICACIÓN.- Las sentencias, declaraciones y autos constitucionales se publicarán en un medio especializado que se llamará Gaceta Constitucional, cuya periodicidad será mensual.

ARTICULO 44º.-

VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN.-

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones pronunciadas
por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal
Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del Estado, legisladores,
autoridades y tribunales.

II. Todos los órganos del Estado prestarán al Tribunal Constitucional con carácter preferente,
urgente e inexcusable, la asistencia que éste requiera.

ARTICULO 45º.-

REMISIÓN DE DOCUMENTOS.- El Tribunal Constitucional podrá requerir, del poder público central, órganos descentralizados, prefecturas departamentales, municipios, universidades, personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, la remisión de fotocopias debidamente legalizadas de documentos, informes y expedientes relativos a la norma o acto que origine el procedimiento constitucional, lo que se hará efectivo en el plazo que fije el Tribunal.

ARTICULO 46º.-

PRUEBA COMPLEMENTARIA.- El Tribunal Constitucional cuando estime necesario para emitir criterio, podrá disponer la producción de prueba complementaria, estableciendo la forma y el tiempo en la que ésta deberá ser producida.

ARTICULO 47º.- VOTO PARA RESOLUCIONES.-

I. Salvo que en esta Ley se establezcan otros requisitos, las decisiones del Tribunal
Constitucional se adoptarán por la mayoría de sus miembros.

II. Se hará constar en la resolución los votos disidentes. El Magistrado disidente deberá
obligatoriamente fundamentar su voto en el plazo de cinco días, para efectos de
publicación en la Gaceta Constitucional.

ARTICULO 48º.- FORMA Y CONTENIDO DE LA SENTENCIA.-

I. En las sentencias, el Tribunal debe resolver cada una de las cuestiones planteadas; cuando
sean varias, pronunciándose en forma expresa sobre ellas.

II. La sentencia se tendrá por fallo y contendrá:

1. La parte considerativa, en la que se consignarán en forma clara y concisa las
pretensiones de las partes y coadyuvantes. Si se tratare de un asunto que se
conoce en grado de revisión, se hará un extracto de la sentencia que la motiva y
las pretensiones de las partes si las hubiere.

En esta parte, también se hará constar si se observaron las prescripciones legales
en el procedimiento, señalándose en su caso los defectos u omisiones que se
hubieren cometido y la forma en que fueron superadas.

2. Las conclusiones, en las que constará:

Declaración concreta del hecho o hechos que el Tribunal tiene como
demostrados, citando el medio de prueba que le sirva para tal acreditación, así
como los no demostrados, que tengan influencia en lo resuelto, señalándose en
ambos casos el razonamiento que se hizo sobre el medio probatorio aportado,
para tener o no como acreditado el hecho;

Análisis de las cuestiones de derecho.

3. La parte resolutiva en la que se pronunciará el fallo sobre el fondo del recurso o
demanda, en la forma prevista para cada caso, su dimensionamiento en el tiempo
y los efectos sobre lo resuelto, la condenatoria en costas si procediere y las
comunicaciones pertinentes para su ejecutoria.

ARTICULO 49º.-

EEJECUCIÓN.- El Tribunal Constitucional dispondrá en sus resoluciones, quién habrá de ejecutarlas y en su caso, resolver las incidencias de la ejecución.

ARTICULO 50.-

ACLARACIÓN, ENMIENDA Y COMPLEMENTACIÓN.-

El Tribunal Constitucional, de oficio o a petición de parte, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la resolución, podrá aclarar, enmendar o complementar algún concepto obscuro, corregir un error material o subsanar alguna omisión sin afectar el fondo de la resolución.

ARTICULO 51º.-

SENTENCIAS CON CALIDAD DE COSA JUZGADA.- La sentencia declaratoria de inconstitucionalidad, no permitirá revisar procesos fenecidos mediante sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada, en los que se haya hecho aplicación de la ley inconstitucional.

ARTICULO 52º.-

SANCIONES.- El Tribunal Constitucional impondrá sanciones pecuniarias a toda persona investida o no de poder público, que incumpla sus determinaciones dentro de los plazos señalados y reiterará estas sanciones en forma compulsiva y progresiva hasta su total cumplimiento, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiere lugar.


TITULO CUARTO

DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES

CAPÍTULO I

DE LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

ARTICULO 53º.-

PROCEDENCIA.- Las acciones de inconstitucionalidad proceden como:

1. Demanda abstracta de inconstitucionalidad; y
2. Recurso Incidental de Inconstitucionalidad vinculado a un proceso judicial o
administrativo

CAPITULO II

DE LA DEMANDA ABSTRACTA DE INCONSTITUCIONALIDAD

ARTICULO 54º.-

PROCEDENCIA.- La demanda abstracta de inconstitucionalidad procederá contra toda ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, contraria a la Constitución Política del Estado como acción no vinculada a un caso concreto.

ARTICULO 55º.-

LEGITIMACIÓN.- Están legitimados para interponer la demanda:

1. El Presidente de la República
2. Cualquier Senador o Diputado
3. El Fiscal General de la República
4. El Defensor del Pueblo

ARTICULO 56º.-

REQUISITOS DE ADMISIÓN.- Presentada la demanda, la Comisión de Admisión verificará que se hubiere:

1. Acreditado la personería de la autoridad recurrente y en su caso, el poder suficiente de su
representante.
2. Precisada la norma constitucional que se entiende infringida.

ARTICULO 57º.-

PROCEDIMIENTO.-

I. Admitida la demanda, se pondrá en conocimiento del personero del órgano que generó la
norma impugnada, a efecto de su apersonamiento para formular los alegatos que fueren
del caso, en el plazo de quince días.

II. Con o sin alegatos, el Tribunal Constitucional dictará sentencia dentro de los treinta días
siguientes.

ARTICULO 58º.-

SENTENCIA Y EFECTOS.-

I. La sentencia declarará la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, decreto o
resolución de alcance general impugnado, en todo o en parte.

II. La sentencia que declare la inconstitucionalidad total de la norma legal impugnada, tendrá
efecto abrogatorio de la misma.
III. La sentencia que declare la inconstitucionalidad parcial de la norma legal impugnada,
tendrá efecto derogatorio de los artículos sobre los que hubiera recaído la declaratoria de
inconstitucionalidad y seguirán vigentes los restantes.

IV. La sentencia podrá declarar la inconstitucionalidad de otros preceptos que sean conexos o
concordantes con la norma legal impugnada, con los mismos efectos que en lo principal.


V. La sentencia que declare la constitucionalidad de la norma legal impugnada, hace
improcedente cualquier nueva demanda de inconstitucionalidad contra ella.

CAPITULO III

DEL RECURSO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDAD

ARTICULO 59º.-

RECURSO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDAD.- El recurso incidental procederá en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial aplicable a aquellos procesos. Este recurso será promovido por el juez, tribunal o autoridad administrativa, de oficio o a instancia de parte.

ARTICULO 60º.-

CONTENIDO DEL RECURSO.- El recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad contendrá:

1. La mención de la ley, decreto o resolución no judicial cuya inconstitucionalidad se
cuestiona y su vinculación con el derecho que se estima lesionado
2. El precepto constitucional que se considera infringido.
3. La fundamentación de la insconstitucionalidad y la relevancia que tendrá la norma legal
impugnada en la decisión del proceso

ARTICULO 61º.-

OPORTUNIDAD.- El recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad podrá ser presentado por una sola vez en cualquier estado de la tramitación del proceso judicial o administrativo, aun en recurso de casación y jerárquico, antes de la ejecutoria de la sentencia

ARTICULO 62º.-

SUSTANCIACIÓN DEL INCIDENTE.- Interpuesto el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, el juez, tribunal o autoridad administrativa que conoce la causa, correrá en traslado dentro de las veinticuatro horas siguientes para que sea constestado en tercero día de notificada la parte. Con respuesta o sin ella, en igual plazo, pronunciará resolución:

1. Rechazando el incidente si lo encuentra manifiestamente infundado, en cuyo caso
proseguirá la tramitación de la causa. La resolución de rechazo será elevada en consulta,
de oficio al Tribunal Constitucional, en el plazo de 24 horas.
2. Admitiendo el incidente mediante auto motivado, en cuyo caso dispondrá se eleve ante el
Tribunal Constitucional fotocopias legalizadas de las piezas pertinentes, con nota de
cortesía, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

ARTICULO 63º.-

PROSECUCIÓN DEL TRAMITE.- La admisión del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad no suspenderá la tramitación del proceso, mientras se pronuncie el Tribunal Constitucional, salvo el caso de ser presentado en recurso de casación o jerárquico.

ARTICULO 64º.-

PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.-

I. Recibidos los antecedentes del recurso incidental de inconstitucionalidad, éstos pasarán a
la Comisión de Admisión para el fin previsto en el numeral 3 del artículo 31 de la
presente Ley.

II. Sorteada la causa, el Tribunal Constitucional pronunciará sentencia en el plazo de treinta
días.

III. La consulta, en caso de rechazo del incidente, será conocida por la Comisión de Admisión
la que resolverá sobre su procedencia en el plazo de diez días. Admitido que sea, se
observará lo dispuesto en los parágrafos anteriores en lo pertinente.

ARTICULO 65º.-

SENTENCIA Y SUS EFECTOS.- La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad surtirá los efectos determinados en el artículo 58 de la presente Ley.

Los funcionarios públicos y personas particulares que estuvieren obligados a cumplir la sentencia y
no la hicieren cumplir, serán sometidos a proceso penal, a cuyo efecto se remitirán antecedentes al
Ministerio Público.

ARTICULO 66º.-

INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL- El Tribunal Constitucional no tiene competencia para conocer y resolver sobre fallos, sentencias, autos y otrasresoluciones que dicte el Poder Judicial a través de sus jueces y magistrados.

ARTICULO 67º.-

NOTIFICACIONES AL ÓRGANO JUDICIAL.- Dictada la sentencia, esta será notificada inmediatamente al órgano que dictó la ley, decreto o resolución no judicial y al órgano judicial o administrativo competente para efectos de la decisión del proceso, que desde ese momento quedará sujeto al fallo del Tribunal Constitucional.

CAPITULO IV

DE LOS RECURSOS CONTRA TRIBUTOS Y OTRAS CARGAS PUBLICAS

ARTICULO 68º.-

PROCEDENCIA Y LEGITIMACIÓN.-

I. Este recurso procede contra toda disposición legal que cree, modifique o suprima un
tributo, impuesto, tasa, patente, derecho o contribución de cualquier clase o naturaleza,
que hubiere sido establecida sin observar las disposiciones de la Constitución Política del
Estado.

II. El recurso será planteado por el sujeto pasivo del tributo, contra la autoridad que los
aplicare o pretendiere aplicarlo, acompañando la resolución u ordenanza que así lo
disponga, o en su caso, solicitando se conmine a la autoridad recurrida para que la
presente.

ARTICULO 69º.-

PROCEDIMIENTO.- La Comisión de Admisión, previa verificación del cumplimiento de los requisitos señalados y los previstos por el artículo 32 de la presente Ley, admitirá o rechazará el recurso. En el primer caso, correrá en traslado a la autoridad demandada, que deberá contestar en el plazo de quince días. Vencido éste, con respuesta o sin ella, el Tribunal dictará sentencia en el plazo de treinta días de sorteada la causa.

ARTICULO 70º.-

SENTENCIA Y EFECTOS.- La sentencia declarará:

1. La aplicabilidad de la norma legal impugnada, con costas al recurrente.
2. La inaplicabilidad de la norma legal impugnada al caso concreto.

CAPITULO V

DE LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIAS Y CONTROVERSIAS

ARTICULO 71º.-

CONFLICTOS DE COMPETENCIAS Y CONTROVERSIAS.- Los casos en que se susciten conflictos de competencias y controversias entre los poderes públicos, la Corte Nacional Electoral, las administraciones departamentales y los gobiernos municipales, respecto del conocimiento de determinado asunto, serán resueltos por el Tribunal Constitucional, cuando no
haya sido posible por la vía de la inhibitoria o de la declinatoria.

ARTICULO 72.- INHIBITORIA.-

I. Cuando el titular de la entidad pública a la que se considera competente, es requerido por
la persona natural o jurídica interesada a asumir conocimiento del caso que se tramita ante
una entidad pública que se considera incompetente, admitiendo su competencia dirigirá
oficio al titular de ésta para que se inhiba de seguir conociendo el caso y le remita los
antecedentes.

II. Recibido el oficio de inhibitoria si el titular de la entidad pública requerida admitiere su
incompetencia, se inhibirá de seguir conociendo el caso mediante resolución expresa y
remitirá los antecedentes al titular de la entidad pública requirente.

III. Por el contrario, si la autoridad requerida rechazare la inhibitoria y se declarare
competente, en resolución fundamentada, remitirá el caso y los antecedentes al Tribunal
Constitucional en el plazo de cuarenta y ocho horas computables desde la recepción del
oficio de requerimiento de la inhibitoria.

ARTICULO 73º.-

DECLINATORIA.- La declinatoria será planteada por la persona natural o jurídica interesada, directamente al titular de la entidad pública que esté en conocimiento del caso, pidiéndole que decline de competencia y remita al proceso al titular de la entidad pública que considera competente. Esta petición será resuelta, mediante resolución fundamentada, en el plazo de cuarenta y ocho horas de haber sido recibida.

I. Si la petición de declinatoria es considerada procedente, se remitirá el caso y sus
antecedentes dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, al titular de la entidad tenida
por competente.

II. Si recibido el caso por la entidad pública tenida por competente, el titular de ésta declina a
su vez de competencia mediante resolución fundamentada pronunciada dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de los antecedentes, en el mismo plazo los
remitirá al Tribunal Constitucional.

III. Si la petición de declinatoria es considerada improcedente mediante resolución
fundamentada, los antecedentes del caso se remitirán en revisión en el plazo de cuarenta y
ocho horas al Tribunal Constitucional.

ARTICULO 74º.-

SENTENCIA Y EFECTOS.-

El Tribunal Constitucional, dentro los quince días siguientes a la radicatoria, dictará sentencia dirimitoria y remitirá el proceso al órgano público que declarare competente. Con esta sentencia serán notificados los titulares de ambos órganos públicos.

El Tribunal Constitucional podrá declarar en sentencia, la incompetencia de los dos órganos
públicos en conflicto. En este caso, determinará cual es el órgano público competente y remitirá el
proceso a su titular. Con esta sentencia se notificará a los titulares de los tres órganos públicos.

ARTICULO 75º.-

SUSPENSION DE TRAMITES.- Durante la sustanciación del procedimiento dirimitorio, el trámite de la causa principal quedará en suspenso, no siendo posible acto alguno, bajo sanción de nulidad, excepto las medidas cautelares cuya adopción resultare imprescindible.

CAPITULO VI

DE LAS IMPUGNACIONES DEL PODER EJECUTIVO A LAS RESOLUCIONES CAMARALES, PREFECTURALES Y MUNICIPALES

ARTICULO 76º.-

PROCEDENCIA.- El Poder Ejecutivo podrá impugnar las resoluciones camarales, prefecturales, así como ordenanzas y resoluciones municipales consideradas contrarías a la Constitución Política del Estado.

ARTICULO 77º.-

PROCEDIMIENTO.-

I. La demanda será planteada por el Presidente de la República contra el Presidente de la
respectiva Cámara Legislativa, el Prefecto del Departamento o el Alcalde Municipal.

II. Admitida la demanda por la Comisión, se correrá traslado a la autoridad demandada,
ordenando su citación, quién deberá responder dentro del término de quince días, a cuyo
vencimiento, con respuesta o sin ella, el Tribunal Constitucional resolverá en el plazo de
treinta días.

ARTICULO 78º.-

SENTENCIA Y EFECTOS.- El Tribunal dictará sentencia declarando probada o improbada la demanda. En el primer caso, declarará nula la resolución impugnada, y en el segundo, subsistente.

CAPITULO VII
DEL RECURSO DIRECTO DE NULIDAD

ARTICULO 79º.-

PROCEDENCIA.-

I. Procede el recurso directo de nulidad contra todo acto o resolución de quien usurpe
funciones que no le competen, así como contra los actos de quien ejerza jurisdicción o
potestad que no emane de la ley.

II. También procede contra las resoluciones dictadas o actos realizados por autoridad judicial
que esté suspendida de sus funciones o hubiere cesado.

ARTICULO 80º.-

PRESENTACIÓN.- La persona agraviada, presentará directamente el recurso al Tribunal Constitucional, acreditando su personería y acompañando copias, fotocopias legalizadas o testimonio de la resolución que le cause agravio y otros antecedentes que estime pertinentes.

Si el recurrente no tuviere en su poder copia, fotocopia legalizada o testimonio de la resolución
impugnada, anunciará a la autoridad que pretende ejecutarla o que la dictó, la utilización del
recurso, solicitándole se le extiendan las copias correspondientes que le serán otorgadas sin reparos
en el término máximo de cuarenta y ocho horas, caso contrario será pasible a las responsabilidades
de Ley.

ARTICULO 81º.-

PLAZO.- El recurso se interpondrá por el recurrente o por quien lo represente, dentro del plazo de treinta días, computables a partir de la ejecución del acto o de la notificación con la resolución impugnada.

ARTICULO 82º.-

ADMISIÓN O RECHAZO.-

I. La Comisión de Admisión, en el término de cinco días de recibido el recurso, dispondrá
su admisión o rechazo.

II. La Comisión de Admisión verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

La personería del recurrente;
o
La interposición del recurso en término legal;
o
La presentación de los documentos referidos en el artículo 81 de la presente Ley.
o

I. La Comisión podrá rechazar el recurso mediante auto motivado, cuando carezca
manifiestamente de fundamento jurídico sobre la resolución o acto recurrido que dé
mérito a una resolución sobre el fondo.

ARTICULO 83º.-

CITACIÓN Y REMISIÓN.- Admitido el recurso, se ordenará la citación de la autoridad recurrida, mediante provisión citatoria. Esta, en el plazo de veinticuatro horas remitirá los antecedentes del tramite o el expediente original.

El Tribunal podrá disponer también que la citación y remisión se efectúen mediante facsímil,
telegrama o cualquier medio admitido por esta Ley.

ARTICULO 84º.-

SUSPENSIÓN DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD RECURRIDA.- Desde el momento de la citación, quedará suspendida la competencia de la autoridad recurrida en relación al caso concreto y será nula de pleno derecho toda resolución que dictare con posterioridad.

Si transcurridos cuarenta días desde la admisión del recurso no se notificare a la autoridad
recurrida con la sentencia a dictarse, reasumirá su competencia.

ARTICULO 85º.-

SENTENCIA Y EFECTOS.- Elevado el expediente original ante el Tribunal, éste, en el término de treinta días pronunciará sentencia declarando:

1. Infundado el recurso, cuando el Tribunal considere que la autoridad recurrida obró con
jurisdicción y competencia, imponiendo costas y multa al recurrente.

2. La nulidad de la resolución o el acto recurridos, cuando el Tribunal encuentre que la
autoridad obró sin jurisdicción o sin competencia, o hubiere dictado la resolución después
de haber cesado en sus funciones o estando suspendida de ellas. En estos casos dispondrá,
de oficio, la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el procesamiento penal
correspondiente.

CAPITULO VIII

DE LOS RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES CONGRESALES O CAMARALES

ARTICULO 86º.-

PROCEDENCIA.- Cuando las resoluciones congresales o camarales, afecten derechos o garantías fundamentales de la persona, ésta, en el plazo de treinta días, computables desde la fecha de su publicación o citación, podrá interponer recursos contra el Congreso Nacional o una de sus Cámaras.

ARTICULO 87º.-

TRAMITE.- Admitido el recurso, se correrá en traslado al Congreso Nacional o a la Cámara recurrida, ordenando su legal citación en la persona del respectivo Presidente.

El recurso se contestará dentro del plazo de quince días, vencido el cual, con respuesta o sin ella, el
Tribunal Constitucional resolverá en el plazo de treinta días.

ARTICULO 88º.-

SENTENCIA Y EFECTOS.- El Tribunal declarará fundado o infundado el recurso. En el primer caso, la resolución impugnada será declarada nula y la sentencia surtirá sus efectos sólo en relación al caso concreto. En el segundo, subsistirá la resolución impugnada, con imposición de costas y multa al recurrente.

CAPITULO IX
DEL RECURSO DE HABEAS CORPUS

ARTICULO 89º.-

HABEAS CORPUS.-

I. Cuando una persona creyere estar arbitraria, indebida o ilegalmente perseguida, detenida,
procesada o presa, o alegare otras violaciones que tengan relación con la libertad personal
en cualquiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el acto motivante del
recurso, por constituir su causa o finalidad, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su
nombre, con poder notariado o sin el, en las capitales de departamento ante la Corte
Superior de Distrito en una de sus salas, por turno, o ante un juez de partido de turno, a
elección del demandante; y en las provincias, ante juez de partido o en su defecto ante
juez de instrucción, en demanda de que se guarden las formalidades legales.

II. Si la autoridad demandada fuere judicial, el recurso deberá ser interpuesto ante un juez o
tribunal de igual o mayor jerarquía.

ARTICULO 90º.-

FORMA Y CONTENIDO DEL RECURSO.-

I. El recurso observará los siguientes requisitos de contenido:

1. Los hechos motivantes del recurso, expuestos con precisión y claridad.
2. El derecho o garantía que se considere afectado o violado;
3. El juez salvará los defectos u omisiones de derecho que fuesen advertidos en el
recurso.

I. El recurso no requerirá la observancia de requisitos formales.

Si la persona fuere menor de edad o incapacitada, analfabeta o notoriamente
pobre, y no pudiere actuar con auxilio profesional podrá presentarse o mediante
otra a su nombre, ante el juez o tribunal competente en demanda de Habeas
Corpus. En este caso se procederá a levantar acta de los hechos denunciados, que
tendrá valor de demanda formal, en cuyo mérito la autoridad señalará sin otro
requisito día y hora para audiencia.

ARTICULO 91º.- AUDIENCIA.-

I. Cumplidos los recaudos previstos por el parágrafo II del Artículo 18 de la Constitución
Política del Estado, la audiencia se realizará indefectiblemente dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la presentación del recurso, pudiendo habilitarse en su caso día y horas
extraordinarias para su realización.

II. La audiencia no podrá suspenderse por ningún motivo, ni decretarse en su desarrollo
recesos o cuartos intermedios hasta dictarse en la misma la correspondiente sentencia.


III. Si la persona en cuyo favor se interpuso el recurso, estuviere detenida o presa, será
conducida sin observación ni excusa por la autoridad demandada a presencia del juez o
tribunal.
IV. El recurrente y la autoridad demandada podrán ser asistidas por un abogado defensor.

V. En la audiencia se escucharán las exposiciones del recurrente y el informe de la autoridad
demandada, y acto seguido, se pronunciará sentencia en la misma audiencia. En lo demás,
el trámite y resolución del recurso estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 18 de la
Constitución Política del Estado.


VI. No obstante haber cesado la persecución o la detención ilegales, la audiencia se realizará
necesariamente y si el recurso fuere declarado procedente, la autoridad recurrida será
condenada a la reparación de daños y perjuicios, cuyo monto será fijado en la misma
audiencia sin perjuicio del cumplimiento de lo preceptuado en los parágrafos V y VI del
Artículo 18 de la Constitución Política del Estado.

Sin perjuicio de la ejecución del fallo, si el Tribunal no contara con los elementos necesarios que permitan la calificación de los daños y perjuicios, con este fin, abrirá término incidental de ocho días para que se acrediten los mismos, y pronunciará resolución en el plazo de tres días ordenando, asimismo, la retención de haberes y el embargo de los bienes de la autoridad recurrida a los efectos de dicha reparación.

ARTICULO 92º.-

RESPONSABILIDAD EN CASO DE SUSPENSIÓN DE AUDIENCIA.- Si la suspensión de la audiencia fuere atribuible al juez o tribunal, aquella se entenderá como falta muy grave sancionable conforme a lo dispuesto en la Ley del Consejo de la Judicatura.

La inasistencia del Fiscal no dará lugar a la suspensión de la audiencia, sin perjuicio de las
sanciones previstas por la Ley Orgánica del Ministerio Público.

ARTICULO 93º.-

REVISIÓN DE SENTENCIA.- La sentencia pronunciada en el recurso se elevará de oficio en revisión, ante el Tribunal Constitucional en el plazo de veinticuatro horas, sin que por tal motivo se suspenda la ejecución inmediata del fallo, bajo responsabilidad. El procedimiento de revisión de la sentencia ante el Tribunal Constitucional se sujetará a lo dispuesto en el Capítulo II, Título Tercero de la presente Ley.

CAPITULO X

DEL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL

ARTICULO 94º.-

PROCEDENCIA.- Procederá el recurso de Amparo Constitucional contra toda resolución, acto u omisión indebida de autoridad o funcionario, siempre que no hubiere otro medio o recurso para la protección inmediata de los derechos y garantías; así como contra todo acto u omisión indebida de persona o grupo de personas particulares que restrinjan, supriman o amenacen
restringir o suprimir los derechos o garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes.

ARTICULO 95º.-

COMPETENCIA.- Son competentes para conocer el recurso de amparo:

1. Las Cortes Superiores de Distrito, en las Capitales de Departamento en sus salas, por
turno.
2. En las provincias, los jueces de partido.

ARTICULO 96º.-

IMPROCEDENCIA.- El Recurso de Amparo no procederá contra:

1. Las Resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de
defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente
y en cuya virtud pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas.
2. Cuando se hubiere interpuesto anteriormente un recurso constitucional con identidad de
sujeto, objeto y causa, y contra los actos consentidos libre y expresamente o cuando
hubieren cesado los efectos del acto reclamado.
3. Las resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso puedan ser modificadas o
suprimidas aún cuando no se haya hecho uso oportuno de dicho recurso.

ARTICULO 97º.-

FORMA Y CONTENIDO DEL RECURSO.- El recurso será presentado por escrito con el cumplimiento de los siguientes requisitos de contenido :

I. Acreditar la personería del recurrente;
II. Nombre y domicilio de la parte recurrida o de su representante legal.

III. Exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento.

IV. Precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o
amenazados.

V. Acompañar las pruebas en que se funda la pretensión; y,

VI. Fijar con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o la
garantía vulnerados o amenazados.

ARTICULO 98º.-

ADMISIÓN.- El Tribunal o juez competente en el plazo de veinticuatro horas admitirá el recurso de amparo constitucional que cumpla los requisitos de forma y contenido exigidos por el artículo precedente; caso contrario será rechazado. Los defectos formales podrá subsanar el recurrente en el plazo de cuarenta y ocho horas de su notificación, sin ulterior recurso.

ARTICULO 99º.-

MEDIDAS CAUTELARES.- A tiempo de admitir el recurso el Tribunal o juez competente podrá dictar las medidas cautelares necesarias para evitar la consumación de la amenaza de restricción o supresión del derecho o garantía en que se funda el recurso, que a su juicio pueda crear una situación insubsanable por el amparo. El recurrente también podrá solicitar
la adopción de medidas cautelares en cualquier momento, con carácter previo a la resolución final.

ARTICULO 100º.-

CITACIÓN.- Al tiempo de admitir el recurso se fijará día y hora para audiencia pública, que deberá tener lugar indefectiblemente dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la providencia de admisión, ordenando la citación personal o por cédula de la autoridad o el particular recurrido, emplazamiento que será obedecido sin observación ni excusa.

ARTICULO 101º.-

AUDIENCIA.- La audiencia se realizará indefectiblemente y no podrá ser suspendida por la incomparecencia del recurrido o del Ministerio Público. Tampoco podrá decretarse recesos o cuartos intermedios durante su desarrollo. El recurrido deberá comparecer por sí o mediante apoderado y elevar informe sobre los hechos denunciados. Instalado el acto, el recurrente podrá ratificar, modificar o ampliar los términos de su demanda, acto seguido, el recurrido prestará informe. Ambas partes podrán ofrecer pruebas relativas al objeto del recurso.

El Tribunal o juez competente, con requerimiento del Ministerio Público o sin él y examinando lo
alegado por las partes, pronunciará resolución final en la misma audiencia, sin que obste la
ausencia del recurrido o la falta de presentación del informe.

ARTICULO 102º.-

RESOLUCIÓN.-

I. La resolución concederá o denegará el Amparo. Será ejecutada, sin perjuicio de la
revisión, inmediatamente y sin observaciones.

II. La resolución que conceda el amparo, determinará también la existencia o no de
responsabilidad civil y penal, estimando en el primer caso, el monto indemnizable por
daños y perjuicio y, en el segundo, disponiendo la remisión de antecedentes al Ministerio
Público.

III. La resolución denegatoria del amparo demandado, impondrá costas y multa al recurrente,
que fijará en la misma audiencia.

IV. La ejecución de los efectos dispuestos en los parágrafos II y III, se hará efectiva, una vez
absuelta la revisión, por el Tribunal o juez de instancia.

V. La resolución será elevada en revisión de oficio ante el Tribunal Constitucional en el
plazo de 24 horas.

VI. Sin perjuicio de la ejecución del fallo si el Tribunal que declare procedente el recurso no
contara con los elementos necesarios que permitan la calificación de los daños y
perjuicios, abrirá término de ocho días para que se acrediten los mismos y pronunciará
resolución en el plazo de tres días, ordenando la retención de haberes, y el embargo de los
bienes de la autoridad recurrida a los efectos de dicha reparación.

ARTICULO 103º.- RESPONSABILIDAD.- Si la autoridad judicial, en la tramitación de los recursos de Habeas Corpus y Amparo Constitucional, no procediere conforme a lo dispuesto por los Artículos 18 y 19 de la Constitución Política del Estado y lo establecido en los capítulos VIII y IX del presente Título, los antecedentes serán remitidos a conocimiento del Consejo de la Judicatura para fines del Artículo 123, atribución tercera de la Constitución.

ARTICULO 104º.-

DESOBEDIENCIA.- Los funcionarios públicos y personas particulares que recibieren una orden judicial dictada en recurso de Habeas Corpus o Amparo Constitucional y no la cumplieren o no la hicieren cumplir, serán sometidos a proceso penal, a cuyo efecto se remitirán antecedentes al Ministerio Público.

CAPITULO XI

DE LAS CONSULTAS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY, DECRETOS O RESOLUCIONES

ARTICULO 105º.-

PROCEDENCIA.- El Tribunal Constitucional conocerá y absolverá las consultas formuladas por:

I. El Presidente de la República cuando se trate de proyectos de ley de iniciativa del Poder
Ejecutivo, decretos y resoluciones.
II. El Presidente del Congreso Nacional, tratándose de proyectos de ley, cuando la consulta
fuere aprobada por Resolución Congresal o Camaral.
III. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, previa aprobación de Sala Plena, en el caso
de los proyectos de leyes en materia judicial y reforma de los códigos.

ARTICULO 106º.-

TRAMITE.-

I. La consulta deberá formularse sobre el proyecto de ley. Tratándose de proyectos de
decretos y resoluciones, antes de su aprobación.

II. La formulación de la consulta suspenderá el trámite de aprobación del proyecto.

III. El Tribunal Constitucional absolverá la consulta dentro de los treinta días siguientes.

ARTICULO 107º.- DECLARACIÓN Y EFECTOS.-

I. La opinión del Tribunal Constitucional asumirá la forma de declaración constitucional,
que vinculará al órgano que efectuó la consulta.

II. Si el Tribunal Constitucional declarase la constitucionalidad del proyecto consultado, no
podrá interponerse posterior recurso sobre las cuestiones consultadas y absueltas por éste.

CAPITULO XII

DE LAS CONSULTAS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, DECRETOS O RESOLUCIONES APLICABLES A UN CASO CONCRETO

ARTICULO 108º.-

PROCEDENCIA.- El Presidente de la República, el Presidente del Congreso Nacional mediante resolución congresal o camaral y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia con aprobación de Sala Plena, podrán consultar ante el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de leyes, decretos o resoluciones aplicables a un caso concreto.

ARTICULO 109º.-

TRÁMITE.- El Tribunal absolverá la consulta dentro de los treinta días siguientes de su recepción.

ARTICULO 110º.-

EFECTO DE LA CONSULTA.- Hasta que sea absuelta la consulta, quedará en suspenso la aplicación de la norma al caso concreto.

ARTICULO 111º.-

OBLIGATORIEDAD.- La declaración constitucional del Tribunal es obligatoria para el órgano que efectúa la consulta, así como para la persona física o jurídica que pudiere resultar afectada con la misma.

ARTICULO 112º.-

IMPOSIBILIDAD DE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.- En caso que el Tribunal Constitucional declare la constitucionalidad de la ley, decreto o resolución consultada, el órgano consultante no podrá interponer posteriormente recurso de inconstitucionalidad contra la misma disposición.

CAPITULO XIII

DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS O CONVENIOS INTERNACIONALES

ARTICULO 113º.-

DE LA CONSULTA.- Cuando en los tratados o convenios internacionales exista duda fundada sobre la constitucionalidad de los mismos, el Presidente del Congreso Nacional, con resolución camaral expresa, deberá enviar el mismo en consulta al Tribunal Constitucional antes de su ratificación.

ARTICULO 114º.-

TRAMITE.- Recibida la consulta, el Tribunal Constitucional dispondrá la citación del Ministro de Relaciones Exteriores en representación del Poder Ejecutivo, con noticia del requirente, a fin de que aquél en el término de quince días exprese su opinión fundada sobre la consulta. El Tribunal, en el término de treinta días, emitirá declaración constitucional.

ARTICULO 115º.-

DECLARACIÓN Y EFECTOS.-

I. La declaración tendrá efecto vinculante.

II. Si el Tribunal declarare que el tratado o convenio es contrario a la Constitución no podrá
ser aprobado.

III. En el caso de tratados o convenios multilaterales, la declaración de inconstitucionalidad
de alguna de sus cláusulas no impedirá su aprobación, siempre que se formule reserva que
refleje la decisión del Tribunal Constitucional.

CAPITULO XIV

DE LAS DEMANDAS RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN

ARTICULO 116º.-

LEGITIMACIÓN.- El Presidente de la República o cualquier Senador o Diputado, podrán plantear ante el Tribunal Constitucional demanda respecto a infracciones al procedimiento de reforma de la Constitución. La demanda podrá ser planteada en cualquier momento, hasta antes de la sanción de la ley.

ARTICULO 117º.-

OBJETO DEL CONTROL.- El control se circunscribirá a la observancia de las formalidades de procedimiento de reforma establecido en los artículos 230, 231, 232 y 233 de
la Constitución Política del Estado, sin que en ningún caso se ingrese al análisis del contenido material de la reforma.

ARTICULO 118º.-

PROCEDIMIENTO.- Admitida la demanda, el Tribunal Constitucional oirá al Presidente del Congreso, o a los Presidentes de las Cámaras Legislativas, según el caso, quienes deberán responder en el plazo de quince días. Vencido el plazo anterior, el Tribunal Constitucional, con respuesta o sin ella, pronunciará sentencia en los treinta días siguientes bajo responsabilidad.

ARTICULO 119º.-

SENTENCIA Y EFECTOS.- La sentencia se concretará a determinar la observancia o inobservancia de las formalidades del procedimiento de reforma.

La sentencia del Tribunal que declare la inobservancia del procedimiento de reforma, dispondrá
que sea reparado el defecto u omisión, a los fines de viabilizar el procedimiento.

DISPOSICIÓN ESPECIAL ÚNICA

REGLAMENTOS

El Tribunal dictará los reglamentos necesarios para su organización y funcionamiento en el plazo
máximo de ciento ochenta días a partir de su instalación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.-

DESIGNACION DE MAGISTRADOS.- Los Magistrados del Tribunal Constitucional serán designados y posesionados por el Congreso Nacional, dentro del período de sesiones ordinarias de la presente legislatura.

SEGUNDA.-

VIGENCIA PLENA DE LA LEY.- La presente ley entrará en vigencia plena 365 días después de la posesión de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

TERCERA.-

VIGENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA Y DEMANDAS NUEVAS.- Todos los procesos y recursos de competencia del Tribunal Constitucional que estuvieren en curso ante la jurisdicción ordinaria, concluirán su trámite ante esa jurisdicción. Hasta la plena vigencia de la Ley del Tribunal Constitucional, las demandas y recursos nuevos, serán planteadas y tramitadas hasta su conclusión en la jurisdicción ordinaria.

CUARTA.-

PRESUPUESTO.- El Tesoro General de la Nación asignará las partidas presupuestarias necesarias para el funcionamiento del Tribunal Constitucional, con cargo a presupuesto adicional.

DEROGACIONES Y MODIFICACIONES

ÚNICO

I. Los artículos 754 al 767 y 775 al 786 del Código de Procedimiento Civil, quedarán
derogados a tiempo de la plena vigencia de esta ley.

II. Los artículos 768 al 774 del Código de Procedimiento Civil quedan modificados en los
términos de los artículos 79 al 85 de la presente ley.

Pase al Poder Ejecutivo, para fines Constitucionales.


Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional a los diecinueve días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho años.

Fdo. Walter Guiteras Denis, Hernando Vaca Diez Vaca Diez, Rubén Poma Rojas, Gonzalo Molina Ossio, Guido Roca Villavicencio, Gonzalo Aguirre Villafán.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, al primer día del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho años.

FDO HUGO BANZER SUAREZ, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Carlos Iturralde Ballivián, Ana Maria Cortez de Soriano.

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