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DECRETO SUPREMO No 29215 del 02 Agosto 2007

RESUMEN:

Reglamento de la Ley Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificada por la Ley Nº 3545 de reconducción comunitaria de la Reforma Agraria.

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DECRETO SUPREMO Nº 29215

EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:
Que en fecha 18 de octubre de 1996 se promulgó la Ley No 1715, del Servicio Nacional de Reforma Agraria, y que en fecha 28 de noviembre de 2006 se promulgó la Ley No 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, modificatoria de la Ley No 1715.

Que es necesario sustituir en su integridad el Reglamento Agrario vigente aprobado mediante Decreto Supremo No 25763, de 5 de mayo de 2000, así como las disposiciones conexas posteriores, en el marco de lo establecido por la nueva política de reconducción comunitaria de la reforma agraria.

Que la Comisión Agraria Nacional en el marco de sus atribuciones, ha considerado y aprobado por unanimidad el informe y el contenido del proyecto del nuevo Reglamento Agrario.

Que a propuesta del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, y en cumplimiento de la atribución constitucional del Presidente de la República establecida en la Atribución 1a del Artículo 96 de la Constitución Política del Estado, corresponde emitir la presente norma por la vía rápida, en el marco del Parágrafo IV del Artículo 88 del Decreto Supremo No 28631 de 8 de marzo de 2006, Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 1715 DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, MODIFICADA POR LA LEY Nº 3545 DE RECONDUCCIÓN COMUNITARIA DE LA REFORMA AGRARIA

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
OBJETO, CARÁCTER SOCIAL DEL DERECHO AGRARIO Y FINALIDADES

ARTÍCULO 1. (OBJETO).-

El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley No 1715 de 18 de octubre de 1996, del Servicio Nacional de Reforma Agraria y sus modificaciones establecidas en la Ley No 3545 de 28 de noviembre de 2006, de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria; así como establecer el carácter social del derecho agrario.

ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE).-

I. El presente Reglamento se aplicará exclusivamente a los procedimientos agrarios administrativos; cuando no exista norma expresa se aplicarán supletoriamente las normas del procedimiento administrativo; y sólo cuando estas normas no regulen algo especifico, se recurrirá, a las normas del
Código de Procedimiento Civil.

II. La judicatura agraria, para la resolución de los conflictos sometidos a su jurisdicción, aplicará las disposiciones de este reglamento, exceptuando los
actos procesales y procedimentales, previstos por el régimen de supletoriedad del Artículo 78 de la Ley No 1715.

ARTÍCULO 3.- (CARÁCTER SOCIAL DEL DERECHO AGRARIO).

El carácter social del derecho agrario boliviano, consiste en lo siguiente:

a) Que el recurso tierra, al ser del dominio originario de la nación, retornará a ella de acuerdo a las condiciones y causales establecidas en la Constitución Política del Estado, las Leyes Nº 1715 y Nº 3545 y el presente Reglamento.

b) Que las instituciones y autoridades públicas, aplicarán las normas especiales de esta materia, siendo aplicables las normas ordinarias sólo cuando así se disponga de manera expresa.

c) Que el Estado reconocerá y hará cumplir la resolución de conflictos al interior o entre comunidades campesinas, colonias y pueblos indígenas u originarios, adoptada con base en sus usos y costumbres, en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, la Constitución Política del Estado y otras disposiciones vigentes.

d) Que en la resolución de controversias, ante la igualdad de elementos objetivos probatorios, prevalecerá la Función Social respecto de la Función Económico Social y el bienestar e interés colectivo frente al bienestar individual.

e) La equidad en el derecho de acceso y tenencia de la tierra de mujeres y hombres.

f) La equidad, en el derecho de acceso y tenencia de la tierra, con preferencia a quienes no la tienen o la tienen insuficientemente.

g) Que en aplicación de la ausencia de formalidad, la autoridad administrativa deberá de oficio dirigir y reencauzar trámites y procedimientos de su conocimiento, además de instar a la subsanación de errores y omisiones de forma, cuando corresponda, de acuerdo a este reglamento. Asimismo, implica la no exigencia de requisitos aparte de los legalmente establecidos, que hagan inviables las solicitudes o demandas.

h) Que el establecimiento de aranceles y cobros por los servicios que prestan las instituciones relacionadas con la materia agraria, deberán ser los estrictamente necesarios, en el marco de una racionalidad que esté de acuerdo con la realidad económica nacional, de tal manera que no se impida ni se haga inviable el acceso a estos servicios.

i) La atención oportuna a la presentación de demandas y solicitudes; en consecuencia, las autoridades deberán pronunciarse clara y expresamente
sobre las mismas.

j) La eliminación de toda forma de discriminación por los servidores públicos de las instituciones involucradas en la temática agraria.

k) El reconocimiento de la designación de representantes, sean hombres o mujeres, de pueblos indígenas u originarios, comunidades campesinas, colonias y otras organizaciones, designados orgánicamente o de manera convencional.

l) El impulso de oficio a los procesos administrativos o jurisdiccionales, sobre todo en lo relativo a las citaciones o notificaciones de inicio de procesos o con demandas o resoluciones finales, de tal manera que no se deje a la voluntad exclusiva de las partes.

m) El no reconocimiento de ningún derecho y la pérdida del mismo, además de la obligatoria denuncia ante autoridades competentes, cuando se establezca la existencia de relaciones servidumbrales como efecto de cualquier actividad dentro de un predio agrario.

n) Que el otorgamiento y reconocimiento de derechos agrarios estarán sujetos a la aptitud de uso del suelo y a su empleo sostenible, en el marco de las normas ambientales vigentes.

o) Considerar a la tierra de manera integral, incluyendo sus connotaciones sociales, culturales, ambientales, económicas y de desarrollo rural.

ARTÍCULO 4.- (FINALIDADES). El presente Reglamento tiene las siguientes finalidades:

a) Garantizar el derecho al acceso y tenencia de la tierra precautelando los derechos de las presentes y futuras generaciones.

b) Garantizar el manejo confiable y responsable del régimen agrario que permita superar actos de injusticia social, corrupción y clientelismo en la administración del derecho agrario, comprometiendo un rol institucional con capacidad estratégica y operativa del Instituto Nacional de Reforma Agraria y de otras instituciones relacionadas con la materia agraria.

c) Efectivizar la expedita ejecución de los procedimientos de saneamiento, reversión, expropiación y distribución de tierras, con el debido resguardo de los derechos constitucionales, la plena participación de las personas interesadas y el ejercicio del control social.

d) Otorgar seguridad jurídica a los derechos de propiedad de medianas y empresas agropecuarias en tanto cumplan una función económico – social en los términos y condiciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento.

e) Garantizar y priorizar el acceso a la tierra de las familias y comunidades sometidas a empatronamiento, cautiverio, trabajo forzoso y sistema servidumbral de relación laboral, en el marco de lo establecido en la Ley y el presente Reglamento.

f) Efectivizar la distribución y redistribución colectiva de tierras fiscales disponibles y recuperadas en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas originarias, campesinas, sin tierra o con tierra insuficiente.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES COMUNES

ARTÍCULO 5.- (APLICACIÓN).

El presente Capítulo establece disposiciones comunes, de aplicación obligatoria a todos los procedimientos agrarios administrativos regulados en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 6.- (RESPONSABILIDAD).

La ejecución y cumplimiento de estos procedimientos será de estricta responsabilidad de los funcionarios públicos en sus distintas etapas y
diferentes actividades, conforme la Ley No 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. Tales actividades deberán
realizarse de manera compatible con la protección de la vida humana, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas u originarios y campesinos, la
propiedad pública y privada, la promoción de la equidad de género, la conservación del medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad.

ARTÍCULO 7.- (TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN).

Se garantiza el acceso a la información y documentación, en la ejecución de los procedimientos agrarios administrativos, de la siguiente manera:

a) Las organizaciones sociales o sectoriales y quienes sean parte interesada, accederán a toda información en cualquier momento y sin restricción.

b) El otorgamiento de fotocopias legalizadas y certificaciones sólo procederá previa acreditación del interés legal.

c) Los resultados finales de los procedimientos ejecutados y otra información de alcance general, serán de difusión y acceso a la población en general.

ARTÍCULO 8.- (CONTROL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN).

I. Se garantiza el control social y la participación de las organizaciones sociales y de otros sectores, a nivel nacional, regional o local, en todos los procedimientos agrarios administrativos regulados por este Reglamento. Para tal efecto, por escrito podrán acreditar o sustituir sus representantes orgánicos, elegidos conforme sus usos y costumbres o de forma convencional, en cualquier etapa de los procedimientos.

II. Las personas representantes de organizaciones sociales o sectoriales con personalidad jurídica, apersonadas y acreditadas, quedarán habilitados para
participar activamente en cualquier fase del procedimiento, proceder a la firma de formularios y actas de carácter público y hacer constar sus observaciones.

Las copias de estos actuados les serán proporcionadas de oficio a la conclusión del acto por los funcionarios responsables.

Estos funcionarios estarán obligados a hacer conocer al representante apersonado la realización de toda actividad programada y prestarán apoyo efectivo para viabilizar su participación. La falta de participación del representante a quien se hizo conocer la actividad, no suspende ni anula la ejecución de la misma. La participación de los pueblos indígenas u originarios será obligatoria en los procesos de saneamiento de sus tierras.

III. Las personas representantes acreditadas también podrán presentar por escrito, denuncias contra funcionarios públicos, reclamos u objeciones a las
actuaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria, ante el superior jerárquico o ante el Viceministerio de Tierras, las que deberán ser
obligatoriamente atendidas.

IV. Las organizaciones sociales y sectoriales tienen derecho a acceder a información, orientación legal y técnica de las instituciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria y de otras entidades públicas que consideren pertinentes vinculadas con la temática agraria.

V. Se deberá garantizar la aplicación de metodologías adecuadas para efectivizar el derecho de las mujeres a la tierra y su participación en los procedimientos agrarios.

VI. El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, en coordinación con las organizaciones sociales acreditadas por la Comisión Agraria Nacional, gestionarán el acceso a recursos económicos para la efectiva implementación y funcionamiento del control social.

ARTÍCULO 9.-(PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS CON COMPETENCIAS RELACIONADAS).

Se garantiza la participación de la Superintendencia Agraria, la Superintendencia Forestal y del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y otras instituciones con competencias relacionadas, en los procesos agrarios administrativos descritos en el presente Reglamento, en cumplimiento de sus atribuciones y mandato institucional.

ARTÍCULO 10.-(MEDIDAS PRECAUTORIAS).

I. A objeto de garantizar la ejecución de los procedimientos agrarios administrativos, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, podrá disponer, de oficio, a pedido de parte o de entidades públicas, medidas precautorias de carácter temporal que deberán ser oportunas y proporcionales a la amenaza o riesgo del caso concreto, contemplando inclusive el apoyo de la fuerza pública para su ejecución, bajo responsabilidad de la autoridad que deba asumirlas. En saneamiento, las medidas precautorias se pueden disponer para garantizar el ejercicio del derecho posesorio y de propiedad.

II. Las medidas precautorias a disponerse, conjunta o indistintamente, pueden ser:

a) Prohibición de asentamiento.
b) Paralización de trabajos.
c) Prohibición de innovar.
d) No consideración de transferencias de predios objeto de saneamiento, expropiación o reversión, efectuadas en el período de su sustanciación.
e) Registro preventivo de tierras presuntamente fiscales o con incumplimiento de la función económico – social.
f) Comunicación del inicio de procedimientos agrarios a las autoridades competentes sobre el uso, explotación y protección de recursos naturales, las autorizaciones otorgadas a partir de dicho acto no serán consideradas en los procedimientos agrarios.
g) Prohibición de fraccionamiento de propiedades medianas y empresas agropecuarias en superficies iguales o menores de la máxima para la pequeña propiedad, asimismo de pequeñas propiedades en extensiones menores.
h) Desalojo de asentamientos ilegales.

ARTÍCULO 11.- (COMPETENCIA EN ÁREA RURAL).

I. Los procedimientos agrarios administrativos serán ejecutados sólo en el área rural. Los predios ubicados al interior del radio urbano de un Municipio que cuente con una Ordenanza Municipal homologada, no serán objeto de aplicación de estos procedimientos, bajo sanción de nulidad.

En los predios parcialmente comprendidos en áreas urbanas que cuenten con Ordenanzas Municipales homologadas, el saneamiento únicamente se ejecutará sobre la fracción del área rural.

II. Si la Ordenanza Municipal está en trámite de homologación y el predio no está destinado al desarrollo de actividades agrarias, dará lugar a la suspensión de los procedimientos agrarios administrativos en un plazo no mayor a seis meses, debiéndose estar a sus resultados. Si, vencido el plazo y la
homologación no se hubiere concluido, el Instituto Nacional de Reforma Agraria retomará el conocimiento y ejecución del procedimiento.

Dentro de un área demandada como Tierra Comunitaria de Origen, la medida de suspensión será objeto de consulta al pueblo indígena u originario respectivo.

III. Para el caso de la creación y modificación de radios urbanos, el Instituto Nacional de Reforma Agraria podrá coordinar con los Gobiernos Municipales,
la definición de estos límites de acuerdo a las normas específicas que regulan la materia.

IV. Para resolver la ampliación de un radio urbano que afecte a un pueblo indígena u originario, a parte de la coordinación con el Instituto Nacional de
Reforma Agraria, el Concejo Municipal competente necesariamente deberá realizar una consulta previa, oportuna y de buena fe, por medios idóneos a los
pueblos indígenas u originarios involucrados. El resultado de esa consulta deberá consignarse en la resolución sobre la ampliación del radio urbano

ARTÍCULO 12.- (SUJECIÓN A NORMAS TÉCNICAS CATASTRALES, TRANSFERENCIAS Y REGISTROS).

I. Las actividades técnicas que se desarrollen en cualquiera de los procedimientos agrarios administrativos, se sujetarán a las normas técnicas catastrales emitidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria.

II. Los procedimientos agrarios incluirán la formación y actualización del Catastro Rústico Legal, la transferencia y el registro de información, de conformidad con el Artículo 414 y siguientes de este Reglamento.

ARTÍCULO 13.- (ACREDITACIÓN DE DERECHOS).

Las personas interesadas podrán acreditar sus derechos mediante el uso de todos los medios de prueba legalmente admitidos.

ARTÍCULO 14.- (EXTINCIÓN DE OTROS DERECHOS).

La restitución al dominio originario de la Nación de predios rurales como efecto de la ejecución de los procedimientos agrarios administrativos, extingue de pleno derecho las hipotecas y gravámenes constituidos, así como todos aquellos derechos reales y personales, salvo lo señalado en los Parágrafo III del Artículo 56 y Parágrafo III del Artículo 63 de la Ley No 1715 y lo regulado en el proceso de saneamiento.

ARTÍCULO 15.- (PLAZOS COMPUTABLES).

Los plazos establecidos en el presente Reglamento se computarán en días
calendario, salvo disposición contraria expresa. Si un plazo venciera en un día
inhábil se recorrerá al día siguiente hábil. Las actividades y actuados en los
procedimientos agrarios administrativos son continuos e ininterrumpidos
pudiendo ser ejecutados en días domingos y feriados. Las notificaciones
podrán ser practicadas en esos días, previa habilitación expresa.
ARTÍCULO 16.- (EXENCIÓN DE VALORES Y
ARANCELES). I. Las inscripciones de tierras a favor del Estado, así como
las cancelaciones de registros, subregistros, cargas, hipotecas, gravámenes,
anotaciones preventivas y otras emergentes de la ejecución de los
procedimientos de saneamiento, de reversión o de expropiación, quedan
expresamente exentas del pago de valores y aranceles ante el Registro de
Derechos Reales así como no estar sujetas al pago del impuesto a la
transferencia de bienes inmuebles ante las Municipalidades, por ser resultado
de un proceso de regularización del derecho de propiedad agraria o retorno a
dominio del Estado.
Todas las propiedades que sean registradas o canceladas en el Registro de
Derechos Reales por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, como efecto
del saneamiento, quedan exentas del pago de valores y aranceles.
– 10 –
II. Las Instituciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria y la
Superintendencia Agraria no serán objeto del cobro de valores y aranceles en
los procesos ante la Judicatura Agraria en los que sea parte, asimismo no serán
condenadas a costas procesales.
ARTÍCULO 17.- (TRÁFICO Y VENTA DE
TIERRAS DE COMUNIDAD). De existir indicios o evidencia de la
existencia de personas que pretendan constituir o constituyan comunidades
campesinas, pueblos indígenas u originarios, en contravención a las normas
vigentes y con la finalidad de realizar negocios o transacciones con tierras de
comunidad, así como de evidenciarse indicios o comprobarse la venta o
transferencia de tierras de comunidad que por su propia naturaleza son
inalienables, las autoridades y funcionarios del Instituto Nacional de Reforma
Agraria, Superintendencias Agraria y Forestal y otras instancias, denunciarán
los hechos al Ministerio Público para el inicio de la acción penal por los
delitos de estelionato, estafa y otros que correspondan, constituyéndose estas
instituciones y el Instituto Nacional de Reforma Agraria en parte, dentro de
los indicados procesos.
Sin perjuicio de lo señalado, las personas que estuvieren involucradas, no
podrán acceder bajo ningún título a nuevos procesos de distribución de tierras
en ninguna parte del territorio de la República.
TITULO II
MARCO INSTITUCIONAL
CAPITULO I
COMISION AGRARIA NACIONAL
SECCIÓN I
COMPOSICION DE LA COMISION AGRARIA NACIONAL
ARTÍCULO 18.- (COMPOSICIÓN). La Comisión
Agraria Nacional está compuesta por las autoridades públicas y los
representantes de las organizaciones sociales y sectoriales mencionadas en el
Parágrafo II del Artículo 11 de la Ley No 1715 modificado por el Artículo 8 de
– 11 –
la Ley No 3545 quienes, a los efectos del presente Reglamento, se
denominarán “Comisionados”.
ARTÍCULO 19.- (SUPLENCIAS). I. Los
Comisionados impedidos de asistir a las sesiones serán suplidos, con derecho
a voz y voto, por:
a) El servidor público que reemplace temporalmente en el ejercicio del cargo
al impedido, cuando se trate de una autoridad pública; o
b) La persona natural nombrada convencionalmente, tratándose de un
representante de una organización social o sectorial.
II. Los actos de los suplentes designados por escrito por los Comisionados se
tendrán por válidos y no podrán ser impugnados posteriormente.
ARTÍCULO 20.- (HABILITACIÓN DE
COMISIONADOS). Los Comisionados o suplentes, antes de su primera
actuación presentarán ante la Secretaría Permanente de la Comisión Agraria
Nacional, los documentos que los acreditan como tales. Su habilitación estará
sujeta al reglamento interno de la Comisión Agraria Nacional.
SECCIÓN II
ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN AGRARIA NACIONAL
ARTÍCULO 21.- (ESTRUCTURA ORGÁNICA).
La Comisión Agraria Nacional tiene la siguiente estructura orgánica:
a) Plenaria, como órgano de deliberación y decisión;
b) Presidencia, como órgano de representación y dirección; y
c) Secretaría Permanente, como órgano de apoyo administrativo y técnico.
ARTÍCULO 22.- (PLENARIA). La Plenaria de la
Comisión Agraria Nacional tiene las atribuciones conferidas en el Artículo 13
de la Ley No 1715, modificado por el Artículo 9 de la Ley No 3545.
ARTÍCULO 23.- (PRESIDENCIA). I. La
Presidencia de la Comisión Agraria Nacional es ejercida por el Ministro o la
– 12 –
Ministra de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente o su
representante.
II. La Presidencia de la Comisión Agraria Nacional tiene las siguientes
funciones:
a) Representar a la Comisión Agraria Nacional;
b) Convocar a sesiones de la Comisión, en cualquier tiempo cuando estime
necesario, o a solicitud de por lo menos cinco (5) de los Comisionados,
disponiendo su citación;
c) Presidir las sesiones de la Comisión, con facultades para:
1. Disponer que el Secretario Permanente dé cuenta de los asuntos
consignados en el orden del día;
2. Dirigir las deliberaciones de conformidad con el reglamento interno de
la Comisión disponiendo cuartos intermedios cuando lo considere
oportuno;
3. Llamar a los Comisionados al orden y, en su caso, proponer la
suspensión de la sesión a la plenaria y si el desorden se reproduce,
levantar la sesión; y
4. Proponer votaciones cuando corresponda y proclamar sus resultados;
d) Poner en conocimiento del Presidente de la República los informes de
posiciones cuando no se llegue a consensos;
e) Suscribir actas de las sesiones y resoluciones de la Comisión;
f) Elaborar y presentar su presupuesto anual para aprobación de la Comisión
y, una vez aprobado, remitirlo al Ministerio de Desarrollo Rural,
Agropecuario y Medio Ambiente para su procesamiento;
g) Administrar el presupuesto de la Comisión;
h) Proponer a la Comisión su plan operativo anual, previo informe de la
Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria;
i) Presentar informe anual de actividades a la Comisión;
j) Extender credenciales a los Comisionados; y
k) Ejercer, cumplir y hacer cumplir las normas que regulan el funcionamiento
de la Comisión y las funciones que en ellas se le asigne.
ARTÍCULO 24.- (SECRETARÍA
PERMANENTE). I. La Secretaría Permanente de la Comisión Agraria
– 13 –
Nacional será ejercida por el Director Nacional del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, o por su suplente.
II. El Secretario Permanente de la Comisión Agraria Nacional tiene las
siguientes funciones:
a) Recibir documentación de los representantes acreditados;
b) Mantener registros actualizados de los Comisionados habilitados;
c) Registrar y mantener actualizado el domicilio de los Comisionados;
d) Citar a los Comisionados con las convocatorias a sesión;
e) Recibir, abrir y clasificar las comunicaciones dirigidas a la Comisión y
ponerlas en conocimiento de su Presidente;
f) Refrendar la firma del Presidente;
g) Organizar el archivo general de la Comisión;
h) Organizar las publicaciones e impresiones que se hicieren por decisión de
la Comisión y distribuirlas;
i) Emitir informes que le sean requeridos por la Comisión Agraria Nacional;
j) Anunciar y dar lectura a los asuntos del orden del día o cualquier otro
documento, cuando corresponda;
k) Computar, verificar y anunciar los resultados de las votaciones, registrando
por escrito las que sean nominales;
l) Elaborar en el término de tres (3) días hábiles informes de posiciones
cuando no se lleguen a consensos, y elevarlos a conocimiento del
Presidente de la Comisión, para su remisión al Presidente de la República
para su resolución;
m) Levantar y suscribir actas de sesiones de la Comisión, compilarlas,
archivarlas y exhibirlas a los Comisionados cuando éstas sean solicitadas; y
n) Desempeñar las demás funciones que le sean atribuidas por la Comisión
Agraria Nacional y su reglamento interno en el marco de sus competencias.
III. La Secretaría Permanente para el cumplimiento de sus funciones
organizará el equipo de apoyo que considere conveniente.
ARTÍCULO 25.- (REGLAMENTO INTERNO).
La Comisión Agraria Nacional emitirá su reglamentación interna adecuándola
al presente Decreto Supremo, por mayoría absoluta de los Comisionados
presentes en la sesión respectiva. La reglamentación interna regulará su
– 14 –
organización, funcionamiento, el procedimiento para la habilitación de
representantes y otros aspectos inherentes.
ARTÍCULO 26.- (PRESUPUESTO DE
FUNCIONAMIENTO). I. El Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y
Medio Ambiente, consignará en su presupuesto las partidas necesarias para
cubrir los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión Agraria
Nacional.
II. El Instituto Nacional de Reforma Agraria apoyará con personal, equipos y
materiales para la organización e instalación de la Comisión Agraria Nacional.
ARTÍCULO 27.- (GASTOS DE
REPRESENTACIÓN). Los Comisionados no percibirán dietas por las
sesiones en las que participen; únicamente se asignará pasajes y viáticos a los
Comisionados y a su asesor o asesora, por los viajes que realicen fuera de sus
ciudades de origen en asistencia a las sesiones de la Comisión Agraria
Nacional, de acuerdo a su reglamento interno.
SECCIÓN III
SESIONES DE LA COMISIÓN
ARTÍCULO 28.- (LUGAR). La Comisión Agraria
Nacional sesionará en su sede, ubicada en la ciudad de La Paz o, en su
defecto, en el lugar fijado en la convocatoria.
ARTÍCULO 29.- (FRECUENCIA). I. La
Comisión Agraria Nacional sesionará las veces que estime conveniente, para
el mejor cumplimiento de sus atribuciones.
II. La primera sesión anual tendrá carácter inaugural, en ella se aprobará el
plan de operación anual y se considerará el informe de actividades de la
gestión anterior.
ARTÍCULO 30.- (QUÓRUM). La Comisión
Agraria Nacional sesionará válidamente, con la presencia de por lo menos
– 15 –
doce (12) de sus Comisionados; este quórum deberá contar con la necesaria
presencia de cinco (5) representantes de las organizaciones sociales agrarias.
El abandono injustificado de la sesión por uno o más comisionados no afectará
su validez.
ARTÍCULO 31.- (DE LA FORMA Y
CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS). Las convocatorias a las
sesiones de la Comisión Agraria Nacional serán suscritas por quien o quienes
las efectúen y se sujetarán a las siguientes previsiones:
a) Los Comisionados, serán citados en los domicilios, faxes y correos
electrónicos fijados al momento de su acreditación, con una anticipación
de por lo menos siete (7) días hábiles a la celebración de las sesiones.
Las citaciones podrán realizarse válidamente en las mismas sesiones de la
Comisión Agraria Nacional;
b) Especificarán lugar, día, hora y orden del día, adjuntarán la documentación
pertinente y;
c) La Comisión sesionará válidamente, sin necesidad de convocatoria, cuando
se encuentren presentes todos sus Comisionados.
ARTÍCULO 32.- (ORDEN DEL DÍA). El orden
del día consignará los asuntos concretos a tratar. A solicitud de los
Comisionados a momento de instalarse con el quórum requerido, se podrán
incorporar otros temas en el orden del día, previa aprobación por mayoría
absoluta.
ARTÍCULO 33.- (DECISIONES). I. La Comisión
Agraria Nacional adoptará sus decisiones:
a) Por acuerdo unánime de sus Comisionados presentes, con base en el
principio de concertación, en las materias relacionadas con el ejercicio de
sus atribuciones dispuestas en los Artículos 10 y 13 de la Ley Nº 1715, y el
Artículo 9 de la Ley Nº 3545 complementario del Artículo 13 precitado. A
falta de acuerdo unánime, los diferentes criterios se registrarán en un
informe de posiciones.
– 16 –
b) Por mayoría absoluta de votos de sus Comisionados presentes en materias
distintas a las citadas precedentemente.
II. Las decisiones y resoluciones de la Comisión Agraria Nacional serán
elevadas:
a) Al Presidente de la República en su calidad de autoridad máxima del
Servicio Nacional de Reforma Agraria cuando se relacione con el ejercicio
de sus atribuciones; y
b) A las autoridades competentes para su ejecución y cumplimiento, en los
demás casos.
III. Los informes de posiciones de Comisión Agraria Nacional serán elevados
a consideración del Presidente de la Republica para su resolución; ésta será
puesta en conocimiento de la Comisión Agraria Nacional para su
cumplimiento.
ARTÍCULO 34.- (ACTAS). I. Se levantará un acta
de cada sesión que contendrá tiempo y lugar de la sesión; mención de los
comisionados participantes; determinación de los puntos principales de las
deliberaciones, forma y resultado de la votación. El acta será firmada por
quién presidió la sesión, el Secretario Permanente y por los Comisionados
presentes que deseen hacerlo.
II. Previa lectura, el acta será aprobada en la próxima sesión de la Comisión
Agraria Nacional, con observaciones, si las hubiera.
CAPÍTULO II
COMISIONES AGRARIAS DEPARTAMENTALES
SECCIÓN I
COMPOSICIÓN, INTEGRACIÓN Y HABILITACIÓN DE LAS
COMISIONES AGRARIAS DEPARTAMENTALES
ARTÍCULO 35.- (COMPOSICIÓN E
INTEGRACIÓN). I. Las Comisiones Agrarias Departamentales estarán
compuestas por autoridades públicas prefecturales y los representantes de las
– 17 –
organizaciones sociales y sectoriales departamentales en calidad de
Comisionados y su conformación será de forma similar a la Comisión Agraria
Nacional.
II. Las organizaciones sociales y sectoriales de la Comisión Agraria Nacional,
acreditarán a su organización social o sectorial a nivel departamental, que
integrará la Comisión Agraria Departamental mediante su Comisionado. De
igual forma se procederá en caso de conflicto a nivel departamental.
III. En caso de inexistencia de representación departamental de las
organizaciones nacionales y sectoriales componentes de la Comisión Agraria
Nacional, éstas podrán acreditar para su integración a otras organizaciones
sociales o sectoriales afines del lugar, en acuerdo con las mismas.
IV. En caso de inexistencia de representación y acreditación de las
organizaciones sociales o sectoriales, la participación prefectural será paritaria
al número de comisionados acreditados de las organizaciones. A este efecto,
los Prefectos de Departamento elegirán a los representantes de sus direcciones
o unidades que serán integrantes de la Comisión.
La Comisiones Agrarias Departamentales serán presididas por el Prefecto del
Departamento o el servidor público que lo supla temporalmente en el ejercicio
del cargo.
V. El Director Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria,
ejercerá las funciones de Secretario Permanente de la Comisión Agraria
Departamental, con derecho a voz.
ARTÍCULO 36.- (PROCEDIMIENTO DE
ACREDITACIÓN DE COMISIONADOS). La acreditación de los
Comisionados se efectuará ante los Secretarios Permanentes de las
Comisiones Agrarias Departamentales, de la siguiente manera:
a) Recibirán la documentación del acreditado y si fuera pertinente,
comunicarán la necesidad de subsanar o complementar la documentación
que corresponda.
b) Habilitarán la participación de los Comisionados que hubieren acreditado
tal calidad y la de sus Representantes, extendiendo certificados de
– 18 –
habilitación correspondientes. Las habilitaciones posteriores a la audiencia
de inauguración se sujetarán al reglamento interno de la Comisión Agraria
Nacional; y
c) Presentarán a los Prefectos de Departamento un informe final de
habilitación.
SECCIÓN II
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES AGRARIAS
DEPARTAMENTALES
ARTÍCULO 37.- (SESIONES). I. Las Comisiones
Agrarias Departamentales sesionarán las veces que estimen conveniente, para
el mejor cumplimiento de sus atribuciones. Las sesiones son de carácter
público, salvo que excepcionalmente los comisionados en razón de la materia
y por acuerdo unánime decidan sesiones reservadas.
II. Las sesiones podrán realizarse sin necesidad de convocatoria previa cuando
exista la presencia de la totalidad de comisionados.
III. En cada sesión se podrá fijar la fecha de la próxima sesión por acuerdo de
sus miembros, no siendo necesaria convocatoria posterior.
La primera sesión de la Comisión Agraria Departamental tendrá carácter
inaugural y se desarrolla a principios de cada año.
IV. Los Secretarios Permanentes de las Comisiones Agrarias Departamentales
registrarán en acta el desarrollo de las sesiones correspondientes. El acta será
firmada por las autoridades que presidieron la audiencia, los secretarios
permanentes y los representantes de los comisionados.
ARTÍCULO 38.- (QUÓRUM). El quórum válido
para instalar una sesión de la Comisión Agraria Departamental dependerá del
número de los miembros de cada Comisión Agraria Departamental y la
proporción establecida para la Comisión Agraria Nacional, así serán doce (12)
Comisionados si sus miembros son dieciséis (16), once (11) si son catorce
(14), nueve (9) si son doce (12) y sucesivamente; un tercio de los cuales,
deberán corresponder a las organizaciones sociales.
– 19 –
ARTÍCULO 39.- (CONVOCATORIA). I. La
convocatoria a sesiones de la Comisión Agraria Departamental será realizada
por el Prefecto del Departamento con siete (7) días hábiles de anticipación, a
iniciativa propia o a solicitud de por lo menos un tercio de los Comisionados
miembros de la Comisiones Agrarias Departamentales. Las características,
condiciones y procedimiento de convocatoria se regularán en el reglamento
interno de la Comisión Agraria Departamental.
II. La convocatoria especificará lugar, fecha y orden del día; adjuntará
documentación pertinente y será suscrita por quien la efectúe.
ARTÍCULO 40.- (DECISIONES). Las decisiones
de la Comisión Agraria Departamental se adoptarán conforme lo establecido
para la Comisión Agraria Nacional. En caso de no lograr unanimidad, su
Presidente remitirá informe de posiciones a la Comisión Agraria Nacional
para su resolución.
ARTÍCULO 41.- (INFORMES). Anualmente la
Comisión Agraria Departamental elaborará informes de gestión que
certifiquen el grado de avance de sus actividades y la regularidad de su
trabajo, mismos que serán de conocimiento público.
ARTÍCULO 42.- (REGLAMENTO INTERNO).
La Comisiones Agrarias Departamentales adecuarán su Reglamento Interno al
Reglamento Interno de la Comisión Agraria Nacional, aprobándolo por
mayoría absoluta de sus Comisionados presentes, con la presencia de al menos
tres organizaciones sociales.
ARTÍCULO 43.- (PRESUPUESTO DE
FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN). La
Prefectura del Departamento, consignará en su presupuesto las partidas
necesarias para cubrir los gastos que demande el funcionamiento de la
Comisión Agraria Departamental. Asimismo, los gastos de pasajes y viáticos a
los representantes de las organizaciones sociales y su asesor respectivo.
ARTÍCULO 44.- (RESPONSABILIDAD). Los
miembros de la Comisión Agraria Departamental deberán asistir a las sesiones
convocadas; en caso de inasistencia repetida e injustificada, vía secretaría
permanente se realizará la representación formal a las instancias
institucionales regionales y nacionales, respectivamente.
CAPÍTULO III
INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
SECCIÓN I
COMPETENCIA INSTITUCIONAL
ARTÍCULO 45.- (ATRIBUCIONES). El Instituto
Nacional de Reforma Agraria, además de las establecidas por Ley, tiene las
siguientes atribuciones:
a) Coadyuvar en la integración y funcionamiento de la Comisión Agraria
Nacional y las Comisiones Agrarias Departamentales;
b) Disponer medidas precautorias;
c) Sustanciar y resolver los procesos de reversión, expropiación, distribución
de tierras fiscales y el saneamiento de la propiedad agraria;
d) Definir su estructura general administrativa, sus políticas de recursos
humanos y salariales tendientes a garantizar la estabilidad funcionaria, de
acuerdo con sus planes y programas estratégicos institucionales
enmarcados en la política nacional;
e) Crear, mantener y actualizar los sistemas de información y registros
relativos a la propiedad agraria;
f) Fijar las tasas de saneamiento y de catastro y;
g) Otras establecidas en disposiciones legales o reglamentarias.
ARTÍCULO 46.- (ATRIBUCIONES
COMUNES). El Director Nacional y los Directores Departamentales del
Instituto Nacional de Reforma Agraria, dentro del ámbito de sus
circunscripciones territoriales y su jerarquía, tienen las siguientes atribuciones
comunes:
a) Ejercer la representación del Instituto Nacional de Reforma Agraria;
b) Organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de las unidades y
funcionarios de su dependencia, adoptando las medidas necesarias para
mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos públicos y efectuar el control interno posterior respecto de los resultados alcanzados por las
operaciones y actividades desarrolladas bajo su directa competencia;
c) Imponer sanciones disciplinarias, de acuerdo con disposiciones legales
vigentes;
d) Resolver en la vía administrativa los recursos que se interpongan, en
relación a materias de su competencia;
e) Emitir circulares, ordenes e instructivos para el desarrollo de sus
actividades y resolver conflictos de competencia de los órganos y
servidores públicos de su dependencia;
f) Delegar el ejercicio de sus atribuciones;
g) Velar por el debido cumplimiento de la normatividad jurídica vigente;
h) Propiciar acciones que garanticen la participación equitativa de mujeres y
hombres en los procedimientos agrarios y el ejercicio de sus derechos
agrarios;
i) Promover la conciliación y resolver los conflictos emergentes de la
posesión y el derecho de propiedad agraria;
j) Ordenar las medidas precautorias en los casos que corresponda;
k) Disponer el cobro de precios de adjudicación, de tasas de saneamiento y de
catastro;
l) Crear y mantener los sistemas de información y registro relativos a la
propiedad agraria y el traspaso de información catastral a las
municipalidades;
m) Ordenar el registro y cancelaciones de derechos en oficinas de Derechos
Reales;
n) Implementar programas de capacitación y sensibilización a nivel
institucional y a las organizaciones sociales y sectoriales para la aplicación
de mecanismos que impulsen la participación de hombres y mujeres en los
distintos procedimientos agrarios;
o) Capacitar al personal del Instituto Nacional de Reforma Agraria sobre la
normativa agraria y conexa relativa a recursos naturales y medioambiente.
p) Determinar la ubicación y extensión de tierras fiscales disponibles, áreas
clasificadas por normas legales, en coordinación con las instituciones
competentes y de la propiedad agraria en general; y
q) Otras establecidas en normas legales o reglamentarias.
ARTÍCULO 47.- (ATRIBUCIONES DEL
DIRECTOR NACIONAL). El Director Nacional del Instituto Nacional de

Reforma Agraria tiene, además de las comunes, las siguientes atribuciones
técnicas y administrativas:
1. Técnicas
a) Dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas de
distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras, de
asentamientos humanos comunarios y supervisar, evaluar y ajustar su
aplicación a nivel nacional, departamental y regional;
b) Emitir normas técnicas y procedimientos para la administración de
tierras y ejecución de programas de asentamientos humanos
comunarios;
c) Dictar resoluciones administrativas y resoluciones finales en los
procedimientos agrarios administrativos de saneamiento, reversión,
expropiación, distribución de tierras fiscales y otros, conforme a la Ley
y lo dispuesto en el presente Reglamento;
d) Refrendar Títulos Ejecutoriales otorgados por el Presidente de la
República y distribuirlos; asimismo, rectificar errores en los mismos
conforme lo previsto por este Reglamento.
e) Certificar derechos agrarios existentes en áreas destinadas a la
conservación y protección de la biodiversidad, investigación,
ecoturismo y aprovechamiento forestal;
f) Solicitar al Poder Ejecutivo la declaratoria de “Zona de Minifundio” en
áreas excesivamente fragmentadas, sugiriendo el tratamiento
correspondiente;
g) Elaborar planes, programas y proyectos para la ejecución de políticas
públicas de administración de tierras y de los procedimientos agrarios
administrativos;
h) Emitir disposiciones técnicas para la ejecución, control y seguimiento
de los procedimientos agrarios administrativos, y de los sistemas de
información y registro relativos a la propiedad agraria; así como, emitir
resoluciones de anulación o convalidación de actos según corresponda,
en ejercicio del control y seguimiento a los procedimientos agrarios
administrativos.
i) Dirigir, coordinar y ejecutar con los Directores Departamentales, la
verificación y seguimiento del cumplimiento de la función económico
– social y de la función social;
– 23 –
j) Establecer mecanismos que garanticen la participación activa de las
mujeres en los procedimientos agrarios;
k) Ordenar medidas precautorias que correspondan para asegurar la
ejecución de los procesos agrarios administrativos; y
l) Otras establecidas en disposiciones legales y reglamentarias.
2. Administrativas
a) Aprobar la estructura general administrativa del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, sus políticas de recursos humanos y salariales,
enmarcada en la política nacional;
b) Dictar reglamentos, manuales, guías y otras normas internas a fin de
asegurar la celeridad, economía, sencillez, eficiencia y eficacia en los
procedimientos agrarios;
c) Designar a los Directores Departamentales de ternas propuestas por las
Comisiones Agrarias Departamentales y removerlos previo proceso
correspondiente. Los nombrados interinamente podrán ser removidos en
cualquier momento;
d) Realizar procesos de contratación de bienes, obras, servicios y
consultorías conforme a las normas que rigen los procesos de
contratación correspondiente;
e) Resolver recursos de revocatoria y jerárquico según corresponda;
f) Implementar y mejorar los sistemas de administración y control interno
emitiendo reglamentos específicos para garantizar los objetivos
institucionales, en sujeción a normas básicas que emitan los órganos
rectores y las previsiones de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990;
g) Aprobar e implementar el Reglamento Interno de Personal con sujeción
al Estatuto del Funcionario Público;
h) Aprobar el presupuesto del Instituto Nacional de Reforma Agraria;
i) Fijar importes para la emisión de certificados, fotocopias simples o
legalizadas, y otros servicios;
j) Suscribir convenios interinstitucionales, con instituciones públicas o
privadas, para el cumplimiento de las políticas establecidas y sus
atribuciones institucionales;
k) Otras establecidas en disposiciones legales o reglamentarias.
ARTÍCULO 48.- (ATRIBUCIONES DE LOS
DIRECTORES DEPARTAMENTALES). I. Los Directores
– 24 –
Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria tienen, dentro del
ámbito de sus circunscripciones territoriales, además de las comunes, las
siguientes atribuciones técnicas y administrativas:
1. Técnicas
a) Sustanciar y ejecutar los procedimientos agrarios administrativos,
emitiendo las resoluciones que correspondan y ejecutar resoluciones
emergentes de los mismos de acuerdo a lo establecido en el presente
Reglamento;
b) Ordenar y ejecutar medidas precautorias que correspondan dentro los
procesos agrarios administrativos;
c) Ejecutar el cobro de tasas de saneamiento y catastro;
d) Sustanciar, resolver y ejecutar los procedimientos de desalojo;
e) Sustanciar y coadyuvar en la ejecución del saneamiento interno y
homologar sus resultados cuando corresponda;
f) Realizar, en coordinación con la Dirección Nacional, el control y
seguimiento del cumplimiento de la función económico – social;
g) Refrendar Títulos Ejecutoriales otorgados por los Prefectos de
Departamento y distribuirlos, según corresponda;
h) Mantener actualizado el sistema de información y registros relativos a la
propiedad agraria; y
i) Otras establecidas en disposiciones legales y en el presente Reglamento.
2. Administrativas
a) Designar a los Jefes Regionales de ternas propuestas por las Comisiones
Agrarias Departamentales y removerlos;
b) Resolver recursos de revocatoria;
c) Coadyuvar en el funcionamiento de las Comisiones Agrarias
Departamentales ;
d) Adquirir y contratar bienes y servicios bajo la modalidad de
contrataciones menores; y
e) Otras establecidas en disposiciones legales o reglamentarias.
II. Si la tierra, objeto de un procedimiento, comprendiera la circunscripción de
dos o más Directores Departamentales del Instituto Nacional de Reforma
Agraria, será competente el designado por el Director(a) Nacional.
– 25 –
ARTICULO 49.- (ATRIBUCIONES DE LOS
JEFES REGIONALES). Los Jefes Regionales tendrán en el ámbito de sus
circunscripciones territoriales, las atribuciones que les deleguen en el marco
de sus competencias, el Director Nacional o los Directores Departamentales
del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
SECCIÓN II
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS ORGÁNICAS
ARTÍCULO 50.- (DELEGACIÓN). I. Los órganos
del Instituto Nacional de Reforma Agraria pueden delegar el ejercicio de sus
atribuciones a sus inferiores, salvo que norma legal disponga lo contrario.
II. El acto de delegación constará por escrito mediante Resolución
Administrativa. La delegación será expresa y enunciará las atribuciones y
facultades conferidas al delegado. El acto de delegación será notificado al
delegado y a las partes interesadas mediante edicto o personalmente, según sea
su contenido general o particular, y surtirá efectos legales desde el momento
de su publicación o notificación.
III. La delegación puede ser revocada por el delegante en cualquier tiempo
mediante resolución administrativa. Surtirá eficacia legal previa notificación
por edicto o personalmente, según corresponda.
IV. Es indelegable la atribución delegada, siendo el delegado responsable por
los actos ejercidos frente al delegante y los administrados.
ARTÍCULO 51.- (AVOCACIÓN). I. El Director
Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, podrá asumir
atribuciones propias de sus órganos inferiores, avocándose el conocimiento y
decisión de cuestiones concretas, en los siguientes casos:
a) Insuficiencia de personal y/o equipos técnicos, en las Direcciones
Departamentales para la ejecución de sus atribuciones;
b) Ejecución de experiencias o proyectos piloto que contribuyan al
mejoramiento de las capacidades técnicas o de gestión institucionales.
– 26 –
c) Existencia de conflictos de índole interdepartamental y que no sea posible
aplicar la delegación, sustitución o designar un suplente que cumpla con las
atribuciones del titular;
d) Cuando por los mismos motivos mencionados en el inciso c), no sea
posible resolver conforme a procedimiento la excusa formulada por el
órgano encargado de la ejecución o resolución, en determinado asunto, o la
recusación planteada en su contra; y
e) Cuando no sea posible determinar la competencia o incompetencia en
razón del territorio, de los Directores Departamentales o Jefes Regionales.
II. La avocación se pondrá en conocimiento de la Comisión Agraria Nacional
o de las Comisiones Agrarias Departamentales, según sea el caso y surtirá
efectos legales desde su comunicación escrita al avocado.
III. La avocación sólo opera de oficio, por lo que no es sustitutiva de ningún
recurso.
ARTÍCULO 52.- (TRANSFERENCIA DE
COMPETENCIAS). I. Los Directores, Nacional y Departamental, del
Instituto Nacional de Reforma Agraria, comunes a dos o más órganos
inferiores, podrán disponer la transferencia de la atribución de uno a otro en
procedimientos concretos, cuando las necesidades del servicio lo hagan
conveniente, salvo norma legal o reglamentaria que disponga lo contrario.
II. La transferencia sólo procede cuando está permitida la delegación y
avocación.
III. Se aplican, supletoriamente a la transferencia, las reglas de la delegación y
avocación.
ARTÍCULO 53.- (SUSTITUCIÓN POR
RETARDO). I. Los superiores jerárquicos del Instituto Nacional de Reforma
Agraria, de oficio o a pedido de parte, podrán sustituir al inferior cuando
incurra en retardo en el cumplimiento de sus deberes, luego de haber sido
intimado y vencido el plazo razonable fijado al efecto, sin que hubiere
acreditado razón justa y fundamentada.
– 27 –
El servidor público remiso, incurrirá en falta grave a los efectos de la
responsabilidad que corresponda.
II. La competencia sustituida podrá ser ejercida por el superior jerárquico u
otro servidor público de igual jerarquía que el sustituido, designado por aquél,
siempre que una norma le otorgue atribuciones suficientes para intervenir en la
cuestión de que se trate.
ARTÍCULO 54.- (SUPLENCIAS). I. Las
ausencias temporales o definitivas de los servidores públicos del Instituto
Nacional de Reforma Agraria, serán cubiertas por suplentes hasta la
reasunción de funciones del titular o la designación de los nuevos titulares
conforme a derecho, de acuerdo al siguiente régimen de interinatos:
a) El Director Nacional, en caso de ausencia definitiva, será suplido por la
persona o servidor público designado por el Presidente de la República y,
en caso de ausencia temporal, por la persona que él mismo designe.
b) Los Directores Departamentales serán suplidos por las personas o
servidores públicos designados por el Director Nacional.
c) Los Jefes Regionales serán suplidos por las personas o servidores públicos
designados por los Directores Departamentales competentes en razón del
territorio.
d) Los demás servidores públicos serán suplidos por el superior jerárquico
inmediato o por el servidor público que éste designe.
II. El suplente sustituye al titular para todo efecto legal y ejerce las
atribuciones del órgano con plenitud de facultades y deberes que ellas
contienen.
ARTÍCULO 55.- (CONFLICTO DE
COMPETENCIA ORGÁNICA). I. Si un Director Departamental o Jefe
Regional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, de oficio o a pedido de
parte, se declara:
a) Incompetente, remitirá las actuaciones al que considere competente, dentro
de los dos (2) días hábiles siguientes a la declaración de incompetencia. Si
éste niega su competencia, elevará las actuaciones al inmediato superior
jerárquico dentro del mismo plazo.
– 28 –
b) Competente, solicitará al que considere incompetente su inhibitoria y la
remisión de actuaciones o, en su defecto, su envío al inmediato superior
jerárquico, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la solicitud.
II. El inmediato superior jerárquico resolverá los conflictos de competencia,
previo informe legal y, si fuera necesario, dictamen técnico, dentro de los diez
(10) días calendario siguientes a la recepción de actuaciones. El dictamen
legal no será exigido cuando la repartición no cuente con servicio de
asesoramiento jurídico permanente.
SECCIÓN III
EXCUSAS Y RECUSACIONES
ARTÍCULO 56.- (CAUSALES). I. Son causales de excusa y recusación para
los servidores públicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria que tengan
facultad de decisión, o sea su función dictaminar o asesorar:
a) Tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y hasta el
segundo de afinidad con cualquiera de las personas interesadas o sus
representantes;
b) Tener interés en el asunto, amistad íntima o enemistad manifiesta con el
actuante, cualquiera de las personas interesadas, o sus representantes;
c) Tener cuestión litigiosa pendiente con cualquiera de las personas
interesadas, o sus representantes;
d) Haber intervenido como perito, abogado, asesor o testigo;
e) Haber conocido, emitido opinión o adelantado juicios sobre los derechos
de las partes en el mismo proceso o trámite en otras instancias, en calidad
de funcionario público o de empleado de empresa habilitada; y
f) Mantener vínculos espirituales como ser compadres, ahijados, padrinos u
otros.
II. El funcionario comprendido en las causales establecidas en el anterior
artículo, deberá excusarse en su primera actuación bajo pena de ser sometido a
proceso administrativo.
ARTÍCULO 57.- (TRÁMITE). I. El superior
inmediato resolverá las excusas dentro del día hábil siguiente de recibidos los
antecedentes del inferior excusado.
– 29 –
II. Las personas interesadas, podrán también recusar a los servidores públicos
comprendidos en una de las causales señaladas en el Artículo anterior,
mediante escrito, en el que ofrecerán todas las pruebas de que intentaren
valerse.
El servidor público recusado, dentro del día hábil siguiente a la recepción del
escrito de recusación, aceptará o rechazará la causal invocada, ofreciendo, en
su caso, la prueba pertinente de que intentare valerse y elevará actuaciones al
superior inmediato.
El superior inmediato:
a) Resolverá la recusación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
recepción de las actuaciones, cuando no sujete el incidente a prueba; o
b) Dispondrá la apertura de un período de prueba de hasta cinco (5) días
calendario y resolverá la recusación dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes de vencido el plazo establecido al efecto.
III. Si el superior jerárquico acepta la excusa o recusación dispondrá el
reemplazo del servidor público excusado o recusado, determinando quién
deberá sustituirle, transfiriéndole las atribuciones que corresponda, o resolverá
por si, cuando no exista sustituto. Caso contrario, devolverá las actuaciones al
inferior para que prosiga interviniendo en el trámite.
IV. Las resoluciones que se dicten con motivo de los incidentes de excusa y
recusación y las que los resuelvan, serán irrecurribles y causarán ejecutoria.
TÍTULO III
REGULACIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS AGRARIOS
ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO I
ESCRITOS Y EXPEDIENTES
ARTÍCULO 58.- (REDACCIÓN). Los escritos
deberán ser presentados de la siguiente forma:
– 30 –
a) Redactados por escrito, en forma clara y legible, en original y copia. En
caso de solicitudes verbales, las mismas serán sentadas en un acta por el
funcionario responsable y firmada por el interesado;
b) Se recurrirá a un traductor en el caso de ser expuesta la solicitud en idioma
nativo, de ser así necesario;
c) Señalamiento de la autoridad ante quien se dirigen, generales de ley del
interesado y/o apoderado, individualización del trámite, ubicación del
predio si corresponde y domicilio en la ciudad asiento de la Dirección
Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria competente. En
caso de no fijar domicilio, este será en secretaría del despacho; y
d) Firma del interesado o del representante legal, quien deberá acreditar su
personería. No siendo necesaria la firma de abogado.
ARTÍCULO 59.- (DEL CARGO). El funcionario
encargado sentará el cargo en todo escrito recibido o en el acta, constando la
fecha y hora de presentación, documentos acompañados detallando si se trata
de original, autenticada o simple y número de fojas que se acompañen,
verificará que se especifique el nombre del presentante, el domicilio y la
documentación que refiera como adjuntada al escrito, firmando en constancia
con la aclaración de firma en el original y copia.
ARTÍCULO 60.- (FORMACIÓN DE
EXPEDIENTES). En la formación de expedientes se observaran las
siguientes formalidades:
a) Los expedientes serán identificados con un orden alfa – numérico
correlativo, como sistema de identificación.
b) Serán compaginados y cosidos en cuerpos numerados que no excedan las
doscientas fojas.
c) Todas las actuaciones, previa costura, se foliarán siguiendo el orden
correlativo y cronológico de incorporación al expediente.
ARTÍCULO 61.- (DESGLOSE,
LEGALIZACIONES, Y FOTOCOPIAS). Todo desglose de los documentos
originales presentados por las personas interesadas, procederá previa
autorización del responsable, bajo constancia de la diligencia, debiendo quedar
en su lugar fotocopias legalizadas. Asimismo la extensión de fotocopias
– 31 –
legalizadas procederá a solicitud escrita del interesado, previa acreditación de
interés legal y pago del arancel correspondiente.
ARTÍCULO 62.- (CERTIFICACIONES). Las
certificaciones, se otorgarán por la Unidad responsable del Instituto Nacional
de Reforma Agraria, a solicitud escrita del interesado y previa acreditación de
interés legal y pago del arancel establecido.
ARTÍCULO 63.- (FOTOCOPIA LEGALIZADA
Y TESTIMONIOS). Las fotocopias legalizadas y testimonios de expedientes
agrarios tramitados ante el Ex Consejo Nacional de Reforma Agrario y Ex
Instituto Nacional de Colonización, se otorgarán por la unidad responsable del
Instituto Nacional de Reforma Agraria, a solicitud escrita del interesado,
previa acreditación de interés legal y pago de arancel. Sólo se otorgarán
testimonios cuando medie trámite administrativo o procedimiento ordinario
que así lo exija.
ARTÍCULO 64.- (PLAZOS). El plazo máximo
para expedir los documentos referidos en el presente capítulo será de cinco (5)
días calendario, siempre que se hayan cumplido con los requisitos exigidos y
la documentación se encuentre a la vista; en este último caso el plazo podrá
ser ampliado considerando la ubicación física de los documentos y
circunstancias específicas de cada caso.
CAPÍTULO II
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
SECCIÓN I
FORMA, ACLARACIÓN Y PLAZO DE RESOLUCIONES
ARTÍCULO 65.- (FORMA). Las Resoluciones
Administrativas, deberán observar las siguientes formalidades:
a) Será dictada por autoridad competente;
b) Se emitirá por escrito, consignará un número correlativo, lugar y fecha de
emisión, nombre cargo y firma de la autoridad que la emite. Además
– 32 –
deberá constar la firma del Responsable Jurídico de la Unidad de donde
procede la Resolución; y
c) Toda Resolución deberá basarse en informe legal y cuando corresponda
además un informe técnico.
ARTÍCULO 66.- (CONTENIDO). Las
Resoluciones Administrativas en general deberán contener:
a) Relación de hecho y fundamentación de derecho que se toman en cuenta
para su emisión; y
b) La parte resolutiva no deberá ser contradictoria con la considerativa y
expresará la decisión adoptada por la autoridad de manera clara, precisa y
con fundamento legal.
ARTÍCULO 67.- (RECTIFICACIÓN DE
ERRORES U OMISIONES). La autoridad que emita una resolución, de
oficio o a pedido de parte hasta antes de su ejecutoría, podrá corregir cualquier
error u omisión que exista, sin alterar el fondo de la resolución y con base en
sus antecedentes.
ARTÍCULO 68.- (ADECUACIÓN DE
RESOLUCIONES COMO EFECTO DE SENTENCIAS
CONSTITUCIONALES). El Director Nacional y los Directores
Departamentales, en cumplimiento de sentencias constitucionales, podrán
modificar las resoluciones emitidas, a fin de adecuarse a las mismas.
ARTÍCULO 69.- (PLAZOS PARA
RESOLUCIONES). I. Todas las providencias y resoluciones administrativas,
se dictarán en los plazos siguientes, salvo disposición contraria en el presente
Reglamento.
a) Las providencias de mero trámite deberán dictarse al día siguiente hábil de
la presentación de la solicitud o petición;
b) Las resoluciones rectificatorias, deberán dictarse en el término de tres (3)
días calendario de admitida la solicitud o de advertido el error;
c) Las resoluciones que, sin resolver el fondo del asunto planteado o
suscitado, merezcan una consideración o fundamentación de orden legal o
técnica previa, se dictarán en el plazo perentorio e improrrogable de diez
– 33 –
(10) días calendario, computables a partir de la presentación de la solicitud
o petición, salvo que el sustento técnico justifique un tiempo mayor que no
excederá los cinco (5) días; y
d) Las resoluciones que resuelvan definitivamente el fondo de la cuestión
planteada o que sin resolverlo, impidan totalmente la prosecución del
trámite, se dictarán en el plazo perentorio e improrrogable de veinte (20)
días calendario.
II. En caso de incumplimiento de plazos para dictar las resoluciones señaladas
precedentemente, el servidor público competente será pasible a la sustitución
por retardo, sin perjuicio de las acciones administrativas, ejecutivas, civiles o
penales.
III. Todas las remisiones de solicitudes, actuados o recursos previstos en el
presente Reglamento a la autoridad competente, se realizarán en un plazo
máximo de cinco (5) días calendario, computables a partir de su presentación.
SECCIÓN II
NOTIFICACIONES
ARTÍCULO 70.- (NOTIFICACIÓN Y
PUBLICACIONES). Las notificaciones, salvo disposición contraria, serán
ejecutadas de la siguiente forma:
a) Serán notificadas en forma personal a la parte interesada, las resoluciones
que produzcan efectos individuales, en el domicilio señalado;
b) Las resoluciones finales del proceso de saneamiento, reversión y
expropiación serán notificadas a las partes interesadas en forma personal; y
c) Las resoluciones de alcance general serán publicadas, en un medio de
alcance nacional por una sola vez y radiodifusora local de mayor audiencia
definida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, por un mínimo de
tres ocasiones, asegurando su mayor difusión.
ARTÍCULO 71.- (PLAZO PARA
NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN). Las notificaciones y publicaciones
se practicarán y diligenciarán dentro de los cinco (5) días calendario,
computables a partir del día siguiente, al del acto objeto de la notificación.
– 34 –
ARTÍCULO 72.- (MEDIOS DE
NOTIFICACIÓN). Las notificaciones personales sólo serán válidas cuando
se efectúen por alguno de los siguientes medios:
a) Acceso directo al expediente de la parte interesada, su apoderado o
representante, en cuyo caso se le entregará copia legalizada íntegra de la
resolución, sentándose la diligencia, especificando hora y fecha;
b) De no hallarse presente el interesado en el domicilio señalado, se practicará
la notificación mediante cédula que podrá entregarse a cualquier persona
mayor de catorce (14) años que se encuentre en el domicilio. Si no se
encontrara persona alguna en el mismo, se fijará en la puerta en presencia
de un testigo del lugar debidamente identificado, quien también firmará la
diligencia;
c) La notificación practicada a un copropietario, tendrá validez para los
demás, cuando exista autorización expresa y en caso de conflicto la
notificación a los demás observará los medios dispuestos en este Artículo;
y
d) A la notificación se adjuntará copia legalizada de la resolución, sentándose
en el mismo la diligencia, especificando fecha, hora, firma y aclaración de
firma del notificador y del notificado.
ARTÍCULO 73.- (NOTIFICACIÓN POR
EDICTO). I. Las notificaciones a personas inciertas, o cuyo domicilio se
ignora, se harán mediante edicto publicado en un órgano de prensa de
circulación nacional, por una sola vez y se tendrán por cumplidas al día
siguiente hábil de efectuada la publicación.
El edicto también se difundirá en una radio emisora del lugar donde se
encuentre situada la tierra objeto del procedimiento, de mayor audiencia
definida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, por un mínimo de tres
días con intervalos de un día y dos pases en cada uno, asegurando su mayor
difusión.
II. En el edicto se transcribirá íntegramente la parte dispositiva de la
resolución a notificarse. En resoluciones conjuntas se transcribirá sólo los
acápites dispositivos que hacen al interés del notificado.
– 35 –
III. La publicación de prensa y el certificado del medio de comunicación
radial, se adjuntarán al expediente.
ARTÍCULO 74.- (NULIDAD DE
NOTIFICACIÓN). Toda notificación que se hiciere en contravención de las
normas precedentes carecerá de validez. Sin embargo, si del expediente
constare que la parte interesada ha tenido conocimiento de la resolución que la
motivó, la notificación surtirá efectos desde ese momento. Todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades en que incurriere el servidor público que la
emitió.
CAPÍTULO II
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 75.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN).
El presente título regula los recursos administrativos para la impugnación de
resoluciones dictadas por autoridades del Instituto Nacional de Reforma
Agraria, del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente,
como órgano del Servicio Nacional de Reforma Agraria.
ARTÍCULO 76.- (ACTOS RECURRIBLES). I.
Son recurribles todos los actos administrativos que afecten, lesionen o
pudieren causar perjuicio a los derechos subjetivos o intereses legítimos de las
personas y que impidan la prosecución del trámite, sin resolver el fondo de la
cuestión planteada.
II. No son recurribles los actos de mero trámite, medidas preparatorias de
resoluciones administrativas, informes o dictámenes.
III. Contra las providencias, autos y resoluciones simples dictadas por las
autoridades indicadas en el artículo anterior, únicamente procede el recurso de
revocatoria ante la misma autoridad y sin recurso ulterior.
– 36 –
IV. Las resoluciones administrativas, que no definan derecho propietario,
serán susceptibles de impugnación mediante los recursos administrativos
previstos en este Reglamento, y no podrán impugnarse mediante acción
contencioso – administrativa ante el Tribunal Agrario Nacional.
V. Las resoluciones finales de saneamiento, reversión, expropiación y de
distribución de tierras, sólo serán susceptibles de impugnación mediante
acción contencioso – administrativa.
ARTÍCULO 77.- (PRESENTACIÓN DEL
RECURSO). Los recursos se presentarán por escrito, individualizando la
resolución impugnada, indicando y fundamentando el derecho subjetivo
lesionado, dentro del plazo establecido para su interposición.
El recurrente a elección podrá presentar ante la misma autoridad que emitió la
resolución, recurso de revocatoria, o jerárquico si está previsto este recurso.
ARTÍCULO 78.- (AUSENCIA DE
FORMALIDAD). Se establece la ausencia de formalidad a favor del
recurrente:
a) El recurrente podrá subsanar, después de su presentación, requisitos
formales no esenciales del recurso;
b) La administración calificará y tramitará de oficio los recursos
inadecuadamente calificados por el recurrente de acuerdo con este
Reglamento; y
c) Los recursos presentados ante autoridad incompetente, serán remitidos en
el término de cinco (5) días calendario para su sustanciación y resolución a
la autoridad competente, bajo responsabilidad funcionaria.
ARTÍCULO 79.- (ADMISIÓN). La autoridad
competente en el día emitirá:
a) Auto de admisión del recurso administrativo interpuesto, siempre que
cumpla con los requisitos esenciales señalados para su presentación y,
cuando corresponda, estableciendo el término para la subsanación de los
requisitos no esenciales bajo sanción de no tenerla como presentada en
caso de no subsanarla dentro del plazo fijado; y
– 37 –
b) Auto, intimando al interesado que subsane las deficiencias de fondo
observadas en el recurso interpuesto o acompañe los documentos
extrañados, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, bajo
apercibimiento de desestimación del recurso.
ARTÍCULO 80.- (SUSPENSIÓN DE PLAZOS).
Los plazos se suspenderán en los siguientes casos:
a) Para el recurrente cuando el expediente no se encuentre a la vista, hasta que
tenga acceso al mismo; y
b) Para la autoridad cuando no cuente con los antecedentes, hasta la recepción
de los mismos.
En ambos casos se emitirá auto de suspensión y reanudación a efectos del
cómputo de plazos.
ARTÍCULO 81.- (TÉRMINO DE PRUEBA). La
autoridad encargada de la sustanciación del recurso, de oficio o a pedido del
recurrente, podrá disponer la producción de prueba cuando estimare que los
elementos reunidos en las actuaciones no fueren suficientes para resolverlo. El
plazo para la producción de prueba, no podrá ser mayor a diez (10) días
calendario.
Concluido el término de prueba la autoridad competente resolverá el recurso
interpuesto en los plazos establecidos en este Capítulo.
ARTÍCULO 82.- (EFECTOS DE LA
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS). I. Los recursos se elevarán en efecto
devolutivo, acompañando copias legalizadas u originales sino está en
movimiento, por lo que no suspenderán la ejecución ni efectos de la
resolución impugnada, salvo:
a) Disposición contraria de la ley; y
b) Que la misma autoridad que dictó la resolución impugnada o la autoridad
competente para resolver el recurso, de oficio o a pedido de parte, disponga
su suspensión en los siguientes casos:
1. Cuando la resolución sea manifiestamente ilegítima; o
– 38 –
2. Cuando su ejecución causare o pudiere causar graves daños al
administrado, siempre que de la suspensión no se derive grave perjuicio
para el interés público.
II. La interposición de demandas contencioso – administrativas, suspenden la
competencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria para el caso concreto.
ARTÍCULO 83.- (SILENCIO
ADMINISTRATIVO). Transcurrido el plazo previsto sin que la autoridad
hubiera dictado la resolución que resuelva el recurso planteado, el recurrente
podrá considerar denegada su solicitud, por silencio administrativo negativo,
pudiendo deducir el recurso administrativo que corresponda, sin perjuicio de
las responsabilidades administrativas emergentes.
ARTÍCULO 84.- (RESOLUCIONES
EJECUTORIADAS). I.Las Resoluciones Administrativas notificadas, no
recurridas dentro de los plazos establecidos o cuando medie renuncia expresa
al término de impugnación, quedarán ejecutoriadas.
II. Las resoluciones definitivas que agoten los recursos administrativos
causarán estado en sede administrativa.
SECCIÓN II
RECURSO DE REVOCATORIA
ARTÍCULO 85.- (PRESENTACIÓN Y
RESOLUCIÓN). El recurso se presentará ante la misma autoridad que dictó
la resolución impugnada en el término de cinco (5) días calendario, a partir de
su notificación y se resolverá dentro del plazo de diez (10) días calendario,
computable a partir de su interposición o a la recepción de actuados para su
resolución.
ARTÍCULO 86.- (FORMAS DE
RESOLUCIÓN). La autoridad resolverá el Recurso de Revocatoria en una de
las siguientes formas:
– 39 –
a) Desestimando, si hubiese sido interpuesto fuera de término o por un
recurrente no legitimado; no cumpla con los requisitos esenciales de forma;
o hubiese sido interpuesto contra un acto que no produce indefensión ni
impide la continuación del procedimiento; o la materia del recurso no este
dentro del ámbito de su competencia;
b) Revocando total o parcialmente la resolución recurrida; y
c) Rechazando, confirmando en todas sus partes la resolución recurrida.
ARTÍCULO 87.- (RECURSO ULTERIOR).
Rechazado expresa o tácitamente el recurso de revocatoria, estando previsto el
recurso jerárquico, las actuaciones se elevarán de oficio a la autoridad superior
competente para resolverlo, en el término de cinco (5) días calendario.
SECCIÓN III
RECURSO JERÁRQUICO
ARTÍCULO 88.- (PRESENTACIÓN Y
RESOLUCIÓN). I. El recurso se presentará ante la misma autoridad que
dicta la resolución impugnada en el término de quince (15) días calendario, a
partir de su notificación. Las actuaciones se elevarán de oficio a la autoridad
superior competente dentro de los cinco (5) días calendario y, se resolverá
dentro del término de veinte (20) días calendario, siguientes a su interposición
o a la recepción de actuados para su resolución.
II. Si estuviere previsto el Recurso Jerárquico, no será necesario haber
deducido previamente recurso de revocatoria; si se lo hubiere hecho, no será
indispensable fundamentar nuevamente el recurso jerárquico.
III. Cuando la resolución del recurso sea de competencia del Ministerio de
Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente o del Superintendente
General del SIRENARE, el plazo para resolver será de treinta (30) días
calendario.
ARTÍCULO 89.- (FORMAS DE
RESOLUCIÓN). La autoridad resolverá el Recurso Jerárquico en una de las
siguientes formas:
– 40 –
a) Desestimando, si hubiese sido interpuesto fuera de término o por un
recurrente no legitimado; no cumpla con los requisitos esenciales de forma;
o la materia del recurso no este dentro del ámbito de su competencia;
b) Revocando total o parcialmente la resolución recurrida; y
c) Rechazando el recurso y confirmando en todas sus partes la resolución de
instancia recurrida.
SECCIÓN IV
AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 90.- (AGOTAMIENTO DE LA VÍA
ADMINISTRATIVA). La vía administrativa quedará agotada en los
siguientes casos:
a) Cuando se trate de actos administrativos contra los cuales no proceda
ningún recurso administrativo;
b) Cuando se trate de resoluciones que resuelvan los recursos administrativos
y no exista recurso ulterior; y
c) Cuando se haya emitido la Resolución Final de Saneamiento, de Reversión,
de Expropiación o de Distribución.
TÍTULO IV
RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTOS DE DISTRIBUCIÓN
DE TIERRAS FISCALES
ARTÍCULO 91.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN).
El presente Título regula el régimen y procedimientos de distribución de las
tierras fiscales, a cargo del Instituto Nacional de Reforma Agraria, en todo el
territorio de la República, de conformidad con los Artículos 3, Parágrafo V, 42
y 43 de la Ley No 1715, modificada por Ley No 3545, no siendo aplicable al
procedimiento de saneamiento de la propiedad agraria.
CAPÍTULO I
DISPONIBILIDAD DE TIERRAS FISCALES
– 41 –
ARTÍCULO 92.- (TIERRAS FISCALES
DISPONIBLES Y NO DISPONIBLES). I. Son tierras fiscales disponibles:
a) Aquellas sobre las que, a la conclusión de su saneamiento, no se reconoció
derechos de propiedad agraria;
b) Las revertidas;
c) Las expropiadas que de acuerdo a Ley puedan ser distribuidas;
d) Las identificadas o certificadas como fiscales en aplicación de la
Resolución Administrativa No. RES. ADM. 098/99 de 21 de julio de 1999,
emitida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria;
e) Aquellas certificadas o declaradas fiscales en las que no se haya otorgado
derechos de concesión forestal;
f) Las tierras fiscales cuyos derechos de concesión forestal hubiesen
caducado o se los hubiese revocado o anulado, conforme a la Ley No 1700
de 12 de julio de 1996, Forestal; y
g) Las que fueran objeto de una declaración de nulidad sin dar lugar a la
dotación o adjudicación simple, prevista en el Artículo 50 de la Ley Nº
1715 y que los afectados por la nulidad no cumplan la función social o la
función económico – social.
II. Son tierras fiscales no disponibles:
a) Las susceptibles de compensación por tierra insuficiente para comunidades
campesinas e indígenas y de conversión a concesiones de aprovechamiento
forestales no maderables, en el marco del Decreto Supremo No 27572; y
b) Las áreas protegidas del sistema nacional de áreas protegidas que se
encuentren bajo gestión del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y
aquellas en las que de acuerdo a su ley o decreto supremo de creación y a
su plan de manejo vigente estén prohibidos expresamente los
asentamientos humanos, salvo la compatibilidad de estas áreas con los
pueblos indígenas u originarios. Las restantes áreas protegidas creadas por
norma de menor jerarquía no se incluyen en este inciso.
c) Las concesiones forestales que se mantengan vigentes, sin perjuicio de la
preferencia establecida en la Disposición Final Segunda de la Ley No 1715
y lo dispuesto en el Artículo 98 del Reglamento de la Ley No 1700.
d) Aquellas tierras que sean requeridas por instituciones o empresas públicas
para la ejecución de proyectos u obras de interés nacional. Serán declaradas
no disponibles hasta el cumplimento de su implementación, mediante
– 42 –
resolución administrativa del Director Nacional del Instituto Nacional de
Reforma Agraria.
ARTÍCULO 93.- (VALORACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DEL PROCESO DE SANEAMIENTO PARA
ORIENTAR LA DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS). Con el objetivo de
iniciar procesos de distribución de tierras fiscales, se deberá considerar la
información del saneamiento referida a la tenencia de la tierra, posibles
beneficiarios y áreas fiscales sujetas a distribución.
CAPÍTULO II
DETERMINACIÓN DE MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 94.- (CERTIFICACIÓN DE LA
APTITUD DE USO DE SUELO). I. El Director Departamental competente,
una vez identificadas las tierras fiscales disponibles, a objeto de dar inicio a
los procesos de distribución, remitirá antecedentes al Director Nacional en un
plazo no mayor a diez (10) días calendario, para que este solicite al
Superintendente Agrario o al Superintendente Forestal, en el primer caso si se
trata de tierras de uso múltiple y en segundo cuando se trate de Tierras de
Producción Forestal Permanente, certifique sobre el uso mayor de la tierra
según su aptitud en el plazo de diez (10) días calendario.
II. Si la Superintendencia Agraria o la Superintendencia Forestal no
certificaran en el plazo establecido, el Instituto Nacional de Reforma Agraria
tomará en cuenta el uso mayor de la tierra aprobada por Resolución
Ministerial correspondiente y los planes de uso de suelo antes de la
determinación de la modalidad de distribución.
III. Emitida la certificación, el Director Nacional del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, devolverá los antecedentes a la Dirección Departamental
que inició el procedimiento en un plazo de diez (10) días calendario a partir de
su recepción.
ARTÍCULO 95.- (PROYECTO DE
RESOLUCIÓN DE MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN). Recibida la
certificación sobre el uso mayor de la tierra, los Directores Departamentales
– 43 –
del Instituto Nacional de Reforma Agraria, dentro las veinticuatro (24) horas
requerirán a sus departamentos competentes la elaboración de informes
técnico y jurídico que justifiquen la elaboración del Proyecto de Resolución
Determinativa de Modalidad de Distribución, en el plazo de tres (3) días
hábiles.
El Director Departamental que conoce el procedimiento, dentro del plazo de
diez (10) días siguientes a la elaboración de los informes señalados en el
párrafo anterior, remitirá a la Comisión Agraria Departamental respectiva, el
Proyecto de Resolución Determinativa de Modalidad de Distribución y
antecedentes, tomando en cuenta el uso mayor de la tierra, las necesidades
socio – económicas contempladas en las solicitudes y la preferencia legal de la
dotación sobre la adjudicación, en el marco de las políticas nacionales de
distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras.
ARTÍCULO 96.- (DICTAMEN DE LAS
COMISIONES AGRARIAS DEPARTAMENTALES). Las Comisiones
Agrarias Departamentales dictaminarán sobre los Proyectos de Resolución
Determinativa de Modalidad de Distribución dentro del plazo de diez (10) días
calendario computables a partir de su recepción, cumplido este plazo o en
ausencia del mismo, los Directores Departamentales del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, remitirán los antecedentes ante el Director Nacional del
Instituto Nacional de Reforma Agraria en un plazo de diez (10) días
calendario, a objeto de que este prosiga con el trámite de distribución.
ARTÍCULO 97.- (RESOLUCIÓN DE
MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN). El Director Nacional del Instituto
Nacional de Reforma Agraria emitirá las resoluciones de modalidad de
distribución de tierras en el plazo perentorio de diez (10) días calendario,
computables a partir de la recepción de los antecedentes.
Esta resolución será publicada por una sola vez en un órgano de difusión
nacional además de comunicados en medios radiales en la zona que
corresponda a la tierra fiscal y se hará conocer a las organizaciones sociales
miembros de las Comisiones Agrarias Departamentales.
ARTÍCULO 98.- (MODIFICACIÓN DE LA
MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN). Cuando medien razones fundadas de
– 44 –
interés público, calificada mediante Resolución Suprema o cualquier norma
legal de rango superior, las modalidades de distribución podrán ser
modificadas con arreglo al procedimiento establecido para su determinación,
salvando los actuados existentes.
CAPÍTULO III
DOTACIÓN DE TIERRAS FISCALES
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 99.- (ALCANCE DE LA
DOTACIÓN). I. La dotación tiene por objeto constituir de manera gratuita,
derecho de propiedad colectiva sobre Tierras Comunitarias de Origen y
Propiedades Comunarias.
II. Los titulares de Tierras Comunitarias de Origen y Propiedades Comunarias
podrán realizar asignaciones familiares confiriendo su uso y goce a favor de
sus miembros, mujeres y hombres, sin afectar el derecho de propiedad
colectivo.
ARTÍCULO 100.- (BENEFICIARIOS). I. La
dotación de las clases de propiedad señaladas en el artículo anterior será de la
siguiente forma:
a) Tierras Comunitarias de Origen a favor de pueblos y comunidades
indígenas u originarias; y
b) Propiedades Comunarias, a favor de comunidades campesinas,
colonizadores, y pueblos y comunidades indígenas y originarias.
II. El concepto de comunidad campesina, comprende además a las
comunidades extractivistas, comunidades de trabajadores asalariados del
campo, en todas las modalidades de relación y dependencia laboral, y a las
comunidades de colonizadores.
III. Las comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y
originarias para adquirir, según su calidad, las clases de propiedad señaladas
– 45 –
en el artículo anterior, acreditaran su personalidad jurídica o documento que
demuestre el inicio del trámite para la obtención de su personalidad jurídica
cuando aun no haya sido otorgada.
IV. De conformidad con el Articulo 46 de la Ley Nº 1715, los ciudadanos
extranjeros, ni individualmente ni bajo cualquier forma de organización,
podrán ser considerados beneficiarios a los efectos de los procedimientos de
dotación, en todo el territorio nacional, salvo que se trate de ciudadanos
naturalizados conforme a Ley.
ARTÍCULO 101.- (PROCEDIMIENTOS DE
DOTACIÓN). El derecho sobre propiedades colectivas se constituirá a través
del procedimiento de dotación:
a) Ordinaria: Cuando la distribución tenga por finalidad el cumplimiento de
la función social, si se estableciera la necesidad, podrá estar acompañada
con la implementación de programas de asentamientos humanos para
satisfacer intereses públicos especiales, conforme a las necesidades socio –
económicas y de desarrollo rural; o
b) Simple: Como consecuencia de una declaración de nulidad absoluta y la
tierra se encuentre cumpliendo la función social.
SECCIÓN II
PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN ORDINARIA
ARTÍCULO 102.- (ÁMBITO DE
APLICACIÓN). La presente sección regula el procedimiento de dotación
ordinaria en tierras fiscales afectadas a la dotación colectiva como modalidad
de distribución.
ARTÍCULO 103.- (REQUISITOS PREVIOS). El
Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, emitida la
resolución que determina como modalidad de distribución la dotación de la
tierra fiscal identificada, en el plazo de cinco (5) días hábiles, requerirá a sus
departamentos competentes que en un plazo de veinte (20) días, emitan
informe conteniendo:
– 46 –
a) Nómina de comunidades potencialmente beneficiarias, previa revisión de
las solicitudes y del Registro Único Nacional de Beneficiarios, aplicando
las preferencias legales establecidas en este Reglamento;
b) La evaluación preliminar sobre la necesidad o no de incorporar la
implementación de un programa de Asentamientos Humanos acompañado
de la identificación del Interés Público Especial – IPE; y
c) Capacidad de asentamiento expresada en número de familias.
ARTÍCULO 104.- (VERIFICACIÓN DEL
REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS – RUNB). Durante el proceso
de selección de la comunidad beneficiaria se procederá a confrontar la
información del Registro Único de Beneficiarios – RUNB, a objeto registrar,
verificar, y/o depurar la lista de miembros de la comunidad beneficiaria,
contemplando las políticas y las necesidades socio – económicas de las
comunidades y sus miembros beneficiarios.
ARTÍCULO 105.- (SELECCIÓN DEL
BENEFICIARIO). El proceso de selección de la comunidad y de los
miembros, considerará:
a) Las preferencias legales;
b) Consulta a las organizaciones sociales del área objeto de distribución sobre
el uso de la tierra, así como de las organizaciones de área de origen de la
comunidad beneficiaria sobre la necesidad de acceso a la tierra. Si
corresponde se ejecutarán audiencias públicas destinadas a dicho fin; y
c) Consulta a instancias estatales nacionales, departamentales y regionales
relacionadas con la temática.
ARTÍCULO 106.- (REAGRUPAMIENTO). A
momento de proceder a la dotación de tierras fiscales, el Instituto Nacional de
Reforma Agraria, en el marco de las políticas nacionales deberá considerar, si
fuere necesario, el reagrupamiento de familias y comunidades, de manera que
sean sostenibles para la implementación de políticas de desarrollo rural
conforme las características del uso de la tierra.
Esta valoración podrá ser aplicable en aquellas comunidades cuyos miembros
hubiesen abandonado las tierras, previa verificación y consulta con la
comunidad beneficiaria.
– 47 –
ARTÍCULO 107.- (PREFERENCIAS
LEGALES). Las preferencias establecidas por ley se aplicarán en el siguiente
orden:
a) En favor de pueblos y comunidades, indígenas u originarias, campesinas y
colonizadores que residan en el lugar y no posean tierra;
b) En favor de pueblos y comunidades, indígenas u originarias, campesinas y
colonizadores que residan en el lugar y posean tierras insuficientes; y
c) En favor de pueblos y comunidades, indígenas u originarias, campesinas y
colonizadores que no residan en el lugar y que no posean tierra o la posean
insuficientemente.
En este último caso las autoridades competentes valorarán la necesidad de
tierra y la proximidad al área de dotación. El Director Nacional definirá en
caso de conflicto.
ARTÍCULO 108.- (DOTACIÓN SIN
PROGRAMAS DE ASENTAMIENTO). El Director Nacional del Instituto
Nacional de Reforma Agraria, seleccionada la comunidad beneficiaria, en
merito al análisis y valoración de las preferencias legales y si se establece que
la dotación no deba contemplar la implementación de programas de
Asentamientos Humanos, previo dictamen legal si considera pertinente,
dictará resolución de dotación a favor de la comunidad seleccionada, en el
plazo de quince (15) días, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 117 y
118 del presente Reglamento.
En el marco de lo establecido por la Disposición Final Décimo Primera de la
Ley No 3545, se prevé el apoyo técnico y económico a la comunidad
beneficiaria.
SUBSECCIÓN I
PROGRAMAS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS
ARTÍCULO 109.- (PROGRAMAS DE
ASENTAMIENTOS HUMAMOS). Cuando se determine que la dotación
deba contemplar la implementación de un programa de asentamientos
humanos, se procederá a la elaboración e implementación, tomando en cuenta
– 48 –
las necesidades socio – económicas a objeto de satisfacer intereses públicos
especiales de la comunidad beneficiaria.
ARTÍCULO 110.- (ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA). I. El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma
Agraria, cumplidas las diligencias señaladas en el artículo anterior, solicitará
en el plazo de cinco (5) hábiles al Ministerio de Desarrollo Rural,
Agropecuario y Medio Ambiente la elaboración de un Programa de
Asentamientos Humanos dentro el área identificada; el tiempo de su
elaboración no podrá ser mayor a veinte (20) días calendario, término en el
que será puesto a conocimiento del Director Nacional. En caso de necesidad,
se coordinará con las entidades públicas o privadas para la suscripción de
convenios interinstitucionales.
II. Se garantiza la participación de las comunidades destinatarias, de
campesinos, colonizadores o indígenas, en la elaboración y ejecución de los
Programas de Asentamientos Humanos, en el marco de lo establecido por la
Disposición Final Séptima de la Ley No 3545.
III. En casos de necesidad y urgencia, el Director Nacional del Instituto
Nacional de Reforma Agraria, podrá autorizar el asentamiento humano de los
solicitantes en las tierras objeto del trámite de dotación, con cargo a las
modificaciones que se pudieren introducir en el programa de asentamientos
humanos que se elabore.
IV. Los programas deberán ser ejecutados en un plazo no mayor a dos años,
salvo razones de fuerza mayor.
ARTÍCULO 111.- (ASENTAMIENTOS
HUMANOS Y USO DE RECURSOS NATURALES EN TIERRAS CON
COBERTURA BOSCOSA). I. Cuando se trate de la dotación de tierras
fiscales a comunidades en áreas de bosque o Tierras de Producción Forestal
Permanente, los asentamientos humanos serán en comunidades agrupadas, a
objeto de garantizar la sostenibilidad de los mismos, en las que se pueda
atender servicios básicos de salud, educación y vivienda con el concurso de
entidades ejecutoras gubernamentales o no gubernamentales que acompañen
el proceso de dotación y asentamientos.
– 49 –
II. En estas áreas el uso de recursos naturales y procesos productivos no deben
ser diferentes a la aptitud de uso de suelo y la cobertura boscosa, las
comunidades con apoyo y asistencia técnica, bajo la supervisión de la
Superintendencia Forestal, desarrollarán Planes de Manejo de Recursos
Naturales y diferentes usos a través de mecanismos de desarrollo limpio.
III. Las comunidades asentadas en estas áreas deben ser favorecidas con
iniciativas financieras y productivas de los mecanismos de desarrollo limpio
como alternativas económicas.
IV. Las tierras de vocación forestal deben ser manejadas comunitariamente y
con apoyo del Estado en sus diversas instancias, nacional, departamental y
municipal a fin de resguardar su potencial forestal, fauna, biodiversidad y por
sus importantes servicios ambientales en la regulación del clima, agua, vientos
y la captura de dióxido de carbono y que benefician al conjunto de la
población.
V. Los procesos productivos en estas áreas deben privilegiar técnicas y
saberes indígenas y locales de uso integral de recursos, forestería comunitaria
y el aprovechamiento de recursos de flora y fauna no consuntivos,
complementados con el manejo de espacios y tiempo, espacios pequeños y
tiempo corto destinado a la pequeña agricultura de subsistencia, espacios y
mediano plazo destinado a plantaciones industriales y cítricos que amplíen la
seguridad alimentaría y economía diversificada de mediano plazo y, espacios
grandes y largo plazo con plantaciones de árboles nativos maderables con
valor comercial y árboles fruteros que provean alimentos para la fauna del
lugar.
ARTÍCULO 112.- (CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES). El Ministerio de Desarrollo Rural
Agropecuario y Medio Ambiente, negociará y suscribirá convenios
interinstitucionales con representantes de entidades, públicas y privadas, para
la elaboración y ejecución de Programas de Asentamientos Humanos, cuando
la satisfacción del interés público especial que motiva el procedimiento
requiera componentes de infraestructura, servicios básicos y/o asistencia
técnica.
– 50 –
El convenio interinstitucional establecerá el alcance y los mecanismos de
coordinación y responsabilidades de las entidades participantes.
ARTÍCULO 113.- (CONTENIDO DEL
PROGRAMA). El programa de Asentamientos Humanos, como mínimo,
contendrá:
a) Descripción del interés público especial que configura su finalidad;
b) Descripción básica de la condición socio – económica y demográfica de las
comunidades campesinas, de colonizadores o pueblos y comunidades
indígenas y originarias beneficiarias;
c) Ubicación y posición geográfica, superficie y límites de la tierra objeto de
la dotación;
d) Medios materiales conducentes a su ejecución;
e) Entidades responsables de su ejecución y roles que cada una de ellas
cumplirá, en el ámbito de sus competencias, bajo la coordinación del
Instituto Nacional de Reforma Agraria;
f) Cronograma y plazo de ejecución; y
g) Criterios técnicos que permitan establecer las actividades a desarrollarse en
el área objeto de dotación considerando el uso mayor de la tierra en base al
mapa de aptitud de uso de suelo vigente.
ARTÍCULO 114.- (AUTORIZACIÓN DE
ASENTAMIENTO). En el plazo de cinco (5) días calendario computable a
partir de la recepción del programa de Asentamientos Humanos, el Director
Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, autorizará el
asentamiento de los beneficiarios.
ARTÍCULO 115.- (EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA). I. El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma
Agraria, en ejecución de Programas de Asentamientos Humanos aprobados,
dictará Resolución de Dotación y Titulación a favor del beneficiario, en el
plazo máximo de cinco (5) días calendario.
II. El Viceministerio de Tierras coordinará la implementación y efectuará el
seguimiento de los componentes productivos, de infraestructura, servicios
básicos, salud, educación, vivienda y asistencia técnica con entidades
competentes en cada una de las áreas.
– 51 –
ARTÍCULO 116.- (DOTACIÓN DE TIERRAS
EXPROPIADAS). Cuando la dotación tenga por objeto la distribución de
tierras expropiadas en el marco de lo establecido en el Parágrafo II del
Articulo 59 de la Ley Nº 1715, modificado por el Articulo 34 de la Ley Nº
3545, corresponderá previo informe legal si se considera pertinente, la emisión
de la resolución de dotación en el plazo de tres (3) días calendario,
computables a partir de la ejecutoria de la resolución de expropiación, de
acuerdo a lo previsto en el Artículo 118 del presente Reglamento.
SUBSECCIÓN II
RESOLUCIÓN DE DOTACIÓN Y TITULACIÓN
ARTÍCULO 117.- (OPORTUNIDAD Y
ALCANCE DE LA RESOLUCIÓN). El Director Nacional del Instituto
Nacional de Reforma Agraria, en ejecución del programa, previo dictamen
legal si considera conveniente, dictará resolución de dotación y titulación en
favor de la comunidad beneficiaria en el plazo de diez (10) días hábiles.
ARTÍCULO 118.- (CONTENIDO DE LA
RESOLUCIÓN). I. La resolución de dotación y titulación contendrá:
a) Nombre de la propiedad agraria, si lo hubiere;
b) Clase de propiedad y actividades aptas a desarrollarse;
c) Nombre del beneficiario en favor del cual se constituirá el derecho y se
extenderá el Título Ejecutorial;
d) Ubicación y posición geográfica, superficie y límites de la tierra
representada en plano georeferenciado; y
e) Régimen jurídico especial aplicable a la clase de propiedad y sujeción a la
norma de creación y al plan de manejo en el caso de áreas protegidas.
II. La resolución de dotación y titulación sujetará el ejercicio del derecho de
propiedad, a la aptitud de uso de suelo determinada.
SECCIÓN III
PROCEDIMIENTO DE DOTACIÓN SIMPLE
– 52 –
ARTÍCULO 119.- (ÁMBITO DE
APLICACIÓN). La presente Sección regula el procedimiento de dotación
simple, aplicable cuando exista sentencia ejecutoriada de nulidad absoluta de
un Título Ejecutorial, emitida por el Tribunal Agrario Nacional, con exclusión
de:
a) Los casos señalados en los Numerales 1, 2 y 3 del Parágrafo III del
Artículo 50 de la Ley Nº 1715; y
b) Los casos en los que la sentencia de nulidad absoluta del Título Ejecutorial
se funde en la existencia de otro emitido con anterioridad.
ARTÍCULO 120.- (OPORTUNIDAD DE LA
SOLICITUD). La solicitud de dotación simple se presentará por la
comunidad afectada con la sentencia de nulidad absoluta, ante la Dirección
Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria, del lugar donde esté
ubicada la tierra, dentro del plazo perentorio e improrrogable de noventa (90)
días calendario, computables a partir de la ejecutoria de la sentencia
declarativa de nulidad absoluta.
Vencido el plazo señalado en el parágrafo anterior, si no mediare solicitud, la
persona afectada con la sentencia de nulidad no podrá beneficiarse con la
dotación simple y la tierra disponible podrá distribuirse a través de otro
procedimiento concordante con la modalidad de distribución que se determine.
ARTÍCULO 121.- (FORMA Y CONTENIDO DE
LA SOLICITUD). La solicitud se presentará por escrito adjuntando:
a) Testimonio de la sentencia ejecutoriada que declara la nulidad absoluta;
b) Documentos que acrediten la personalidad jurídica del peticionante y la
personería de su representante;
c) Relación de comunidades, asientos, lugares y equivalentes que integran la
persona jurídica peticionante, según sus características;
d) Individualice la tierra objeto de la solicitud, especificando su ubicación
geográfica, superficie y límites; y
e) Fije domicilio especial en la ciudad asiento de la Dirección Departamental
que conoce el procedimiento.
– 53 –
ARTÍCULO 122.- (REVISIÓN DE LA
SOLICITUD). Los Directores Departamentales del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, dentro de los dos (2) días hábiles de recibida la solicitud,
requerirán:
a) Informe legal sobre la oportunidad de la presentación, el cumplimiento de
los requisitos exigidos y sobre la adecuación de la solicitud al ámbito de
aplicación del procedimiento;
b) Informe técnico sobre si la tierra objeto de la solicitud se encuentra ubicada
en áreas de conservación o protegidas; y
c) Los informes requeridos por el Director Departamental serán emitidos en el
plazo máximo de diez (10) días hábiles, computables a partir de la
solicitud.
ARTÍCULO 123.- (ADMISIÓN O RECHAZO).
Los Directores Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria,
con base en los informes señalados en el artículo anterior:
a) Intimarán la subsanación de requisitos de forma y contenido de las
solicitudes presentadas en término, bajo apercibimiento de rechazo, fijando
un plazo no menor de quince (15) días al efecto y sus prórrogas;
b) Admitirán las solicitudes presentadas en término comprendidas en el
ámbito de aplicación del procedimiento y que reúnan los requisitos de
forma y contenido exigidos;
c) Admitirán también las solicitudes observadas cuyas deficiencias hubieran
sido subsanadas dentro del plazo fijado al efecto;
d) Rechazarán las solicitudes de dotación que no cumplan los requisitos de
forma y fondo.
ARTÍCULO 124.- (VERIFICACIÓN DE LA
FUNCIÓN SOCIAL). Los Directores Departamentales del Instituto Nacional
de Reforma Agraria, admitida la solicitud, instruirán a su departamento
técnico la verificación de cumplimiento de la función social de la tierra objeto
del procedimiento, en relación al solicitante. Para medir ello, se apreciará el
asentamiento o el trabajo en función del bienestar de la comunidad.
ARTÍCULO 125.- (RESOLUCIÓN). I. Los
Directores Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria,
– 54 –
recibido el informe de verificación del cumplimiento de la función social,
dictarán:
a) Resolución declarando improcedente la dotación simple cuando la tierra no
se encuentre cumpliendo la función social; o
b) Resolución de dotación y titulación en favor del solicitante si se encuentra
cumpliendo la función social, con el alcance y contenido establecidos en el
Título X de este Reglamento.
II. El afectado con la sentencia de nulidad que no se hubiere beneficiado con
la dotación simple, renuente a la entrega de la propiedad agraria, estará sujeto
al procedimiento de desalojo, previstas en Título XIV de este Reglamento, en
lo pertinente.
CAPÍTULO IV
ADJUDICACIÓN DE TIERRAS FISCALES
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 126.- (ALCANCE DE LA
ADJUDICACIÓN). La adjudicación tendrá por objeto constituir, a título
oneroso, derecho de propiedad sobre Solares Campesinos, Pequeñas
Propiedades, Medianas Propiedades y Empresas Agropecuarias.
ARTÍCULO 127.- (BENEFICIARIOS). La
adjudicación de los tipos de propiedad señalados en el artículo anterior
procederá respecto de:
a) Solares Campesinos y Pequeñas Propiedades en favor de personas
individuales, mujeres u hombres; y
b) Medianas Propiedades y Empresas Agropecuarias en favor de personas
jurídicas e individuales, mujeres u hombres, titulares de empresas
agrícolas, pecuarias, agropecuarias u otras de carácter productivo.
ARTÍCULO 128.- (REQUISITOS DE
PRESENTACIÓN). Las personas señaladas en el artículo anterior, para
– 55 –
intervenir en procedimientos de adjudicación, acreditarán la calidad que las
legitima y, en su caso, el cumplimiento de sus obligaciones con el Estado.
ARTÍCULO 129.- (PROCEDIMIENTOS DE
ADJUDICACIÓN). El derecho de propiedad se constituirá a través de
procedimientos de adjudicación:
a) Ordinaria: en concurso público calificado, cuando la distribución tenga
por finalidad el cumplimiento de la función social o económico – social de
la tierra; y
b) Simple: como consecuencia de una declaración judicial de nulidad
absoluta, cuando la tierra se encuentre cumpliendo la función social o
económico – social, en relación a la persona afectada con esta declaración.
ARTÍCULO 130.- (SUSPENSIÓN E
INTERRUPCIÓN DE PROCEDIMIENTO). Los Directores
Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria, por iniciativa
propia, o a requerimiento de su Director Nacional, en cualquier momento
hasta antes de dictada la resolución que confiere el derecho a la adjudicación y
titulación, cuando medien razones fundadas de interés público, como desastres
naturales, hidrocarburos, defensa y otros podrán suspender temporalmente o
dejar sin efecto los procedimientos de adjudicación ordinaria.
SECCIÓN II
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ORDINARIA
ARTÍCULO 131.- (ÁMBITO DE
APLICACIÓN). I. La presente sección regula el procedimiento de
adjudicación ordinaria en tierras fiscales afectadas a la adjudicación como
modalidad de distribución.
II. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, sólo podrá adjudicar en favor de
una misma persona individual o colectiva, hasta una superficie máxima de dos
mil quinientas hectáreas (2.500 hectáreas) independientemente que
corresponda a varias solicitudes y a distintas formas de propiedad.
– 56 –
SUBSECCIÓN I
DETERMINACIÓN DEL PRECIO ADJUDICACIÓN
ARTÍCULO 132.- (PRECIO DE
ADJUDICACIÓN). I. Emitida la resolución determinativa de modalidad de
distribución de tierras fiscales, el Director Nacional del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, en el término de diez (10) días calendario, solicitará al
Superintendente Agrario el precio base y el precio tope de Adjudicación de la
tierra objeto de distribución.
II. Recibido el precio de adjudicación, la Dirección Nacional del Instituto
Nacional de Reforma Agraria, con base en la información y datos
proporcionados por la Superintendencia Agraria. Tratándose de Solares
Campesinos y Pequeñas Propiedades, además del precio base, fijará un precio
tope de adjudicación, tomando en cuenta necesariamente la función social que
éstas cumplirían.
ARTÍCULO 133.- (CATEGORÍAS Y
CRITERIOS DE DETERMINACIÓN). I. Las áreas de adjudicación se
agruparán en las categorías, unas que comprenden a Solares Campesinos y
Pequeñas Propiedades y otras que comprenden a Medianas Propiedades y
Empresas Agropecuarias.
II. Constituyen criterios de determinación, de áreas de adjudicación, la
disponibilidad de tierras afectadas a la adjudicación, como modalidad de
distribución, su aptitud de uso de suelo determinada y el dictamen de la
Comisión Agraria Departamental.
ARTÍCULO 134.- (REMISIÓN DE
ANTECEDENTES). El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma
Agraria, remitirá antecedentes a la respectiva Dirección Departamental a
objeto de que este continué con el procedimiento de adjudicación.
ARTÍCULO 135.- (MODIFICACIÓN DE
ÁREAS DE ADJUDICACIÓN). El Director Nacional del Instituto Nacional
de Reforma Agraria, antes de que se publicite las áreas de adjudicación, por
razones fundadas de interés público, podrá modificarlas sujetándose al
– 57 –
procedimiento establecido para su determinación y aprobación, salvando los
actuados existentes.
SUBSECCIÓN II
PUBLICIDAD DE ÁREAS DE ADJUDICACIÓN
ARTÍCULO 136.- (PUBLICACIÓN). Los
Directores Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria,
recibidos los antecedentes en el plazo de diez (10) días calendario, dispondrán
la publicidad de áreas de adjudicación conforme a lo dispuesto en el Artículo
144 de este Reglamento y pondrá en conocimiento de organizaciones sociales
matrices de campesinos, colonizadores e indígenas, a efecto de que terceros
legitimados presenten solicitudes de adjudicación
ARTÍCULO 137.- (MEDIOS Y FORMA DE LA
PUBLICACIÓN). I. La publicación se efectuará en un medio de
comunicación de alcance nacional, por una sola vez.
II. La publicación se realizará también en una radiodifusora de alcance
nacional o local, en la forma que asegure su mayor difusión.
Facultativamente, la publicación también se podrá realizar en otros medios de
difusión, como radioemisora, televisión, carteles, murales, volantes, o afiches,
que se juzguen útiles y que contribuyan a facilitar la concurrencia de
interesados.
ARTÍCULO 138.- (CONTENIDO DE LA
PUBLICACIÓN). La publicación especificará:
a) La Dirección Departamental que conoce el procedimiento;
b) Áreas de adjudicación por clases de propiedad, especificando su ubicación
geográfica, superficie y límites y su aptitud de uso de suelo;
c) Personas legitimadas, por clase de propiedad, para presentar solicitudes de
adjudicación y requisitos de presentación;
d) Precio Base de las áreas de adjudicación y precio tope cuando corresponda;
e) Lugar y fecha límites para la presentación de solicitudes;
f) Jefaturas Regionales autorizadas para la recepción de solicitudes; y
– 58 –
g) Lugar donde las personas interesadas podrán recabar mayor información
SUBSECCIÓN III
PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN, REVISIÓN Y ADMISIÓN DE
SOLICITUDES
ARTÍCULO 139.- (PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES). Las solicitudes de adjudicación serán presentadas por las
personas legitimadas o sus representantes orgánicos o convencionales, dentro
del plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días calendario, siguientes
a la publicación de áreas de adjudicación, ante las Direcciones
Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria, que conocen el
procedimiento.
ARTÍCULO 140.- (FORMA Y CONTENIDO DE
SOLICITUDES). Las solicitudes se presentarán por escrito que:
a) Acompañe los siguientes documentos, según la legitimación invocada:
1. Personas individuales campesinas, indígenas y colonizadores:
Documento de identidad y certificado que acredite su calidad, expedido
por su comunidad u organización social reconocida por el Estado, o por
la entidad competente en asuntos indígenas u originarios;
2. Personas individuales: Documento de identidad y certificado de
solvencia fiscal emitido por la Controlaría General de la República;
3. Personas colectivas cooperativas de producción agrícola y/o
pecuaria:
i. Personalidad Jurídica;
ii. Padrón Municipal de Contribuyente;
iii. Comprobante de pago de Patente Municipal de Funcionamiento de
la ultima gestión;
iv. Número Identificación Tributaria – NIT;
v. Comprobante del pago de impuesto sobre las utilidades de las
empresas, de la última gestión; y
vi. Certificado de solvencia fiscal emitido por la Contraloría General
de la República.
– 59 –
4. Personas individuales o colectivas, titulares de empresas agrícolas
y/o pecuarias:
i. Personalidad Jurídica tratándose de personas colectivas o
documento de identidad, tratándose de personas individuales
ii. Registro en FUNDEMPRESA;
iii. Padrón Municipal de Contribuyente,
iv. Comprobante de pago de Patente Municipal de Funcionamiento, de
la última gestión;
v. Número Identificación Tributaria – NIT;
vi. Comprobante de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las
Empresas, de la última gestión; y
vii. Certificado de solvencia fiscal emitido por la Controlaría General
de la República.
b) Acompañe los documentos que acrediten la personería de sus
representantes, cuando corresponda;
c) Individualice al área de adjudicación solicitada;
d) Fije domicilio especial a los efectos del procedimiento, en la ciudad asiento
de la Dirección Departamental que conoce el procedimiento; y
e) Certificado de antecedentes.
ARTÍCULO 141.- (RECEPCIÓN DE
SOLICITUDES). I. Las Direcciones Departamentales o Jefaturas Regionales
autorizadas del Instituto Nacional de Reforma Agraria, solo recibirán
solicitudes precedidas de una publicación de áreas de adjudicación.
II. Las solicitudes recibidas en las Jefaturas Regionales autorizadas del
Instituto Nacional de Reforma Agraria, serán elevadas a conocimiento de sus
Directores Departamentales, en el plazo establecido en este Reglamento.
ARTÍCULO 142.- (REVISIÓN DE
SOLICITUDES). Los Directores Departamentales del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, recibidas las solicitudes, requerirán dentro de las
veinticuatro (24) horas, informe legal sobre la oportunidad de la presentación
y el cumplimiento de los requisitos de forma y contenido exigidos, que deberá
ser expedido en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles.
– 60 –
ARTÍCULO 143.- (ADMISIÓN O RECHAZO
DE SOLICITUDES). Los Directores Departamentales del Instituto de
Reforma Agraria, con base en el informe legal, en el plazo de tres (3) días
hábiles:
a) Intimarán la subsanación de requisitos de forma y contenido de las
solicitudes presentadas en término en un plazo de diez (10) días hábiles,
bajo apercibimiento de rechazo. Este plazo podrá prorrogarse de acuerdo a
fundamentación de parte;
b) Admitirán las solicitudes presentadas en término que reúnan los requisitos
de legitimación, forma y contenido;
c) Admitirán también las solicitudes observadas, cuyas deficiencias hubieren
sido subsanadas dentro del plazo fijado al efecto;
d) Rechazarán las solicitudes presentadas fuera de plazo, por personas no
legitimadas y aquellas cuyas observaciones no hubieran sido subsanadas
dentro del plazo fijado al efecto; y
e) Serán rechazadas las solicitudes de adjudicación, comprendidas en las
limitaciones establecidas en el Parágrafo II del Artículo 131 de este
Reglamento.
SUBSECCIÓN IV
CONCURSO PÚBLICO CALIFICADO
ARTÍCULO 144.- (CONCURSO PÚBLICO
CALIFICADO). Los Directores Departamentales del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, admitidas las solicitudes de adjudicación, dictarán
resolución:
a) Invitando a las personas legitimadas, cuyas solicitudes hubieren sido
admitidas, a presentar, en sobre lacrado, oferta de precio por las áreas de
adjudicación solicitadas, sobre la base del precio publicitado. Para el caso
de los Solares Campesinos y las Pequeñas Propiedades el precio tope no
debe exceder dos (2) veces el precio base. Las solicitudes deben estar
garantizadas mediante:
1. Boleta de garantía bancaria emitida a nombre del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, equivalente al cinco por ciento (5%) del precio base,
– 61 –
con vigencia de noventa (90) días calendario, computables a partir de la
fecha de apertura de ofertas; o
2. Depósito efectuado en la cuenta del Instituto Nacional de Reforma
Agraria, por el mismo monto señalado en el subinciso anterior.
b) Señalando lugar, día y hora límite para la presentación de ofertas de precio;
c) Señalando lugar, día y hora de audiencia pública de apertura y mejora de
ofertas de precio, que en su caso será la localidad más cercana al lugar de
las tierras a adjudicarse; y
d) Designando al servidor público responsable de la recepción y apertura de
ofertas de precio.
ARTÍCULO 145.- (RECEPCIÓN DE
OFERTAS). El servidor público designado elaborará y suscribirá un acta de
recepción de ofertas, sentando el nombre de los oferentes y la fecha y hora de
recepción de las mismas. Las actas serán archivadas cronológicamente y una
relación sucinta de éstas será publicada mediante tablilla en la oficina que
recibió las ofertas, a la conclusión de la recepción de las mismas.
ARTICULO 146.- (APERTURA Y MEJORA DE
OFERTAS). I. En el lugar, día y hora señalados para la audiencia, el servidor
público designado, en presencia de Notario de Fe Pública, procederá a la
apertura de ofertas de precio presentadas en término, habilitando las que
cumplan con el porcentaje y vigencia, exigidos para las garantías.
Abiertas las propuestas, en el caso de las Medianas Propiedades y Empresas
Agropecuarias, el servidor público designado, invitará a los oferentes
habilitados a mejorar sus propuestas mediante puja, en forma pública y en el
mismo acto, sobre la base de la oferta mayor. Si las propuestas no se
mejoraran tendrá preferencia la oferta mayor sobre el precio base, y en caso de
igualdad de ofertas, se procederá al sorteo.
II. En el caso de los Solares Campesinos y Pequeñas Propiedades se procederá
al concurso de precios entre las ofertas habilitadas, teniendo preferencia la
oferta mayor sobre el precio base y, en caso de igualdad de ofertas, se
procederá al sorteo.
– 62 –
Al término del acto, el servidor público designado levantará acta que
especifique tiempo y lugar de la audiencia, relación de oferentes habilitados y
presentes y monto de las ofertas. El acta será firmada por el servidor público
designado, el Notario de Fe Pública interviniente y los oferentes presentes que
deseen hacerlo, y elevada a conocimiento de su Director Departamental con
todos los antecedentes.
SUBSECCIÓN V
ADJUDICACIÓN
ARTÍCULO 147.- (RESOLUCIÓN DE
ADJUDICACIÓN ORDINARIA Y TITULACIÓN). I. Los Directores
Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria, dentro de los dos
(2) días hábiles siguientes a la recepción del acta de recepción de ofertas, y en
su caso, del acta de apertura y/o mejora de ofertas, remitirán a la Dirección
Nacional el respectivo proyecto de resolución, con todos los antecedentes.
II. El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria dentro de
los cinco (5) días hábiles de recibido el proyecto, dictará resolución:
a) Declarando desierto el concurso de precios, cuando no se hubieren recibido
ofertas;
b) Declarando fracasado el concurso de precios, por inadmisibilidad de
ofertas, cuando la o las recibidas no hubieran sido habilitadas o estén por
debajo del precio base, disponiendo la devolución de las garantías
recibidas; o
c) De adjudicación ordinaria y titulación en favor del único oferente que
ofreció, por lo menos, el precio base o del que ofreció el mejor precio. La
resolución de adjudicación ordinaria y titulación especificará el precio de
adjudicación, y estará sujeta a la condición suspensiva de su pago en el
lugar, tiempo y forma exigidos, tendrá el alcance y contenido establecidos
en los Artículos 148 y 149 de este Reglamento.
III. Una vez emitida la resolución se remitirá más sus antecedentes, al
Director Departamental de origen en el plazo de tres días hábiles para su
cumplimiento.
– 63 –
ARTÍCULO 148.- (LUGAR, TIEMPO Y
FORMA DE PAGO DEL PRECIO). El precio de adjudicación será pagado
dentro del plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles,
computables a partir de la notificación con la resolución de adjudicación y
titulación:
a) En cheque certificado girado a nombre del Instituto Nacional de Reforma
Agraria, entregado en la oficina de la Dirección Departamental que conoce
el procedimiento; o
b) Mediante depósito, en una cuenta bancaria del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, habilitada al efecto.
ARTÍCULO 149.- (FALTA DE PAGO DEL
PRECIO). La falta de pago del precio de adjudicación, en las condiciones
señaladas en el artículo anterior, dejará sin efecto la adjudicación y habilitará
se dicte una nueva resolución de adjudicación y titulación en favor del
oferente que presentó la oferta admisible que precede en monto, a la del
adjudicatario anterior, y al cobro de la garantía de seriedad de oferta.
ARTÍCULO 150.- (DEVOLUCIÓN DE
GARANTÍAS). I. Pagado el precio de adjudicación los Directores
Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria, dispondrán la
devolución de las garantías de seriedad de oferta, de los proponentes que no
hubieren sido favorecidos con la adjudicación.
II. De igual modo será devuelta la boleta de garantía al adjudicatario, cuando
el mismo, hubiere realizado el depósito por concepto de pago del precio total,
en la cuenta bancaria del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
ARTÍCULO 151.- (RETIRO DE OFERTA). I.
Las ofertas podrán retirarse antes de la apertura de las mismas, en cuyo caso se
devolverán las garantías.
II. Si la oferta se retira después de abierta la misma y antes de dictada la
resolución de adjudicación, el oferente pierde las garantías en favor del
Instituto Nacional de Reforma Agraria.
– 64 –
ARTÍCULO 152.- (NUEVA RESOLUCIÓN DE
ADJUDICACIÓN ORDINARIA Y TITULACIÓN). El Director Nacional
del Instituto Nacional de Reforma Agraria, en el caso señalado en el Artículo
149 de este Reglamento, previo informe de la Dirección Departamental,
dictará:
a) Resolución declarando desierto el concurso de precios, cuando no existan
ofertas que precedan a la del adjudicatario que no pagó el precio en
término;
b) Resolución declarando fracasado el concurso de precios, cuando no exista
una oferta admisible que preceda a la del adjudicatario anterior,
disponiendo la devolución de garantías de seriedad de oferta; o
c) Resolución de adjudicación ordinaria y titulación en favor del oferente que
presentó la oferta admisible que precede en monto a la del adjudicatario
anterior. La nueva resolución de adjudicación ordinaria y titulación, tendrá
la modalidad, el alcance y contenido establecidos en el inciso c) del
Artículo 147 de este Reglamento.
SECCIÓN III
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN SIMPLE
ARTÍCULO 153.- (ÁMBITO DE
APLICACIÓN). El presente Capítulo regula el procedimiento de
adjudicación simple, aplicable cuando exista una sentencia ejecutoriada de
nulidad absoluta de un Título Ejecutorial, emitida por el Tribunal Agrario
Nacional, con exclusión de:
a) Los casos señalados en los Numerales 1, 2 y 3 del Parágrafo III del
Artículo 50 de la Ley Nº 1715;
b) Los casos en los que la sentencia de nulidad absoluta del Título Ejecutorial
se funde en la existencia de otro emitido con anterioridad; y
c) Los casos en los que se compruebe, que el título fue obtenido mediante la
comisión de un delito.
ARTÍCULO 154.- (PROCEDIMIENTO). I. El
procedimiento de adjudicación simple se sujetará a las disposiciones
establecidas para la dotación simple, con las siguientes modificaciones:
– 65 –
a) La forma y contenido de la solicitud se sujetará a lo dispuesto en el
Artículo 140 de este Reglamento;
b) Después de verificada la función social o económico – social de la tierra y
antes de dictar resolución, los Directores Departamentales del Instituto
Nacional de Reforma Agraria:
1. Solicitarán a la Superintendencia Agraria la determinación del valor de
mercado de la tierra objeto del procedimiento.
2. Intimarán al solicitante a que preste su conformidad o negativa al pago,
dentro del plazo perentorio e improrrogable de cinco (5) días hábiles
computables a partir de su notificación. En caso de silencio o negativa
se tendrá por desistido el derecho a la adjudicación simple y el Director
Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, dictará resolución
disponiendo la conclusión del procedimiento, previo informe del
Instituto Nacional de Reforma Agraria Departamental y estará
habilitado para distribuir la tierra a través de otro procedimiento
concordante con la modalidad de distribución que se determine.
c) La resolución de adjudicación simple y titulación, tendrá la modalidad, el
alcance y contenido, establecidos en el inciso c) del Artículo 147 de este
Reglamento; y
d) El precio de adjudicación se sujetará al régimen establecido en el Artículo
148 de este Reglamento. Su falta de pago dejará sin efecto la adjudicación
y habilitará a distribuir la tierra a través de otro procedimiento concordante
con la modalidad de distribución que se determine.
II. El afectado con la sentencia de nulidad que no se hubiere beneficiado con
la adjudicación simple, renuente a la entrega de la propiedad agraria, estará
sujeto al desalojo de asentamientos y ocupaciones ilegales, de acuerdo a lo
previsto en los Artículos 447 y 449 de este Reglamento, en lo pertinente.
TITULO V
FUNCIÓN SOCIAL Y FUNCIÓN ECONOMICO – SOCIAL
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
– 66 –
ARTÍCULO 155.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN
Y ALCANCE). El presente Título regula la verificación del cumplimiento de
la función social aplicable al Solar Campesino, la Pequeña Propiedad, la
Propiedad Comunaria y a las Tierras Comunitarias de Origen y de la función
económico – social aplicable a la Mediana Propiedad y Empresa
Agropecuaria, en los términos y condiciones establecidos en el Artículo 2 de
la Ley No 1715 modificado por el Artículo 2 de la Ley No 3545 y el presente
Reglamento, correspondientes a los procedimientos de saneamiento, reversión,
expropiación y distribución de tierras como efecto de la nulidad de Títulos
Ejecutoriales, previstos en el Parágrafo III del Artículo 50 de la Ley Nº 1715.
A efectos de la verificación del cumplimiento de la función social o la función
económico – social, además de la clasificación de la propiedad, se deberá
tomar en cuenta los antecedentes jurídicos del predio, la actividad
desarrollada, límites de superficie, características del tipo de propiedad y la
correspondencia con la aptitud de uso de suelo.
Las normas que regulan la función social y la función económico – social, son
de orden público, por lo tanto son de cumplimiento obligatorio e
irrenunciables por acuerdos de partes.
ARTÍCULO 156.- (APTITUD DE USO DE
SUELO Y EL EMPLEO SOSTENIBLE). El ejercicio del derecho
propietario agrario respecto de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales
y otras de carácter productivo, así como de conservación y protección de la
biodiversidad, investigación y ecoturismo, deberá sujetarse a lo establecido en
los Planes de Uso de Suelo, para determinar su aptitud, y al empleo sostenible,
conforme lo expresa y específicamente establecido en la Ley Nº 1333 del
Medio Ambiente, la Ley Nº 1700 y la Ley Nº 1715 modificada por la Ley Nº
3545; cuya transgresión dará lugar a las previsiones establecidas en las Leyes
Nº 1715, Nº 3545 y el presente Reglamento.
Los instrumentos técnicos sobre la aptitud de uso de suelo y otra información
estarán previamente incorporados en la base de datos oficial geo – espacial a
cargo del Viceministerio de Tierras y deberán ser considerados por el Instituto
Nacional de Reforma Agraria en la ejecución de los trabajos de campo.
– 67 –
Si se establecen elementos que hacen presumir el uso no sostenible de la
tierra, de oficio o mediante denuncia, el Instituto Nacional de Reforma Agraria
solicitará informe de éstos extremos a las autoridades competentes, debiendo
ser proporcionado en un plazo máximo de diez (10) días hábiles; este
documento será considerado a los efectos previstos en los procedimientos
agrarios regulados por este Reglamento. En caso de indicios de la comisión de
delitos, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, de oficio efectuará denuncia
ante el Ministerio Público para su procesamiento en la vía penal.
ARTÍCULO 157.- (EL BENEFICIO DE LA
SOCIEDAD Y EL INTERÉS COLECTIVO EN EL CUMPLIMIENTO
DE LA FUNCIÓN ECONÓMICO – SOCIAL RESPECTO A LAS
RELACIONES SERVIDUMBRALES). El beneficio de la sociedad y el
interés colectivo son inherentes al cumplimiento de la función económico –
social, por lo que las actividades productivas que desarrolle un propietario no
deben ser contrarias a esta previsión.
Donde exista un sistema servidumbral, trabajo forzoso, peonazgo por deudas
y/o esclavitud de familias o personas cautivas en el área rural, que violentan lo
establecido en los Artículos 5 y 157 de la Constitución Política del Estado, en
Convenios Internacionales ratificados por el Estado Boliviano, Artículos 144 y
145 de la Ley Nº 3464, Numerales 3 y 4 de la Ley Nº 1715, y la Disposición
Final Cuarta de la Ley Nº 1715 son contrarias al beneficio de la sociedad y el
interés colectivo, en consecuencia implica el incumplimiento de la función
económico – social, aunque en el predio existieren áreas efectivamente
aprovechadas y se estará a las previsiones de la Ley y el presente Reglamento.
No se reconocen las deudas de obligaciones personales como resultado de
relaciones servidumbrales, trabajo forzoso, peonazgo, esclavitud o cautiverio.
De establecerse que con relación al personal asalariado exista incumplimiento
de obligaciones laborales, el Instituto Nacional de Reforma Agraria
denunciará a la instancia competente.
ARTÍCULO 158.- (ACTIVIDADES
DELICTIVAS). Las actividades de carácter delictivo, tipificadas en las leyes
pertinentes, desarrolladas en un predio no dan lugar al reconocimiento del
cumplimiento de la función social o económico – social por ser contrarias al
– 68 –
interés colectivo y el beneficio de la sociedad. El Instituto Nacional de
Reforma Agraria denunciara de oficio ante el Ministerio Público la existencia
de éstos hechos delictivos.
En el caso bienes rurales incautados conforme la Ley No 1008, el Instituto
Nacional de Reforma Agraria solicitará a la instancia judicial competente la
anotación preventiva de los predios y la designación de un depositario que
asuma la obligación del cumplimiento de la función social o económico –
social. En caso de sentencia condenatoria, realizará las acciones para el
retorno expedito al dominio originario de la Nación de la totalidad del predio;
de disponerse absolución, el Instituto Nacional de Reforma Agraria solicitará
se deje sin efecto la anotación preventiva.
ARTÍCULO 159.- (VERIFICACIÓN EN
CAMPO E INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS). El Instituto
Nacional de Reforma Agraria verificará de forma directa en cada predio, la
función social o económico – social, siendo ésta el principal medio de prueba
y cualquier otra es complementaria.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria podrá utilizar instrumentos
complementarios de verificación, como ser imágenes de satélite, fotografías
aéreas, y toda información técnica y/o jurídica idónea que resulte útil, de
acuerdo a las normas técnicas y jurídicas aprobadas por esta entidad. Estos
instrumentos no sustituyen la verificación directa en campo.
ARTÍCULO 160.- (FRAUDE EN
CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN ECONÓMICO – SOCIAL). Si
existiera denuncia o indicios de fraude en el cumplimiento de la función
económico – social, se realizará una investigación de oficio recurriendo a:
a) Información anterior, actual o posterior al relevamiento de información de
campo, mediante el uso de instrumentos complementarios; e
b) Inspección directa en el predio.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria mediante los instrumentos
complementarios de verificación previstos en el artículo anterior y otros
medios de prueba establecerá el verdadero cumplimiento de la función
económico social al momento de haberse verificado la misma y declarará nulo
– 69 –
el o los formularios objetados si se comprueba el fraude y el verdadero
cumplimiento de la función económico social sustentará la resolución del
derecho; sin perjuicio de asumir las acciones o medidas legales en la vía
administrativa u ordinaria contra los presuntos responsables.
ARTÍCULO 161.- (CARGA DE LA PRUEBA Y
OPORTUNIDAD). El interesado, complementariamente, podrá probar a
través de todos los medios legalmente admitidos el cumplimiento de la
función social o económico – social, que deberán ser presentados en los plazos
establecidos en cada procedimiento agrario. El Instituto Nacional de Reforma
Agraria valorara toda prueba aportada, siendo el principal medio la
verificación en campo.
ARTÍCULO 162.- (CONTROL Y
SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL Y
ECONÓMICO SOCIAL). A efectos del cumplimiento efectivo y real de la
función social o función económico – social, el Instituto Nacional de Reforma
Agraria establecerá un sistema de control y seguimiento permanente,
incluyendo, informes, denuncias y resoluciones de las entidades agrarias
competentes así como las denuncias de las organizaciones sociales; este
sistema establecerá los mecanismos efectivos e inmediatos para impulsar los
procedimientos de Reversión, de Expropiación o la priorización del
Saneamiento de la propiedad agraria.
La Superintendencia Agraria, la Superintendencia Forestal y el Servicio
Nacional de Áreas Protegidas, de acuerdo a sus competencias establecidas en
sus normas específicas, están obligadas a denunciar el incumplimiento de la
función social o de la función económico – social y coadyuvar a la
sustanciación de los procedimientos agrarios hasta su conclusión.
ARTÍCULO 163.- (CUMPLIMIENTO DE LA
FUNCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICO – SOCIAL EN ÁREAS
PROTEGIDAS). A momento de verificar el cumplimiento de la función
social o económico – social, conforme las previsiones dispuestas en las Leyes
Nº 1715 y Nº 3545, y en el presente Reglamento, se analizarán las
disposiciones especiales sobre el uso, contenidas en las normas de creación de
las Áreas Protegidas así como el Plan de Manejo y zonificación, respectivos.
– 70 –
CAPÍTULO II
CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL
ARTÍCULO 164.- (FUNCIÓN SOCIAL). El Solar
Campesino, la Pequeña Propiedad, las Propiedades Comunarias y las Tierras
Comunitarias de Origen, cumplen la función social, cuando sus propietarios o
poseedores, demuestran residencia en el lugar, uso o aprovechamiento
tradicional y sostenible de la tierra y sus recursos naturales, destinados a
lograr el bienestar o desarrollo familiar o comunitario, según sea el caso, en
términos económicos, sociales o culturales.
ARTÍCULO 165.- (VERIFICACIÓN DE LA
FUNCIÓN SOCIAL). I. Se verificará la residencia en el lugar, uso o
aprovechamiento tradicional de la tierra y sus recursos naturales.
a) En el caso de la pequeña propiedad ganadera se constatará la existencia de
cabezas de ganado o pasto sembrado y la infraestructura adecuada a esta
actividad; y
b) En el caso de la pequeña propiedad agrícola se constatara la residencia o la
existencia de actividad agrícola, mejoras o áreas en descanso.
II. Las Tierras Comunitarias de Origen y comunidades indígenas, de
conformidad con el Convenio Nº 169 de la OIT, cumplen la función social
con el uso y aprovechamiento de sus territorios que cubre la totalidad del
hábitat de las regiones que ocupan, de acuerdo a sus usos y costumbres o
utilizan de alguna manera en la satisfacción de sus necesidades económicas,
sociales, culturales y espirituales del pueblo indígena u originario.
III. En el caso de desmontes y de conversión de tierras de uso forestal a otros
usos, deberá cumplirse con las regulaciones establecidas en las normas
vigentes.
IV. No se reconocen contratos de arrendamiento ni aparcería con terceros en
tierras tituladas colectivamente.
CAPÍTULO III
CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN ECONÓMICO – SOCIAL
– 71 –
SECCIÓN I
VERIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN ECONÓMICO – SOCIAL
ARTÍCULO 166.- (FUNCIÓN ECONÓMICO –
SOCIAL). I. La Mediana Propiedad y la Empresa Agropecuaria cumplen la
función económico – social, cuando sus propietarios o poseedores, desarrollan
actividades agropecuarias, forestales, de conservación y protección de la
biodiversidad, la investigación y el ecoturismo.
II. El funcionario del Instituto Nacional de Reforma Agraria, para determinar
la superficie que se encuentra cumpliendo la función económico – social,
considerará de manera integral las:
a) Áreas efectivamente aprovechadas;
b) Áreas en descanso, sólo en predios con actividad agrícola;
c) Áreas de proyección de crecimiento; y
d) Servidumbres ecológico legales, cuando estén bajo manejo y regularmente
autorizadas.
Siempre que el desarrollo de las actividades estén de acuerdo con la aptitud de
uso del suelo, el empleo sostenible de la tierra, en beneficio de la sociedad y el
interés colectivo.
III. Para establecer la superficie objeto de reconocimiento del derecho
propietario agrario, se tomará en cuenta a las servidumbres ecológico legales,
no sujetas a manejo, de acuerdo con las disposiciones previstas en este
Reglamento.
ARTÍCULO 167.- (ÁREAS EFECTIVAMENTE
APROVECHADAS EN ACTIVIDAD GANADERA). I. En actividades
ganaderas, se verificará lo siguiente:
a) El número de cabezas de ganado mayor y menor de propiedad del
interesado, a través de su conteo en el predio y constatando la marca y
registro respectivo y;
b) Las áreas con establecimiento de sistemas silvopastoriles, los pastizales
cultivados, y el área ocupada por la infraestructura, determinando la
superficie y ubicación de cada una de éstas áreas.
– 72 –
II. Para corroborar la información descrita precedentemente, el Instituto
Nacional de Reforma Agraria podrá hacer uso de otros instrumentos
complementarios como ser los registros del SENASAG, registros de marcas,
contramarca, señales y carimbos, inventarios de altas y bajas.
El ganado cuya propiedad no sea del interesado no será registrado como carga
animal del predio, por tanto no se valorará como área efectivamente y
actualmente aprovechada. Las áreas con pastos naturales no constituyen área
efectiva y actualmente aprovechadas en ningún caso.
III. Se considera ganado mayor las especies de bovinos, equinos, acémilas y
camélidos, y ganado menor, las especies de caprinos y ovinos, la norma
técnica incluirá los criterios para determinar la unidad de ganado mayor y de
ganado menor.
IV. Para el cálculo del área efectivamente aprovechada se considerará la suma
de superficies que resulten de:
a) La cantidad de cabezas de ganado mayor, por cada una se reconocerá cinco
(5) has., diez (10) cabezas de ganado menor equivalen a una cabeza de
ganado mayor, y
b) Áreas con pasto cultivado, con sistemas silvopastoriles e infraestructura.
ARTÍCULO 168.- (ÁREAS EFECTIVAMENTE
APROVECHADAS EN ACTIVIDAD AGRÍCOLA). I. En actividad
agrícola, se verificará lo siguiente:
a) Las áreas actual y efectivamente producidas, cultivadas o cosechadas,
individualizando y determinando su superficie y ubicación en el predio; y
b) La infraestructura o mejoras individualizadas y estableciendo su superficie
y ubicación en el predio.
II. Para el cálculo del área actual y efectivamente aprovechada se procederá a
la suma de superficies de las áreas antes referidas, expresadas en hectáreas.
– 73 –
III. Los animales de corral como aves y cerdos, son considerados parte de las
actividades complementarias a la agricultura y no se consideran actividad
ganadera ni carga animal.
ARTÍCULO 169.- (ÁREAS EFECTIVAMENTE
APROVECHADAS EN ACTIVIDAD MIXTA O AGROPECUARIA).
Cuando en un predio se realicen actividades agrícolas y ganaderas descritas
en los Artículos 167 y 168 de este Reglamento, se considerará que cumple
actividad mixta o agropecuaria, si la aptitud de uso del suelo establecida en los
planes de uso de suelo así lo permite, en caso contrario se tomará en cuenta
sólo la que esté permitida, respetando las áreas destinadas a la subsistencia. Se
podrá reconocer áreas de subsistencia en superficies pequeñas, de acuerdo a
norma técnica.
Para el cálculo de la superficie efectivamente aprovechada se tomará en cuenta
la resultante de las superficies de ambas actividades,
ARTÍCULO 170.- (ÁREAS EFECTIVAMENTE
APROVECHADAS EN ACTIVIDADES FORESTALES, DE
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD,
INVESTIGACIÓN Y ECOTURISMO). En el desarrollo de actividades
forestales, de conservación y protección de la biodiversidad, investigación y
ecoturismo, una vez evidenciado el otorgamiento regular de las autorizaciones,
se verificará en el terreno su cumplimiento actual y efectivo, la infraestructura,
conforme las obligaciones asumidas en la autorización y los diversos
instrumentos técnicos que hacen parte de la misma como los planes de manejo
aprobados, el cumplimiento de la regulación del uso del espacio y las
reglamentaciones específicas por cada actividad.
En caso de evidenciarse indicios de no correspondencia con las autorizaciones
otorgadas, el Instituto Nacional de Reforma Agraria solicitará informe o
certificación a la entidad competente, sobre este extremo, en el plazo
improrrogable de diez (10) días calendario, este documento será considerado
por el Instituto Nacional de Reforma Agraria para el cálculo de función
económico – social. A tiempo de solicitar el informe, adjuntará antecedentes
para los fines consiguientes.
– 74 –
Estas actividades serán reconocidas como función económico – social en
predios con antecedente en Títulos Ejecutoriales o proceso agrario en trámite.
ARTÍCULO 171.- (ÁREAS DE DESCANSO).
Son áreas de descanso aquellas de rotación que luego de haber sido cultivadas
con mejoras e inversiones productivas, se las deja de trabajar para su
recuperación y posterior uso, claramente identificables, los criterios técnicos
para su aplicación serán establecidos en la norma técnica. Se determinará su
superficie y su ubicación en el predio.
ARTÍCULO 172.- (ÁREAS DE PROYECCIÓN
DE CRECIMIENTO). El área de proyección de crecimiento será calculada
de la siguiente forma:
1. En actividad agrícola
a) En la Mediana Propiedad agrícola la proyección de crecimiento es del
cincuenta por ciento (50%) de las superficies efectivamente y
actualmente aprovechada y de las áreas en descanso, cuando existan; y
b) En el caso de la Empresa Agrícola, el parámetro de la proyección de
crecimiento consiste en otorgar mayor porcentaje de proyección de
crecimiento a mayor superficie del área efectivamente aprovechada y en
descanso, de acuerdo a :
i. Cuando la superficie efectivamente aprovechada y en descanso, sea
igual o menor al treinta por ciento (30%) del área mensurada, se
asignará una proyección de crecimiento del treinta por ciento (30%)
sobre lo efectivamente aprovechado y en descanso;
ii. Cuando la superficie efectivamente aprovechada y en descanso sea
más del treinta por ciento (30%) y menor o igual al cincuenta por
ciento (50%) de lo mensurado, se asignará una proyección de
crecimiento del cuarenta por ciento (40%) sobre lo efectivamente
aprovechado y en descanso;
iii. Cuando la superficie efectivamente aprovechada y en descanso, sea
mayor al cincuenta por ciento (50%) del área mensurada, se asignará
una proyección de crecimiento del cincuenta por ciento (50%) sobre
lo efectivamente aprovechado y en descanso.
– 75 –
2. En actividad ganadera:
a) En la Mediana Propiedad ganadera la proyección de crecimiento es del
cincuenta por ciento (50%) de las superficies efectivamente y
actualmente aprovechada; y
b) En la Empresa Ganadera la proyección de crecimiento es del treinta por
ciento (30%) de las superficies efectivamente y actualmente
aprovechada.
3. En actividades agropecuarias:
Para calcular el área de proyección de crecimiento en actividades
agropecuarias, se sumará las áreas efectiva y actualmente aprovechadas de
ambas actividades y se aplicará el porcentaje de la proyección de
crecimiento que corresponda a la actividad mayor y aptitud de uso del
suelo.
4. En otras actividades:
En actividades distintas a las agropecuarias, como las forestales, de
conservación y protección de la biodiversidad, investigación, ecoturismo y
otras, no se aplican los porcentajes de proyección crecimiento previstos en
el presente Artículo.
ARTÍCULO 173.- (OTRAS PREVISIONES
PARA EL CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO).
Para el cálculo de las áreas de proyección de crecimiento, además se tomará
en cuenta lo siguiente:
a) La proyección de crecimiento en ningún caso excederá la superficie
mensurada; y
b) Las servidumbres ecológicas legales no se consideran para la proyección
de crecimiento.
ARTÍCULO 174.- (SERVIDUMBRES
ECOLÓGICO LEGALES). Las servidumbres ecológico legales, serán
reconocidas como parte del predio cuando éste cuente con antecedentes en
Títulos Ejecutoriales o proceso agrario en trámite, no así en posesiones.
– 76 –
No se reconocerá derecho de propiedad agraria cuando en el predio
únicamente existan servidumbres ecológico legales.
Las áreas de servidumbre ecológica voluntarias bajo manejo, para ser
reconocida como área con cumplimiento de función económico social además
de estar legalmente aprobada y autorizadas por la Superintendencia Sectorial
competente o Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio
Ambiente, según corresponda, se deberá verificar en campo el cumplimiento
de su autorización y plan de manejo. De no cumplirse con uno de éstos
requisitos dará lugar al incumplimiento total de la función económico social
en la superficie donde se desarrolla dicha actividad y en consecuencia se hará
pasible a los efectos previstos en este Reglamento.
ARTÍCULO 175.- (DESMONTES). Los
desmontes, a partir de la vigencia de la Ley Forestal, sin autorización no
constituyen cumplimiento de la función económico social o función social por
ser ilegales y constituir delito.
Los desmontes para ser considerados como superficie aprovechada deberán
estar autorizados por la autoridad competente, para el desarrollo de actividades
agropecuarias y haber cumplido con las obligaciones asumidas en la
autorización, además de demostrar que se están desarrollando o desarrollarán
dichas actividades en el tiempo inmediato al desmonte.
ARTÍCULO 176.- (INVERSIONES). Las
inversiones son inherentes a las características de la mediana y empresa
agropecuaria, por lo que no podrán ser convertidas a superficie con
cumplimiento de función económico social.
SECCIÓN II
OTROS ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN
ECONÓMICO SOCIAL
ARTÍCULO 177.- (DESASTRES O
CATÁSTROFES NATURALES). Para la verificación de la función
económico social en caso de desastres o catástrofes naturales declarados
mediante Decreto Supremo, el Instituto Nacional de Reforma Agraria
– 77 –
identificará geográficamente, utilizando medios técnicos actuales, las áreas y
predios afectados efectivamente, para determinar la aplicación de un
procedimiento especial de verificación de acuerdo con el tipo de desastre o
catástrofe que se trate, pudiendo utilizarse información secundaria de apoyo
anterior a la fecha del desastre.
La actividad de verificación en campo se realizará una vez que las condiciones
en los predios afectados así lo permitan.
Las otras actividades desarrolladas en los procesos iniciados o por iniciar,
deberán tramitarse y concluirse, conforme a las normas vigentes sobre la
materia.
ARTÍCULO 178.- (CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO Y APARCERÍA). Las actividades productivas
ejecutadas por el arrendatario o aparcero, solo constituyen función económico
– social a favor del propietario, cuando exista área efectivamente aprovechada
por éste. En el saneamiento ésta previsión alcanza sólo a los predios con
proceso agrario titulado y en trámite.
La superficie que cumple función económico – social por el arrendatario o
aparcero no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) de la superficie
efectivamente aprovechada por el titular del derecho.
El uso contrario a la aptitud de uso de suelo realizada por el arrendatario o
aparcero conllevará los efectos previstos en el Artículo 156 de este
Reglamento, respecto al titular del derecho.
SECCIÓN III
CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIANA PROPIEDAD Y EMPRESA
AGROPECUARIA Y OTRAS ACTIVIDADES
ARTÍCULO 179.- (INCUMPLIMIENTO DE
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD). Dentro del proceso de
saneamiento se verificará si la Mediana Propiedad o la Empresa Agropecuaria
tienen las características correspondientes al tipo de propiedad establecidas en
el Artículo 41 de la Ley No 1715, según corresponda, con la sola finalidad de
– 78 –
corroborar los datos del cumplimiento o incumplimiento de la función
económico social en la superficie de las mismas.
ARTÍCULO 180.- (OTRAS ACTIVIDADES EN
ÁREAS RURALES). Las actividades productivas como las mineras,
hidrocarburíferas, de explotación forestal maderable y no maderable en tierras
fiscales, electricidad, telecomunicaciones y otras, no dan lugar a
reconocimiento de derecho propietario de la tierra.
TÍTULO VI
REVERSIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA
CAPÍTULO I
OBJETO, ALCANCE Y APLICACIÓN
ARTÍCULO 181.- (OBJETO Y ALCANCE). El
presente Título tiene por objeto regular el procedimiento administrativo de
reversión de la propiedad agraria por incumplimiento total o parcial de la
función económico – social, sustanciado por el Instituto Nacional de Reforma
Agraria.
Son susceptibles del procedimiento de reversión las propiedades medianas y
empresas agropecuarias, sus futuras divisiones como efecto de contratos o
sucesión hereditaria así como las propiedades fusionadas cuya superficie final
se encuentren dentro los límites de la mediana propiedad o la empresa
agropecuaria.
Se excluyen de este procedimiento las tierras tituladas como Solares
Campesinos, Pequeñas Propiedades, Tierras Comunitarias de Origen y
Propiedades Comunarias o Colectivas.
ARTÍCULO 182.- (APLICACIÓN). El presente
procedimiento podrá aplicarse en cualquier momento a partir de los dos (2)
años inmediatamente después a la emisión del Título Ejecutorial o Certificado
de Saneamiento del predio, independientemente de posibles mutaciones del
derecho. Para aplicar un nuevo procedimiento de reversión deberán transcurrir
– 79 –
por lo menos dos (2) años desde la última verificación de la función
económico – social.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO
SECCIÓN I
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 183.- (FORMAS DE INICIO DEL
PROCEDIMIENTO). El procedimiento de reversión se podrá iniciar a
denuncia efectuada por las entidades o las organizaciones especificadas en el
Artículo 32 de la Ley Nº 3545 o de oficio, cuando el Instituto Nacional de
Reforma Agraria identifique predios que no estén cumpliendo la función
económico – social o a denuncia de cualquier persona particular.
Las denuncias presentadas ante la Dirección Nacional del Instituto Nacional
de Reforma Agraria serán remitidas en el término de dos (2) días ante la
Dirección Departamental competente, para que esta inicie el procedimiento,
bajo constancia, de conformidad con el Artículo 162 de este Reglamento.
ARTÍCULO 184.- (DENUNCIA DE
PARTICULARES). La denuncia será realizada mediante escrito o en los
formularios diseñados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria,
detallando los siguientes datos:
a) Identificación del denunciante, si se trata de persona colectiva;
b) Individualización de la propiedad mediante su ubicación geográfica,
colindancias u otras referencias;
c) Nombre, domicilio y otros datos generales del o los propietarios
denunciados;
d) Antecedentes y circunstancias sobre el incumplimiento de la función
económico social; y
e) Otros hechos y datos relevantes para el desarrollo del procedimiento.
La ausencia de uno de estos datos, no impedirá el inicio del proceso, siempre
que los demás permitan identificar el predio.
– 80 –
El denunciante particular, no es parte en el procedimiento, pudiendo participar
del procedimiento como control social.
ARTÍCULO 185.- (DENUNCIA DE LAS
SUPERINTENDENCIAS AGRARIA O FORESTAL O DEL SERVICIO
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS). Si la denuncia fuese interpuesta
por las Superintendencias Agraria o Forestal o por el Servicio Nacional de
Áreas Protegidas, además de lo descrito en el Artículo anterior deberá
acompañar sus actuados institucionales y toda información pertinente que
curse en su poder.
ARTÍCULO 186.- (ELABORACIÓN DE
INFORME PRELIMINAR). I. Con los antecedentes descritos en los
Artículos precedentes, el Director Departamental del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas dispondrá
que por sus Departamentos competentes se elabore un informe preliminar con
el objeto de valorar la denuncia y sugiera el curso de acción a seguir.
Adicionalmente, podrá requerir a otras instituciones información útil para la
sustanciación del procedimiento.
II. El informe preliminar deberá ser elaborado en el plazo máximo de tres (3)
días calendario y contendrá:
a) Identificación del o los titulares del derecho de propiedad o los que figuren
como subadquirentes en el registro de transferencias de la propiedad
agraria;
b) Individualización del predio, especificando si tiene proceso de saneamiento
concluido, se encuentra en trámite o no ha sido objeto de saneamiento.
c) La clase de propiedad a la que pertenece, sea por titulación, por efecto de
fusión de predios o resultado de una subdivisión de propiedad titulada
como Mediana Propiedad o Empresa Agropecuaria;
d) Sugerencia de la adopción de medidas precautorias, si el caso amerita;
e) Si se inició el procedimiento por denuncia de las instituciones referidas en
el Artículo anterior y no adjuntaron antecedentes de los procesos
administrativos desarrollados, se requerirán los mismos así como su
colaboración para la audiencia.
– 81 –
III. Conforme los datos descritos se establecerá el curso a seguir, que podrá
ser la priorización de área de saneamiento, la remisión de antecedentes al
proceso de saneamiento en trámite, remisión al procedimiento de expropiación
si se tratare de Pequeñas Propiedades tituladas al interior de una comunidad,
finalmente sugerirá el inicio del procedimiento de reversión por
incumplimiento de la función económico social. Las denuncias notoriamente
improcedentes serán archivadas.
ARTÍCULO 187.- (AUTO DE INICIO, DE
REMISIÓN A OTRO PROCESO O DE RECHAZO). El Director
Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el mismo día de
recibido el informe señalado en el artículo anterior, dictará auto de inicio, si se
estableció la procedencia del procedimiento; de remisión a otro procedimiento
o de rechazo, según corresponda.
ARTÍCULO 188.- (AUTO DE INICIO). El Auto
de Inicio del procedimiento de reversión, con base en el informe preliminar,
dispondrá:
a) Fijación de día y hora para Audiencia de producción de prueba y de
verificación de la función económico social, a realizarse indefectiblemente
en el predio dentro los siguientes diez (10) días calendario, salvo
imposibilidad probada;
b) Nombramiento de los funcionarios responsables de la sustanciación;
c) Orden de notificación con el Auto al titular del derecho propietario,
apercibiéndolo que de no presentarse, proseguirá el trámite en su rebeldía,
y que las posteriores actuaciones la notificación serán en Secretaría del
Instituto Nacional de Reforma Agraria;
d) Orden de citación por Edicto, a titulares de acreencias garantizadas con el
predio objeto del procedimiento para que intervengan en ejercicio de la
acción oblicua;
e) Orden de anotación preventiva del Auto en el Registro de Derechos Reales;
f) Orden de citación a miembros de la Comisión Agraria Departamental, para
el control social.
ARTÍCULO 189.- (NOTIFICACIÓN). Dictado el
Auto de Inicio del procedimiento de reversión, se notificará en el plazo de
– 82 –
cinco (5) días calendario conforme a la forma y procedimiento establecidos en
el Artículo 70 y siguientes del presente Reglamento.
A los fines de este procedimiento, se tendrá como domicilio el predio objeto
de reversión cuya ubicación esté establecida en el proceso de saneamiento o
en el Registro de Transferencias, cuando sea resultado de una mutación del
derecho.
ARTÍCULO 190.- (CONTROL SOCIAL). Dentro
los cinco (5) días calendario de dictado el Auto de Inicio del procedimiento de
reversión, a efectos del control social, se pondrá en conocimiento:
a) Del Presidente de la Comisión Agraria Departamental y de sus miembros
para que estos a su vez hagan conocer a sus afiliados ubicados en la zona
donde se ubica el predio o los predios;
b) De la Superintendencia Agraria, de la Superintendencia Forestal o del
Servicio Nacional de Áreas Protegidas, si son denunciantes o si se
considera importante su presencia
c) Del denunciante particular, si corresponde.
ARTÍCULO 191.- (PERÍODO DE
PRESENTACIÓN DE PRUEBAS). Las pruebas podrán ser presentadas
hasta la audiencia de producción de prueba y de verificación de la función
económico – social.
En caso de ofrecer prueba de reciente obtención o siendo preconstituida no
pudo ser habida hasta la audiencia, deberá anunciárselas para presentarlas
hasta antes de la remisión del proyecto de resolución a la Dirección Nacional.
SECCIÓN II
AUDIENCIA DE PRODUCCIÓN DE PRUEBA Y DE VERIFICACIÓN
DE LA FUNCIÓN ECONÓMICO – SOCIAL
ARTÍCULO 192.- (AUDIENCIA DE
PRODUCCIÓN DE PRUEBA Y DE VERIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN
ECONÓMICO – SOCIAL). I. La audiencia de producción de prueba y de
verificación de la función económico social se realizará de forma continuada
– 83 –
en un solo acto, no pudiendo suspenderse, a no ser por imposibilidad absoluta
de realización, fijándola en el mismo lugar para una fecha próxima inmediata.
II. Una vez constituidos en el predio objeto de la denuncia, los funcionarios
asignados al efecto instalarán el acto dando cuenta de las citaciones
efectuadas, haciendo constar la presencia de los citados. Seguidamente
procederán a la recepción y producción de la prueba.
III. Luego se procederá a la verificación de la función económico – social,
aplicando lo regulado en el Titulo V de este Reglamento, se mensurará la
superficie que cumpla función económico social y se procederá al replanteo
provisional de la parte objeto de reversión, de acuerdo a normas técnicas
vigentes.
IV. Se labrará el acta de la audiencia, constando en la misma las
observaciones que las partes puedan realizar respaldándolas con sus
respectivas firmas.
V. A la finalización, se entregará una copia del acta y del formulario de
verificación de la función económico – social a las partes y a los
representantes que ejerzan el control social.
ARTÍCULO 193.- (IMPEDIMENTO DE
REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA). Si el o los denunciados,
personalmente o por interpósita persona, impiden el ingreso al predio para la
realización de la Audiencia de producción de prueba y verificación de la
función económico – social, el Instituto Nacional de Reforma Agraria podrá
utilizar instrumentos de verificación complementarios, con los que resolverá el
proceso o alternativamente intentar un nuevo ingreso, con ayuda de la fuerza
pública, a costa de los denunciados.
ARTÍCULO 194.- (INFORME
CIRCUNSTANCIADO). Sobre la base de los antecedentes antes descritos,
los funcionarios responsables, en el plazo de cinco (5) días calendario,
elaborarán un informe circunstanciado sugiriendo el curso de acción a seguir y
adjuntarán el proyecto de resolución que correspondiere.
– 84 –
ARTÍCULO 195.- (SUGERENCIA DE
RESOLUCIÓN). Los Directores Departamentales del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, una vez recibido el informe con los antecedentes y el
proyecto de resolución, elevará inmediatamente los actuados ante el Director
Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
SECCIÓN III
RESOLUCION Y SU EJECUTORIA
ARTÍCULO 196.- (DICTAMEN Y
RESOLUCIÓN). Una vez recibidos los antecedentes del procedimiento, el
Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria previo dictamen,
si considera necesario, en el plazo no mayor a tres (3) días calendario, deberá
emitir la Resolución Final de Reversión.
El dictamen sólo podrá sugerir la devolución a la Dirección Departamental de
origen en caso que se evidencie incumplimiento del procedimiento para
subsanación de errores o sugiriendo anulación de obrados hasta el vicio más
antiguo, siempre y cuando no sea posible subsanar lo actuado directamente, o
separarse de la sugerencia emitida por la Dirección Departamental.
ARTÍCULO 197.- (CLASES DE
RESOLUCIONES). Las resoluciones a ser dictadas por el Director Nacional
del Instituto Nacional de Reforma Agraria podrán ser:
a) De reversión, total o parcial, cuando se hayan cumplido todas las
formalidades del procedimiento y se haya establecido la causal de la
reversión, respectivamente, o,
b) De desestimación del procedimiento al establecer que no se ha establecido
la causal de reversión.
ARTÍCULO 198.- (CONTENIDO DE LA
RESOLUCIÓN DE REVERSIÓN). La Resolución de Reversión dispondrá
la reversión de la tierra de forma total o parcial a dominio originario de la
Nación, especificando su ubicación, posición geográfica, superficie y límites,
además:
– 85 –
a) Intimará el retiro de mejoras separables existentes en la tierra revertida,
dentro del plazo perentorio de diez (10) días calendario a la ejecutoria de la
resolución, bajo apercibimiento de lanzamiento al tercer día y
consolidación en favor del Instituto Nacional de Reforma Agraria, en
representación del Estado, de las mejoras que por su naturaleza no puedan
separarse o siendo separables no fueran retiradas al vencimiento del plazo,
como compensación por los daños causados;
b) La cancelación de los registros de propiedad que existieren sobre el predio
y de las partidas correspondientes a hipotecas, anticresis y gravámenes que
recaen sobre la misma; y
c) La inscripción en el Registro de Derechos Reales de la tierra revertida a
nombre del Instituto Nacional de Reforma Agraria, en representación del
Estado.
ARTÍCULO 199.- (RESOLUCIÓN DE
DESESTIMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVERSIÓN). La
resolución que desestime la reversión ordenará la cancelación de la anotación
preventiva, ordenada al inicio del procedimiento, y levantará todas medidas
precautorias dispuestas durante el procedimiento.
ARTÍCULO 200.- (NOTIFICACIÓN). Una vez
emitida la resolución final de reversión o de desestimación, en los dos (2) días
siguientes será remitida a la Dirección Departamental que sustanció el
procedimiento, para que en el plazo de cinco (5) días calendario de recibida la
resolución, la notifique.
ARTÍCULO 201.- (IMPUGNACIÓN). Los
denunciados o los acreedores hipotecarios, en ejercicio de la acción oblicua, u
otros interesados que demuestren interés legal, estarán legitimados para
interponer únicamente el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal
Agrario Nacional, en el plazo de treinta (30) días calendario a correr desde la
fecha de su notificación.
ARTÍCULO 202.- (EJECUTORIA). La resolución
estará ejecutoriada y firme una vez se haya vencido el plazo para impugnar
ante el Tribunal Agrario Nacional o cuando dicho Tribunal haya resuelto el
recurso contencioso administrativo declarando improbada la demanda y
ejecutando los actos dispuestos en la respectiva resolución.
– 86 –
TÍTULO VII
EXPROPIACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES, MONTO INDEMNIZATORIO y
COMPENSACIÓN
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 203.- (OBJETO, CAUSALES Y
ALCANCE). El presente Título tiene por objeto regular el procedimiento
agrario administrativo de expropiación que ejecuta el Instituto Nacional de
Reforma Agraria, de acuerdo a las siguientes causales:
1. Por utilidad pública, aplicable únicamente a Propiedades Medianas y
Empresas Agropecuarias saneadas, de acuerdo a lo previsto en el Capitulo
II del presente Título, cuando se trate de:
a) Reagrupamiento y redistribución de tierras destinadas a la dotación de
pueblos indígenas u originarios, que ni como resultado del proceso de
saneamiento de la propiedad agraria ni la distribución de tierras fiscales,
hubiesen sido dotados con tierra suficiente en cantidad, calidad y
ubicación geográfica para asegurar la subsistencia física y reproducción
étnica.
b) Conservación y protección de la biodiversidad.
2. Por incumplimiento de la Función Social en pequeñas propiedades por
abandono por más de dos (2) años consecutivos, de acuerdo a lo previsto
en el Capítulo III del presente Título.
ARTÍCULO 204.- (ALCANCE DE LA
EXPROPIACIÓN POR PREDIO). La expropiación, por regla general,
deberá realizarse respecto de la totalidad de un predio, salvo que de acuerdo a
la necesidad establecida, sólo se requiera una superficie parcial, en cuyo caso
se limitará a esa porción, salvo lo dispuesto en el siguiente Artículo.
– 87 –
La expropiación comprenderá también las mejoras, inversiones productivas,
las inversiones de conservación del predio y otros accesorios que no puedan
ser retirados y sean parte de la producción del predio.
ARTÍCULO 205.- (AMPLIACIÓN DE LA
EXPROPIACIÓN A LA TOTALIDAD DEL PREDIO). El expropiado que
como consecuencia de la expropiación parcial, se quedare con una superficie
menor a la máxima de la Pequeña Propiedad que correspondiere a la zona,
tendrá derecho a solicitar formalmente que la expropiación se extienda a la
totalidad del predio, debiendo requerir tal situación hasta antes de la dictación
de la resolución final de expropiación.
ARTÍCULO 206.- (EXTINCIÓN). La
expropiación de la propiedad agraria extingue de pleno derecho las hipotecas y
gravámenes constituidos, de acuerdo y con las salvedades señaladas en el
Artículo 63 de la Ley No 1715, así como todos aquellos derechos reales y
personales. Cuando la expropiación sea parcial, la extinción de derechos se
efectivizará sólo respecto del área expropiada.
ARTÍCULO 207.- (DEL TITULAR Y LOS
TERCEROS). El pago por concepto de indemnización efectuado al último
titular registrado en el Registro de Transferencias del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, surtirá plenos efectos legales, sin perjuicio del derecho que
tengan terceros afectados para accionar contra quien hubiera recibido el pago
indebidamente.
ARTÍCULO 208.- (EXPROPIACIÓN POR
OBRAS DE INTERÉS PÚBLICO). Las expropiaciones por obras de interés
público, que afecten a predios agrarios, serán de competencia de las
autoridades u órganos interesados, de acuerdo a lo establecido en sus leyes
específicas, pudiendo aplicar de manera supletoria los criterios y
procedimiento establecido en el presente Reglamento. Estas instancias
deberán registrar obligatoriamente las transferencias por expropiación en el
Registro de Transferencias del Instituto Nacional de Reforma Agraria,
conforme a los procedimientos descritos en el presente Reglamento.
– 88 –
La expropiación parcial por la realización de obras de interés público, no dará
lugar a la compensación de tierras agrarias descrita en la Sección III del
presente Capítulo.
SECCIÓN II
MONTO INDEMNIZATORIO
ARTÍCULO 209.- (MONTO
INDEMNIZATORIO). El monto indemnizatorio será establecido tomando
en cuenta el valor de mercado de la tierra a expropiarse y las mejoras o
inversiones productivas o de conservación que existiesen sobre el predio, y
será fijado de conformidad al Artículo 35 de la Ley No 3545, modificatorio del
Artículo 60 de la Ley No 1715, por la Superintendencia Agraria, de acuerdo a
su procedimiento, los datos levantados en la etapa de verificación o inspección
ocular realizada y los criterios establecidos en el presente Reglamento.
ARTÍCULO 210.- (DICTAMEN TÉCNICO DE
MONTO INDEMNIZATORIO). El monto indemnizatorio por el valor de
mercado de la tierra, así como el valor de las mejoras e inversiones
productivas o de conservación, será establecido por la Superintendencia
Agraria, en un plazo no mayor a diez (10) días calendario a partir de su
requerimiento, mediante un dictamen técnico de monto indemnizatorio, que
contendrá el valor calculado, así como, los datos suficientes para su inclusión
en la resolución final expropiatoria.
ARTÍCULO 211.- (CRITERIOS PARA LA
FIJACIÓN DEL MONTO INDEMNIZATORIO). Para los fines de fijación
del monto indemnizatorio, la Superintendecia Agraria tomará en cuenta en su
procedimiento de fijación, de manera conjunta y simultanea, los siguientes
criterios:
1. Para el valor de mercado de la tierra:
a) Los datos recogidos en la etapa de verificación o de inspección ocular,
cuando de acuerdo con este Reglamento sea necesario realizarla.
b) El promedio del valor de las cuatro (4) últimas declaraciones de
impuestos determinado por el contribuyente en sus declaraciones
– 89 –
juradas del impuesto a la propiedad inmueble agraria o el valor de la
base imponible consignado en el informe de la entidad recaudadora de
impuestos.
c) En el caso de predios que hubiesen cancelado precio de adjudicación
para consolidar su derecho propietario durante el proceso de
saneamiento, el monto indemnizatorio no podrá ser inferior al valor de
adjudicación pagado.
d) El valor de transferencia pagado de acuerdo a documentos registrados
en el registro de transferencias del Instituto Nacional de Reforma
Agraria.
e) Otras variables que se tengan establecidas mediante norma específica.
2. Para el valor de las mejoras e inversiones productivas o de conservación:
a) Los datos recogidos en la etapa de verificación o de la inspección
ocular, cuando de acuerdo con este Reglamento sea necesario realizarla.
b) En el caso de mejoras, inversiones productivas o de conservación, se
tomará en cuenta su vida útil y la depreciación por el uso.
c) En todos los casos se tomará en cuenta datos actuales y no así
incrementos como consecuencia de hechos futuros o beneficios de
eventuales obras o proyectos a realizarse.
d) En ningún caso la indemnización podrá comprender el valor de las
mejoras realizadas en el bien a expropiar con posterioridad a la fecha de
publicación del Decreto Supremo que establezca la causal de
reagrupamiento y redistribución, la fecha de la resolución ministerial
que establezca la causal de conservación y protección de la
biodiversidad, o la notificación con el inicio del procedimiento, en el
caso de expropiación por incumplimiento de la función social en
pequeñas propiedades.
e) Las inversiones o mejoras de carácter suntuario no serán consideradas.
f) Otras variables que se tengan establecidas mediante norma específica.
ARTÍCULO 212.- (MONEDA Y UNIDAD DE
CÁLCULO). El monto indemnizatorio respecto del valor de la tierra por la
superficie total expropiada será fijado en moneda boliviana a través de un
precio unitario establecido por hectárea, considerando cuatro decimales,
debiendo la Superintendencia Agraria, efectuar los cálculos pertinentes.
– 90 –
El monto por el valor de las mejoras e inversiones productivas o de
conservación, será fijado en moneda boliviana.
ARTÍCULO 213.- (RECURSOS). El monto
indemnizatorio fijado por la Superintendencia Agraria mediante Dictamen
Técnico del Monto Indemnizatorio, será aprobado y consignado en definitiva
por el Instituto Nacional de Reforma Agraria en la resolución final
expropiatoria, en consecuencia, únicamente podrá ser impugnado como parte
de la acción contencioso administrativa, que en su caso se interpusiere, ante el
Tribunal Agrario Nacional contra la resolución final expropiatoria.
SECCIÓN III
COMPENSACIÓN
ARTÍCULO 214.- (SOLICITUD DE
COMPENSACIÓN). De conformidad al Parágrafo II del Artículo 35 de la
Ley No 3545, modificatorio del Artículo 60 de la Ley No 1715, el titular
registrado de un predio a expropiarse, siempre y cuando cumpla la función
económico – social o la función social, según corresponda, podrá solicitar a la
Dirección Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria que
conozca del procedimiento, por escrito y hasta antes de la dictación de la
resolución final expropiatoria, se le compense parcial o totalmente con tierras
cuyo valor de mercado sea equivalente al monto a ser indemnizado.
La compensación solicitada, en el caso de expropiación por reagrupamiento y
redistribución no podrá ubicarse al interior del pueblo indígena beneficiario.
ARTÍCULO 215.- (VERIFICACIÓN). Una vez
recibida la solicitud de compensación, el Instituto Nacional de Reforma
Agraria, en el plazo de dos (2) días calendario, a través de la instancia que esté
conociendo el procedimiento, verificará en el Registro Nacional de Tierras
Fiscales la existencia de tierras suficientes, cuyo valor de mercado sea
equivalente al monto a ser indemnizado.
ARTÍCULO 216.- (NOTIFICACIÓN). En caso de
existir tierras conforme lo requerido, se notificará al solicitante dentro de los
siguientes dos (2) días calendario, con la confirmación de que su
– 91 –
requerimiento puede ser atendido, acompañándole el informe técnico y plano
de ubicación del área propuesta.
No existiendo tierras disponibles en el área, se notificará al solicitante
comunicándole la imposibilidad de atender su solicitud.
ARTÍCULO 217.- (ACEPTACIÓN O
RECHAZO DE LA COMPENSACIÓN). Una vez notificado el interesado
tendrá un plazo de cinco (5) días calendario para manifestar de manera
expresa su aceptación o rechazo.
Ante la manifestación expresa de aceptación por parte del solicitante la
compensación será consignada en la Resolución Final Expropiatoria, debiendo
a partir de ello instruirse la respectiva titulación, por compensación, con la
precisión e identificación respectiva, sin que sea necesario iniciar otro
procedimiento.
En los casos de rechazo o no pronunciamiento en el plazo señalado, se tendrá
por desistida la solicitud.
ARTÍCULO 218.- (ACCIONES DILATORIAS Y
MULTA). En ningún caso el procedimiento de expropiación podrá
suspenderse o interrumpirse por la solicitud de compensación, misma que será
resuelta en definitiva en la resolución final expropiatoria.
Las solicitudes infundadas o que manifiestamente tiendan a demorar el
proceso serán consideradas como acciones dilatorias y pasibles a multas
pecuniarias que se establecerán en la resolución final expropiatoria y podrán
ser descontadas del monto indemnizatorio.
CAPÍTULO II
EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA EN CASO
DE REAGRUPAMIENTO Y REDISTRIBUCIÓN Y CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
SECCIÓN I
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
– 92 –
ARTÍCULO 219.- (INFORME TÉCNICO Y
DICTAMEN DE LA COMISIÓN AGRARIA DEPARTAMENTAL). La
entidad estatal especializada en asuntos étnicos, establecida la necesidad de
reagrupamiento y redistribución de tierras como causal de expropiación para
dotación a favor de pueblos indígenas u originarios, elaborará el
correspondiente informe técnico que determine y fundamente esta necesidad.
Este informe podrá respaldarse en estudios previos.
El mismo será puesto en conocimiento de la Comisión Agraria Departamental
competente, para que en el plazo de diez (10) días calendario de su recepción
emita dictamen sobre las áreas a expropiarse. El dictamen no será vinculante,
y en caso de que el Poder Ejecutivo se aparte del mismo, deberá fundamentar
su decisión.
En caso de no emitirse el dictamen en el plazo señalado precedentemente,
podrá prescindirse de este dictamen y el Poder Ejecutivo quedará autorizado
para emitir el correspondiente Decreto Supremo que establezca la causal de
reagrupamiento y redistribución.
ARTÍCULO 220.- (CRITERIOS EN CASOS DE
PREDIOS ADYACENTES A UN PUEBLO INDÍGENA U
ORIGINARIO). Para efectos de desarrollar el procedimiento de expropiación
por causa de utilidad pública de reagrupamiento y redistribución, con la
finalidad de establecer las áreas de expropiación, necesariamente el informe
técnico de la entidad Técnica competente deberá ser elaborado en
coordinación y acuerdo con el pueblo indígena u originario y guiarse por los
siguientes criterios:
a) Las áreas en las cuales se efectuará la expropiación, tomará
prioritariamente las áreas que se encuentren al interior de la demanda de
saneamiento que el pueblo indígena beneficiario hubiese planteado y fuese
admitida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, o la solicitud de
distribución de tierras fiscales, según se trate, excluyendo aquellas que
correspondan a solares campesinos, pequeñas propiedades, propiedad
comunal y tierras comunitarias de origen.
b) Para la selección del área se tomará en cuenta factores como la
accesibilidad, solución de continuidad con las áreas dotadas, sitios de valor
– 93 –
histórico o cultural y potencial productivo para el pueblo indígena, en estos
casos aunque no se encuentren dentro del área demandada.
ARTÍCULO 221.- (LEGITIMACIÓN). Estarán
legitimados para requerir a la Superintendencia Agraria la solicitud para el
inicio del procedimiento de expropiación para fines de reagrupamiento y
redistribución, y de conservación y protección de la biodiversidad:
a) El Presidente de la República, conjuntamente sus Ministros de Estado, a
través de un Decreto Supremo que establezca la existencia de la causal de
reagrupamiento y redistribución, en el cual de manera fundada en los
respectivos estudios técnicos determine la superficie necesaria, la
ubicación geográfica de las áreas afectadas para dotación de pueblos
indígenas u originarios cuyas necesidades espaciales aún no hayan sido
cubiertas en los procedimientos de saneamiento de la propiedad agraria o
de dotación de tierras fiscales. El Decreto Supremo, dispondrá a su vez la
utilización de los recursos económicos necesarios para la cancelación del
valor indemnizatorio.
b) El Ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, de
oficio o por iniciativa de la entidad estatal de áreas protegidas, gobiernos
departamentales y locales, mediante una Resolución Ministerial establecerá
la existencia de la causal de conservación y protección de la biodiversidad,
determinando, con base en criterios técnicos fundados, superficie necesaria
y la ubicación geográfica del área en la cual se deban afectar propiedades
para esta finalidad o crear áreas de conservación y protección de la
biodiversidad, disponiendo la utilización de los recursos económicos
necesarios para la cancelación del valor indemnizatorio. Con tal
antecedente, el Ministro requerirá, al Superintendente Agrario la
presentación de la solicitud de expropiación.
ARTÍCULO 222.- (SOLICITUD DE
EXPROPIACIÓN). La Superintendencia Agraria, en cumplimiento al
Decreto Supremo o a la Resolución Ministerial, sin más trámite y en el plazo
de cinco (5) días calendario de emitido el decreto supremo o recibido el
requerimiento del Ministerio, interpondrá la correspondiente solicitud ante la
Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, coadyuvando a
su ejecución, bajo responsabilidad funcionaria.
– 94 –
ARTÍCULO 223.- (RECEPCIÓN E INFORME
TÉCNICO LEGAL). Al día siguiente hábil de recibida la solicitud de
expropiación, el Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria
instruirá a través de sus órganos competentes, en un plazo no mayor a tres (3)
días calendario, se elabore informe técnico legal respecto a la solicitud
presentada, que deberá considerar mínimamente los siguientes aspectos, con
referencia al área a ser sometida al procedimiento de expropiación:
a) Identificar la ubicación geográfica del área, estableciendo coordenadas,
superficie aproximada, colindancias u otras referencias que identifiquen el
área.
b) Establecer si en el área se ha ejecutado y concluido el proceso de
saneamiento, señalando sus antecedentes técnicos y legales.
c) Identificar si se han cumplido o no con los presupuestos de legalidad para
instaurar el procedimiento.
d) Planificación y sugerencia de plazo de la ejecución del procedimiento.
ARTÍCULO 224.- (AUTO DE INICIO Y
CONTENIDO). Una vez elaborado el Informe Técnico Legal, verificada la
legitimación y legalidad de la solicitud, el Director Nacional del Instituto
Nacional de Reforma Agraria, en un plazo no mayor a tres (3) días calendario,
emitirá un auto de inicio que instruirá la ejecución del procedimiento por la o
las Direcciones Departamentales en las cuales se ubique el área dispuesta para
expropiación, fijando plazo de ejecución y disponiendo la remisión de los
antecedentes.
SECCIÓN II
TRÁMITE ANTE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
ARTÍCULO 225.- (RELEVAMIENTO DE
INFORMACIÓN). Al día siguiente hábil de recibido el auto de inicio y sus
antecedentes, el Director Departamental del Instituto Nacional de Reforma
Agraria, dispondrá a través de sus órganos dependientes se elabore un
informe, en un plazo perentorio de tres (3) días calendario, sobre la
verificación de la ubicación del área para efectuar la planificación del
procedimiento.
– 95 –
Dicho informe de relevamiento de información tomará en cuenta
necesariamente los datos levantados durante el proceso de saneamiento y
deberá contener:
a) La nómina de predios ubicados en el área, con indicación de su
clasificación y tipo de propiedad.
b) Los nombres de los titulares de cada predio y sus domicilios, de acuerdo a
los datos de saneamiento o el registro de transferencias del Instituto
Nacional de Reforma Agraria.
c) Ubicación geográfica, superficie y colindancias de cada predio.
d) Descripción pormenorizada de actividad productiva de cada predio.
e) Información técnica georeferenciada en un plano.
f) Otra información técnica y legal admitida por el Instituto Nacional de
Reforma Agraria y que sea relevante para la sustanciación del
procedimiento, relativa a resoluciones finales de saneamiento, Títulos
Ejecutoriales, certificados de saneamiento, fichas catastrales, registros de
mejoras, ficha FES y plano del predio. Para fines de fijación del precio se
acompañara fotocopias de estos antecedentes.
ARTÍCULO 226.- (RESOLUCIÓN
DETERMINATIVA). Con base en el informe de relevamiento de
información y en el plazo de tres (3) días calendario, el Director
Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria emitirá Resolución
Determinativa del Área de Expropiación, que mínimamente deberá contener lo
siguiente:
a) Identificación y ubicación geográfica del área;
b) Superficie, limites y colindancias;
c) Nómina de predios identificados por el Instituto Nacional de Reforma
Agraria en el área y los nombres de sus titulares;
d) Requerimiento a la Superintendencia Agraria, para que proceda a fijar el
valor indemnizatorio de los predios objeto de expropiación y a la entidad
recaudadora de impuestos para que remita informe sobre los pagos de
impuestos de las propiedades objeto de expropiación;
e) Intimación a propietarios para que se apersonen al procedimiento y
presenten documentos probatorios y demostrativos de su actividad
productiva, inversión y mejoras; bajo apercibimiento en caso de no
apersonarse de que se prosiga el procedimiento en su rebeldía;
– 96 –
f) Establecerá la verificación del predio por parte de funcionarios del Instituto
Nacional de Reforma Agraria, en caso de que se requiera mediciones en el
predio por expropiaciones parciales; o la existencia de indicios de
incumplimiento de Función Económico Social; y
g) Las fechas entre las que la Superintendencia Agraria realizará la
verificación de la información sobre la tierra y de mejoras e inversiones en
los predios identificados. Esta verificación deberá realizarse dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del edicto y cuando se
hubiese cumplido con lo establecido en el Artículo siguiente.
ARTÍCULO 227.- (NOTIFICACIÓN Y
PUBLICACIÓN). I. La Resolución Determinativa de Área de Expropiación,
deberá ser notificada en el plazo de cinco (5) días calendario conforme a la
forma y procedimiento establecidos en el Artículo 70 y siguientes del presente
Reglamento.
A los fines de este procedimiento, se tendrá como domicilio el predio objeto
de expropiación cuya ubicación esté establecida en el proceso de saneamiento
o en el Registro de Transferencias, cuando sea resultado de una mutación del
derecho.
II. De igual forma y de manera obligatoria al día siguiente de su emisión se
deberá notificar a:
a) El Presidente de la Comisión Agraria Departamental, para que éste a su vez
instruya y ponga en conocimiento de los miembros acreditados.
b) A la Superintendencia Agraria, para que proceda a fijar el valor de
indemnización de los predios objeto de expropiación.
III. Asimismo, deberá ser publicada mediante edicto, al día siguiente de su
emisión, por una sola vez en un órgano de prensa de circulación nacional.
ARTÍCULO 228.- (PERÍODO DE
PRESENTACIÓN DE PRUEBAS PRECONSTITUIDAS). En cualquier
momento y hasta la etapa de verificación, los titulares acreditados o
acreedores podrán presentar prueba documental preconstituida que demuestre
el desarrollo de actividad productiva, así como la inversión realizada, para que
la misma sea evaluada en la etapa de verificación.
– 97 –
ARTÍCULO 229.- (ACREEDORES). Los
acreedores que hubieran registrado su acreencia en el Registro de Derechos
Reales y se hubieren apersonado al proceso de expropiación, serán pagados
con la indemnización, en la medida de su acreencia y de acuerdo a lo previsto
por el Artículo 63 de la Ley No 1715.
SECCIÓN III
ETAPA DE VERIFICACIÓN
ARTÍCULO 230.- (VERIFICACIÓN). La etapa
de la verificación estará a cargo de la Superintendencia Agraria y tiene por
finalidad esencial identificar y evaluar en cada uno de los predios ubicados al
interior del área de expropiación, de manera pública transparente y
participativa, información sobre la tierra, las mejoras e inversiones existentes,
para determinar de manera justa el monto indemnizatorio.
De manera ordenada los funcionarios de la Superintendencia Agraria, con la
participación de los propietarios acreditados y actores sociales verificarán en
cada predio mínimamente los siguientes aspectos:
a) Si existe asentamiento y/o desarrollo de actividad productiva otorgando la
posibilidad a los asistentes de argumentar al respecto, especialmente al
titular del predio afectado al procedimiento.
b) La existencia de mejoras, con precisión de superficie y características de
las mismas;
c) Enumerarán en forma circunstanciada la existencia de maquinarias,
herramientas y demás implementos de trabajo, y todos los datos que fueren
necesarios.
d) Otros datos que sean relevantes para la correcta y justa fijación del monto
indemnizatorio.
ARTÍCULO 231.- (MEDICIONES). Ante la
evidencia de realizar mensuras de predios sobre los cuales se efectúe una
expropiación parcial, o la existencia de indicios de incumplimiento de Función
Económico Social, el Instituto Nacional de Reforma Agraria desplegara una
brigada que acompañe la actividad de la Superintendencia Agraria, para
– 98 –
mensurar el predio objeto del procedimiento o verificar el cumplimiento de la
Función Económico Social, conforme a las normas técnicas.
ARTÍCULO 232.- (INFORME EN
CONCLUSIONES). Una vez recibido por el Instituto Nacional de Reforma
Agraria el dictamen técnico de monto indemnizatorio de los predios, en el
plazo de siete (7) días calendario, se deberá elaborar informe en conclusiones
que de manera expresa establezca:
a) Si existen indicios o se ha evidenciado el incumplimiento de la Función
Económico Social, en alguno de los predios ubicados en el área, se sugerirá
la dictación de auto de conversión a procedimiento de reversión, o se
derive para la emisión de resolución de reversión, respectivamente. En este
último caso, se tendrán por válidos los actuados realizados.
b) En caso que existan predios sobre los cuales no se hayan apersonado sus
titulares y se hubiese procedido a la verificación de mejoras se hará notar
tal situación, y se sugerirá el depósito del monto indemnizatorio en una
cuenta especial del Instituto Nacional de Reforma Agraria, que podrá ser
cobrada por el titular expropiado, sujeto a las reglas de prescripción.
c) Con referencia al resto de los predios identificados en el área sobre los
cuales si se apersonaron sus titulares y se ha evidenciado el cumplimiento
de la función económico – social y verificado la existencia de mejoras se
tomará en cuenta el Dictamen emitido por la Superintendencia Agraria, que
determine el monto indemnizatorio, para cada uno de los predios,
remitiendo los antecedentes al Director Departamental.
d) Adjuntará proyecto de resolución expropiatoria por cada predio, si
correspondiere.
ARTÍCULO 233.- (AUTO DE CONVERSIÓN).
En los casos técnica y legalmente fundados al haberse sugerido la conversión
al procedimiento de Reversión, el Auto deberá contener de manera expresa:
a) La ubicación del predio.
b) Los antecedentes que motivan su conversión.
c) La homologación de etapas.
d) Instrucción de continuidad del procedimiento.
e) La emisión de proyecto de Resolución de Reversión, cuando se verificó el
incumplimiento de la función económico – social.
– 99 –
f) Otros aspectos que faciliten la sustanciación del procedimiento.
SECCIÓN IV
RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ARTÍCULO 234.- (REMISIÓN DE PROYECTO
DE RESOLUCIÓN). Una vez recibido por el Director Departamental del
Instituto Nacional de Reforma Agraria el Dictamen Técnico de monto
indemnizatorio y el Informe en Conclusiones, en un plazo no mayor a dos (2)
días calendario, el Director Departamental elevará los proyectos de
Resolución de todos los predios y lo actuado, por ante la Dirección Nacional
del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
ARTÍCULO 235.- (RESOLUCIÓN). Una vez
recibidos los antecedentes del procedimiento, el Director Nacional del
Instituto Nacional de Reforma Agraria, previo dictamen si considera
necesario, en un plazo no mayor a diez (10) días calendario deberá emitir la
Resolución Final de Expropiación o de conclusión del procedimiento cuando
existan fundados motivos técnicos y legales y considere no viable la
expropiación de acuerdo al Capítulo IV del presente Título.
SECCIÓN V
EXPROPIACIÓN POR CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD DE COMUNIDADES POR USO NO SOSTENIBLE
DEL SUELO
ARTÍCULO 236.- (CAUSAL). Las tierras saneadas
y dotadas a comunidades campesinas, indígenas y originarias que no se usen
de manera sostenible y conforme a la aptitud de uso del suelo, serán
susceptibles de expropiación por la causal de conservación y protección de la
biodiversidad, siempre y cuando se den las siguientes condiciones:
a) Que en el área hubiesen existido planes estatales de recuperación y manejo
del recurso tierra y brindado apoyo a través de programas de capacitación,
asistencia técnica e inversión, destinados a evitar el mal uso de la tierra.
– 100 –
b) Que la comunidad hubiese sido previamente comunicada y apercibida
reiteradamente por la autoridad competente para adecuarse al empleo
sostenible y a la aptitud de uso del suelo.
c) Las comunidades dotadas o que se encontraren en tierras erosionadas no
tendrán responsabilidad sobre su uso insostenible, debiendo el Estado
implementar ineludiblemente políticas de recuperación y manejo del
recurso tierra.
Similar tratamiento se dará cuando se trate de pequeñas propiedades con
empleo no sostenible del suelo.
ARTÍCULO 237.- (DENUNCIA DE LAS
SUPERINTENDENCIAS AGRARIA Y FORESTAL Y DEL SERVICIO
NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS). Si la denuncia fuere hecha por
las Superintendencia Agraria o Forestal, o el Servicio Nacional de Áreas
Protegidas deberá contener además de los requisitos señalados en el Artículo
244, los informes o resoluciones emitidas, con todos los antecedentes que
acrediten el uso indebido de la tierra.
ARTÍCULO 238.- (INICIO DE OFICIO). El
Instituto Nacional de Reforma Agraria deberá iniciar el procedimiento de
oficio cuando tenga evidencia por vía directa o indirecta que determinadas
tierras comunales no se usan conforme a su capacidad de uso mayor. Se
entiende por vía indirecta la denuncia formulada de manera escrita por
cualquier persona o entidad no facultada para denunciar directamente. El
denunciante no es parte en este procedimiento, pudiendo participar como
control social.
ARTÍCULO 239.- (ADECUACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO). Ante el establecimiento de la causal de expropiación
por conservación y protección de la biodiversidad de comunidades por uso no
sostenible del suelo, su trámite se adecuará a lo previsto en el Capítulo II del
presente Título.
CAPÍTULO III
EXPROPIACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIÓN SOCIAL
– 101 –
SECCIÓN I
REQUERIMIENTO DE EXPROPIACIÓN
ARTÍCULO 240.- (LEGITIMACIÓN). Los
representantes orgánicos o convencionales de las comunidades a cuyo interior
existan pequeñas propiedades individuales que no cumplan la Función Social,
por abandono por más de dos (2) años consecutivos, estarán legitimados para
requerir el inicio del procedimiento de expropiación descrito en el presente
Capítulo.
El procedimiento de expropiación podrá iniciarse por las Direcciones
Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria cuando tenga
evidencias del incumplimiento de la función social, o por la Dirección
Nacional que instruya su inicio a la Dirección Departamental competente. En
estos casos, se sustanciará el procedimiento de acuerdo a lo previsto en el
Capítulo II Sección II del presente Reglamento, en lo pertinente.
ARTÍCULO 241.- (REQUISITOS DEL
REQUERIMIENTO DE EXPROPIACIÓN). El requerimiento de
expropiación será presentado ante la Dirección Departamental del Instituto
Nacional de Reforma Agraria competente en razón del territorio, mediante
escrito, o en los formularios diseñados por el Instituto Nacional de Reforma
Agraria para tal efecto, cumpliendo los siguientes requisitos:
a) Identificar el nombre y generales de ley del denunciante, el cual deberá
citar de manera expresa si es que ejerce una representación orgánica o
convencional, debidamente acreditada.
b) Identificar el nombre del predio, la ubicación geográfica del área,
estableciendo algunas coordenadas, superficie aproximada, colindancias u
otras referencias que identifiquen el área.
c) Identificar el nombre y generales de ley del denunciado, su domicilio
actual o si se desconoce el mismo.
d) Identificar los antecedentes del incumplimiento de función social,
especificando si es posible la antigüedad y las circunstancias del hecho.
e) Adjuntar certificaciones de colindantes, autoridades locales y otras que
certifiquen el incumplimiento de la función social por más de dos (2) años,
de acuerdo a los usos y costumbres.
– 102 –
f) Precisar si la tierra será requerida en dotación o adjudicación, en este
último caso, señalar el compromiso de pago de la adjudicación.
g) Otros hechos y datos relevantes para el desarrollo del procedimiento.
ARTÍCULO 242.- (INTIMACIÓN DE
SUBSANACIÓN). La falta de algunos de los requisitos enunciados no
invalida el requerimiento de expropiación, sin embargo se intimará con
carácter previo la subsanación de requisitos incumplidos, en un plazo
perentorio de diez (10) días calendario.
Vencido el plazo si se han subsanado las observaciones se dará continuidad al
requerimiento, de lo contrario se tendrá por desistida la acción, pudiendo
interponerse una nueva denuncia.
SECCIÓN II
AUTO DE INICIO
ARTÍCULO 243.- (INFORME TÉCNICO
LEGAL). Una vez recepcionado el requerimiento de expropiación el Director
Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria, dispondrá a través
de sus Departamentos Técnico y Legal pertinentes en un plazo de tres (3) días
calendario se elabore informe técnico y legal que especifique, según
corresponda:
a) En el caso de que el predio no hubiese sido saneado o se encuentre
sometido a saneamiento, se sugerirá la remisión de antecedentes ante la
instancia encargada del saneamiento, para su consideración. A este efecto
se dictará el correspondiente auto.
b) En los casos en los que el predio haya sido saneado y se hayan cumplido
los requisitos se sugerirá la prosecución del proceso.
c) Sugerirá la conversión al procedimiento de reversión si se tratare de
Medianas Propiedades o Empresas Agropecuarias que no cumplan con la
función económico – social. Para tal efecto se dictará el correspondiente
auto.
d) Sugerirá el archivo de obrados por denuncias notoriamente improcedentes,
o si se tratase de Solar Campesino, Tierras Comunitarias de Origen o
Propiedad Comunal. Para tal efecto se dictará el correspondiente auto.
– 103 –
e) Si hay indicios graves que ameriten una medida precautoria, sugerirá la que
corresponda.
ARTÍCULO 244.- (AUTO DE INICIO). La
Dirección Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el mismo
día de recibido el informe señalado en el artículo anterior, dictará Auto de
Inicio:
a) Disponiendo el inicio del procedimiento de expropiación, con
especificación de la tierra objeto del procedimiento, su ubicación y
posición geográfica, superficie y límites;
b) La imputación del hecho que fundamenta la expropiación;
c) Ordenará la citación al titular del derecho de propiedad cuya expropiación
se requiere, con la aclaratoria que de no presentarse se sustanciará el
procedimiento en rebeldía;
d) La notificación a los denunciantes e interesados en general para el control
social;
e) Dispondrá su anotación preventiva en el Registro de Derechos Reales;
f) Otorgará un plazo de diez (10) días hábiles desde la notificación al
denunciado para que responda los cargos denunciados; y
g) Podrá disponer la medida precautoria pertinente la cual será anotada en la
oficina de Derechos Reales, Las áreas de cultivo de los ocupantes en sus
trabajos habituales no serán afectadas por la medida cautelar de no innovar.
ARTÍCULO 245.- (NOTIFICACIÓN). En los
próximos cinco (5) días siguientes a la dictación del auto de inicio del
procedimiento, se deberá notificar de manera expresa al:
a) Denunciado y denunciante. En caso que el titular del predio no fuese
habido se podrá optar por la notificación cedularia o edicto en caso de
desconocerse su domicilio actual, de acuerdo a las formalidades del
presente Reglamento.
b) Presidente de la Comisión Agraria Departamental, para que este a su vez
instruya se ponga en conocimiento de los miembros acreditados.
c) Al Superintendente Agrario, para que tome conocimiento del
procedimiento y fije el monto indemnizatorio, de acuerdo a lo previsto en
la Sección II, Capítulo I de este Título.
– 104 –
ARTÍCULO 246.- (PERIODO DE
PRESENTACIÓN DE PRUEBAS PRECONSTITUIDAS). En cualquier
momento y hasta la inspección ocular las partes podrán presentar prueba
documental preconstituida que demuestre el cumplimiento de función social,
así como la inversión realizada, para que la misma sea evaluada en la
inspección ocular y registro de datos del valor indemnizatorio.
ARTÍCULO 247.- (TRÁMITE). Vencido el plazo
para la presentación de descargos por el titular del predio requerido en
expropiación, se procederá de la siguiente manera:
a) Si no hay respuesta en el plazo establecido, mediante Auto expreso el
Director Departamental dispondrá se proceda a la expropiación sin más
trámite, debiendo elaborarse el respectivo proyecto; o
b) Si existe respuesta y oposición, el Director Departamental mediante auto
abrirá un término de prueba y fijara fecha y de inspección ocular,
advirtiendo que ante su inconcurrencia se realizará la audiencia en rebeldía.
ARTÍCULO 248.- (CONTENIDO DEL AUTO).
El auto que disponga la realización de la audiencia de una inspección ocular
contendrá:
a) Lugar, día y hora de su realización, advirtiendo que ante su inconcurrencia
se realizará la audiencia en rebeldía.
b) Servidor público responsable de la misma;
c) Documentos que se acompañarán para acreditar su legitimación, y la
personería de sus representantes, si fuera el caso;
d) Hará conocer al o los denunciados que su no presencia no provocará la
suspensión de la audiencia, bajo pena de realizarla en rebeldía.
e) El auto será notificado a las partes en los domicilios fijados.
ARTÍCULO 249.- (AVENIMIENTO). Durante la
sustanciación del procedimiento podrá existir avenimiento por transferencia
voluntaria del propietario a la comunidad, colonia o sus miembros, que dará
lugar a la finalización del proceso, debiendo en tal caso homologarse este
acuerdo en la resolución final de expropiación.
– 105 –
SECCIÓN III
AUDIENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR
ARTÍCULO 250.- (AUDIENCIA DE
INSPECCIÓN OCULAR). La audiencia de inspección ocular se realizará de
forma continuada en un solo acto hasta recoger toda la información de campo.
Una vez iniciada no podrá ser levantada, a no ser por imposibilidad absoluta
de realización, fijándola para una fecha próxima inmediata.
ARTÍCULO 251.- (ALCANCE). Una vez
constituidos en el lugar objeto de la denuncia, el funcionario del Instituto
Nacional de Reforma Agraria asignado al efecto instalará el acto de inspección
ocular y de manera conjunta al funcionario de la Superintendencia Agraria,
procederán a:
a) Establecer los datos indicados en la denuncia; otorgando la posibilidad a
los asistentes de argumentar al respecto, especialmente al denunciado.
b) Identificar si existe asentamiento y/o desarrollo de actividad productiva.
c) Verificar la existencia de mejoras con precisión de superficie y
características de las mismas, sin comprender aquellas antiguas y
abandonadas.
ARTÍCULO 252.- (INFORME EN
CONCLUSIONES). Una vez concluida la inspección ocular en el plazo de
cuatro (4) días calendario, se deberá elaborar informe circunstanciado que de
manera expresa, sugerirá:
a) La expropiación si se ha evidenciado el incumplimiento de la función
social, en cuyo caso la Superintendencia Agraria remitirá el dictamen de
monto indemnizatorio, determinado de acuerdo al valor de la tierra, en
función a los datos obtenidos en la inspección ocular; o
b) Si se ha evidenciado que el predio objeto del procedimiento sobrepasa el
límite de la Pequeña Propiedad y que el mismo no cumple una función
económico – social, se sugerirá la dictación de resolución de reversión. En
dicho caso, se tendrá, por ejecutadas y válidas las etapas ya realizadas.
El informe acompañará proyecto de resolución.
– 106 –
SECCIÓN IV
RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ARTICULO 253.- (REMISIÓN A LA
DIRECCIÓN NACIONAL). Una vez recibido el Dictamen Técnico de valor
indemnizatorio de fijación de precio emitido por la Superintendencia Agraria,
el Director Departamental instruirá que en un plazo perentorio de cuatro (4)
días calendario, por sus dependencias competentes se elabore el proyecto de
resolución de expropiación, considerando para el efecto todo lo actuado en el
procedimiento.
Con tales antecedentes, en un plazo no mayor a dos (2) días calendario, el
Director Departamental, siempre que no mediare delegación, elevará el
proyecto de Resolución y lo actuado por ante la Dirección Nacional.
ARTÍCULO 254.- (RESOLUCIÓN). Una vez
recibidos los antecedentes del procedimiento, el Director Nacional del
Instituto Nacional de Reforma Agraria, previo dictamen si considera
necesario, en un plazo no mayor a diez (10) días calendario deberá emitir la
Resolución Final de Expropiación o de conclusión del procedimiento cuando
existan fundados motivos técnicos y legales y considere no viable la
expropiación de acuerdo al Capítulo IV del presente Título.
CAPÍTULO IV
RESOLUCIONES FINALES DE EXPROPIACIÓN
SECCIÓN I
CONTENIDO Y ALCANCE
ARTÍCULO 255.- (CLASES). Como consecuencia
de la ejecución de los procedimientos de expropiación descritos en el presente
Título y según corresponda, las Resoluciones a ser dictadas por el Director
Nacional, podrán ser:
a) De Expropiación, cuando se hayan cumplido todas las formalidades del
procedimiento y se hayan establecido las causales determinadas por ley;
– 107 –
b) De improcedencia de la expropiación, cuando no se hubiesen probado las
causales de expropiación; o
c) De conclusión del procedimiento, cuando el Director Nacional, por
fundados motivos técnicos y legales decida apartarse de lo sugerido por la
Dirección Departamental, al considerar que no se han establecido las
causales determinadas por ley.
ARTÍCULO 256.- (CONTENIDO). Las
resoluciones que pongan fin al procedimiento expropiatorio deberán tener el
siguiente contenido:
a) El sujeto activo de la expropiación;
b) El sujeto pasivo, de acuerdo al informe en conclusiones, conteniendo el
nombre del propietario y de los bienes a expropiar;
c) La identificación precisa del predio a expropiar, de acuerdo a coordenadas
geográficas UTM;
d) El valor indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido por el Dictamen
Técnico elaborado por la Superintendencia Agraria;
e) La expropiación de la tierra de forma total o parcial a dominio del Estado,
especificando su ubicación y posición geográfica, superficie y límites;
f) Dispondrá, en su caso, la adjudicación compensatoria de la tierra objeto del
procedimiento, con la descripción de la ubicación geográfica precisa y la
instrucción para la emisión del Título Ejecutorial;
g) Dispondrá la transferencia a nombre del Instituto Nacional de Reforma
Agraria y la toma de posesión de la tierra objeto del procedimiento, previo
pago del monto expropiatorio;
h) Dispondrá la inscripción de la transferencia del derecho de propiedad de la
tierra objeto del procedimiento en el Registro de Derechos Reales y la
cancelación de hipotecas, anticresis y gravámenes que recaen sobre la
misma, acreditando el cumplimiento de los requisitos señalados en el
inciso anterior;
i) Intimará el retiro de mejoras separables existentes en la tierra expropiada,
dentro del plazo perentorio de sesenta (60) días calendario a la ejecutoria
de la resolución, bajo apercibimiento al titular de lanzamiento a tercero día
y consolidación en favor del Instituto Nacional de Reforma Agraria; y
j) Dispondrá que la tierra expropiada sea inscrita en el Registro de Tierras
Fiscales.
– 108 –
ARTÍCULO 257.- (NOTIFICACIÓN). Una vez
emitida la Resolución en un plazo no mayor a dos (2) días calendario, la
Resolución de Expropiación será remitida a la Dirección Departamental para
que esta proceda a su notificación en un plazo no mayor a cinco (5) días
calendario.
ARTÍCULO 258.- (DOTACIÓN DE TIERRAS
EXPROPIADAS). Cuando la expropiación tenga como causa el
reagrupamiento y redistribución, corresponderá previo informe técnico y legal
si se considera pertinente, la emisión de la resolución de dotación a favor del
pueblo indígena u originario beneficiario, en el plazo de tres (3) días
calendario, computables a partir de la ejecutoria de la resolución de
expropiación, de acuerdo y con el cumplimiento de lo establecido en el
presente reglamento.
SECCIÓN II
RECURSOS
ARTÍCULO 259.- (ALCANCE). A los efectos del
control de legalidad sólo se podrá impugnar la resolución final de
expropiación mediante proceso contencioso administrativo exclusivamente
por las siguientes causales:
a) Lesión, cuando el monto indemnizatorio fijado fuese probadamente injusto
e inferior en perjuicio del expropiado.
b) Omisión total o parcial de etapas del procedimiento de expropiación que se
hubiese aplicado.
Los acreedores hipotecarios y anticresistas, en ejercicio de la acción oblicua,
estarán legitimados para interponer la acción señalada.
SECCIÓN III
EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES
ARTÍCULO 260.- (CANCELACIÓN O
DEPÓSITO DEL IMPORTE RETENIDO). Los Directores
– 109 –
Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria, dictada la
resolución de expropiación de la tierra objeto del procedimiento:
a) Cancelarán el importe retenido al propietario de la tierra expropiada
cuando los acreedores registrados expresen de manera fehaciente su
consentimiento;
b) Depositaran los montos indemnizatorios en caso de expropiados rebeldes,
en una cuenta del Instituto Nacional de Reforma Agraria especialmente
habilitada para su pago posterior; y
c) Depositarán los montos retenidos a la orden del juzgado o tribunal que
emita mandamiento de embargo o retención hasta cubrir su importe, con
noticia de acreedores registrados. Pudiendo éstos dirigir acción en contra
del expropiado siempre que el monto no cubra las acreencias.
ARTÍCULO 261.- (EJECUTORIA). La
Resolución se considerará ejecutoriada y firme una vez se haya vencido el
plazo para impugnar ante el Tribunal Agrario Nacional o cuando dicho
Tribunal hubiese resuelto la acción contencioso administrativa declarado
improbada la demanda interpuesta.
ARTÍCULO 262.- (DESALOJO DE
OCUPANTES). Los Directores Departamentales del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, ejecutoriada la resolución de expropiación, procederán al
desalojo del propietario expropiado renuente a su entrega o de los ocupantes.
TÍTULO VIII
SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN I
PROCEDIMIENTO COMÚN, AMBITO DE APLICACIÓN Y
ALCANCE
ARTÍCULO 263.- (PROCEDIMIENTO COMÚN
DE SANEAMIENTO). I. El saneamiento de la propiedad agraria se regula
– 110 –
por lo dispuesto en el presente Título y se sujetará a un procedimiento común,
que tendrá las siguientes etapas:
a) Preparatoria;
b) De Campo; y
c) De Resolución y Titulación.
II. Las etapas se regirán por lo dispuesto en los Capítulos III, IV y V del
presente Título.
ARTÍCULO 264.- (ÁMBITO DE
APLICACIÓN). I. El procedimiento común de saneamiento, en sus
diferentes modalidades, será ejecutado por el Instituto Nacional de Reforma
Agraria de manera directa sin la intervención de empresas.
II. Será saneada toda propiedad agraria a nivel nacional que cuente con
antecedente en Títulos Ejecutoriales o en procesos agrarios en trámite y las
posesiones agrarias anteriores al 18 de octubre de 1996.
III. Las tierras fiscales serán identificadas mediante el saneamiento, de
acuerdo a lo establecido en este reglamento.
ARTÍCULO 265.- (ALCANCE DEL
SANEAMIENTO). I. El proceso de saneamiento, regulariza y perfecciona
únicamente el derecho de propiedad agraria. Las concesiones forestales o
sobre otros recursos, por sí mismas, no serán objeto de saneamiento ni dan
lugar al derecho de propiedad agraria.
II. Como resultado del proceso de saneamiento en áreas protegidas se
regularizarán los derechos de propiedad agraria y se identificarán tierras
fiscales, al interior de las mismas.
III. No es competencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria dirimir
conflictos sobre límites de unidades político administrativas, en caso de existir
aquellos no suspenderán la ejecución del saneamiento, debiendo registrarse
como información “por definir” a los efectos de su posterior actualización.
– 111 –
SECCIÓN II
CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y
ERRORES EN EL PROCESO
ARTÍCULO 266.- (CONTROL DE CALIDAD,
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO). I. La Dirección Nacional del Instituto
Nacional de Reforma Agraria, a momento de ejecutarse los proyectos de
resoluciones en campo podrá disponer controles de calidad con el objeto de
precautelar el cumplimiento de las normas mediante el relevamiento de
información fidedigna y estándares de calidad de las actuaciones cumplidas,
regulados en disposiciones internas; sin perjuicio del control interno que
establezcan las Direcciones Departamentales.
II. La Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria,
ejecutará la supervisión y seguimiento de los diferentes procedimientos y
proyectos de saneamiento, sin suspender la ejecución de trabajos.
III. La Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, de
oficio o a denuncia podrá disponer la investigación en gabinete y campo sobre
hechos irregulares y actos fraudulentos, descritos en este reglamento,
incluyendo la aplicación del control de calidad y la aplicación de los efectos
previstos, respecto a las etapas o actividades cumplidas.
IV. Como resultado de la aplicación del control de calidad, supervisión y
seguimiento, se podrá disponer:
a) La anulación de actuados de saneamiento por irregularidades, graves faltas
o errores de fondo;
b) La convalidación de actuados de saneamiento, por errores u omisiones
subsanados;
c) La prosecución de los procesos de saneamiento objeto de controles de
calidad, supervisión y seguimiento, y asimismo, la aplicación de medidas
correctivas o reforzamiento en programas de capacitación u otros que
ameriten el caso;
d) El inicio de procesos administrativos, civiles o penales para los
funcionarios responsables.
– 112 –
ARTÍCULO 267.- (ERRORES U OMISIONES
DEL PROCESO). I. A solicitud de parte o de oficio, los errores u omisiones
de forma, técnicos o jurídicos, identificados antes de la emisión de las
resoluciones finales de saneamiento, podrán ser subsanados a través de un
informe.
Si la identificación es posterior a la resolución final de saneamiento, la
subsanación procederá mediante resolución administrativa o suprema
rectificatoria y será notificada en secretaría de la Dirección Nacional del
Instituto Nacional de Reforma Agraria.
II. Los errores u omisiones serán subsanados en el plazo de tres (3) días
calendario, de conocidos los mismos.
SECCIÓN III
CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL DERECHO DE
PROPIEDAD AGRARIA
ARTÍCULO 268.- (FRAUDE EN LA
ANTIGÜEDAD DE LA POSESIÓN). I. Si existiera denuncia o indicios de
fraude respecto de la antigüedad de la posesión que se declara como legal, se
realizará una investigación de oficio para establecer la fecha real de la
posesión, recurriendo a:
a) Información previa, actual o posterior, al relevamiento de información de
campo, mediante el uso de imágenes satelitales u otros instrumentos
complementarios.
b) Inspección directa en el predio.
En caso de comprobarse el fraude, se dispondrá la nulidad de actuados y
declarará la ilegalidad de la posesión. Si recayere sobre tierras fiscales se
estará a lo previsto en el Artículo 345 de este Reglamento.
II. Asimismo, el Instituto Nacional de Reforma Agraria asumirá las acciones o
medidas legales en la vía administrativa u ordinaria, contra los presuntos
responsables, sean éstos servidores públicos, poseedores, autoridades y
– 113 –
personas que hubieren certificado falsamente sobre la antigüedad o extensión
poseída.
ARTÍCULO 269.- (FRACCIONAMIENTOS
FRAUDULENTOS). I. Si existiera denuncia o indicios de fraccionamientos
de medianas propiedades o empresas agropecuarias realizados con la finalidad
de acogerse al régimen previsto para las pequeñas propiedades, eludir el pago
de precios de mercado, la verificación de la función económico – social u
obtener algún beneficio que no le corresponda, que hubiesen ocurrido antes,
durante o después de relevamiento de información en campo, se procederá a
una investigación de oficio, con los medios previstos en el articulo anterior.
II. Si se comprobara el fraude se dispondrá la nulidad de actuados, la
verificación de la función económico social y la adecuación correcta al
régimen de propiedad que corresponda el predio, sin perjuicio que el Instituto
Nacional de Reforma Agraria asuma las acciones o medidas legales en la vía
administrativa u ordinaria, contra los presuntos responsables.
ARTÍCULO 270.- (FRAUDE EN LA
ACREDITACIÓN DE TÍTULOS EJECUTORIALES O EXPEDIENTES
AGRARIOS). I. Cuando se presenten Títulos Ejecutoriales o expedientes
agrarios manifiestamente alterados o fraguados y sin respaldo en registros
oficiales del Instituto Nacional de Reforma Agraria, además de no ser
considerados como antecedentes del derecho propietario, darán lugar a la
presunción de la ilegalidad de la posesión; sin perjuicio de asumir las acciones
legales que el caso amerite.
II. Igual presunción existirá cuando se presente un Título Ejecutorial o
proceso agrario que no corresponda al predio objeto de saneamiento.
ARTÍCULO 271.- (SANCIONES A ACCIONES
FRAUDULENTAS DE PROPIETARIO). Independientemente de los
procesos o denuncias que realice el Instituto Nacional de Reforma Agraria
ante las autoridades competentes respecto de los casos de fraude descritos en
los artículos precedentes, se impondrán sanciones pecuniarias a los
infractores, a ser canceladas en un plazo de sesenta (60) días, que tomaran
como base los costos y daños ocasionados, cuadruplicando los mismos de
acuerdo a reglamento interno a aprobarse por el Instituto Nacional de Reforma
– 114 –
Agraria, que además establecerá los mecanismos efectivos para su cobro
coactivo.
ARTÍCULO 272.- (PREDIOS EN CONFLICTO).
I. En caso de predios en conflicto se utilizará un formulario adicional en el
que: se identifique el área en controversia; se levantará datos adicionales sobre
las mejoras existentes en dicha área, a quien pertenecen y antigüedad de las
mismas; la recepción de otras pruebas; se acumulará las carpetas para su
análisis en el informe en conclusiones.
II. Si el conflicto deriva de un contrato de arrendamiento o aparcería que
cumpla con los términos y requisitos descritos en la Disposición Final
Vigésima Primera de este Reglamento o de un contrato de trabajo válido; no
se reconocerá derecho propietario a favor del aparcero, arrendatario o
trabajador.
III. Sólo se valorará la condición de poseedor legal de un aparcero,
arrendatario o trabajador cuando cumpla los requisitos previstos en este
Reglamento y se demuestre el abandono del predio por parte del propietario.
ARTÍCULO 273.- (COPROPIEDAD Y
HERENCIA). I. La cuota parte del derecho a la tierra objeto de procesos
agrarios en trámite o titulados de copropietarios que incumplan la función
social o función económico social acrecentará en partes iguales la cuota parte
de los copropietarios que se apersonen y la cumplan. Los subadquirentes de
estos derechos no están incluidos en esta disposición.
II. El derecho de propiedad sobre la tierra objeto de procesos agrarios
titulados y en trámite, cuando medie fallecimiento del propietario o
propietaria, acreditado debidamente, será reconocido a nombre de los
herederos, bajo régimen de indivisión forzosa y salvando los derechos de
terceros. Si los herederos fueran menores de edad los Títulos Ejecutoriales
serán emitidos en su favor.
ARTÍCULO 274.- (TOLERANCIAS DE
SUPERFICIE). Cuando la superficie a reconocer en el saneamiento sea
mayor a la consignada en Títulos Ejecutoriales o procesos agrarios en trámite,
serán consideradas como tolerancias de superficie, y en consecuencia como
– 115 –
parte del derecho propietario, en cualesquier tipo de resolución que así lo
reconozca y no se aplicará la adjudicación o la dotación por ésta diferencia, de
acuerdo a los parámetros establecidos en la siguiente tabla:
Superficie titulada o en
Tolerancia
trámite
Hasta 80 ha 20%.
Hasta 500 ha 10%
Hasta 2500 ha 2%
Hasta 5000 ha 1%
De 5001 ha, adelante 0%
Las superficies que resulten superiores a la tolerancia serán consideradas
excedentes y objeto de adjudicación o de dotación, según corresponda.
CAPÍTULO II
ÁREAS DE SANEAMIENTO
SECCIÓN I
DEFINICIÓN DE ÁREAS DE SANEAMIENTO
ARTÍCULO 275.- (ÁREAS DE
SANEAMIENTO). Son áreas de saneamiento las superficies determinadas
por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, en las siguientes modalidades:
a) Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT – SAN);
b) Saneamiento Simple (SAN – SIM), de oficio o a pedido de parte; y
c) Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN – TCO).
ARTÍCULO 276.- (MODIFICACIÓN DE
ÁREAS DE SANEAMIENTO). Las superficies determinadas como áreas de
saneamiento podrán ser modificadas hasta la conclusión de la etapa de campo,
cuando mediaren razones fundadas para ello, con arreglo a los procedimientos
establecidos para su determinación.
ARTÍCULO 277.- (POLÍGONOS DE
SANEAMIENTO Y SU MODIFICACIÓN). I. Las áreas de saneamiento
– 116 –
determinadas podrán dividirse en polígonos de saneamiento, en los que se
podrá ejecutar de manera independiente las diversas etapas del saneamiento.
II. Los polígonos de saneamiento podrán ser modificados hasta la conclusión
de la etapa de campo.
ARTÍCULO 278.- (SOBREPOSICIÓN Y
CAMBIO DE MODALIDAD DE ÁREAS DE SANEAMIENTO). I.
Determinada un área de saneamiento en una de sus modalidades, no podrá
sobreponerse a la misma, total o parcialmente, otra área para la ejecución del
saneamiento con modalidad distinta a la inicialmente determinada.
II. Se podrá modificar las modalidades de Saneamiento Integrado al Catastro
Rústico Legal y de Saneamiento Simple de Oficio entre si o a Saneamiento de
Tierras Comunitarias de Origen, en ningún caso ésta última a las otras
modalidades de saneamiento, de conformidad con el Artículo 72 de la Ley Nº
1715.
III. La ejecución del saneamiento de oficio no podrá ser modificada a un
procedimiento a pedido de parte, procederá la modificación de manera
inversa.
ARTÍCULO 279.- (EXTENSIÓN DEL
SANEAMIENTO EN ÁREAS DETERMINADAS). La ejecución del
saneamiento, en cualquiera de sus modalidades, se extiende a la superficie
total de los predios que se encuentren parcialmente ubicados dentro del área
determinada.
SECCIÓN II
DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE SANEAMIENTO DE OFICIO
ARTÍCULO 280.- (DETERMINACIÓN DE
ÁREA DE SANEAMIENTO SIMPLE DE OFICIO). I. Los Directores
Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria, dictarán
resoluciones determinativas de áreas de Saneamiento Simple de Oficio, con
base en la actividad de diagnóstico, especificando su ubicación, posición
geográfica, superficie, límites y plazo estimado de ejecución.
– 117 –
II. Los criterios de determinación son:
a) Existencia de conflicto de derechos;
b) Irregularidades técnico jurídicas en trámites agrarios;
c) Áreas protegidas;
d) Identificación de tierras presuntamente fiscales;
e) Tenencia de tierras con excesivo fraccionamiento;
f) Indicios de incumplimiento de la función social o económico social;
g) Ejecución de proyectos de interés público.
ARTÍCULO 281.- (DETERMINACIÓN DE
ÁREA DE SANEAMIENTO INTEGRADO AL CATASTRO RÚSTICO
LEGAL). I. Los Directores Departamentales competentes, con base en la
actividad de diagnóstico, remitirán el Proyecto de Resolución Determinativa
de Área a la Comisión Agraria Departamental, para la emisión del Dictamen
respectivo.
II. La Comisión Agraria Departamental tendrá el plazo de quince (15) días
calendario para la emisión del Dictamen, computable desde la recepción del
Proyecto de Resolución. Los Directores Departamentales, vencido el plazo
previsto, emitido o no el Dictamen, emitirá la Resolución Determinativa de
Área, especificando su ubicación y posición geográfica, superficie, límites y
plazo estimado de ejecución.
III. El criterio de determinación de áreas de Saneamiento Integrado al
Catastro Legal, es la priorización de la formación del Catastro Rústico Legal.
ARTÍCULO 282.- (DOMICILIOS COMUNES
EN PROCESOS DE OFICIO). En los procesos de saneamiento de oficio, las
personas interesadas o los representantes de comunidades, podrán fijar su
domicilio común en el lugar habilitado por la brigada de campo.
SECCIÓN III
DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE SANEAMIENTO SIMPLE A
PEDIDO DE PARTE
– 118 –
ARTÍCULO 283.- (LEGITIMACIÓN). I. Estarán
facultados para presentar solicitudes de Saneamiento Simple (SAN – SIM) a
pedido de parte, fuera de áreas de saneamiento predeterminadas de oficio, las
personas que invoquen:
a) Derecho de propiedad, acreditado mediante Título Ejecutorial o documento
público o privado reconocido; o privado respaldado por certificación de
autoridad social o tradicional; declaratoria de herederos o certificado de
defunción o testimonio de sentencia ejecutoriada o documento de Registro
en Derechos Reales, con antecedentes de dominio en un Título Ejecutorial;
b) Proceso agrario en trámite, con especificación de datos que sirvan para
individualizarlo o documento público o privado reconocido; o privado
respaldado por certificación de autoridad social o tradicional; declaratoria
de herederos o certificado de defunción o testimonio de sentencia
ejecutoriada con antecedentes de dominio en un proceso agrario en trámite;
o
c) Posesión legal anterior a la vigencia de la Ley Nº 1715, debidamente
acreditada.
II. En áreas cercanas a radios urbanos, se deberá acreditar además un informe
o certificado del Gobierno Municipal estableciendo que el predio se encuentra
o no dentro del radio urbano.
ARTÍCULO 284.- (SOLICITUD, FORMA Y
CONTENIDO). I. La solicitud se presentará por las personas legitimadas o
sus representantes orgánicos o convencionales, ante las Direcciones
Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria competentes o
ante sus Jefaturas Regionales, las mismas que las elevarán a conocimiento de
sus Directores Departamentales al día siguiente hábil de presentada la misma.
II. Las comunidades campesinas, colonias, pueblos y comunidades indígenas
u originarios podrán presentar su solicitud por medio de sus organizaciones
sociales o sindicales acompañando copias simples de documentos que
acrediten la existencia de la organización y la elección de representantes.
III. La solicitud de saneamiento se presentará por escrito, acompañando
documentos que acrediten el derecho propietario o posesorio del peticionante,
la personería de su representante, si corresponde; individualizará el predio
– 119 –
objeto de la solicitud, adjuntando el plano definido por la norma técnica
emitida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria y fijará domicilio en la
ciudad asiento de la Dirección Departamental competente, en caso de no
fijarlo se tendrá como domicilio la secretaria del despacho.
ARTÍCULO 285.- (REVISIÓN DE
SOLICITUD). Los Directores Departamentales del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, recibida la solicitud de saneamiento, requerirán a sus
órganos competentes la elaboración de un informe técnico legal que
determine:
a) Si la tierra objeto de la solicitud se encuentra ubicada fuera de áreas de
saneamiento predeterminadas; y
b) Sobre el cumplimiento o no de los requisitos de forma y contenido exigidos
en el artículo anterior.
El informe técnico legal se emitirá en un plazo no mayor a cinco (5) días
calendario y forma parte del diagnóstico de la etapa preparatoria.
ARTÍCULO 286.- (ADMISIÓN O RECHAZO
DE SOLICITUDES). Los Directores Departamentales del Instituto Nacional
de Reforma Agraria, en el plazo de cinco (5) días calendario, con base en el
informe señalado en el artículo anterior emitirán un auto que:
a) Intime la subsanación de requisitos de forma y contenido de las solicitudes,
bajo apercibimiento de rechazo, fijando plazo al efecto;
b) Admita las solicitudes que reúnan los requisitos de forma y contenido así
como de las solicitudes observadas, cuyas deficiencias hubieran sido
subsanadas dentro de plazo. Además se establecerá la tasa de saneamiento
y catastro aplicables al predio objeto de saneamiento, cuyo pago
condicionará la emisión de la Resolución Determinativa de Área.
En caso de resultar que varias solicitudes tengan un antecedente común
podrán ser acumuladas; o
c) Rechace las solicitudes presentadas por personas no legitimadas; estén las
tierras sobrepuestas total o parcialmente con áreas de saneamiento
predeterminadas; estén referidas a una fracción de la superficie titulada o
– 120 –
de procesos agrarios en trámite o cuando las solicitudes observadas no
hubiesen sido subsanadas dentro del plazo fijado al efecto.
ARTÍCULO 287.- (PAGO DE LA TASA DE
SANEAMIENTO Y CATASTRO). I. El Saneamiento Simple a pedido de
parte estará sujeto al previo pago de la tasa de saneamiento y catastro, para el
caso de medianas propiedades y empresas.
II. Los otros tipos de propiedad, estarán sujetos a lo previsto en el Parágrafo II
del Artículo 443 de este Reglamento.
ARTÍCULO 288.- (RESOLUCIÓN
DETERMINATIVA).- Los Directores Departamentales del Instituto
Nacional de Reforma Agraria, dictarán resolución determinativa de área de
Saneamiento Simple (SAN – SIM) a pedido de parte, especificando su
ubicación y posición geográfica, superficie y límites, con base en las
superficies que consten en las solicitudes admitidas, previo pago de la tasa de
saneamiento y catastro fijada.
ARTÍCULO 289.- (CADUCIDAD). En caso de
inactividad atribuible a la parte interesada, por más de tres meses computable
desde la última actuación cursante en el proceso se dispondrá la caducidad del
procedimiento y como consecuencia el archivo definitivo de los antecedentes
y la cancelación del registro de su solicitud. Ordenada la caducidad del
procedimiento el predio sólo podrá sanearse de oficio.
SECCIÓN IV
DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE SANEAMIENTO DE TIERRAS
COMUNITARIA DE ORIGEN
ARTÍCULO 290.- (RESOLUCIÓN
DETERMINATIVA DE ÁREAS DE SANEAMIENTO DE TIERRAS
COMUNITARIAS DE ORIGEN). Las Resoluciones Determinativas de
Áreas de Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen serán dictadas por
los Directores Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria
sujetándose a las disposiciones establecidas en el Capitulo III del Titulo IX de
este Reglamento.
– 121 –
CAPÍTULO III
ETAPA PREPARATORIA DEL
PROCEDIMIENTO COMUN DE SANEAMIENTO
ARTÍCULO 291.- (ACTIVIDADES). Esta etapa
da inicio al procedimiento común de saneamiento y comprende las siguientes
actividades:
a) Diagnóstico y determinativa de Área;
b) Planificación; y
c) Resolución de inicio del procedimiento.
ARTÍCULO 292.- (DIAGNÓSTICO). I. Esta
Actividad consiste en la evaluación previa sobre las características de las áreas
que serán objeto de saneamiento, estableciendo:
a) Mosaicado referencial de predios con antecedente en expedientes titulados
y en trámite cursantes en el Instituto Nacional de Reforma Agraria;
b) Mosaicado de la información existente en la base geo – espacial sobre las
áreas clasificadas, áreas protegidas, uso mayor de la tierra, plan de uso de
suelo, mapa de valores, concesiones forestales, mineras, petroleras,
servidumbres administrativas, etc.
c) Distribución poligonal del área de saneamiento, si corresponde;
d) Identificación de presuntas tierras fiscales o de predios con incumplimiento
de función económico social, en el área objeto de estudio y la
poligonización de estas áreas para su priorización;
e) Adopción de medidas precautorias previstas en este reglamento;
f) Identificación de organizaciones sociales y sectoriales existentes en el área.
g) Análisis de estrategias de comunicación, identificación y manejo de
conflictos;
h) Obtención de información relativa a registros públicos y otra que sea
pertinente al objeto de trabajo.
II. Los resultados de esta actividad se expresarán en un informe técnico –
legal, planos y anexos que establezcan la recomendación sobre la modalidad
de saneamiento y los criterios para su determinación; asimismo, si
corresponde, la aplicación del procedimiento especial de saneamiento sin más
– 122 –
trámite, el trámite para la identificación de tierras fiscales o con
incumplimiento de función económico social o saneamiento interno.
Para la realización de esta actividad se podrá recurrir a imágenes satelitales u
otros medios tecnológicos complementarios.
Cumplida esta actividad se emitirá la resolución determinativa de área de
saneamiento conforme al trámite descrito en el Capitulo II, Secciones II, III y
IV de este Titulo.
ARTÍCULO 293.- (PLANIFICACIÓN). La
Planificación consiste en la programación y organización de trabajo pertinente
al área o polígono(s), estableciendo cronogramas de trabajo, metodologías de
mensura y logística necesaria.
La planificación también deberá estar en estrecha relación con las
características de la zona o polígono y de las parcelas, considerando asimismo
la superficie y cantidad de predios que conformarán cada polígono de
saneamiento, previniendo el cumplimiento de los plazos dispuesto para las
diferentes etapas y actividades de saneamiento.
Esta actividad podrá contar con la participación de las organizaciones sociales
y sectoriales, autoridades administrativas, municipales y otras del área o
polígono(s).
ARTÍCULO 294.- (RESOLUCIÓN DE INICIO
DEL PROCEDIMIENTO). I. La Resolución de Inicio del procedimiento
será emitida por los Directores Departamentales del Instituto Nacional de
Reforma Agraria y tiene por objeto instruir la ejecución del procedimiento de
saneamiento e intimar el apersonamiento de propietarios y poseedores de un
área o polígono, pudiendo dictarse simultáneamente con la resolución
determinativa de área, cuando operativamente sea posible o se trate de
saneamiento a pedido de parte.
Cuando se establezcan polígonos de trabajo, éstos deberán especificar su
ubicación, posición geográfica, superficie y límites.
– 123 –
II. En esta resolución se podrá determinar, para el área o polígono específico,
la aplicación del procedimiento especial de saneamiento sin más trámite, el
trámite para la identificación de tierras fiscales o con incumplimiento de
función económico social o la aplicación del saneamiento interno.
III. La Resolución de Inicio del Procedimiento, dictada por cada área o
polígono de saneamiento, intimará:
a) A propietarios o subadquirente(s) de predios con antecedente en Títulos
Ejecutoriales a presentar los mismos, los documentos que respaldan su
derecho propietario, así como su identidad o personalidad jurídica;
b) A beneficiarios o subadquirente(s) de predios con antecedente en procesos
agrarios en trámite, a apersonarse en el procedimiento, acreditando su
derecho propietario, así como su identidad o personalidad jurídica, e
indicando el número de expediente; y
c) A poseedores, a acreditar su identidad o personalidad jurídica y acreditar y
probar la legalidad, fecha y origen de la posesión.
Las personas señaladas precedentemente, deberán apersonarse y presentar la
documentación correspondiente ante los funcionarios públicos encargados de
la sustanciación del procedimiento dentro del plazo establecido en la
Resolución, el mismo que no deberá exceder de treinta (30) días calendario.
Asimismo, quedarán intimados a demostrar el cumplimiento de la función
social o económico social durante el relevamiento de información de campo,
en los términos establecidos en la ley y el presente Reglamento.
En la resolución se dejará constancia que la documentación presentada no
implica el reconocimiento de derechos en esta etapa, sino hasta la resolución
final de saneamiento.
IV. Esta resolución consignará la fecha de inicio y conclusión del
relevamiento de información en campo, cuyo plazo podrá ampliarse mediante
resolución fundada.
V. La publicación de la Resolución será efectuada mediante edicto por una
sola vez y en un medio de prensa de circulación nacional; y su difusión en una
emisora radial local con un mínimo de tres ocasiones, con intervalos de un día
y dos pases por cada uno. También será puesta en conocimiento de los
– 124 –
representantes de las organizaciones sociales y sectoriales identificadas en el
área o polígono de trabajo, bajo constancia, con una anticipación de por lo
menos cuarenta y ocho (48) horas al inicio de los trabajos de campo.
VI. Para la modalidad de Saneamiento Simple (SAN – SIM) a pedido de
parte, la resolución de inicio del procedimiento, dispondrá la notificación
personal del propietario(a) o poseedor(a), a los colindantes y terceros
afectados, sin perjuicio de su difusión al menos tres (3) avisos en una radio
emisora local. El cumplimiento de las notificaciones y la difusión sustituyen la
Campaña Pública.
CAPÍTULO IV
ETAPA DE CAMPO DEL
PROCEDIMIENTO COMÚN DE SANEAMIENTO
ARTÍCULO 295.- (ACTIVIDADES). I. Esta etapa
se inicia con la publicación de la resolución de inicio del procedimiento y
comprende las siguientes actividades, a realizarse en campo:
a) Relevamiento de información en campo;
b) Informe en conclusiones; y
c) Proyecto de resolución.
II. Las actividades previstas en los incisos b) y c) precedentes, cuando medien
razones de fuerza mayor, podrán ejecutarse en la Dirección Departamental.
SECCIÓN I
RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO
ARTÍCULO 296.- (TAREAS). I. Esta actividad
comprende las tareas de: campaña pública, mensura, encuesta catastral,
verificación de la función social y función económico – social, registro de
datos en el sistema y solicitud de precios de adjudicación; que deberán ser
ejecutadas dentro del plazo establecido en la resolución de inicio del
procedimiento.
– 125 –
Sólo en caso de denuncias por irregularidades o actos fraudulentos o como
resultado del proceso de supervisión, control y seguimiento, previsto en este
Reglamento, se podrá disponer la nueva ejecución de estas tareas.
II. Las personas interesadas tendrán acceso a la información generada en esta
actividad, obteniendo una copia de la misma y pudiendo realizar
observaciones a los datos cursantes en dicha información.
ARTÍCULO 297.- (CAMPAÑA PÚBLICA). La
campaña pública, es una tarea continua y se ejecuta de manera simultánea al
desarrollo del relevamiento de información en campo, tiene como finalidades
convocar a participar en el proceso a beneficiarios y beneficiarias,
organizaciones sociales e interesados en general; la difusión del proceso de
saneamiento, a través de medios de comunicación masiva nacional, regional y
local; la ejecución de talleres en el área con la participación de organizaciones
sociales acreditadas en el lugar y beneficiarios en general, capacitación y otras
actividades similares, garantizando en todas ellas la incorporación del
tratamiento de género y la participación activa de las mujeres; conforme al
diagnóstico realizado y a las normas internas del Instituto Nacional de
Reforma Agraria.
ARTÍCULO 298.- (MENSURA). I. La mensura, se
realizará por cada predio y consistirá en la:
a) Determinación de la ubicación y posición geográfica, superficie y límites
de las tierras que tengan como antecedente Títulos Ejecutoriales, procesos
agrarios en trámite y de las posesiones;
b) Obtención de actas de conformidad de linderos; y
c) Identificación de tierras fiscales, especificando ubicación y posición
geográfica, superficie y límites.
II. Las superficies que se midan no son definitivas ni declarativas de derechos,
sino hasta la dictación de las resoluciones finales de saneamiento.
III. En el caso de Títulos Ejecutoriales o expedientes de procesos agrarios en
trámite cuyos beneficiarios apersonados, no ubicaren físicamente su predio ni
demostraren función social o económico social, no se procederá a la medición
– 126 –
del predio en el terreno, realizándose únicamente la identificación del mismo
en el plano del respectivo polígono de saneamiento.
ARTÍCULO 299.- (ENCUESTA CATASTRAL).
La encuesta catastral será realizada por cada predio y consiste en:
a) El registro de datos fidedignos relativos al objeto y sujeto del derecho en la
ficha catastral y en otros formularios que correspondan de acuerdo a las
características de cada predio; y
b) Recepción de la documentación exigida en la resolución de inicio de
procedimiento y toda otra de la que intentare valerse el interesado, hasta
antes de la conclusión de la actividad de relevamiento de información de
campo. Sólo la que corresponda a la identidad de los beneficiarios podrá
ser presentada hasta antes de la emisión de la resolución final de
saneamiento.
ARTÍCULO 300.- (VERIFICACIÓN DE LA
FUNCIÓN SOCIAL Y DE LA FUNCIÓN ECONÓMICO SOCIAL). La
forma, alcance y medios de verificación de la función social y la función
económico social, se aplican según lo dispuesto en el Título V del presente
Reglamento.
ARTÍCULO 301.- (REGISTRO DE DATOS EN
EL SISTEMA). I. La información técnica y jurídica de los predios se
incorporará en los sistemas informáticos aprobados por el Instituto Nacional
de Reforma Agraria, de manera permanente y de acuerdo al avance de cada
tarea ejecutada.
II. En las propiedades de comunidades campesinas se consignará relación de
beneficiarios con su identificación personal.
ARTÍCULO 302.- (REGISTRO PARA LA
SOLICITUD DE PRECIOS DE ADJUDICACIÓN). Si durante el
desarrollo de esta actividad y el registro de datos en el sistema se identificare
la existencia de posesiones legales o excedentes, el funcionario responsable,
realizará el registro de datos para la solicitud de precios de mercado a la
Superintendencia Agraria, a través del sistema informático compartido con esa
institución, conforme a lo establecido en los Artículos 315 y 316 de este
– 127 –
Reglamento. La solicitud de precios de mercado será efectuada una vez sea
valorada la situación técnico jurídica de estos predios a través del Informe en
Conclusiones.
SECCIÓN II
INFORME EN CONCLUSIONES
ARTÍCULO 303.- (ALCANCE). La presente
subsección regula el alcance del informe en conclusiones.
a) Al día siguiente hábil de concluido el relevamiento de información en
campo, se dará inicio a la actividad de informe en conclusiones, que tendrá
un plazo máximo de treinta (30) días calendario por polígono de trabajo.
b) Los informes en conclusiones serán elaborados de manera independiente
por cada proceso agrario titulado, en trámite o posesión, o por predio
cuando corresponda, sin que ello implique ampliación de plazos a nivel
poligonal.
c) En caso de existencia de sobreposición de derechos o conflicto, en lo que
respecta a procesos agrarios titulados, en trámite o de posesiones, se
procederá a su análisis y resolución conjunta y simultánea, previa
acumulación física de los antecedentes, salvo que las condiciones
materiales o manejo adecuado la impidan.
d) En el caso de colonias y comunidades con derechos de propiedad
individual, en copropiedad, colectivos o mixtos al interior, se elaborará un
solo informe en conclusiones y se conformará una sola carpeta. Las
sugerencias sobre el tipo de resolución contenida en este informe, podrán
agruparse en función a cada situación jurídica y para establecer si
corresponde Resolución Suprema o Administrativa se regirán por la
jerarquía mayor.
ARTÍCULO 304.- (CONTENIDOS). Los
contenidos del Informe en Conclusiones, son:
a) Identificación de antecedentes del derecho propietario en los procesos
agrarios en trámite o titulados y de la existencia de vicios de nulidad
relativa y/o absoluta en los mismos;
– 128 –
b) Consideración de la documentación aportada por las partes interesadas
relativa a su identificación personal, el derecho propietario o la posesión
ejercida. En el caso de poseedores también incluirá la identificación de la
modalidad de adquisición;
c) Valoración y cálculo de la Función Social o la Función Económico Social;
d) Evaluación de datos técnicos sobre ubicación, superficie, límites del predio
y sobreposiciones con áreas clasificadas y otras;
e) Homologación de conciliaciones si corresponde, análisis de los conflictos o
sobreposiciones de derechos y consideración de errores u omisiones;
f) Precio de adjudicación concesional y cálculo de la tasa de saneamiento,
según corresponda;
g) Consideración de medidas precautorias conforme lo previsto en este
reglamento;
h) Otros aspectos relevantes para el procedimiento; y
i) Recomendación expresa del curso de acción a seguir.
ARTÍCULO 305.- (INFORME DE CIERRE). I.
Elaborados los informes en conclusiones por polígono, sus resultados
generales serán registrados en un informe de cierre, dentro del plazo
establecido para esta actividad, en el que se expresará de manera resumida los
datos y resultados preliminares de los predios objeto de saneamiento. Este
documento deberá ser puesto en conocimiento de propietarios, beneficiarios,
poseedores y terceros interesados, asimismo, de las personas representantes o
delegadas de las organizaciones sociales o sectoriales acreditadas, a objeto de
socializar sus resultados y recibir observaciones o denuncias.
II. En el caso de polígonos de trabajo en los que no se hubieren apersonado
organizaciones sociales o sectoriales, la actividad será promovida, organizada
y cumplida únicamente con la asistencia voluntaria de propietarios,
beneficiarios y poseedores del área de trabajo.
SUBSECCIÓN I
REVISIÓN DE TÍTULOS EJECUTORIALES
ARTÍCULO 306.- (VALORACIÓN DE
TÍTULOS EJECUTORIALES). I. Son Títulos Ejecutoriales válidos para su
revisión en el proceso de saneamiento de la propiedad agraria, aquellos que
– 129 –
fueran exhibidos en originales a los funcionarios del Instituto Nacional de
Reforma Agraria y cumplan lo previsto en el Parágrafo III de la Disposición
Final Décimo Cuarta de la Ley No 1715 y el Artículo 42 de la Ley No 3545.
Para fines del saneamiento tendrán la condición jurídica de “Titulados”.
II. También se sujetarán al presente régimen aquellos Títulos Ejecutoriales
otorgados, que aún sin haber sido presentados sus originales, exista constancia
de su otorgamiento y los expedientes que les sirvieron de antecedente.
III. Los Títulos Ejecutoriales que no se presenten en originales al Instituto
Nacional de Reforma Agraria y respecto de los que no exista constancia de su
otorgamiento, se sujetarán al régimen de revisión de procesos agrarios en
trámite de la siguiente Subsección, salvo que los Títulos Ejecutoriales cursen
en poder del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
ARTÍCULO 307.- (AUSENCIA DE
EXPEDIENTES). Estarán afectados de nulidad relativa por falta de forma,
los Títulos Ejecutoriales otorgados, que fueran presentados, o cursen en poder
del Instituto Nacional de Reforma Agraria, cuando no existan los expedientes
que les sirvieron de antecedente, pero cursen registros fehacientes de su
tramitación ante el ex – Consejo Nacional de Reforma Agraria o ex – Instituto
Nacional de Colonización. Se procederá a la reposición, de oficio cuando
exista conflicto o resultare necesario, o a solicitud de parte interesada.
SUBSECCIÓN II
REVISIÓN DE PROCESOS AGRARIOS EN TRÁMITE
ARTÍCULO 308.- (VALORACIÓN DE
PROCESOS AGRARIOS EN TRÁMITE). I. Son procesos agrarios en
trámite válidos para su revisión en el proceso de saneamiento de la propiedad
agraria, aquellos que cuenten con sentencia ejecutoriada del Consejo Nacional
de Reforma Agraria o minuta de transferencia Protocolizada del Instituto
Nacional de Colonización, anterior al 24 de noviembre de 1992; y que
cumplan lo previsto en el Parágrafo IV del Artículo 75 de la Ley No 1715 y el
Artículo 40 de la Ley No 3545. Para fines del saneamiento tendrán la
condición jurídica de “procesos en trámite”.
– 130 –
II. Las sentencias cursantes en los procesos agrarios en trámite se tendrán
como ejecutoriadas, de conformidad al Capítulo V del Decreto Supremo No
3471 de 27 de agosto de 1953, cuando:
a) No hubieren sido apeladas en término;
b) El auto de vista que resuelva la apelación no hubiere sido impugnado en
término mediante recurso extraordinario de reconsideración; y
c) Se hubiere dictado resolución en el recurso extraordinario de
reconsideración, interpuesto en término.
III. La reposición de expedientes procederá de acuerdo a lo previsto en el
presente reglamento.
SUBSECCIÓN III
RÉGIMEN DE POSEEDORES
ARTÍCULO 309.- (POSESIONES LEGALES). I.
Se consideran como superficies con posesión legal, aquellas que cumplan lo
previsto en la Disposición Transitoria Octava de la Ley No 3545. Para fines
del saneamiento tendrán la condición jurídica de “poseedores legales”. La
verificación y comprobación de la legalidad de las posesiones se realizará
únicamente durante el relevamiento de información en campo.
II. Asimismo, se consideran como superficies con posesión legal a aquellas
que se ejerzan sobre áreas protegidas cuando sea anterior a la creación de la
misma, o la ejercida por pueblos o comunidades indígenas, campesinas,
originarias, pequeñas propiedades, solares campesinos y por personas
amparadas en norma expresa, que cumplan las normas de uso y conservación
del área protegida y demuestren que se iniciaron con anterioridad a la fecha de
promulgación de la Ley Nº 1715.
III. Para establecer la antigüedad de la posesión también se admitirá la
sucesión en la posesión, retrotrayendo la fecha de antigüedad de la posesión al
primer ocupante acreditado en documentos de transferencias de mejoras o de
asentamiento, certificadas por autoridades naturales o colindantes.
ARTÍCULO 310.- (POSESIONES ILEGALES).
Se tendrán como ilegales sin derecho a dotación o adjudicación y sujetas a
– 131 –
desalojo previsto en este reglamento, las posesiones que sean posteriores a la
promulgación de la Ley Nº 1715; o cuando siendo anteriores, no cumplan la
función social o económico – social, recaigan sobre áreas protegidas o afecten
derechos legalmente constituidos.
ARTÍCULO 311.- (MODALIDAD DE
ADQUISICIÓN). Los pueblos o comunidades indígenas u originarias y
comunidades campesinas, adquirirán la propiedad de las superficies que
poseen mediante dotación, y otras personas individuales o jurídicas mediante
adjudicación.
ARTÍCULO 312.- (POSESIÓN DE
COMUNIDADES). La posesión de comunidades campesinas será valorada
incluyendo toda la superficie de uso y acceso tradicional, además de las
distintas formas de aprovechamiento comunitario de recursos naturales. La
posesión de las comunidades indígenas será valorada de acuerdo a lo
establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
ratificado mediante Ley Nº 1257 de 11 de julio de 1991.
En todos los casos se considerará el respeto de los derechos legalmente
adquiridos por terceros que cumplan la función social y función económico –
social.
ARTÍCULO 313.- (COLONIZADOR
INDIVIDUAL Y VALOR CONCESIONAL DE LA TIERRA). I. Para
fines de aplicación del Parágrafo I del Artículo 74 de la Ley Nº 1715, se
considera colonizador individual a toda persona que se encuentre en posesión
de una superficie de tierra que sea igual o menor a la pequeña propiedad
agrícola o ganadera, según la actividad que desarrolle, y cumplan con los
requisitos para acceder a la adjudicación simple.
II. Se fija el valor concesional de la tierra en la suma de diez centavos de
boliviano (0.10 Bs.) por hectárea. Cuando se trate de unidades menores a una
hectárea se aplicará el mismo valor.
ARTÍCULO 314.- (CÁLCULO DEL VALOR
CONCESIONAL). I. El valor concesional para cada predio o parcela será
– 132 –
calculado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, durante la ejecución
del saneamiento hasta la emisión del informe en conclusiones.
La información a nivel predial será registrada en campo en el sistema
compartido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria y la
Superintendencia Agraria.
II. El cálculo del valor concesional se aplica a la superficie total poseída, sea
de uno o más predios discontinuos, siempre que no excedan el límite máximo
establecido para la pequeña propiedad agrícola o ganadera. La superficie
excedente será fijada a valor de mercado de la tierra sin mejoras, de acuerdo a
lo previsto en el siguiente Artículo.
III. La presente disposición, no podrá ser utilizada para encubrir
fraccionamientos ilegales de propiedades.
ARTÍCULO 315.- (FIJACIÓN DEL VALOR DE
MERCADO). I. El valor de mercado de la tierra sin mejoras para posesiones
clasificadas como medianas propiedades y empresas agropecuarias será fijado
por la Superintendencia Agraria mediante dictamen técnico de valor de
mercado, por la totalidad de la superficie poseída.
II. La solicitud de fijación de precios se realizará a través del sistema
informático compartido por ambas instituciones, previa valoración de la
situación técnica y jurídica de estos predios; de la misma manera será
remitido el dictamen emitido por la Superintendencia Agraria, que deberá
realizarse en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de su solicitud. De
incumplirse el plazo previsto, la unidad responsable de saneamiento,
establecerá el cálculo respectivo con base en el mapa de valores aprobado por
la Superintendencia Agraria y con noticia de ésta.
III. Si las personas interesadas acreditaren legalmente, pago total o parcial, del
precio de la tierra, fijado por el Ex – Instituto Nacional de Colonización,
dichos pagos se imputarán como cancelación total, parcial o porcentual, según
sea el caso, en relación al nuevo valor calculado.
ARTÍCULO 316.- (NOTIFICACIÓN Y PAGO
DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN). I. Los precios de adjudicación a
– 133 –
valor concesional, serán notificados a los poseedores y, cuando éstos sean
miembros de colonias o comunidades, podrán ser notificados a los
representantes de las mismas y cancelados de manera conjunta, bajo
constancia en el Instituto Nacional de Reforma Agraria o en cuentas estatales
habilitadas en bancos o entidades financieras.
II. La notificación con el dictamen técnico de valor de mercado y tasas de
saneamiento, se realizará de manera conjunta con la resolución final de
saneamiento. La suscripción de convenios de pago a plazos se podrá realizar
en esta oportunidad.
ARTÍCULO 317.- (ADJUDICACIÓN
PARCIAL). I. En los casos en que los poseedores legales declaren la
imposibilidad de cubrir el costo total del monto determinado, podrán efectuar
solicitud de adjudicación simple de una superficie menor a la asignada,
siempre que la superficie renunciada no sea menor al equivalente a una
pequeña propiedad agrícola o ganadera según la zona y actividad desarrollada
en el predio.
La solicitud deberá ser efectuada con anterioridad a la emisión de la
resolución final de saneamiento y previo pago de la totalidad de la tasa de
saneamiento.
II. Cuando la solicitud de adjudicación sea formulada por una empresa
agropecuaria, la superficie renunciada no deberá ser menor al quince por
ciento (15%) del total de la superficie identificada por el Instituto Nacional de
Reforma Agraria.
III. Estos casos serán objeto de Informe técnico y jurídico que deberá ser
elaborado en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario de la solicitud.
ARTÍCULO 318.- (PLAZOS PARA EL PAGO
DEL MONTO DE ADJUDICACIÓN). Los poseedores legales, podrán
acogerse a las siguientes modalidades y plazos para el pago del monto de
adjudicación:
a) Pagos al contado, realizados dentro del plazo máximo de sesenta (60) días
calendario a partir de la notificación con la Resolución Final de
– 134 –
Saneamiento, en cuyo caso se aplicará un veinticinco por ciento (25%) de
descuento del monto determinado cuando se trate de precios de mercado.
b) Pagos a plazos, que no podrán exceder los dos (2) años, computables a
partir de la notificación con la resolución final de saneamiento.
Los pagos a plazos podrán ser efectuados en forma semestral o anual, a
elección del interesado, aplicando el interés legal previsto en el Código
Civil y bajo las condiciones que determine el convenio suscrito con el
Instituto Nacional de Reforma Agraria.
c) El otorgamiento de Títulos Ejecutoriales estará condicionado al pago total
por concepto de adjudicación.
ARTÍCULO 319.- (INCUMPLIMIENTO DE
PAGO). En el caso que los poseedores legales de la tierra incumplan con el
pago del precio de adjudicación en la forma prevista en los artículos
anteriores, mediante resolución se dejara sin efecto la adjudicación y se
dispondrá la condición de tierras fiscales, registro respectivo en Derechos
Reales y el desalojo conforme lo dispuesto en los Artículos 453 y 454 de este
Reglamento.
SUBSECCIÓN IV
NULIDADES ABSOLUTA Y RELATIVA
ARTÍCULO 320.- (ALCANCE). I. La presente
subsección regula el régimen de nulidades absolutas y relativas tanto de
Títulos Ejecutoriales y sus respectivos expedientes como de procesos agrarios
en trámite, durante la ejecución del saneamiento de la propiedad agraria, con
arreglo a la Disposición Final Décimo Cuarta de la Ley Nº 1715, modificada
por el artículo 42 de la Ley 3545.
II. La declaración de nulidad de Títulos Ejecutoriales y de los procesos
agrarios en trámite, determina el archivo definitivo de obrados, salvo que el
vicio no afecte la validez del expediente, que le sirvió de antecedente.
ARTÍCULO 321.- (VICIOS DE NULIDAD
ABSOLUTA). I. Son vicios de nulidad absoluta:
– 135 –
a) Falta de jurisdicción y competencia;
b) Incumplimiento o acto doloso comprobado en las principales actuaciones
procesales en perjuicio de la causa pública o de tercero interesado, de
acuerdo al siguiente detalle:
1. En trámites seguidos ante el Ex – Consejo Nacional de Reforma
Agraria: demanda, audiencia de inspección, sentencia, auto de vista o
Resolución Suprema;
2. En trámites seguidos ante el Ex – Instituto Nacional de Colonización:
solicitud, resolución interna de adjudicación, minuta protocolizada y
Resolución Suprema.
c) Dotaciones o adjudicaciones realizadas en áreas de conservación o
protegidas, contraviniendo disposiciones legales que establecen su
declaratoria;
d) La doble dotación, entendida como el acceso a más de una propiedad
distribuida por el Estado, a través de dotaciones o adjudicaciones, que
estén ubicadas en circunscripciones territoriales diferentes, sea cantones,
provincias o departamentos; cuya superficie total, sumada, sobrepase el
límite máximo fijado para la mediana propiedad, de acuerdo a la actividad
mayor y en función de la zona geográfica respectiva; y
e) Las dotaciones o adjudicaciones de propiedades agrícolas realizadas en
superficies mayores al límite máximo establecido para la empresa agrícola,
correspondiente a 2000 hectáreas.
II. Si de la revisión de expedientes tramitados ante el Ex – Consejo Nacional
de Reforma Agraria o Ex – Instituto Nacional de Colonización, se establece la
falta de los actuados señalados en el inciso b), del Parágrafo I precedente, las
partes interesadas podrán probar el cumplimiento de tales actuaciones, a través
de todos los medios idóneos que las leyes prevén.
III. En el caso de áreas protegidas a los efectos de aplicación del inciso c),
Parágrafo I, del presente Artículo, se respetarán los Títulos Ejecutoriales o
procesos agrarios en trámite, cuyas demandas o solicitudes fueron admitidas
antes de la respectiva declaratoria.
– 136 –
ARTÍCULO 322.- (VICIOS DE NULIDAD
RELATIVA). Son vicios de nulidad relativa todas las demás infracciones de
norma expresa que no hubieran sido contemplados en el artículo anterior y que
sean pertinentes al trámite agrario que sirva de antecedente al derecho
propietario, objeto de saneamiento.
ARTÍCULO 323.- (INCUMPLIMIENTO DE
PLAZOS Y TÉRMINOS). No se considera a los efectos de las nulidades
absoluta y relativa el incumplimiento de plazos y términos procesales.
ARTÍCULO 324.- (EFECTOS DE LA
NULIDAD). I. La nulidad de Títulos Ejecutoriales y de los procesos agrarios
en trámite, conlleva la nulidad de todos los actos de transmisión del derecho
de propiedad que tengan como antecedente de dominio el Título Ejecutorial
anulado o del proceso agrario en trámite y la facultad del propietario de retirar
a su costa las construcciones, mejoras y plantaciones existentes en la
propiedad.
II. La nulidad de Títulos Ejecutoriales o del proceso agrario en trámite, no
afecta la posesión que hubiese materializado el interesado, debiendo ésta ser
valorada conforme a las disposiciones del presente reglamento.
III. La nulidad de Títulos Ejecutoriales y procesos agrarios en trámite,
conlleva la extinción de los gravámenes e hipotecas que recaen sobre la
propiedad objeto del Título Ejecutorial o proceso agrario anulado.
Las hipotecas y gravámenes constituidos sobre propiedades agrarias cuyos
Títulos Ejecutoriales o procesos agrarios en trámite fueran anulados,
subsistirán sobre el nuevo derecho de propiedad que eventualmente se
constituya a favor del deudor, conservando su orden de preferencia. Este
aspecto se consignará en la resolución final correspondiente que dispondrá
también su inscripción en el Registro de Derechos Reales.
SECCIÓN III
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES FINALES
DE SANEAMIENTO
– 137 –
ARTÍCULO 325.- (PROYECTOS DE
RESOLUCIONES). I. Concluida la actividad del informe en conclusiones y
con base en las sugerencias expuestas, en un plazo no mayor a quince (15)
días calendario por polígono, los responsables de esta actividad elaborarán
proyectos de resoluciones por cada proceso agrario titulado, en trámite o
posesión, por organización social o por predio cuando corresponda,
conjuntamente los planos prediales.
II. Los proyectos de resoluciones y las etapas precedentes de saneamiento
serán objeto de aprobación por el Director Departamental competente, previa a
su remisión a la Dirección Nacional.
CAPÍTULO V
ETAPA DE RESOLUCIONES Y TITULACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO COMÚN DE SANEAMIENTO
ARTÍCULO 326.- (ACTIVIDADES). I. Esta etapa
consiste en el desarrollo de un conjunto de actividades que se realizan en
gabinete a partir de la recepción de los proyectos de resoluciones finales de
saneamiento a la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma
Agraria.
II. Comprende las siguientes actividades:
a) Firma de resoluciones y plazo de impugnación
b) Titulación,
c) Registros en Derechos Reales y transferencia de información a las
municipalidades.
ARTÍCULO 327.- (FIRMA DE
RESOLUCIONES Y NOTIFICACIÓN). I. La firma de resoluciones
administrativas no deberá exceder quince (15) días calendario de recepcionado
el proyecto de resolución y sus antecedentes en la Dirección Nacional.
II. En el caso de resoluciones supremas serán remitidas en un plazo no mayor
de tres (3) días calendario a la unidad competente de la Presidencia de la
– 138 –
República, para la respectiva firma, computable desde la recepción del
proyecto de resolución y sus antecedentes en la Dirección Nacional.
III. Firmadas que fueran las resoluciones finales de saneamiento, se procederá
a la remisión de éstas a las Direcciones Departamentales respectivas, para
fines de notificación a las personas interesadas, a cuyo efecto se consideraran
los domicilios individuales o comunes acreditados por las mismas.
ARTÍCULO 328.- (VERIFICACIÓN DE
INTERPOSICIÓN DE ACCIONES CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVAS). Una vez sea notificada la resolución final de
saneamiento, salvando el caso de acreditarse renuncias expresas al término de
impugnación por las personas interesadas, se solicitará certificación o informe
del Tribunal Agrario Nacional sobre la interposición de acciones contencioso
administrativas contra la resolución emitida.
ARTÍCULO 329.- (TITULACIÓN). I.
Ejecutoriadas que fueran las resoluciones finales de saneamiento o si
existiesen renuncias al término de impugnación, se remitirán antecedentes a la
unidad de titulación de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de
Reforma Agraria para la emisión de Títulos Ejecutoriales.
II. El trámite de firma y refrenda, así como los alcances, reglas, forma y
contenido para el otorgamiento, registro y entrega de Títulos Ejecutoriales, se
sujetarán a lo previsto en este Reglamento.
ARTÍCULO 330.- (REGISTROS EN
DERECHOS REALES Y TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN A
MUNICIPALIDADES). Consolidada la información en el Sistema Catastral
se procederá al registro en Derechos Reales; la transferencia de Información a
Municipalidades se regirá por lo dispuesto en el Titulo XI de este Reglamento.
SECCIÓN I
RESOLUCIONES PARA PROCESOS TITULADOS
ARTÍCULO 331.- (RESOLUCIONES
SUPREMAS). I. En el caso de predios con antecedente en Títulos
Ejecutoriales, el Presidente de la República, conjuntamente el Ministro de
– 139 –
Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, recibidos los actuados,
dictará por cada Título Ejecutorial revisado Resolución Suprema:
a) Confirmatoria.
b) Anulatoria y de Conversión.
c) Anulatoria.
d) Reversión.
II. Cuando se considere situaciones jurídicas mixtas entre titulados, procesos
en trámite y/o poseedores legales, respecto a la (s) superficie (s) objeto de
saneamiento, se emitirá una sola resolución conjunta, sujeta a la jerarquía
mayor. En estos casos los derechos podrán establecerse en un sólo Título
Ejecutorial y plano.
III. Si en la emisión de resoluciones confirmatorias y anulatorias y de
conversión, se identifica una superficie parcial que incumple la función social
o económico – social, ésta será afectada a favor del Estado como tierra fiscal,
susceptible de consignarse y registrarse en forma expresa a nombre del
Instituto Nacional de Reforma Agraria, en la misma resolución.
ARTÍCULO 332.- (RESOLUCIONES
CONFIRMATORIAS). La Resolución Suprema confirmatoria, se emitirá
cuando el Título Ejecutorial esté exento de vicios y se establezca el
cumplimiento de la función social o económico – social, a favor del titular
inicial o subadquirente(s) y dispondrá lo siguiente:
a) Declarará la validez del proceso agrario que dio mérito al Título
Ejecutorial emitido, respecto a las superficies que cumplan la función
social o económico – social;
b) Se deje sin efecto los Títulos Ejecutoriales emitidos y se proceda a la
cancelación de partidas de propiedad que deriven de los mismos;
c) La emisión de nuevos Títulos Ejecutoriales con datos actualizados y
correctos resultantes del saneamiento y los planos que les correspondan; su
registro en oficinas de Derechos Reales y en un Mapa Base elaborado para
la formación del catastro rústico legal. Se mantendrán gravámenes e
hipotecas sobre los mismos; y
d) El replanteo de límites cuando la superficie objeto de reconocimiento de
derechos fuera inferior a la mensurada.
– 140 –
ARTÍCULO 333.- (RESOLUCIONES
ANULATORIAS Y DE CONVERSIÓN). La Resolución Suprema
anulatoria y de conversión, se emitirá cuando el Título Ejecutorial esté
afectado de vicios de nulidad relativa y la tierra se encuentre cumpliendo
parcial o totalmente la función económico – social o la función social, en
relación a sus titulares o subadquirente(s) y dispondrá:
a) La subsanación de los vicios de nulidad relativa que afecten los Títulos
Ejecutoriales y proceso agrario que sirvió de antecedente respecto a las
superficies que cumplan la función social o económico social;
b) La nulidad de los Títulos Ejecutoriales emitidos, dejándolos sin efecto y se
proceda a la cancelación de partidas de propiedad que deriven de los
mismos; y
c) La emisión de nuevos Títulos Ejecutoriales que adjunten los planos que les
correspondan; su registro en oficinas de Derechos Reales y en un Mapa
Base elaborado para la formación del catastro rústico legal. Se mantendrán
gravámenes e hipotecas sobre los mismos e incluirá los contenidos del
inciso d) del artículo anterior, según corresponda.
ARTÍCULO 334.- (RESOLUCIONES
ANULATORIAS). I. La Resolución Suprema anulatoria, se emitirá cuando el
Título Ejecutorial esté afectado por vicios de nulidad absoluta, o cuando el
Título Ejecutorial esté afectado por vicios de nulidad relativa y no exista
cumplimiento de la función social o económico – social de la tierra; y
dispondrá:
a) La nulidad del (los) Título(s) Ejecutorial(es) y proceso agrario que sirvió
de antecedente y calidad fiscal de las tierras a nombre del Estado, si
corresponde;
b) La cancelación de partidas de propiedad en oficinas de Derechos Reales
que tengan como antecedente de dominio el título ejecutorial anulado;
c) La cancelación de partidas de gravámenes e hipotecas en oficinas de
Derechos Reales, que recaen sobre las superficies comprendidas en el (los)
Título(s) Ejecutorial(es) anulado(s); y
d) El desalojo conforme lo dispuesto en los Artículo 453 y 454 del presente
Reglamento.
– 141 –
ARTÍCULO 335.- (RESOLUCIONES DE
REVERSIÓN). La Resolución Suprema de reversión, se emitirá cuando el
Título Ejecutorial esté exento de vicios de nulidad y exista el incumplimiento
total o parcial de la función económico – social y dispondrá:
a) La reversión total o parcial, según corresponda, de las tierras a dominio del
Estado y en consecuencia la cancelación del (de los) Título(s)
Ejecutorial(es) y proceso agrario que sirvió de antecedente y la calidad de
tierras fiscales, si corresponde;
b) La cancelación de partidas de propiedad en oficinas de Derechos Reales
que tengan como antecedente de dominio el Título Ejecutorial anulado;
c) La cancelación de partidas de gravámenes e hipotecas en oficinas de
Derechos Reales, que recaen sobre las superficies comprendidas en el (los)
título(s) ejecutorial(es) anulado(s);
d) La adopción de medidas precautorias; e
e) Incluirá los contenidos señalados en el inciso d) del Artículo anterior,
cuando corresponda.
SECCIÓN II
RESOLUCIONES PARA PROCESOS AGRARIOS EN TRÁMITE
ARTÍCULO 336.- (RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS). I. En el caso de predios con antecedente en procesos
agrarios En Trámite:
a) El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, recibidos
los antecedentes, cuando sea competente, dictará resolución dentro del
plazo improrrogable de quince (15) días calendario, computables a partir
de su recepción.
b) El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, cuando no
sea competente para dictar resoluciones en el proceso de saneamiento, por
conducto regular elevará antecedentes al Presidente de la República.
El Presidente de la República, conjuntamente el Ministro de Desarrollo Rural
Agropecuario y Medio Ambiente, recibidos los antecedentes, dictará
Resolución Suprema.
– 142 –
II. Los tipos de Resoluciones podrán ser:
a) Confirmatoria;
b) Modificatoria;
c) Anulatoria;
d) De improcedencia de la titulación;
III. Cuando se considere situaciones jurídicas mixtas entre procesos en trámite
y/o poseedores legales, respecto a la (s) superficie (s) objeto de saneamiento,
se emitirá una sola resolución conjunta, sujeta a la jerarquía mayor. En estos
casos los derechos podrán establecerse en un sólo Título Ejecutorial y plano.
IV. Si en la emisión de Resoluciones Confirmatorias y Modificatorias se
identifica una superficie parcial que incumple la función social o económico –
social, esta será afectada a favor del Estado como tierra fiscal, susceptible de
consignarse y registrarse en forma expresa a nombre del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, en la misma resolución.
ARTÍCULO 337.- (RESOLUCIONES
CONFIRMATORIAS). La Resolución Confirmatoria, se emitirá cuando se
establezca que el proceso agrario está exento de vicios de nulidad y con
cumplimiento de la función social o función económico – social y dispondrá:
a) La validez de las resoluciones ejecutoriadas y minutas de transferencia
protocolizadas, cursantes en antecedentes, según corresponda y del proceso
agrario en trámite;
b) El otorgamiento de Títulos Ejecutoriales y planos definitivos, sobre las
superficies que se encuentren cumpliendo la función social o económico –
social a favor de la(s) persona(s) beneficiaria(s) inicial(es) o
subadquirentes.
Los Títulos Ejecutoriales se otorgarán con arreglo a los contenidos
dispuestos para su emisión y se entregarán previo registro en oficinas de
Derechos Reales y en un Mapa Base elaborado para la formación del
catastro rústico legal.
c) El replanteo de límites, cuando la superficie objeto de reconocimiento de
derechos fuera inferior a la mensurada.
– 143 –
ARTÍCULO 338.- (RESOLUCIONES
MODIFICATORIAS). La Resolución Modificatoria, se emitirá cuando se
establezca la existencia de vicios de nulidad relativa en el proceso agrario y
con cumplimiento de la función social o económico-social y dispondrá:
a) La subsanación de vicios de nulidad relativa que afecten las resoluciones
ejecutoriadas o las minutas de transferencia protocolizadas, cursantes en
antecedentes y del proceso agrario en trámite.
b) El otorgamiento de Títulos Ejecutoriales y planos definitivos, sobre las
superficies que se encuentren cumpliendo la función social o económico –
social a favor de la(s) persona(s) beneficiario(s) inicial(es), subadquirentes,
o de la sucesión indivisa del beneficiario fallecido, con antecedente en la
sentencia ejecutoriada o minuta de transferencia protocolizada; y
c) Incluirá lo dispuesto en el inciso c) del Artículo anterior de este
reglamento, según corresponda.
ARTÍCULO 339.- (RESOLUCIONES
ANULATORIAS). La Resolución Anulatoria, se emitirá cuando el proceso
agrario esté afectado de vicios de nulidad absoluta; y dispondrá lo siguiente:
a) La nulidad de las resoluciones ejecutoriadas y minutas de transferencia
protocolizadas, cursantes en antecedentes y del proceso agrario en trámite;
así como el archivo definitivo de obrados si afectare a todos los
beneficiarios y predios. Asimismo, la calidad fiscal de las tierras a nombre
del Estado, si corresponde;
b) La cancelación de partidas de propiedad, gravámenes, hipotecas e
inscripciones preventivas de propiedad que tengan como antecedente de
dominio la sentencia ejecutoriada cursantes en obrados y minutas de
compraventa protocolizadas, ante oficinas de Derechos Reales.
c) El desalojo conforme lo dispuesto en los Artículos 453 y 454 de este
Reglamento.
ARTÍCULO 340.- (RESOLUCIONES DE
IMPROCEDENCIA DE TITULACIÓN). Las resoluciones de
Improcedencia de Titulación se emitirán cuando la tierra no cumpla la función
social o la función económico – social y dispondrá:
– 144 –
a) La improcedencia de la titulación y archivo definitivo de obrados si
afectare a todos los beneficiarios y predios. Asimismo, dispondrá la calidad
fiscal de las tierras;
b) La cancelación de partidas de propiedad, gravámenes, hipotecas e
inscripciones preventivas de propiedad que tengan como antecedente de
dominio la sentencia ejecutoriada cursantes en obrados y minutas de
compraventa protocolizadas, ante oficinas de Derechos Reales.
c) Incluirá, si corresponde, los contenidos previstos en el inc. c) del Artículo
anterior.
SECCIÓN III
RESOLUCIONES PARA POSESIONES
ARTÍCULO 341.- (RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS). I. El Director Nacional del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, previo dictamen técnico y/o legal si considera conveniente,
dictará resolución dentro del plazo improrrogable de quince (15) días
calendario, computables a partir de la recepción de antecedentes.
II. Los tipos de Resolución podrán ser:
1. Constitutivas de derechos, comprendiendo en ellas a:
a) Dotación
b) Adjudicación
c) Transferencia Gratuita a las Municipalidades
d) Tierras Fiscales
2. No constitutivas de derecho, aplicables en el caso de ilegalidad de la
posesión.
ARTÍCULO 342.- (RESOLUCIÓN DE
DOTACIÓN). I. La resolución de dotación, procederá a favor de los pueblos
o comunidades indígenas u originarias y comunidades campesinas, cuyos
predios sean clasificados como propiedades comunarias o Tierras
Comunitarias de Origen y contendrán como mínimo el nombre del predio,
clase de la propiedad, nombre de la(s) persona(s) beneficiaria(s), ubicación,
– 145 –
superficie y límites de la tierra y el régimen jurídico aplicable. Será parte de la
Resolución el plano definitivo predial.
II. Los Títulos Ejecutoriales se otorgarán con arreglo a lo dispuesto en el
régimen de Titulación de este Reglamento y se entregarán previo Registro en
Oficinas de Derechos Reales y en un Mapa Base elaborado para la formación
del catastro rústico legal.
ARTÍCULO 343.- (RESOLUCIÓN DE
ADJUDICACIÓN). I. La resolución de adjudicación se emitirán a favor de
personas individuales o colectivas cuyos predios sean clasificados como
Solares Campesinos, Pequeñas Propiedades, Medianas Propiedades y
Empresas Agropecuarias; contendrá mínimamente los datos referidos en el
Artículo anterior, especificando el precio de adjudicación de la tierra. Será
parte de la Resolución el plano definitivo predial.
II. Consignará en forma definitiva la fijación del precio de mercado,
establecido mediante dictamen técnico por la Superintendencia Agraria, según
corresponda; podrá ser impugnado mediante acción contencioso –
administrativa ante el Tribunal Agrario Nacional.
III. La falta de pago del precio de adjudicación, en las condiciones señaladas,
dejará sin efecto la adjudicación mediante Resolución Administrativa
fundamentada y habilitará al Instituto Nacional de Reforma Agraria a
distribuir la tierra, bajo la modalidad que se determine.
IV. El replanteo de límites, cuando la superficie objeto de reconocimiento de
derechos fuera inferior a la mensurada.
V. Los Títulos Ejecutoriales se otorgarán con arreglo a lo dispuesto en el
régimen de Titulación de este Reglamento y se entregarán previo Registro en
Oficinas de Derechos Reales y en un Mapa Base elaborado para la formación
del catastro rústico legal salvo que medie condición suspensiva en su
otorgamiento, debiendo en el caso estar a sus resultados.
ARTÍCULO 344.- (RESOLUCIÓN DE
TRANSFERENCIA GRATUITA A LAS MUNICIPALIDADES). Se
dictará Resolución de transferencia gratuita a las Municipalidades en los casos
– 146 –
previstos en el Artículo 13 de la Ley Nº 1551 de 20 de abril de 1994 e incluirá
los contenidos del Parágrafo IV y V del Artículo precedente, según
corresponda.
ARTÍCULO 345.- (RESOLUCIÓN DE
TIERRAS FISCALES). I. Se dictará Resolución de Tierras Fiscales,
respecto de aquellas superficies que no hubieren sido objeto de
pronunciamiento o resolución, reconociendo la condición de tierra fiscal como
resultado de saneamiento, dando lugar a su registro definitivo en Derechos
Reales a favor del Instituto Nacional de Reforma Agraria en representación
del Estado y en un Mapa Base previsto para la formación del catastro legal.
Esta resolución podrá ser emitida por área o polígono.
II. También dispondrá el desalojo conforme lo dispuesto en los Artículos 453
y 454 de este Reglamento.
ARTÍCULO 346.- (RESOLUCIÓN DE
ILEGALIDAD DE LA POSESIÓN). Se dictará Resolución no constitutiva
de derecho y de Ilegalidad de la Posesión, cuando el poseedor incumpla la
función social o económico social, afecte derechos legalmente constituidos o
la ejerza sobre áreas protegidas, conforme lo dispuesto en este Reglamento.
Asimismo, incluirá si corresponde, lo establecido en el Parágrafo II del
Artículo anterior.
CAPÍTULO IV
REGULACIONES ESPECIALES DE SANEAMIENTO
SECCIÓN I
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SANEAMIENTO SIN MÁS
TRÁMITE
ARTÍCULO 347.- (ALCANCE). I. El presente
Capítulo contiene regulaciones para el Procedimiento Especial de
Saneamiento Sin Más Trámite, aplicable indistintamente a todas las
modalidades de saneamiento.
– 147 –
II. Es aplicable a propiedades tituladas, en trámite y posesiones cuya
superficie sea igual o menor a la Pequeña Propiedad agrícola así como para
comunidades indígenas o campesinas, siempre que no vulneren derechos
legítimos de terceros ni exista conflicto.
III. Este procedimiento es compatible con el saneamiento interno.
ARTÍCULO 348.- (PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE SANEAMIENTO). En su desarrollo se cumplirán las
mismas actividades y regulaciones comprendidas en el procedimiento común
de saneamiento, a excepción de los siguientes aspectos:
a) La identificación de vicios de nulidad en procesos titulados o en trámite
sólo se cumplirá si existe sobreposición de derechos;
b) Los formularios, informes y actuados de saneamiento serán simplificados
tomando en cuenta su ámbito de aplicación.
SECCIÓN II
IDENTIFICACIÓN DE TIERRAS FISCALES O CON
INCUMPLIMIENTO DE FUNCIÓN ECONÓMICO SOCIAL
ARTÍCULO 349.- (ALCANCE). I. La presente
Sección regula los Trámites Especiales de:
a) Identificación de Tierras Fiscales; e
b) Identificación de tierras con incumplimiento de función económico social
que cuenten con antecedentes en procesos titulados o en trámite.
II. Se ejecutarán por las Direcciones Departamentales del Instituto Nacional
de Reforma Agraria, a denuncia, de oficio o por instrucción del Director
Nacional, cuando se identifiquen tierras sin actividad productiva. Para este fin,
se podrá recurrir a imágenes satelitales o a otros instrumentos
complementarios, de acuerdo a lo previsto en este Reglamento.
III. Se dispondrá su inicio priorizando su ejecución y su registro preventivo en
el Registro de Derechos Reales y en el Registro Único de Tierras Fiscales;
asimismo, además se adoptaran las siguientes medidas precautorias:
– 148 –
prohibición de asentamiento, la paralización de trabajos, la prohibición de
innovar o la no consideración de transferencias, sin perjuicio de las previstas
en el Artículo 10 de este Reglamento.
ARTÍCULO 350.- (PROCEDIMIENTO). I. Para
el trámite de identificación de tierras fiscales, se ejecutarán las siguientes
actividades:
a) Iniciado el tramite, se procederá al relevamiento de información en
gabinete, con la finalidad de excluir las tierras que cuenten con
antecedentes en derechos propietarios agrarios para derivarlas al tramite
con incumplimiento de función económico social.
b) En el plazo de cinco (5) días calendario de iniciado el trámite, se emitirá
resolución determinativa de área, que intime a personas que creyeren tener
derechos en el área a apersonarse y hacerlos valer ante la Dirección
Departamental ejecutora, dentro de un plazo máximo y perentorio de
quince (15) días calendario. Esta resolución se publicará conforme lo
previsto por el Artículo 73 de este Reglamento.
c) Dentro del plazo señalado se procederá a la mensura y delimitación de las
tierras fiscales. Si se establece la existencia de derechos agrarios con base
en títulos, trámites o posesiones legales se dispondrá se tramite como
tierras con incumplimiento de función económico social, de acuerdo a lo
previsto en el siguiente parágrafo.
d) En los siguientes cinco (5) días calendario de vencido el plazo, se elaborara
el informe técnico y legal que establezca la condición de las tierras fiscales,
su disponibilidad y se proyectara la Resolución Final de saneamiento que
se remitirá, junto a sus antecedentes, a la Dirección Nacional.
e) El Director Nacional emitirá la Resolución de Tierra Fiscal conforme lo
establecido en el Articulo 345 de este Reglamento, en el plazo de cinco
días.
II. Para las tierras con incumplimiento de la función económico social, se
sujetarán a las etapas y actividades previstas para el saneamiento común;
priorizando la ejecución de su saneamiento y adoptando las medidas
precautorias que correspondan, conforme las previsiones del Artículo 10 de
este Reglamento. El inicio de la ejecución del saneamiento priorizado no
podrá ser mayor a quince (15) días calendario.
– 149 –
III. En ambos casos, de identificarse posesiones ilegales posteriores al 18 de
octubre de 1996, a través de medios técnicos y documentación fehaciente, no
serán objeto de mensura, encuesta catastral, verificación de la función social –
económico social ni el registro de datos en el sistema.
La resolución final que declare la condición de tierras fiscales, también
dispondrá el desalojo de posesiones ilegales, conforme lo dispuesto en los
Artículos 453 y 454 de este Reglamento.
SECCIÓN III
SANEAMIENTO INTERNO
ARTÍCULO 351.- (ÁMBITO DE
APLICACIÓN). I. De conformidad con la Disposición Final Cuarta de la
Ley Nº 3545, se reconoce y garantiza el saneamiento interno en todas las
modalidades de saneamiento de la propiedad agraria, aplicable únicamente a
colonias y comunidades campesinas que tengan derechos o posesiones
individuales a su interior. Las áreas de uso común deberán ser preservadas
conforme su aptitud y uso tradicional, serán tituladas a favor de la colonia.
Los titulares de predios con antecedentes o posesión en propiedades medianas
o empresas agropecuarias no son objeto de saneamiento interno.
II. Para fines de este Reglamento se entenderá por saneamiento interno el
instrumento de conciliación de conflictos, y la delimitación de linderos,
basados en usos y costumbres de las comunidades campesinas y colonias, sin
constituir una nueva modalidad de saneamiento, pudiendo sustituir actuados
del procedimiento común de saneamiento.
III. La ejecución del saneamiento interno deberá ser previamente de
conocimiento del Instituto Nacional de Reforma Agraria para ser incluido en
la resolución determinativa de área y de Inicio del Procedimiento. La
definición del perímetro estará a cargo de esta institución conjuntamente las
personas interesadas.
IV. El saneamiento interno podrá sustituir parcial o totalmente las actividades
de Diagnóstico y Planificación, Campaña Pública y Relevamiento de
– 150 –
Información en Campo, siempre que los productos del saneamiento interno
sean revisados y validados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria. El
saneamiento interno podrá ejecutarse en forma conjunta cuando exista
convenio.
V. Contenido del saneamiento interno:
a) Fijar domicilio común para actos procesales formales y nombrar
representantes para actuar a nombre de la comunidad y de las personas
interesadas, en el proceso de saneamiento y titulación de sus tierras.
b) Fijar la forma de convocatoria y notificación de los interesados en el
proceso según sus usos y costumbres.
c) Determinar los linderos al interior de su organización firmando actas de
conformidad.
d) Conciliar y resolver los conflictos al interior de su organización.
e) Registrar en libros de actas, datos sobre las personas interesadas, los
predios y los derechos sobre los mismos.
f) Recabar copias de documentos respaldatorios de los derechos y de la
identidad de las personas interesadas.
g) Emitir certificaciones sobre la posesión, el abandono de la propiedad
agraria y otros.
En todos los casos, en el marco de sus usos y costumbres, se preservará la
unidad de las organizaciones sociales.
VI. Los resultados de saneamiento interno involucran en sus efectos a los
predios ocupados por las personas que se sometan al mismo.
En caso de presentarse conflicto con colindantes de otras organizaciones o
beneficiarios de otros predios, pasará a conocimiento del Instituto Nacional de
Reforma Agraria.
VII. Los resultados del saneamiento interno serán puestos a conocimiento y
consideración del Instituto Nacional de Reforma Agraria, para su validación
conjunta con la colonia o comunidad. El Instituto Nacional de Reforma
Agraria emitirá el informe en conclusiones y las resoluciones finales de
saneamiento que correspondan.
– 151 –
VIII. La renuncia al término de impugnación y los pagos concesionales, según
corresponda, podrán ser efectivizados a través del representante de la
organización social; en el caso del pago de la tierra podrá ser efectivo por el
monto global, siendo sus obligaciones individuales controladas internamente.
Las notificaciones y comunicaciones con actuaciones de saneamiento,
incluyendo la Resolución Final de Saneamiento serán cursadas al
representante de la organización social.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria, en coordinación con las
organizaciones sociales de colonizadores, mediante resolución administrativa
normará los demás aspectos del saneamiento interno.
TÍTULO IX
DOTACIÓN Y CONVERSIÓN DE TIERRAS COMUNITARIAS DE
ORIGEN Y COMPENSACIÓN
CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y GARANTIAS
ARTÍCULO 352.- (ÁMBITO DE
APLICACIÓN). El presente Título regula, durante la vigencia del
saneamiento de la propiedad agraria, los procedimientos de dotación de
Tierras Comunitarias de Origen y de conversión de otros tipos de propiedad en
Tierras Comunitarias de Origen, otorgándole un tratamiento preferente, en el
marco de las finalidades de este Reglamento.
La Dirección Nacional y Direcciones Departamentales del Instituto Nacional
de Reforma Agraria coordinarán y garantizarán la participación de los pueblos
indígenas u originarios, en el proceso de saneamiento a través de sus
representantes acreditados.
ARTÍCULO 353.- (GARANTÍAS DE LOS
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS). El
proceso de saneamiento garantiza el derecho de la propiedad agraria sobre las
Tierras Comunitarias de Origen, ejercido por los pueblos indígenas u
originarios en sus espacios históricos y ancestrales, desarrollando el derecho
– 152 –
colectivo y comunitario a través de sus formas tradicionales de organización,
en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y
el Artículo 171 de la Constitución Política del Estado.
ARTÍCULO 354.- (DELIMITACIÓN DE LAS
TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN). El Instituto Nacional de
Reforma Agraria en el proceso de saneamiento define y consolida el derecho
de propiedad sobre las Tierras Comunitarias de Origen, sin subordinación ni
limitación respecto a las unidades político administrativas. Las autoridades
político administrativas no tienen competencia alguna en la delimitación,
demarcación y definición de colindancias de las Tierras Comunitarias de
Origen.
CAPÍTULO II
DOTACIÓN DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN
ARTÍCULO 355.- (PROCEDENCIA DE LA
DOTACIÓN). I. La dotación de una Tierra Comunitaria de Origen procede a
favor de pueblos indígenas u originarios, sobre tierras comprendidas en el área
demandada.
II. Podrán integrarse a la demanda de Tierras Comunitarias de Origen las
propiedades agrarias que hubiesen sido tituladas o con procesos agrarios en
trámite, de manera colectiva, en lo proindiviso o individualmente, ante el ex
Consejo Nacional de Reforma Agraria o el ex Instituto Nacional de
Colonización.
ARTÍCULO 356.- (PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES). I. Las solicitudes de dotación, serán presentadas por las
autoridades legitimadas o por sus representantes orgánicos o convencionales,
ante las Direcciones Departamentales del Instituto Nacional de Reforma
Agraria.
II. Las solicitudes serán revisadas y respondidas por la Dirección
Departamental en el término de cinco (5) días, computables a partir de la
recepción de la solicitud.
– 153 –
III. Se tendrá como domicilio de los solicitantes, el fijado por éstos en la
ciudad asiento de la Dirección Departamental del Instituto Nacional de
Reforma Agraria competente. En caso de no fijar domicilio se tendrá como tal
la secretaria de la Dirección Departamental del Instituto Nacional de Reforma
Agraria competente.
ARTÍCULO 357.- (FORMA Y CONTENIDO DE
LAS SOLICITUDES DE DOTACIÓN). Las solicitudes de dotación de
Tierras Comunitarias de Origen serán presentadas por escrito, acompañando lo
siguiente:
a) La personalidad jurídica del peticionante; en caso de no existir, una
certificación que acredite que se encuentra en trámite, con cargo a su
presentación posterior;
b) Documentos que acrediten la representación de las autoridades indígenas u
originarias, o de sus representantes convencionales;
c) Acta de asamblea del pueblo indígena u originario solicitante en la que
conste su voluntad de iniciar el saneamiento de Tierra Comunitaria de
Origen;
d) Relación de comunidades, lugares o equivalentes que integran la persona
jurídica del solicitante, según sus características; y
e) Croquis de ubicación que individualice la tierra objeto de la solicitud.
ARTÍCULO 358.- (FORMA Y CONTENIDO DE
SOLICITUDES DE INTEGRACION A TIERRA COMUNITARIA DE
ORIGEN). Las solicitudes serán presentadas por escrito, acompañando
además de lo requerido en el Artículo anterior, la siguiente documentación:
a) Relación de predios con procesos agrarios en trámite o titulados,
colectivamente o en lo proindiviso, especificando el número del expediente
agrario; anexo del Acta de Asamblea en la que conste su voluntad
mayoritaria de los beneficiarios o sus subadquirentes de integrar sus
predios a la Tierra Comunitaria de Origen, en el marco del presente
Reglamento y los usos y costumbres del pueblo originario solicitante.
b) Para el caso de comunidades indígenas u originarias tituladas
individualmente, la solicitud deberá acompañar además la aceptación
expresa de sus propietarios, subadquirentes o herederos, de integrar sus
predios a la Tierra Comunitaria de Origen.
– 154 –
Se respetaran los derechos de quienes opten por mantener su derecho
individual o sean ajenos a la comunidad.
Dos o más comunidades podrán acogerse a este trámite, aunque sus Títulos
Ejecutoriales hayan sido obtenidos en diferentes procesos agrarios, o adherirse
a la solicitud principal antes de efectuarse la geo – referenciación; previa
aceptación de los que iniciaron el trámite de conversión.
ARTÍCULO 359.- (ADMISIÓN O RECHAZO
DE SOLICITUDES). La Dirección Departamental competente del Instituto
Nacional de Reforma Agraria, dispondrá la revisión de las solicitudes y la
subsanación de los requisitos de forma y contenido que no se hubiesen
cumplido, fijando plazo al efecto, bajo apercibimiento de rechazo.
Sobre la base de la documentación presentada emitirá auto, disponiendo:
a) La admisión de la solicitud que reúna los requisitos de legitimación, forma
y contenido, así como, las solicitudes observadas cuyas deficiencias
hubieren sido subsanadas dentro del plazo fijado al efecto.
b) El rechazo de las solicitudes que no reúnan los requisitos exigidos, así
como de las solicitudes observadas, cuyas deficiencias no hubieren sido
subsanadas dentro del plazo fijado al efecto.
En caso de existir sobreposición entre la superficie solicitada y áreas de
saneamiento predeterminadas, el Director Departamental aceptará la solicitud
en toda su extensión.
ARTÍCULO 360.- (AUTO DE ADMISIÓN). El
Director Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria, mediante
auto, además de admitir la solicitud, dispondrá:
a) Que la unidad técnica de su dependencia realice la geo-referenciación del
área objeto de la solicitud.
b) Se oficie al Registro de Derechos Reales de su jurisdicción, para la emisión
de certificados alodiales sobre los predios objeto de la solicitud, en caso de
conversión a Tierra Comunitaria de Origen.
– 155 –
c) Que la entidad estatal competente en asuntos indígenas u originarios
certifique el Registro de Identidad como pueblo indígena u originario,
anexando el informe técnico respaldatorio correspondiente.
d) La ejecución de las actividades de la etapa preparatoria del procedimiento
común de saneamiento.
e) La admisión se pondrá en conocimiento de la organización matriz miembro
de la Comisión Agraria Nacional, cuando corresponda.
ARTÍCULO 361.- (REGISTRO DE IDENTIDAD
DEL PUEBLO INDÍGENA U ORIGINARIO). El Registro de Identidad del
Pueblo Indígena u originario es el documento elaborado por la entidad estatal
competente, en coordinación con el pueblo indígena u originario solicitante y
su organización matriz, en los casos que corresponda. Tiene por objeto
registrar la identidad de un pueblo indígena originario; podrá ser realizado en
campo o en gabinete, cuyos resultados deberán ser ratificados por sus
representantes o autoridades legítimas.
Su contenido es el siguiente:
a) Declaración de identidad, pertenencia o ambos, según corresponda, del
pueblo indígena u originario;
b) Reseña histórica y croquis referencial del territorio ancestral, en el caso de
pertenencia;
c) Formas de organización indígena u originaria;
d) Ubicación geo – espacial; y
e) Otros que corresponda.
ARTÍCULO 362.- (REMISIÓN DEL
REGISTRO). I. La entidad estatal competente remitirá a conocimiento de la
Dirección Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria
solicitante, la certificación del Registro y su informe técnico correspondiente,
en el plazo de quince (15) días hábiles, computables a partir de la notificación
con la solicitud.
II. Asimismo, para fines de conocimiento y publicidad del documento, se
difundirá la parte pertinente de sus conclusiones, a través de un medio de
comunicación escrito de alcance nacional, por una sola vez. Al mismo tiempo
se remitirá una copia a la organización matriz que corresponda.
– 156 –
III. Recibida la certificación del Registro de identidad del pueblo indígena u
originario, la Dirección Departamental del Instituto Nacional de Reforma
Agraria, en el término de cinco (5) días emitirá Informe de diagnostico,
conforme lo previsto en el Artículo 292 del presente Reglamento.
CAPÍTULO III
DETERMINACION DE ÁREA E INICIO DE PROCEDIMIENTO
PARA LA DOTACIÓN
ARTÍCULO 363.- (RESOLUCIÓN
DETERMINATIVA DE ÁREA DE SANEAMIENTO DE TIERRAS
COMUNITARIAS DE ORIGEN). I. El Director Departamental del Instituto
Nacional de Reforma Agraria, concluido el Informe de diagnostico y sus
antecedentes, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, dictará resolución
administrativa disponiendo:
a) La determinación del área de Saneamiento de Tierra Comunitaria de
Origen, con especificación de su ubicación y posición geográfica,
superficie y límites; priorizando, si fuere conveniente, polígonos de
saneamiento, con noticia a la Comisión Agraria Departamental.
b) La aplicación de medida precautoria de inmovilización del área de
saneamiento, especificando su ubicación y posición geográfica, superficie
y límites, cuando estime que existan razones justificadas para adoptar tal
decisión.
c) La solicitud de informe de necesidades y Uso del Espacio Territorial a la
entidad estatal competente en asuntos indígenas u originarios, en las
demandas de dotación y titulación de Tierras Comunitarias de Origen.
d) Su tramitación conforme las disposiciones del procedimiento común.
II. Cuando una demanda de Tierras Comunitarias de Origen se encuentre
sobrepuesta a áreas predeterminadas bajo otra modalidad de saneamiento, el
Director Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria, de oficio,
modificará el área sobrepuesta a la modalidad de SAN – TCO o la excluirá de
acuerdo a lo previsto en este Reglamento.
– 157 –
ARTÍCULO 364.- (INFORME DE
NECESIDADES Y USO DEL ESPACIO TERRITORIAL). La repartición
estatal competente en asuntos indígenas u originarios, recibida la solicitud del
Director Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria, elaborará
el Informe de necesidades y Uso del Espacio Territorial, en coordinación con
los representantes del pueblo indígena originario, sobre la base de estudios de
campo, pericias o informes técnicos y la aptitud de uso mayor del suelo
determinada por la Superintendencia Agraria o Superintendencia Forestal. En
la elaboración del informe participarán equipos interdisciplinarios de
profesionales con especialidad en las disciplinas que sean pertinentes y el
pueblo solicitante, a través de equipos técnicos que designe. Los resultados
serán ratificados por sus autoridades o representantes.
Para la elaboración de los informes de necesidades y uso del espacio
territorial, la entidad estatal competente emitirá una norma técnica específica.
El informe de necesidades y uso del espacio territorial contendrá:
a) Descripción del habitat, que incluye la ocupación actual e histórica del
pueblo sobre el espacio territorial solicitado y pronunciamiento sobre si el
área demandada es suficiente o insuficiente para el pueblo indígena u
originario.
b) Descripción y análisis del acceso y vivencia de su espacio territorial,
incluye características socioculturales, sistema de producción y manejo de
recursos naturales.
El informe de necesidades y uso del espacio territorial, se expedirá en el plazo
máximo de sesenta (60) días calendario, computables a partir de la recepción
de la solicitud, bajo responsabilidad. La repartición estatal competente en
asuntos indígenas u originarios lo remitirá a conocimiento de la Dirección
Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria solicitante.
ARTÍCULO 365.- (INTEGRACIÓN DE
PREDIOS TITULADOS O CON PROCESOS AGRARIOS EN
TRÁMITE). Durante la ejecución del proceso de saneamiento de Tierras
Comunitarias de Origen, sólo se aceptará la integración de predios con Títulos
Ejecutoriales individuales, proindivisos o colectivos y procesos agrarios en
trámite, cuando exista declaración expresa de este extremo por parte de sus
– 158 –
beneficiarios iniciales o derivados, en cuyo caso se deberá elaborar actas de
integración de sus predios a la Tierra Comunitaria de Origen.
ARTÍCULO 366.- (PARTICIPACIÓN DEL
PUEBLO INDÍGENA ORIGINARIO). I. Se efectivizará la participación
del pueblo indígena originario en el proceso de Saneamiento de Tierras
Comunitarias de Origen (SAN – TCO), a través de sus representantes o
autoridades legitimadas, hombres y mujeres, mediante:
a) El concurso obligatorio de sus autoridades de acuerdo a los usos y
costumbres en la elaboración de los planes de trabajo para la ejecución del
proceso de saneamiento, la priorización de polígonos y otros.
b) La difusión e información del estado del proceso de saneamiento a los
miembros del pueblo indígena u originarios;
c) La interlocución directa de mujeres y hombres en todo el proceso de
saneamiento.
La participación del pueblo indígena u originario deberá ser constatada y
registrada. De no permitir o evitar la participación de los miembros o
representantes del pueblo indígena u originario en el procedimiento, los actos
quedarán nulos de pleno derecho.
Se prevé el apoyo técnico y legal de la entidad estatal competente en asuntos
indígenas u originarios, a solicitud de los interesados.
II. Las notificaciones de los actuados y las resoluciones emergentes del
proceso se practicarán en el domicilio señalado por los interesados.
ARTÍCULO 367.- (ALCANCE DE LA
INMOVILIZACIÓN). La inmovilización en los procesos de saneamiento de
Tierras Comunitarias de Origen, tendrá los siguientes alcances:
a) No admitir nuevas solicitudes de dotación o adjudicación dentro del área;
b) La inmovilización implica que, a los efectos de la verificación de la
función económico – social en Tierras Comunitarias de Origen, no se
considerarán las superficies destinadas a actividades de desarrollo forestal,
conservación y protección de la biodiversidad, investigación y ecoturismo,
– 159 –
cuando estas autorizaciones sean posteriores a la resolución que dispone la
inmovilización del área.
c) Precautelar el derecho de los pueblos indígenas u originarios sobre el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales del área, ante la ilegal
extracción de fauna, flora y particularmente, especies maderables;
d) Proceso de consulta y coordinación con el pueblo demandante como
condición previa para la creación de áreas protegidas, dentro de procesos
de SAN – TCO en curso.
ARTÍCULO 368.- (APROVECHAMIENTO
ILEGAL DE RECURSOS NATURALES). Los trabajos, mejoras,
infraestructuras y cualquier tipo de aprovechamiento de recursos naturales
producidos como efecto o resultado de un avasallamiento o invasión por parte
de terceros al interior de una Tierra Comunitaria de Origen se consolidaran a
favor del pueblo indígena u originario afectado, en forma directa y sin más
trámite independientemente de los procesos y responsabilidades legales
aplicables a terceros, aspectos que deben ser tomados en cuenta por toda
autoridad administrativa y judicial.
CAPÍTULO IV
RESOLUCIONES FINALES PARA LA DOTACIÓN DE TIERRAS
COMUNITARIAS DE ORIGEN
ARTÍCULO 369.- (RESOLUCIONES
FINALES). I. El Presidente de la República o el Director Nacional del
Instituto Nacional de Reforma Agraria, cuando corresponda, previo dictamen
técnico jurídico, emitirá resolución disponiendo:
a) La dotación y titulación de Tierras Comunitarias de Origen, sobre la
superficie de tierra fiscal disponible, de las que fueron objeto reversión o
de recorte y de las integradas , para satisfacer las necesidades del pueblo
indígena u originario solicitante, considerando, en su caso, las
recomendaciones del informe de necesidades y uso del espacio territorial.
Si corresponde, se pronunciara sobre la necesidad de compensación a favor
del pueblo solicitante.
– 160 –
Respecto a los procesos agrarios en trámite cuyos titulares hubiesen
integrado sus predios a la Tierra Comunitaria de Origen, serán
consolidados por dotación a favor del pueblo solicitante.
b) Se dispondrá la cancelación en Derechos Reales de los registros de los
Títulos Ejecutoriales o trámites objeto de la integración.
II. La resolución final se pondrá en conocimiento de las Superintendencias
Sectoriales del Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables –
SIRENARE.
III. Durante el Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN – TCO)
se consolidarán por dotación a la respectiva Tierra Comunitaria de Origen, las
propiedades de terceros situadas al interior de las mismas cuyos derechos no
fueron reconocidos en la ejecución del saneamiento de la propiedad agraria,
así como las identificadas como tierras fiscales.
ARTÍCULO 370.- (SOLICITUD DE
CONVERSIÓN DE PROPIEDADES COMUNARIAS SANEADAS A
TIERRA COMUNITARIA DE ORIGEN). Los titulares de propiedades
comunarias tituladas dentro de la ejecución del proceso de saneamiento
podrán solicitar se convierta su derecho a Tierra Comunitaria de Origen y
seguirán el trámite previsto en el Capitulo VI de este Título.
ARTÍCULO 371.- (DOTACIÓN POR
POLÍGONOS DE SANEAMIENTO). El Director Nacional del Instituto
Nacional de Reforma Agraria, podrá dictar resolución de dotación y titulación
al término del saneamiento por cada polígono priorizado, según requerimiento
del pueblo solicitante.
ARTÍCULO 372.- (DISTRIBUCIÓN DE
TIERRAS FISCALES DISPONIBLES DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN
DEL SANEAMIENTO DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN).
I. Los predios ubicados dentro del perímetro de las Tierras Comunitarias de
Origen, que después de la ejecución del saneamiento queden en condición de
tierras fiscales disponibles, sólo podrán ser distribuidos por dotación, en favor
de:
– 161 –
a) El pueblo indígena originario solicitante, en función a las recomendaciones
contenidas en el Informe de necesidades y Uso del Espacio Territorial; o
b) De un pueblo indígena originario, que tenga pendiente en su favor una
resolución de compensación, mantenga sistemas de organización social,
ocupación espacial y aprovechamiento de recursos naturales compatibles
con los del pueblo indígena titulado;
c) Otro pueblo, comunidad indígena u originaria, o campesina, considerando
las preferencias legales establecidas en la Ley No 1715 y las
modificaciones establecidas en la Ley No 3545.
II. La valoración de la afinidad del sistema de organización social, ocupación
espacial y aprovechamiento de recursos naturales del pueblo o comunidad
indígena a ser compensado, se hará con base en el Informe de necesidades y
Uso del Espacio Territorial a cargo del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
ARTÍCULO 373.- (FUSIÓN DE TIERRAS
COMUNITARIAS DE ORIGEN TITULADAS). Dos o más Tierras
Comunitarias de Origen tituladas por el Instituto Nacional de Reforma
Agraria, podrán solicitar su fusión y emisión de un nuevo Título Ejecutorial,
previa acreditación de personalidad jurídica, acta de asamblea de los pueblos
indígenas u originarios en la que conste su voluntad de fusionar sus Tierras
Comunitarias de Origen, acta de acuerdo de sus representantes o autoridades
legitimadas reconocidas por su organización matriz e informe de la entidad
estatal competente en asuntos indígenas u originarios.
CAPÍTULO V
SANEAMIENTO EN TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN
TITULADAS
ARTÍCULO 374.- (ÁMBITO DE
APLICACIÓN). El presente Capítulo regula el saneamiento de Tierras
Comunitarias de Origen tituladas conforme la Disposición Transitoria
Segunda de la Ley Nº 1715.
ARTÍCULO 375.- (EJECUCIÓN DEL
SANEAMIENTO). El Director Departamental del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, determinada el área de saneamiento, solicitará a la entidad
– 162 –
estatal competente la elaboración del Informe de necesidades y Uso del
Espacio Territorial, en los casos que sea solicitado por el pueblo indígena u
originario, y se dispondrá la ejecución expedita del proceso de saneamiento,
fijando plazo perentorio al efecto.
ARTÍCULO 376.- (REMISIÓN DE
ANTECEDENTES). Concluida la sustanciación del proceso de saneamiento
y aprobados los resultados, el Director Departamental del Instituto Nacional
de Reforma Agraria remitirá antecedentes y proyecto de Resolución Suprema
a conocimiento del Director Nacional a efectos de la remisión al Ministerio de
la Presidencia.
ARTÍCULO 377.- (EMISIÓN DE
RESOLUCIÓN SUPREMA). El Presidente de la República, conjuntamente
el Ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, recibido los
actuados, dictará Resolución Suprema:
a) Consolidando a la Tierra Comunitaria de Origen, la superficie de
propiedades de terceros situados en su interior, cuyos derechos no fueron
reconocidos en la ejecución del saneamiento de la propiedad agraria; y
b) Modificando o confirmando la ubicación, superficie y límites consignados
provisionalmente en el Título Ejecutorial, de acuerdo a los derechos
saneados de terceros sobre propiedades ubicadas en su interior.
c) Pronunciándose sobre la compensación a favor del pueblo indígena u
originario solicitante, si corresponde.
d) A solicitud parte, dejar sin efecto legal el Título Ejecutorial de Tierras
Comunitarias de Origen, otorgado con anterioridad y disponiendo la
emisión de nuevo Titulo Ejecutorial.
CAPÍTULO VI
CONVERSIÓN DE PROPIEDADES SANEADAS A TIERRAS
COMUNITARIAS DE ORIGEN
ARTÍCULO 378.- (CONVERSIÓN DE
PROPIEDADES COMUNARIAS TITULADAS COLECTIVAMENTE A
TIERRA COMUNITARIA DE ORIGEN). Las propiedades comunarias
tituladas colectivamente, por efecto de la ejecución del saneamiento, podrán
– 163 –
solicitar la conversión a Título Ejecutorial de Tierra Comunitaria de Origen a
través de sus representantes orgánicos o convencionales, previa presentación
de personalidad jurídica, certificación del Registro de Identidad como Pueblo
Indígena u Originario y acta de asamblea de la comunidad en la que conste su
voluntad mayoritaria, en el marco de sus usos y costumbres.
ARTÍCULO 379.- (INFORME). Admitida la
solicitud, la máxima autoridad de la Dirección Nacional del Instituto Nacional
de Reforma Agraria, dispondrá la emisión de un Informe técnico legal a la
unidad encargada, respecto de la procedencia de la solicitud con base en la
documentación presentada, de los datos existentes en la institución y
expediente que dio origen al Título Ejecutorial.
ARTÍCULO 380.- (RESOLUCIÓN). El Presidente
de la República conjuntamente la máxima autoridad del Ministerio de
Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, o en su caso, el Director
Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, recibidos los actuados,
dictará la Resolución que corresponda, disponiendo:
a) Dejar sin efecto la parte de la Resolución Final de Saneamiento que
hubiera dispuesto la emisión del o los Títulos Ejecutoriales colectivos
como propiedad comunaria; y
b) La conversión del o los Títulos Ejecutoriales colectivos de propiedad
comunaria emitidos con anterioridad y la consiguiente emisión del nuevo
Título Ejecutorial de Tierra Comunitaria de Origen. Además de la
cancelación en Derechos Reales de los registros del o los Títulos
Ejecutoriales objeto de la conversión.
CAPÍTULO VII
RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO DE COMPENSACIÓN DE
TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN
ARTÍCULO 381.- (ALCANCE). El presente
Capítulo regula el régimen y procedimiento de compensación de Tierras
Comunitarias de Origen, contempladas en la Ley No 1715 y nuevas solicitudes
en favor de pueblos y comunidades indígenas u originarias que como producto
de la ejecución del saneamiento de la propiedad agraria hubieren sufrido
– 164 –
disminuciones significativas, las mismas que comprometan su desarrollo
económico, social y cultural, de acuerdo al Informe de Necesidades y el Uso
del Espacio Territorial.
ARTÍCULO 382.- (RÉGIMEN DE
COMPENSACIÓN). I. Las tierras a compensarse serán dotadas y tituladas
como Tierras Comunitarias de Origen.
II. La dotación y titulación por compensación se efectuará preferentemente
con tierras contiguas a la Tierra Comunitaria de Origen, con arreglo a los
criterios establecidos en los siguientes artículos.
III. En caso de no existir tierras disponibles para la compensación, se
procederá conforme lo establecido en el Título VII del presente Reglamento.
ARTÍCULO 383.- (CRITERIOS DE
COMPENSACIÓN). La compensación a favor de las Tierras Comunitarias
de Origen que se encuentran en trámite, contempladas en la Disposición
Transitoria Tercera de la Ley No 1715 y las solicitudes presentadas con
posterioridad, será dispuesta tomando en cuenta las recomendaciones del
Informe de necesidades y Uso del Espacio Territorial. En caso de no haber
sido emitido el mencionado informe, el Director Departamental del Instituto
Nacional de Reforma Agraria, solicitará a la entidad estatal competente su
elaboración.
ARTÍCULO 384.- (INFORME DE
DISPONIBILIDAD DE TIERRAS). El Director Departamental, recibido el
informe complementario al Informe de Identificación de Necesidades sobre el
uso del espacio territorial que de cuenta de la necesidad de tierras, dispondrá
al departamento técnico correspondiente, informe sobre la disponibilidad de
tierras afectadas a la dotación como modalidad de distribución, con base en el
Registro Único de Tierras Fiscales, el mismo que deberá ser expedido en el
plazo de cinco (5) días calendario, y contendrá:
a) Ubicación y posición geográfica;
b) Superficies y límites del área disponible; y
– 165 –
c) Características geográficas, identificación referencial de recursos naturales
existentes en el área, accesibilidad y, en lo posible, toda otra información
que permita conocer la calidad de la misma.
Para el cumplimiento de los contenidos señalados en el parágrafo anterior no
será necesario efectuar nuevos trabajos de campo, debiendo obtenerse la
información requerida, de los resultados del saneamiento realizado en las
respectivas áreas.
ARTÍCULO 385.- (CONFORMIDAD O
RECHAZO). I. De existir tierras de disponibilidad inmediata, el Director
Departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria, intimará al
solicitante a que manifieste su aceptación o rechazo, en relación a la cantidad
y calidad de las áreas de compensación, en el término de quince (15) días
calendario, con base en el informe técnico emitido.
II. Si el solicitante aceptará las áreas de compensación, el Director
Departamental remitirá antecedentes ante el Director Nacional del Instituto
Nacional de Reforma Agraria, quien pronunciará resolución de dotación y
titulación de las mismas, con el contenido establecido en el artículo 118 de
este Reglamento.
III. Si el solicitante rechaza o no expresa su conformidad en el plazo señalado,
el área de compensación podrá ser distribuida por dotación a otros solicitantes.
ARTÍCULO 386.- (RESOLUCIÓN). El Director
Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, con base en los
antecedentes, dictará resolución:
a) De improcedencia de la compensación, cuando de los datos proporcionados
por la entidad competente se concluya que no está comprometido el
desarrollo económico, social y cultural del titular del derecho; o
b) De compensación disponiendo la dotación de tierras a favor del titular del
derecho, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo118 de este Reglamento.
CAPÍTULO VII
COMISIONES INTERINSTITUCIONALES DE TIERRAS
COMUNITARIAS DE ORIGEN
– 166 –
ARTÍCULO 387.- (ALCANCE). La presente
Sección regula el régimen y procedimiento para el funcionamiento de las
Comisiones Interinstitucionales de Tierras Comunitarias de Origen – CITCO
en Tierras Altas y Bajas establecidas por la Disposición Transitoria Cuarta de
la Ley No 3545.
ARTÍCULO 388.- (FINALIDADES DE LAS
COMISIONES INTERINSTITUCIONALES DE TIERRAS
COMUNITARIAS DE ORIGEN). Las Comisiones Interinstitucionales de
Tierras Comunitarias de Origen en Tierras Altas y Tierras Bajas, son una
instancia consultiva que tiene por finalidad monitorear, evaluar, dar
seguimiento a los procesos de saneamiento de la propiedad agraria de Tierras
Comunitarias de Origen.
ARTÍCULO 389.- (COMPOSICIÓN). Las
Comisiones Interinstitucionales de Tierras Comunitarias de Origen – CITCO
están compuesta por el Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio
Ambiente a través del Viceministro de Tierras, el Director Nacional del
Instituto Nacional de Reforma Agraria y sus Direcciones Departamentales, el
Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo – CONAMAQ en Tierras
Altas o la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia – CIDOB en Tierras
Bajas, sus Regionales, así como otras organizaciones indígenas u originarias
autorizadas y los representantes hombres y mujeres de los pueblos Indígenas u
Originarios solicitantes de Tierras Comunitarias de Origen.
ARTÍCULO 390.- (REUNIONES). Las Comisión
Interinstitucional de Tierras Comunitarias de Origen se reunirán en forma
ordinaria dos veces al año, tanto en tierras altas como en tierras bajas y,
extraordinariamente, cuando existan razones justificadas.
ARTÍCULO 391.- (CONVOCATORIA Y
LUGAR DE REALIZACIÓN). El Viceministerio de Tierras, previa
coordinación y planificación con el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el
Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyo o la Confederación de
Pueblos Indígenas de Bolivia respectivamente, convocará a la comisión
interinstitucional de tierras comunitarias de origen correspondiente, señalando
día y lugar de su realización, con diez (10) días calendario de anticipación.
– 167 –
ARTÍCULO 392.- (DECISIONES Y
CONCLUSIONES). Las decisiones y conclusiones de las reuniones serán
tomadas en cuenta en la ejecución del proceso de saneamiento de tierras
comunitarias de origen. Serán elevadas a conocimiento de la Comisión
Agraria Nacional en los temas relativos al proceso de saneamiento de Tierras
Comunitarias de Origen y a otras instituciones sobre materia de su
competencia.
TÍTULO X
TÍTULOS EJECUTORIALES
CAPÍTULO I
ALCANCE, FORMALIDADES, CONTENIDO Y REGLAS PARA LA
EMISIÓN DE TÍTULOS EJECUTORIALES
ARTÍCULO 393.- (ALCANCE). El Título
Ejecutorial es un documento público a través del cual el Estado reconoce el
derecho de propiedad agraria a favor de sus titulares.
ARTÍCULO 394.- (CARACTERÍSTICAS). Los
Títulos Ejecutoriales se emitirán por escrito, en idioma castellano y
consignarán las siguientes características:
a) Escudo Nacional;
b) Sello o marca de seguridad;
c) Código alfanumérico de individualización;
d) Nombre, cargo, firma y sello de las autoridades otorgantes y refrendatarias;
y
e) Lugar y fecha de emisión.
ARTÍCULO 395.- (CONTENIDO). I. Los Títulos
Ejecutoriales tendrán el siguiente contenido:
a) Clasificación y actividad(es) en la propiedad;
b) Modalidad de adquisición de la propiedad agraria y número de trámite;
c) Individualización de la resolución que respalda su otorgamiento;
– 168 –
d) Nombre de la persona física o jurídica en favor de la cual se extiende el
título;
e) Ubicación geográfica, superficie y colindancias de la propiedad agraria;
f) Régimen jurídico especial aplicable a la clasificación de la propiedad
agraria y de restricciones de uso, según corresponda;
g) Se hará referencia al código que identifica el predio.
h) Otras especificaciones.
II. En Anexo, se consignará la relación de beneficiarios de títulos en
copropiedad.
III. El plano predial constituye parte indisoluble del Título Ejecutorial,
debiendo estar adjunto al mismo.
IV. En caso de pequeña propiedad con varias parcelas discontinuas, se podrá
emitir un solo Título Ejecutorial por todas o por cada una de ellas, conforme la
solicitud del propietario.
V. Los Títulos Ejecutoriales se otorgarán en doble ejemplar; uno para el titular
del derecho y otro para archivo en el Instituto Nacional de Reforma Agraria.
ARTÍCULO 396.- (REGLAS DE
TITULACIÓN). I. La tierra objeto de constitución o reconocimiento del
derecho propietario se Titulará de acuerdo a la clasificación de la propiedad
agraria establecida en el Artículo 41 de la Ley Nº 1715.
II. Ningún título podrá ser emitido sin la previa acreditación de Identidad o la
personalidad jurídica del titular, además del pago por la tierra o de tasas de
saneamiento y catastro, según corresponda.
III. La emisión de Títulos Ejecutoriales se sujetará a las siguientes reglas:
a) Cuando una comunidad campesina o indígena, pueblo indígena u originario
respecto de tierras comunarias o de Tierra Comunitaria de Origen, sea
beneficiario se otorgará derecho de propiedad colectiva en su favor;
b) Cuando varias personas sean beneficiarias de un mismo predio, se otorgará
derecho en copropiedad a favor de todas ellas, con relación de
– 169 –
beneficiarios, adoptándose en el caso de mujeres las previsiones
contempladas en la Disposición Final Octava de la Ley Nº 3545.
c) Cuando una persona individual o jurídica sea beneficiaria de un predio se
otorgará derecho de propiedad individual en su favor, sin discriminación de
género;
d) Cuando una colonia o sindicato agrario sea beneficiario de un predio, se
otorgará derecho de propiedad colectiva en su favor como comunidad; y
e) Cuando dos o mas comunidades campesinas o indígenas, colonias o
sindicatos agrarios sean beneficiarios de un predio, se otorgará derecho de
propiedad colectiva en su favor.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTOS COMUNES DE TITULACIÓN
ARTÍCULO 397.- (REMISIÓN DE
ANTECEDENTES). El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma
Agraria, a la conclusión de procedimientos agrarios que deriven en la
constitución de un derecho propietario, elevará antecedentes para titulación al
Presidente de la República.
ARTÍCULO 398.- (OTORGAMIENTO DE
TÍTULOS EJECUTORIALES). El Presidente de la República otorgará el
Título Ejecutorial y dispondrá la remisión de antecedentes y del
correspondiente Título Ejecutorial al Director Nacional del Instituto Nacional
de Reforma Agraria para su refrenda.
ARTÍCULO 399.- (REFRENDA Y ENTREGA
DE TÍTULOS EJECUTORIALES). I. El Director Nacional del Instituto
Nacional de Reforma Agraria recibidos los antecedentes, refrendará el Título
Ejecutorial e instruirá al Director Departamental competente su inscripción en
Registros Públicos de la Institución y en oficinas de Derechos Reales.
II. El Director Nacional o los Directores Departamentales del Instituto
Nacional de Reforma Agraria, una vez inscrito el Título Ejecutorial, entregará
un ejemplar original del mismo al titular del derecho o a su representante,
previa constancia de su entrega.
– 170 –
III. Cuando varias personas adquieran un predio en copropiedad, el Título
Ejecutorial se entregará al representante sea hombre o mujer, designado
expresamente de entre los copropietarios.
IV. En el caso de menores de edad, se entregarán al tutor designado por
autoridad competente o a los designados a través de las autoridades naturales
conforme sus usos y costumbres.
V. Los títulos colectivos serán entregados al representante legal o al designado
expresamente para el efecto, por las organizaciones sociales indígenas u
originarias y campesinas, de acuerdo a usos y costumbres.
CAPÍTULO III
ARCHIVO DE TÍTULOS EJECUTORIALES
ARTÍCULO 400.- (ARCHIVO NACIONAL). La
Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, organizará un
archivo centralizado de Títulos Ejecutoriales con un ejemplar original de los
que fueron emitidos, otorgados y refrendados.
ARTÍCULO 401.- (ARCHIVOS
DEPARTAMENTALES). Las Direcciones Departamentales del Instituto
Nacional de Reforma Agraria, organizarán archivos departamentales de
Títulos Ejecutoriales con copias legalizadas de los que fueron emitidos,
otorgados, y refrendados.
CAPÍTULO IV
CERTIFICADOS E INFORMES, REPOSICIÓN DE REGISTROS Y
FOTOCOPIAS LEGALIZADAS
ARTÍCULO 402.- (CERTIFICADOS E
INFORMES). I. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, a solicitud de
parte y acreditado el interés legal, podrá certificar la emisión de Títulos
Ejecutoriales y Certificados de Saneamiento, con base en la resolución que le
dio mérito y a sus registros.
– 171 –
II. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, para fines de saneamiento
expedirá Informes de emisión de Títulos Ejecutoriales.
ARTÍCULO 403.- (REPOSICIÓN DE
REGISTRO DE TÍTULO EJECUTORIAL). I. En caso de pérdida o
destrucción de Títulos Ejecutoriales otorgados con anterioridad al 24 de
noviembre de 1992, el Director Nacional de Instituto Nacional de Reforma
Agraria, a efectos de su reposición, a pedido de parte podrá certificar su
otorgamiento, con base en la resolución que le dio mérito y a sus registros,
previa orden judicial.
II. La reposición del Registro de Título Ejecutorial sólo procederá por pérdida
o destrucción de Registros de Constancia de otorgamiento de Títulos
Ejecutoriales que cursa en poder del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
III. El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria,
determinada la pérdida o destrucción de Registros de Títulos Ejecutoriales,
dictará resolución de reposición, con base en el Título Ejecutorial Original y
Hoja de deslindes cursante en el expediente agrario que le sirviera de
antecedente, debidamente legalizada por la Dirección Departamental,
respectiva.
ARTÍCULO 404.- (FOTOCOPIAS
LEGALIZADAS DE REGISTROS DE TÍTULOS EJECUTORIALES).
La Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, a pedido
del titular del derecho, herederos o subadquirentes y a su costa, expedirá
Fotocopia Legalizada de Registros de Títulos Ejecutoriales otorgados con
anterioridad al 24 de noviembre de 1992, derivados de trámites de distribución
de tierras de conocimiento del ex Servicio Nacional de Reforma Agraria –
SNRA y ex Instituto Nacional de Colonización – INC, que se encuentren en
sus archivos.
Procederá únicamente en casos de acreditar el extravío o destrucción del
Título Ejecutorial original y que no fueron saneados.
ARTÍCULO 405.- (FOTOCOPIA
LEGALIZADA DE TÍTULO EJECUTORIAL). I. La extensión de
fotocopia legalizada de Títulos Ejecutoriales otorgados con posterioridad al 18
– 172 –
de octubre de 1996, sólo procederá a solicitud de parte, cuando medie extravío
o destrucción del Título Ejecutorial.
II. La solicitud será presentada en la Dirección Departamental competente del
Instituto Nacional de Reforma Agraria, debiendo adjuntar documentación que
acredite la pérdida o destrucción del Título Ejecutorial, por cualquier medio de
prueba y el interés legal que asiste al solicitante.
La extensión de la fotocopia legalizada, procederá previo cumplimiento de los
requisitos antes expuestos y valorados mediante informe legal de la unidad
encargada.
III. Una segunda extensión de fotocopia legalizada del Título Ejecutorial solo
procederá por orden judicial.
IV. El Registro de Derechos Reales dará curso a la inscripción con las
fotocopias legalizadas de Registros de Títulos Ejecutoriales y el Certificado de
emisión de Título Ejecutorial, cuando medie extravío o destrucción del Título
Ejecutorial.
V. Las fotocopias legalizadas no podrán ser inscritas en el Registro de
Derechos Reales cuando medie inscripción anterior del Título Ejecutorial. A
tal efecto, el sello de legalización incluirá una nota marginal que consigne esta
limitación.
CAPÍTULO V
RECTIFICACIÓN DE ERRORES U OMISIONES EN TÍTULOS
EJECUTORIALES
ARTÍCULO 406.- (CONCEPTO DE ERROR U
OMISIÓN). Se entiende por error u omisión, aquel acto administrativo
ocurrido en la elaboración de Títulos Ejecutoriales o de sus registros, los
mismos que no guardan relación con datos verificables en antecedentes y
registros de la institución, que no afecta lo sustancial de la decisión adoptada o
la valoración del derecho propietario agrario.
– 173 –
ARTÍCULO 407.- (ÁMBITO DE
APLICACIÓN). El Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma
Agraria, de oficio o a pedido de parte, mediante resolución fundada en las
resoluciones y antecedentes que dieron mérito a la emisión de Títulos
Ejecutoriales, podrá rectificar errores u omisiones de datos contenidos en los
mismos.
Asimismo, de oficio o a pedido de parte, mediante resolución fundada en
antecedentes o prueba preconstituida idónea, se dará curso a la rectificación de
errores, datos ilegibles u omisiones consignados en registros de emisión de
Títulos Ejecutoriales.
ARTÍCULO 408.- (PERSONAS
LEGITIMADAS). Están legitimadas para solicitar la rectificación de errores
u omisiones consignados en Títulos Ejecutoriales y en registros del Instituto
Nacional de Reforma Agraria las personas que acrediten derecho sobre los
mismos, los herederos y/o subadquirentes.
ARTÍCULO 409.- (PROCEDIMIENTO). I. La
solicitud de rectificación de error u omisión, se presentará al Director
Nacional, acompañada del Título Ejecutorial original o fotocopia legalizada u
otra documentación que respalde lo solicitado y acredite el derecho propietario
que asiste al interesado.
II. Admitida la solicitud, el Director Nacional del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, dispondrá la emisión de un Informe Legal a la unidad
encargada, respecto de la procedencia de la solicitud con base en la
documentación presentada y de los datos existentes en la institución y
expediente que dio origen al Título Ejecutorial.
III. Elaborado el informe legal, el Director Nacional, dictará resolución
administrativa disponiendo la procedencia o improcedencia de la rectificación
de error u omisión en el Título Ejecutorial o en el registro del mismo.
IV. Si es de oficio se sujetará al mismo procedimiento en lo que corresponda.
ARTÍCULO 410.- (PLAZO). El procedimiento
para la rectificación de errores u omisiones, será sustanciado en el plazo de
– 174 –
veinte (20) días calendario, computables desde la admisión de la solicitud o en
los de oficio, desde la recepción del requerimiento de la unidad.
TÍTULO XI
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y REGISTROS
ARTÍCULO 411.- (OBJETO). I. El presente Título
tiene por objeto regular los sistemas de base de datos oficial geo – espacial y
el sistema de catastro rural, además de los registros de tierras fiscales,
beneficiarios y transferencias.
II. Los sistemas y registros serán estructurados bajo una plataforma
tecnológica, informática y geográfica, estándar y normas técnicas compatibles.
III. Los sistemas y registros constituyen información oficial para ser aplicados
en los diferentes procedimientos agrarios, son de carácter público y estarán a
disposición de instituciones gubernamentales, privadas, organizaciones
sociales y terceros interesados.
CAPÍTULO I
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEO – ESPACIAL
ARTÍCULO 412.- (OBJETO Y FUNCIONES).
Conforme la Disposición Final Segunda, Parágrafo III de la Ley No 3545, la
base de datos geo – espacial, creada bajo la responsabilidad del Viceministerio
de Tierras, tiene por objeto organizar, administrar y divulgar la información
geo – referenciada que generan instituciones del Estado en temática agraria,
ambiental, forestal y de desarrollo rural; en este marco, la Unidad
correspondiente tiene las siguientes funciones:
a) Administrar la base de datos geo – espacial;
b) Formular Normas Técnicas para la administración de la información geo –
referenciada a nivel nacional;
c) Centralizar, organizar y administrar la información geo – referenciada,
generada por la Superintendencia Agraria, la Superintendencia Forestal, el
Instituto Nacional de Reforma Agraria, el Servicio Nacional de Áreas
Protegidas y el Instituto Nacional de Estadística;
– 175 –
d) Organizar y divulgar institucionalmente los productos cartográficos y los
insumos utilizados como imágenes de satélite y fotografías aéreas,
resultantes de los proyectos ejecutados por la Superintendencia Agraria, la
Superintendencia Forestal, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el
Servicio Nacional de Áreas Protegidas y el Instituto Nacional de
Estadísticas y otras.
ARTÍCULO 413.- (CREACIÓN DE LA UNIDAD
TÉCNICA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA TIERRA). I. Para
el cumplimento del objeto señalado, se crea la Unidad Técnica Nacional de
Información de la Tierra, dentro de la estructura del Viceministerio de Tierras.
II. Las instituciones públicas del Estado vinculadas con la temática agraria
deberán enviar a la Unidad Técnica Nacional de Información de la Tierra, en
calidad de repositorio y será actualizada de manera periódica según formatos
establecidos en norma técnica a ser elaborada por esta Unidad, en
coordinación con las instituciones ya nombradas.
A objeto cumplir de mejor manera sus objetivos, se requerirá la participación
e incorporación de otras instituciones públicas y privadas para conformar la
base de datos geo – espacial.
III. Las instituciones públicas deberán coordinar la adquisición de nuevas
herramientas e insumos tecnológicos, con el objeto de no duplicar esfuerzos y
costos, por medio de la Unidad Técnica Nacional de Información de la Tierra.
Las instituciones involucradas tendrán acceso a toda la información de la base
de datos.
CAPÍTULO II
SISTEMA DE CATASTRO RURAL
SECCIÓN I
OBJETO Y FUNCIONES
ARTÍCULO 414.- (OBJETO Y FUNCIONES). El
sistema de catastro rural tiene por objeto el mantenimiento, la administración
y actualización de la información catastral generada en los procedimientos
– 176 –
agrarios administrativos. El Instituto Nacional de Reforma Agraria
implementará el Sistema de Catastro Rural, con las siguientes funciones:
a) Registrar la información catastral de la propiedad rural una vez concluidos
los procedimientos agrarios administrativos, asignando las codificaciones
correspondientes;
b) Administrar el registro único nacional de tierras fiscales y de beneficiados;
c) Administrar el registro de transferencias del derecho de propiedad agraria;
d) Consolidar la información catastral para su registro en Derechos Reales y
compartir la información con las municipalidades.
e) Transferir la información catastral a municipalidades y Tierras
Comunitarias de Origen, efectuar control y seguimiento de la actualización
de información catastral de los municipios.
ARTÍCULO 415.- (MAPA CATASTRAL). Como
producto de los procedimientos agrarios administrativos, se deberá conformar
y actualizar el mapa catastral.
ARTÍCULO 416.- (CONTENIDO DE LA
INFORMACIÓN CATASTRAL). La información catastral contendrá lo
siguiente:
a) Información geo – referenciada y alfanumérica, especificando su ubicación
geográfica, superficies, límites y otros elementos;
b) Código catastral único;
c) Identificación de propietarios y/o razón social,
d) Calidad de tenencia,
e) Valor catastral de propiedad rural.
ARTÍCULO 417.- (TRANSFERENCIA DE
INFORMACIÓN A MUNICIPALIDADES). La información catastral
resultante de los procedimientos agrarios administrativos será transferida a las
municipalidades, que reúnan condiciones mínimas, tales como:
a) Infraestructura y equipamiento adecuado
b) Personal técnico y jurídico capacitado;
c) Instancia técnica de Catastro para la administración de la información.
– 177 –
d) Garantía de sostenibilidad económica para la administración de la
información.
La actualización y mantenimiento de la información catastral efectuada por las
municipalidades deberá ser coordinada con el Instituto Nacional de Reforma
Agraria como responsable de ésta información.
ARTÍCULO 418.- (INFORMACIÓN
CATASTRAL PARA EL PUEBLO INDÍGENA U ORIGINARIO).
Concluidos los procesos de saneamiento de la Tierra Comunitaria de Origen,
el Pueblo Indígena u Originario dotado tendrá acceso a la información
catastral cuando reúnan condiciones mínimas descritas en el Artículo anterior,
con el objeto de aplicarla en su gestión territorial.
SECCIÓN II
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TIERRAS FISCALES – RUNTF Y
DE BENEFICIARIOS – RUNB
ARTÍCULO 419.- (OBJETO DEL REGISTRO
ÚNICO NACIONAL DE TIERRAS FISCALES – RUNTF). I. El Registro
Único Nacional de Tierras Fiscales – RUNTF tiene como objeto mantener y
transparentar la información catastral sobre las tierras fiscales, para generar un
proceso ordenado de distribución de las mismas.
II. El Registro Único Nacional de Tierras Fiscales es parte del Sistema de
Catastro Rural, será administrado por el Instituto Nacional de Reforma
Agraria. El registro deberá contener la información de todas las tierras
fiscales, sean estas disponibles o indisponibles, resultado de los
procedimientos agrarios administrativos y las que provisionalmente se
registren.
ARTÍCULO 420.- (FUNCIONES). El componente
del Registro de Tierras Fiscales debe permitir la ejecución de las siguientes
funciones:
– 178 –
a) Establecer la disponibilidad o indisponibilidad de las tierras fiscales
mediante un análisis integral, con el propósito de incorporarla a los planes
de distribución;
b) Analizar que las tierras fiscales disponibles tengan características biofísicas
necesarias para la sostenibilidad de un asentamiento humano de acuerdo a
instrumento técnico oficial.
c) Con la finalidad de considerar la distribución de las tierras fiscales, se
priorizarán áreas en función de las políticas y las necesidades
socioeconómicas de las comunidades sin tierra o que tuvieran tierra
insuficiente.
ARTÍCULO 421.- (MEDIDAS
PRECAUTORIAS). El Instituto Nacional de Reforma Agraria podrá
disponer las medidas precautorias necesarias destinadas a garantizar las tierras
presuntamente fiscales o declaradas como tales.
ARTÍCULO 422.- (OBJETO DEL REGISTRO
ÚNICO NACIONAL DE BENEFICIARIOS – RUNB). El Registro Único
Nacional de Beneficiarios – RUNB, tiene como objeto el registro y la
selección de beneficiarios, con base en los grados de preferencia, para la
distribución de tierras fiscales en forma ordenada, transparente y pública, y se
estructurará de la siguiente manera:
a) Registro de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias y a
sus miembros que soliciten ser beneficiarios con la distribución de tierras
fiscales en dotación. Deberá contar con información integral de las
comunidades solicitantes como ser la personalidad jurídica de la
organización, nómina de los integrantes, origen, situación social y toda la
información necesaria que contribuya al proceso de distribución, mismo
que debe ser regulado técnicamente en norma interna; y
b) Control de posibles fraudes sobre múltiples dotaciones o adjudicaciones de
tierras y la constatación de que los solicitantes no tengan tierra o la tengan
insuficientemente, mediante el análisis de la información con los sistemas
geo – espacial, catastro y otros registros.
SECCIÓN III
REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LA PROPIEDAD AGRARIA
OBJETO, ALCANCE Y PROCEDIMIENTO
– 179 –
ARTÍCULO 423.- (OBJETO Y ALCANCE DEL
REGISTRO). El Registro de Transferencias de la propiedad agraria tiene por
objeto registrar las transferencias o sucesiones hereditarias efectuadas sobre la
propiedad agraria, asimismo, el mantenimiento de la información catastral
conforme a la Disposición Final Segunda de la Ley No 1715, modificada por
Ley No 3545, bajo el siguiente alcance:
a) Registrar sin más trámite ni costo las transferencias y sucesiones
hereditarias sobre propiedades agrarias, tomando en cuenta lo establecido
en los Artículos 41 y 48 de la Ley No 1715, este último modificado por el
Artículo 27 de la Ley No 3545.
b) Están sujetas al registro toda transferencia de propiedades que hayan sido o
no objeto de saneamiento. En propiedades no saneadas se procederá al
registro provisional, sin que signifique la acreditación del derecho
propietario.
c) En caso de estar vigente la medida precautoria de “No consideración de
transferencias de predios objeto de saneamiento, expropiación o reversión,
efectuadas en el período de su sustanciación”, no procederá el registro y
será diferido a los resultados finales de estos procedimientos.
ARTÍCULO 424.- (OBLIGATORIEDAD DEL
REGISTRO). El registro de trasferencias de propiedades agrarias es
obligatorio, es un requisito de forma y validez previo a la inscripción del
derecho propietario en el Registro de Derechos Reales, sin el cual las Oficinas
de Derechos Reales bajo ningún argumento podrán registrar la transferencia.
ARTÍCULO 425.- (LUGAR DEL REGISTRO).
El registro de transferencia de la propiedad agraria se realizará en las
Direcciones Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria o
lugares formalmente habilitados por sus autoridades.
En caso que la propiedad agraria se encuentre en más de un departamento, el
registro podrá ser realizado indistintamente en uno de ellos.
ARTÍCULO 426.- (PUBLICIDAD Y
CONTENIDO DEL REGISTRO). I. La Dirección Nacional y sus
Direcciones Departamentales a través de sus órganos atenderán solicitudes de
– 180 –
información sobre el registro de transferencias y situación legal del predio, a
personas individuales, colectivas, instituciones públicas o privadas, a tal efecto
se fijará el arancel correspondiente.
II. El contenido mínimo del registro de transferencias será el siguiente:
a) Identificación y domicilio del propietario y del adquirente.
b) Superficie objeto de la transferencia, con colindancias y georeferenciación.
c) Antecedentes del derecho de propiedad del vendedor.
El formato del registro será definido conforme a la norma interna respectiva.
ARTÍCULO 427.- (SOLICITUD). El registro
podrá ser solicitado por el comprador o el vendedor del predio, o sus
representantes, con la presentación de la minuta de transferencia protocolizada
ante los funcionarios habilitados quienes verificarán los documentos
presentados y sin más trámite darán curso al registro, insertando el sello
especial diseñado para el efecto en el documento presentado, debiendo quedar
como respaldo del registro las fotocopias de los documentos. Se exigirá un
plano geo – referenciado, cuando la transferencia sea parcial o el predio no se
haya sometido a saneamiento.
ARTÍCULO 428.- (IMPROCEDENCIA DEL
REGISTRO). No se procederá con el registro cuando se trate de propiedades
que no puedan ser objeto de transferencia, no se admita subdivisiones o no se
de cumplimiento a los requisitos establecidos en la presente Sección.
ARTÍCULO 429.- (EFECTOS DEL REGISTRO
EN LOS PROCEDIMIENTOS AGRARIOS). Solo las transferencias
registradas en el Instituto Nacional de Reforma Agraria surtirán plenos efectos
en los procedimientos agrarios previstos por este Reglamento. Esta
disposición será aplicable a partir de su implementación en oficinas de las
Direcciones Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
TÍTULO XII
PERSONALIDAD JURÍDICA DE PUEBLOS INDIGENAS U
ORIGINARIOS, COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS
– 181 –
ARTÍCULO 430.- (PRESENTACIÓN Y
REQUISITOS). El Presidente de la República, conforme a sus atribuciones y
la Disposición Final Quinta de la Ley No 1715, modificada por Ley No 3545,
otorgará personalidades jurídicas a pueblos indígenas u originarios,
comunidades indígenas y campesinas, y a sus organizaciones nacionales,
departamentales o regionales.
ARTÍCULO 431.- (PROCEDENCIA). Procederá
el otorgamiento de personalidades jurídicas, cuando habiendo sido presentada
la solicitud, cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley de
Participación Popular y Decretos Supremos Nº 23858 y Nº 24447, ante las
autoridades competentes, existiera negativa o demora en su resolución por
más de cuarenta y cinco (45) días calendario, sea por parte de los gobiernos
prefecturales, subprefecturales o municipales.
ARTÍCULO 432.- (SOLICITUD). La solicitud
para el reconocimiento de personalidades jurídicas deberá ser presentada por
escrito ante el Ministerio de la Presidencia, por los representantes orgánicos o
convencionales de los pueblos indígenas u originarios, comunidades indígenas
y campesinas, debidamente acreditados.
ARTÍCULO 433.- (REQUISITOS). Se deberá
adjuntar la copia de la presentación de la solicitud ante las autoridades
establecidas en la Ley de Participación Popular, otros actuados que permitan
evidenciar el rechazo o demora y documentos comunitarios, de acuerdo al
Artículo 5 de la Ley de Participación Popular y Decreto Supremo Nº 23858 .
Asimismo, se podrá acompañar certificado de afiliación y reconocimiento de
sus organizaciones matrices.
ARTÍCULO 434.- (PROCEDIMIENTO).
Presentada y admitida la solicitud por la Unidad correspondiente del
Ministerio de la Presidencia, el Ministro de la Presidencia requerirá, cuando
considere conveniente, al Concejo Municipal, Subprefectura o Prefectura, la
remisión de los antecedentes que podrán ser complementados con un informe
circunstanciado, que serán remitidos en un plazo perentorio de siete (7) días
calendario, desde su conocimiento.
– 182 –
Vencido este plazo, con respuesta o no, sin perjuicio de asumir las acciones
que correspondan, el Ministro de la Presidencia ordenará se elabore un
informe sobre la procedencia del reconocimiento de personalidad jurídica, en
el plazo no mayor a cinco (5) días, acompañando si corresponde proyecto de
Resolución Suprema
ARTÍCULO 435.- (RESOLUCIÓN). Con base en
el informe descrito precedentemente, el Presidente de la Republica dictará
Resolución Suprema aceptando el otorgamiento de la personalidad jurídica, la
emisión del certificado correspondiente y su registro.
La Resolución Suprema rechazará la solicitud cuando: Sea presentado por
personas no legitimadas; no se haya probado la negativa injustificada o la
demora; no se haya subsanado los requisitos de la solicitud; o existan
conflictos y/o cuestiones pendientes de resolución en la vía judicial o
administrativa.
ARTÍCULO 436.- (EJECUCIÓN DE LA
RESOLUCIÓN SUPREMA). Ejecutoriada la Resolución Suprema se
procederá a la entrega del certificado de personalidad jurídica a los solicitantes
y a la remisión de una copia a la Prefectura competente, para su registro.
ARTÍCULO 437.- (RECTIFICACIÓN DE LA
PERSONALIDAD JURÍDICA). La rectificación de la Personalidad Jurídica
procederá por las causales y con arreglo a las disposiciones de este Título.
TÍTULO XIII
TASAS DE SANEAMIENTO Y CATASTRO
ARTÍCULO 438.- (SUJETOS PASIVOS). Estarán
obligados al pago de tasas de saneamiento y catastro, en cualquier modalidad
de saneamiento, los beneficiarios de certificados de saneamiento y de Títulos
Ejecutoriales de Medianas Propiedades y Empresas Agropecuarias, respetando
las exenciones dispuestas por Ley.
ARTÍCULO 439.- (OPORTUNIDAD DE PAGO
DE LA TASA DE SANEAMIENTO Y CATASTRO). I. Las tasas serán
– 183 –
pagadas antes de la entrega de los Títulos Ejecutoriales, salvo que el Instituto
Nacional de Reforma Agraria, conceda plazos para su pago, mediante
convenio con el deudor, garantizado el pago mediante anotación preventiva en
el Registro de Derechos Reales.
II. El pago al contado contemplará un descuento del veinte por ciento (20%)
del monto calculado y pagadero dentro los sesenta (60) días y en pago a plazos
no podrá exceder de doce (12) meses, en ambos casos computables desde la
notificación con el monto dispuesto.
ARTÍCULO 440.- (DACIÓN EN PAGO). El
Instituto Nacional de Reforma Agraria, previo dictamen de las Comisiones
Agrarias Departamentales, podrá aceptar en pago de la tasa de saneamiento y
catastro, tierras agrarias saneadas, transferidas a su nombre mediante escritura
pública, a valor de mercado establecido en una pericia técnica dispuesta al
efecto.
ARTÍCULO 441.- (PROCEDIMIENTO DE
COBRO). El Instituto Nacional de Reforma Agraria, hará efectivo el cobro de
tasas de saneamiento y catastro, a través de proceso determinativo interno y,
en su caso, de proceso contencioso, en aplicación de disposiciones legales
vigentes.
ARTÍCULO 442.- (DESTINO DE LAS TASAS
DE SANEAMIENTO Y CATASTRO). El importe por concepto de pago de
las tasas de saneamiento y catastro será destinado por el Instituto Nacional de
Reforma Agraria, al financiamiento de los costos que demanden otros
procedimientos agrarios.
ARTÍCULO 443.- (TASA DE SANEAMIENTO
Y CATASTRO EN SANEAMIENTOS A PEDIDO DE PARTE). I. Las
tasas de saneamiento y catastro serán fijadas mediante Resolución
Administrativa del Instituto Nacional de Reforma Agraria, de conformidad a
lo establecido en la Disposición Final Quinta de la Ley No 1715 modificada
por la Ley No 3545; los costos de servicios podrán ser variables tomando en
cuenta las condiciones concretas de cada proceso y según se trate de la
ejecución de saneamientos de oficio o a pedido de parte.
– 184 –
II. Las Pequeñas Propiedades, Solares Campesinos, Comunidades
Campesinas, Pueblos Indígenas u Originarios, están exentos del pago de las
tasas de saneamiento y catastro, sin embargo, podrán realizar aportes
económicos voluntarios para la ejecución de saneamientos priorizados o a
pedido de parte. El monto, objeto, manejo y destino de estos aportes serán
normados mediante Resolución Administrativa del Instituto Nacional de
Reforma Agraria.
TÍTULO XIV
DESALOJOS
CAPÍTULO I
PROCEDIMIENTO DE DESALOJO DE ASENTAMIENTOS Y
OCUPACIONES DE HECHO EN TIERRAS FISCALES
ARTÍCULO 444.- (ÁMBITO DE
APLICACIÓN). El presente Título regula el procedimiento de desalojo de
asentamientos y ocupaciones ilegales en tierras fiscales, a través de las
Direcciones Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria, o de
sus Jefaturas Regionales por delegación de aquellas; con excepción de los
casos previstos en el Capítulo siguiente.
ARTÍCULO 445.- (INICIO DEL
PROCEDIMIENTO). El procedimiento se iniciará:
a) A denuncia formulada por cualquier persona de manera escrita o verbal, en
este último caso, el servidor público receptor labrará acta sentando los
datos de identificación del denunciante y un resumen del contenido de la
denuncia. El denunciante no es parte en el procedimiento.
La denuncia contendrá, en lo posible, la relación circunstanciada del hecho
denunciado, con indicación de lugar, tiempo y personas, y toda
información para su mejor esclarecimiento; o
b) De oficio, a iniciativa de las Direcciones Departamentales o Jefaturas
Regionales o a requerimiento de la Dirección Nacional del Instituto
Nacional de Reforma Agraria, según los casos.
– 185 –
El Director Departamental o Jefe Regional del Instituto Nacional de Reforma
Agraria en el día dispondrá la investigación de los hechos y circunstancias
denunciadas, mediante inspección directa en el predio que deberá realizarse
dentro los siguientes cinco (5) días calendario.
ARTÍCULO 446.- (CONCLUSIÓN DE
INVESTIGACIONES). I. Concluida la investigación, a denuncia o de oficio,
el servidor público responsable de la misma, establecerá sus resultados y
conclusiones en un informe de inspección que remitirá por conducto regular al
Director Departamental o Jefe Regional, con copia al Director Nacional del
Instituto Nacional de Reforma Agraria, en caso de actuar como requirente.
II. El informe de inspección contendrá una valoración de la documentación
recabada y resultados en situ, debiendo incluir la recomendación del curso de
acción a seguir y de las medidas precautorias a adoptar en caso de riesgo o
amenaza de graves daños a las tierras ocupadas.
ARTÍCULO 447.- (RESOLUCIÓN). Los
Directores Departamentales o Jefes Regionales del Instituto Nacional de
Reforma Agraria, recibido el informe de inspección y pruebas aportadas,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción, previo informe
legal, resolverán:
a) El archivo de obrados, cuando del informe de inspección y pruebas
aportadas se concluya:
1. La inexistencia del asentamiento u ocupación denunciada; o
2. La legalidad del asentamiento u ocupación.
b) El desalojo de las tierras ocupadas, bajo apercibimiento de lanzamiento,
dentro del plazo que fije al efecto, computable a partir de la notificación de
la resolución a los ocupantes, el que no podrá ser mayor a veinte (20) días
calendario.
ARTÍCULO 448.- (RECURSOS). Las resoluciones
de desalojo, al resguardar tierras fiscales declaradas como tal y no definir
– 186 –
derechos de propiedad, sólo podrán ser objeto de recursos en sede
administrativa y no de acción contencioso administrativa.
ARTÍCULO 449.- (EJECUCIÓN). I. El servidor
público encargado de la ejecución del lanzamiento ordenado en la resolución
de desalojo ejecutoriada, vencido el plazo fijado en ésta, intimará al ocupante
la desocupación inmediata de la tierra y, en caso de negativa, ejecutará el
lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública.
II. Los agentes de la fuerza pública estarán obligados a prestar apoyo
inmediato, sin más requisitoria que la exhibición de la fotocopia legalizada de
la resolución que disponga el desalojo con apercibimiento de lanzamiento y
constatación del vencimiento de su plazo.
III. En caso de tratarse de desalojos relacionados con la soberanía nacional o
la seguridad interna, también se podrá recurrir al auxilio de las Fuerzas
Armadas de la Nación.
ARTÍCULO 450.- (CONSOLIDACIÓN DE
MEJORAS). Las mejoras existentes en los predios objeto de desalojo que,
por su naturaleza, no puedan separarse de la misma o siendo separables no
fueran retiradas al vencimiento del plazo concedido para el desalojo, se
consolidarán en favor del Estado.
ARTÍCULO 451.- (IMPROCEDENCIA DEL
DESALOJO DE COMUNIDADES EN ÁREAS PROTEGIDAS). Los
pueblos o comunidades indígenas, campesinas, originarias, pequeñas
propiedades y personas amparadas en norma expresa, con posesión anterior a
la Ley Nº 1715, sobre áreas protegidas, no serán pasibles a la ejecución del
proceso de desalojo, en tanto no se ejecute el proceso de saneamiento en el
área.
ARTÍCULO 452.- (DESALOJOS DE ACUERDO
A LA LEY FORESTAL). Los desalojos que se dispongan en ejecución del
régimen agrario, de acuerdo a lo previsto en la Ley y este Reglamento son
independientes de los que se ejecuten en aplicación de la Ley No 1700,
Forestal.
– 187 –
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE DESALOJO EN PROCEDIMIENTOS
AGRARIOS
ARTÍCULO 453.- (ÁMBITO DE
APLICACIÓN). El desalojo será ordenado en las mismas resoluciones
finales que se emitan en ejecución de los procedimientos de Reversión,
Expropiación y Saneamiento, cuando se establezca la existencia de
asentamiento u ocupación de detentadores, terceros en el predio o personas
que habiendo alegado derechos éstos no hayan sido reconocidos.
ARTÍCULO 454.- (COMPETENCIA Y
OPORTUNIDAD). La ejecución del desalojo correrá a cargo de la Dirección
Departamental respectiva, que podrá hacerse efectiva a partir del tercer día
hábil de ejecutoriada la Resolución Final que así lo prevea, debiendo
adoptarse las siguientes medidas:
a) El servidor público encargado de la ejecución del lanzamiento anticipado
en la resolución de desalojo, vencido el plazo fijado en ésta, intimará al
ocupante la desocupación inmediata de la tierra y, en caso de negativa,
ejecutará el lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública.
b) Los agentes de la fuerza pública estarán obligados a prestar apoyo
inmediato, sin más requisitoria que la exhibición de la fotocopia legalizada
de la resolución que disponga el desalojo con apercibimiento de
lanzamiento y constatación del vencimiento de su plazo.
c) Respecto a la consolidación de mejoras se estará a lo dispuesto en cada
procedimiento.
TÍTULO XV
REPOSICIÓN DE EXPEDIENTES
SECCIÓN I
EXPEDIENTES DEL EX CONSEJO NACIONAL DE REFORMA
AGRARIA – CNRA Y EX INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZACIÓN – INC
– 188 –
ARTÍCULO 455.- (ÁMBITO DE
APLICACIÓN). I. Procederá la reposición de expedientes de trámites y
procesos agrarios sustanciados ante el ex Consejo Nacional de Reforma
Agraria y el ex Instituto Nacional de Colonización, que se hubieren extraviado
o destruido.
II. La reposición podrá ser de todo el expediente o de las piezas principales
del proceso.
ARTÍCULO 456.- (PERSONAS
LEGITIMADAS). Están legitimadas para solicitar la reposición de
expedientes las personas que acrediten derechos otorgados dentro de un
trámite o proceso agrario, asimismo sus herederos o subadquirentes.
ARTÍCULO 457.- (REGISTROS A SER
CONSIDERADOS PARA LA REPOSICIÓN). Los registros considerados
para acreditar la existencia de un trámite o proceso agrario son los descritos en
el Parágrafo V del Artículo 42 de la Ley No 3545.
ARTÍCULO 458.- (PIEZAS PRINCIPALES
CON LAS QUE PROCEDE LA REPOSICIÓN DEL EXPEDIENTE
AGRARIO). Se deberán reponer o demostrar la existencia de un expediente
agrario a partir de las siguientes piezas procesales:
a) En trámites seguidos ante el ex CNRA: la demanda, audiencia de
inspección; Sentencia, Auto de Vista o Resolución Suprema;
b) En trámites seguidos ante el ex INC: solicitud, resolución interna de
adjudicación, minuta protocolizada y Resolución Suprema.
ARTÍCULO 459.- (VALORACIÓN DEL
EXPEDIENTE O PIEZAS REPUESTAS). En el proceso de saneamiento de
la propiedad agraria se valorará si el expediente repuesto reúne los requisitos
esenciales para ser considerado como antecedente válido del derecho
propietario.
ARTÍCULO 460.- (PROCEDIMIENTO). I. La
solicitud de reposición de expediente, se presentará al Director Departamental
– 189 –
del Instituto Nacional de Reforma Agraria, acompañada de la documentación
que la respalde en originales o fotocopias legalizadas que tuviere en su poder.
II. El Director Departamental, admitida la solicitud mediante Instructivo
requerirá informes y antecedentes existentes en la Institución, solicitando al
Director Nacional instruya a sus direcciones o unidades dependientes la
remisión de información necesaria, sin perjuicio de solicitar información de
otras entidades estatales.
III. Recibidos los informes, el Director Departamental competente, dispondrá
la emisión de un informe en conclusiones a su Unidad Legal para resolver la
solicitud.
ARTÍCULO 461.- (PLAZO). El procedimiento
para la reposición de expediente, será sustanciado en el plazo de veinte (20)
días calendario, desde la admisión de la solicitud, salvo que sea
imprescindible la apertura de término de prueba.
ARTÍCULO 462.- (FORMAS DE
RESOLUCIÓN). El Director Departamental competente, dictará resolución:
a) Reponiendo el expediente cuando existan los antecedentes que la respalden
y existan las piezas procesales descritas en el Artículo 458 de este
Reglamento.
b) Rechazando la reposición de expedientes, cuando no existan suficientes
antecedentes ni las piezas procesales que la justifiquen.
ARTÍCULO 463.- (SANCIONES). I. En caso de
evidenciarse que el expediente o las piezas que se pretendan reponer tienen
indicios de falsedad o irregularidades, pasará a conocimiento del Director
Departamental quien de oficio instruirá a la Unidad Legal la remisión de los
antecedentes al Ministerio Público, para su respectiva investigación.
II. En caso de establecerse indicios de responsabilidad en la destrucción o
extravío de cualquier expediente agrario, la Dirección Departamental solicitará
se instaure proceso administrativo o denuncia penal, conforme la Ley No 1178.
– 190 –
SECCIÓN II
EXPEDIENTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA
AGRARIA
ARTÍCULO 464.- (ÁMBITO DE
APLICACIÓN). I. Procederá la reposición de expedientes sustanciados en el
Instituto Nacional de Reforma Agraria, que se hubieren extraviado o
destruido.
II. La reposición podrá ser parcial o total.
III. La autoridad competente para la reposición será el Director Nacional o
Director Departamental, según el lugar donde radicaba el expediente a
momento de su extravío o destrucción.
ARTÍCULO 465.- (PERSONAS
LEGITIMADAS). Están legitimadas para solicitar la reposición de
expedientes las personas que acrediten interés legal, también el Instituto
Nacional de Reforma Agraria de oficio podrá disponer la reposición de
expedientes.
ARTÍCULO 466.- (PROCEDIMIENTO). I. El
Director Departamental o el Director Nacional, conforme a los antecedentes
de la solicitud considerará su procedencia, emitiendo el auto de admisión que
contendrá:
a) Intimación a las partes intervinientes en el procedimiento para que en el
plazo de quince (15) días calendario presenten las copias de los escritos,
documentos y diligencias que se encontraren en su poder, a cuyo efecto se
cursarán las notificaciones respectivas;
b) Simultáneamente instruirá a las distintas direcciones o unidades de la
institución la remisión a la Unidad Legal, en copia legalizada, de todas las
resoluciones, informes legales, técnicos y autos que cursen en sus archivos
además de un informe circunstanciado sobre el estado del proceso de
acuerdo a sus archivos físicos o magnéticos, en el mismo plazo.
– 191 –
II. Recibidos los antecedentes, la Unidad Legal efectuará el análisis
correspondiente mediante informe legal y proyectara la resolución pertinente,
en el plazo de cinco (5) días calendario.
III. De acuerdo a los antecedentes, el Director Departamental o el Director
Nacional, dictará resolución dando por repuesto el expediente y disponiendo
la prosecución del proceso, cuando corresponda. Se pronunciara por su
improcedencia cuando no existan los antecedentes que permitan la reposición.
ARTÍCULO 467.- (SANCIONES). En caso de
establecerse indicios de responsabilidad funcionaria en la destrucción o
extravío de cualquier expediente agrario, la Dirección Departamental solicitará
se instaure proceso administrativo o denuncia penal, conforme la Ley No 1178.
TÍTULO XVI
CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS
CAPÍTULO I
AMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS
ARTÍCULO 468.- (ÁMBITO DE
APLICACIÓN). El presente Título regula el procedimiento de conciliación
de conflictos relacionados con la posesión y propiedad agrarias, promovido de
oficio o, a instancia de parte interesada, de aplicación en áreas de saneamiento,
antes, durante o después de su sustanciación.
ARTÍCULO 469.- (SOLICITUD). Si las
Direcciones Departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria no
actuaren como conciliadores de oficio, las personas interesadas podrán
solicitar, en forma conjunta o separada, su intervención en la solución de
conflictos comprendidos en el alcance del procedimiento.
La conciliación entre terceros o de un tercero con comunidades indígenas y
campesinas debe se realizada bajo conocimiento y participación de Instituto
Nacional de Reforma Agraria, conforme al procedimiento establecido por el
presente reglamento.
– 192 –
ARTÍCULO 470.- (PRINCIPIOS Y
PROCEDIMIENTO). I. La conciliación se sujetará a los principios y
procedimientos establecidos en la Ley Nº 1770 de 10 de marzo de 1997.
II. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, podrá emitir reglamentos
internos para regular su actuación como conciliador, sin apartarse del marco
de la Ley Nº 1770.
Asimismo, en la aplicación del procedimiento, deberá garantizar la
participación de hombres y mujeres, en condición de igualdad, como
interlocutores válidos de sus intereses individuales o colectivos.
CAPÍTULO II
FASES, EFECTOS Y DESISTIMIENTO
ARTÍCULO 471.- (FASES). Las fases que orientan
el proceso de conciliación de Conflictos Agrarios son las siguientes:
a) Preparación.- Implica recopilar información, establecerán las reglas,
metodología y agenda de conciliación.
b) Reuniones de Conciliación.- Implica las reuniones continuas entre las
partes donde se expondrán sus consideraciones de hecho y derecho y la
forma como se percibe el conflicto, se confrontaran los argumentos y
construirán opciones de solución de la controversia que permita la
conciliación.
c) Acta de acuerdos conciliatorios.- Si las partes logran establecer acuerdos
que den solución a la controversia, estos acuerdos deberán ser registrados
en un acta de conciliación, firmada por las partes y refrendado por el
Instituto Nacional de Reforma Agraria.
d) Ejecución y Seguimiento de los acuerdos.- El acuerdo arribado por las
partes es de cumplimiento obligatorio por las partes y el Instituto Nacional
de Reforma Agraria procederá a la ejecución de los acuerdos en todos los
procedimientos. Los mismos deben merecer el seguimiento respectivo.
ARTÍCULO 472.- (DESISTIMIENTO). Se
considerará desistida la conciliación de conflictos cuando se presenta:
– 193 –
a) Manifestación expresa de alguna de las partes;
b) Si alguna de ellas no asistiere a la reunión de resolución de conflictos para
la conciliación sin justificativo alguno durante por lo menos dos
convocatorias continuas;
c) Si cualquiera de las partes no estuviese de acuerdo sobre los términos y
procedimientos fijados; y
d) Si no estuviere de acuerdo con el avance del proceso hasta antes de la
firma del acta de conciliación definitiva.
ARTÍCULO 473.- (ACUERDOS
CONCILIATORIOS). I. Los acuerdos conciliatorios a los que arriben las
partes con la intervención del Instituto Nacional de Reforma Agraria, como
conciliador, no importan su reconocimiento a la validez de los derechos de
propiedad, el cumplimiento de la función social o económico – social, o la
legalidad de la posesión invocados.
II. La intervención del Instituto Nacional de Reforma Agraria, como
conciliador, no lo inhibe de revisar la validez de los derechos de propiedad y
la legalidad de las posesiones en ejecución del saneamiento.
III. Las resoluciones de saneamiento podrán fundarse en acuerdos
conciliatorios, parciales o totales, siempre que los mismos sean compatibles
con el régimen de saneamiento, versen sobre derechos disponibles y no
afecten derechos de terceros.
IV. Los acuerdos conciliatorios que se celebren en las colonias o comunidades
campesinas, indígenas y originarias en el ejercicio de la normatividad
tradicional comunitaria, sus usos y costumbres, serán reconocidos y avalados
por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, para fundar en ellos las
resoluciones finales de saneamiento en cuanto corresponda en derecho.
V. Si habiendo firmado el acta de conciliación y una de las partes manifiesta
su rechazo, los acuerdos arribados en el acta de conciliación, tendrán fuerza
ejecutiva.
– 194 –
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- (CONTROL DE
CALIDAD, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO). Los procedimientos de
saneamiento en curso que se encuentren pendientes de firma de Resoluciones
Finales de Saneamiento, cuando exista denuncia o indicios o duda fundada,
sobre sus resultados, serán objeto de revisión de oficio por el Instituto
Nacional de Reforma Agraria, para garantizar la legalidad del procedimiento
desarrollado y la correcta verificación de la función social o la función
económico social; estableciendo los medios más idóneos para su
cumplimiento.
Como resultado de la aplicación del control de calidad, supervisión y
seguimiento, se podrá disponer: La anulación de actuados de saneamiento por
irregularidades, faltas graves o errores de fondo; la convalidación de actuados
de saneamiento, por errores u omisiones subsanados; la prosecución de los
procesos de saneamiento objeto de controles de calidad, supervisión y
seguimiento, y asimismo, la aplicación de medidas correctivas o
reforzamiento; y el inicio de procesos administrativos, civiles o penales para
los funcionarios responsables.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- (DE LOS PROCESOS EN
CURSO). El presente Reglamento será aplicable a partir de la fecha de su
publicación a todos los procesos de saneamiento en curso, respetando actos
cumplidos aprobados y las resoluciones ejecutoriadas, salvo los efectos de la
aplicación de controles de calidad, supervisión y seguimiento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- (PLAZO Y FORMAS DE
PAGO DE ADJUDICACIÓN PENDIENTES). Los poseedores legales que
no hayan sido notificados con el precio de adjudicación o no hayan firmado
convenios de pago, estarán sujetos a las regulaciones previstas en el presente
Reglamento respecto al tiempo y forma de pago.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria instruirá a sus unidades operativas la
elaboración de un reporte escrito sustentado, de validez y vigencia de los
convenios de pago por concepto de adjudicación, diferenciando aquellos con
– 195 –
pagos totales al día, los cumplidos en cuotas al día y los que se encuentren en
mora en sus cuotas comprometidas o en el monto global.
En el caso de convenios de pago incumplidos en su totalidad o por cuotas, se
intimará mediante auto fundado del Director Departamental competente, al
pago total de la obligación, dentro de los treinta (30) días calendario de
notificados con la intimación. De no ser satisfecha la obligación se procederá a
la cancelación del trámite de adjudicación mediante Resolución
Administrativa emitida por el Director Departamental, y asimismo, se
dispondrá el desalojo a tercero día de ejecutoriada la citada Resolución,
adquiriendo la tierra la condición de fiscal y susceptible de futuras
distribuciones en el marco de lo regulado en el presente Reglamento.
Se salva el caso de modificación de convenios asumidos voluntariamente por
las partes interesadas y el Instituto Nacional de Reforma Agraria, asumiendo
los nuevos plazos y términos definidos en el presente Reglamento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.- (USO DE LA TIERRA
DISTINTO A LA APTITUD DE USO DEL SUELO EN PREDIOS
SUJETOS A FUNCIÓN SOCIAL). Si durante el proceso de saneamiento se
consolida o constituye derecho propietario, en predios sujetos a función social,
con usos distintos a la aptitud de uso del suelo, la resolución final de
saneamiento dispondrá la adecuación de uso del suelo previa ejecución de
programas de capacitación y asistencia técnica, con conocimiento y
seguimiento de la Superintendencia competente. En caso de no darse
cumplimiento, se sujetará a los procesos de expropiación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.- (LÍMITES DE
SUPERFICIE). I. Los límites de superficie en propiedades de actividad
agrícola correspondientes a la zona de Sub Tropical y Tropical de los
departamentos de Beni, Cochabamba y La Paz, serán las siguientes:
a) Pequeña Propiedad, hasta 50 has;
b) Mediana Propiedad, de 51 has hasta 500 has; y
c) Empresa Agrícola, de 501 has. hasta un máximo de 2000 has.
II. Las unidades económico familiares correspondientes a la zona Sub
Tropical del departamento de Santa Cruz estarán sujetas a la fijación del valor
– 196 –
concesional, cuando la extensión superficial total no supere las sesenta y cinco
hectáreas (65 has.), siempre que no se exceda las cincuenta hectáreas (50 has.)
de terreno cultivable.
III. Estos límites serán considerados en tanto se establezca una nueva
clasificación y límites de superficie de la propiedad agraria.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA.- (DESTINO DE LOS
INGRESOS POR CONCEPTO DE ADJUDICACIÓN). Los recursos
provenientes del pago por adjudicaciones de la tierra serán destinados por el
Instituto Nacional de Reforma Agraria al financiamiento de los costos que
demanden otros procesos de saneamiento, reversión, expropiación y
distribución de tierras fiscales.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA.- (CERTIFICADOS DE
SANEAMIENTO Y VALOR LEGAL). Los Certificados de Saneamiento
emitidos hasta la fecha de vigencia del presente Reglamento por el Instituto
Nacional de Reforma Agraria, como resultado del procedimiento de
saneamiento de la propiedad agraria, constituyen documentos públicos que
regularizan y perfeccionan el derecho de propiedad agraria, gozando de todo
el valor legal y jerarquía que corresponde a los Títulos Ejecutoriales, debiendo
ser registrados en Derechos Reales.
A partir de la vigencia del presente reglamento, como resultado del
procedimiento de saneamiento sólo se emitirán Títulos Ejecutoriales,
conforme a lo dispuesto en el Título X del Capítulo I de este Reglamento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA.- (SUBSANACIÓN DE
DATOS DE TÍTULOS EJECUTORIALES). I. Se procederá a la
subsanación de Títulos Ejecutoriales otorgados a favor de Tierras
Comunitarias de Origen que en su denominación no tenga concordancia plena
con las personalidades jurídicas correspondientes a los pueblos indígenas u
originarios objeto de saneamiento.
II. La rectificación de datos en Títulos Ejecutoriales, por causas
sobrevivientes a los procedimientos de saneamiento y distribución de tierras,
únicamente serán ejecutadas y cumplidas por el Instituto Nacional de Reforma
Agraria, cuando se funde en disposiciones de autoridades competentes.
– 197 –
III. Para el trámite administrativo de sustanciación de los casos descritos
precedentemente se regulará mediante norma internas del Instituto Nacional
de Reforma Agraria.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA.- (TIERRAS FISCALES
EMERGENTES DE PROCEDIMIENTOS DE SANEAMIENTO EN
CURSO). Para los fines previstos en la Disposición Transitoria Décimo
Primera de la Ley No 3545, las tierras fiscales identificadas o por identificar en
los procedimientos de saneamiento en curso, comprenden todas aquellas las
que se encuentren en las áreas con resolución determinativa de área en
cualesquiera de sus modalidades, a la fecha de vigencia de la normativa citada.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA.- (TRATAMIENTO DE LOS
SANEAMIENTOS SIMPLES A PEDIDO DE PARTE EN CURSO). La
aplicación de la tasa de saneamiento y catastro en saneamientos Simples a
pedido de parte en curso, se sujetará a las siguientes previsiones:
a) Los procedimientos de Saneamiento Simple a pedido de parte que se
encuentren pendientes del Relevamiento de Información de Campo y de la
autorización de una empresa de servicios estarán sujetos a la ejecución
directa del procedimiento a cargo del Instituto Nacional de Reforma
Agraria y en consecuencia sujeto a las previsiones contenidas en el
Artículo 443 de este Reglamento.
b) En procedimientos que se encuentren con actividades de campo ejecutadas
a través de una empresa habilitada, se preverá que la prosecución del
saneamiento, quede a cargo del Instituto Nacional de Reforma Agraria,
con el cobro de una tasa de saneamiento y catastro, que descuente los
costos de los trabajos de campo estimados por ésta entidad, salvando lo
dispuesto en el Parágrafo II del Artículo 443 de este Reglamento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNDÉCIMA.- (PARTICIPACIÓN DE
EMPRESAS EN SANEAMIENTOS EN CURSO). I. A partir de la vigencia
del presente Reglamento se deja sin efecto la terciarización de servicios en
cualesquier de los procedimientos agrarios, con excepción de los procesos de
contratación de empresas por licitación pública correspondientes a los
polígonos 1 y 2 para el Departamento de Santa Cruz, en el marco de los
Créditos BID 1099/SF-BO y NDF 367-BO.
– 198 –
II. Las empresas habilitadas con anterioridad a la vigencia de la presente
norma y con trabajos de campo autorizados y en curso estarán obligadas a:
a) Concluir y entregar trabajos al Instituto Nacional de Reforma Agraria,
conforme los cronogramas aprobados, estándares de calidad, en el marco
de las disposiciones vigentes a la oportunidad de la realización de trabajos.
b) Responsabilizarse por la subsanación de trabajos conforme los controles de
calidad aplicable a los productos.
III. La nulidad de actuaciones dispuestas por el Instituto Nacional de Reforma
Agraria al proceso de saneamiento emergente de irregularidades, errores u
omisiones de fondo o derivada de actos fraudulentos en etapas o actividades a
cargo de una empresa habilitada, significará una nueva ejecución de trabajos
por cuenta de ésta entidad estatal, sin perjuicio de las interposición de
acciones legales en la vía administrativa, civil o penal que el caso amerite.
IV. Producida la inhabilitación de la Empresa, significara la cesión de todos
los trabajos pendientes por la misma al Instituto Nacional de Reforma Agraria,
sin perjuicio de las acciones que se pueda seguir a los miembros y ejecutivos
de la empresa inhabilitada.
V. El personal de la empresa inhabilitada, no podrá ingresar al Instituto
Nacional de Reforma Agraria para prestar sus servicios profesionales hasta el
año siguiente de producida la inhabilitación, por la posibilidad de existir
conflicto de intereses.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DUODÉCIMA.- (PROPIEDAD DE LAS
FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN). Los predios de Fuerzas Armadas
de la Nación que tengan uso agropecuario serán saneadas aplicando lo
establecido en el Título V del presente Reglamento. La Reglamentación de la
Disposición Final Novena de la Ley No 3545, será establecida mediante
Decreto Supremo especial.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMA TERCERA.-
(SERVIDUMBRES ADMINISTRATIVAS). El tratamiento de las
servidumbres administrativas dentro del saneamiento de la propiedad agraria
será establecido mediante decreto supremo especial.
– 199 –
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMA CUARTA.-
(RECTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES SUPREMAS). La rectificación
de errores u omisiones de forma en resoluciones supremas emitidas como
resultado del proceso de saneamiento, podrá ser delegada por el Presidente de
la República al Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMA QUINTA.- (TITULACION
DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y COLONIZADORES). Mientras
dure el proceso de saneamiento de la propiedad agraria, se garantiza la
titulación de comunidades campesinas y colonizadores de manera individual o
colectiva, conforme lo decidan sus interesados.
TÍTULO I
DISPOSICIONES FINALES
SANEAMIENTO, COMPENSACIÓN Y DOTACIÓN A
COMUNIDADES INDÍGENAS Y CAMPESINAS Y REGULACIÓN
DEL OTORGAMIENTO DE DERECHOS FORESTALES NO
MADERABLES EN EL NORTE AMAZÓNICO DE BOLIVIA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- I. El presente Título, tiene como objeto
garantizar el respeto y vigencia efectiva del derecho preferente a la dotación
de comunidades indígenas y campesinas en el Norte Amazónico de Bolivia, en
este marco, se reconocerá a las comunidades indígenas y campesinas:
a) Su posesión que incluirá la superficie de uso y acceso tradicional y el
espacio en el que desarrollan sus actividades de aprovechamiento
comunitario sobre los recursos naturales. Para este fin se tomará como
referencia el área demandada en el proceso de saneamiento, y
b) La unidad de dotación de quinientas (500) hectáreas por familia, como
mínimo obligatorio e imperativo.
En el marco de lo dispuesto en los Decretos Supremos Nº 27572, Nº 28196 y
del presente Reglamento, el derecho preferente a la dotación de comunidades
indígenas y campesinas por tierra insuficiente consiste en la prioridad de este
derecho frente al derecho expectaticio de otorgamiento de derechos
– 200 –
concesionales de aprovechamiento de recursos forestales no maderables de
barraqueros.
Los procesos de conciliación en saneamientos en curso deberán observar
necesariamente y bajo pena de nulidad el derecho preferente a la dotación de
comunidades descrito precedentemente.
II. Asimismo, tiene como objeto regular el otorgamiento de concesiones
forestales de aprovechamiento de recursos forestales no maderables, vía
concesión forestal sin licitación pública, en aplicación de los precitados
Decretos Supremos Nº 27572 y Nº 28196, con las modificaciones
contendidas en el presente reglamento, garantizando la seguridad jurídica de
los mismos.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- (ÁREAS DE COMPENSACIÓN A
COMUNIDADES POR DOTACIÓN INSUFICIENTE). I. Si como
resultado de la conclusión del proceso de saneamiento, en aplicación de los
Decretos Supremos Nº 27572 y Nº 28196, todavía hubieren comunidades
indígenas y campesinas dotadas sin reconocer las quinientas (500) hectáreas
de acuerdo a los derechos establecidos en los mencionados Decretos y a lo
dispuesto en el artículo precedente, existiendo tierras fiscales, se procederá a
la compensación vía dotación.
II. Las áreas a compensarse, deberán estar ubicadas en las mismas áreas o en
áreas contiguas a la Comunidad, y sólo de no ser posible, en las áreas más
próximas donde existiesen tierras fiscales disponibles en calidad y cantidad
similares. La compensación en cualquiera de los casos deberá realizarse sobre
tierras aptas para el desarrollo de sus actividades y aprovechamiento de
recursos naturales.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.- (VERIFICACIÓN DE
COMPENSACIONES IRREGULARES). En caso de existir denuncias
sobre compensaciones que sin estar ejecutoriadas, sean contrarias a lo
establecido en los Decretos Supremos Nº 27572 y Nº 28196 y el presente
Título, a solicitud de las comunidades, el Instituto Nacional de Reforma
Agraria revisará las mismas en consulta con la Comisión de Conciliación, y
procederá a verificar en cada caso que en el procedimiento y conciliación se
hubiese dado cumplimiento y aplicación al derecho preferente de dotación de
– 201 –
comunidades campesinas e indígenas. Realizada la verificación el Instituto
Nacional de Reforma Agraria dispondrá la dotación por compensación
correcta del derecho preferente.
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.- (OTORGAMIENTO DE
CONCESIONES FORESTALES DE DERECHOS DE
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES NO
MADERABLES A USUARIOS TRADICIONALES). Se garantiza el
derecho de los usuarios tradicionales a acceder a las concesiones forestales de
aprovechamiento de recursos forestales no maderables, en el marco de las
conciliaciones realizadas de acuerdo con los Decretos Supremos Nº 27572 y
Nº 28196 mencionados.
Para efectos de la aplicación de los Decretos Supremos Nº 27572 y Nº 28196
y el presente Título, para el otorgamiento y reconocimiento de concesiones
forestales de aprovechamiento de recursos forestales no maderables, se
entenderá por “Usuario Tradicional” a aquella persona natural o jurídica, que
bajo la denominación de barraquero se dedica en la actualidad y desde antes
de 1996 a la actividad extractivista de la castaña y la goma, de manera pacífica
y continua, como su medio de vida, usando y aprovechando los recursos
forestales no maderables de manera sostenible, en beneficio de la sociedad y el
interés colectivo, en el marco del respeto a los derechos laborales
fundamentales, y que, cuenta con inversiones dentro de una unidad
productiva, traducidas en establecimientos y estructura adecuada para este fin.
El otorgamiento de las concesiones forestales podrá realizarse de manera
simultánea al proceso de titulación de las comunidades.
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA.- (NORMA TÉCNICA DE LA
SUPERINTENDENCIA FORESTAL). La Superintendencia Forestal
emitirá mediante resolución una norma técnica específica en el plazo de treinta
(30) días, en la que se establezcan los criterios y parámetros para determinar
con claridad la superficie de las concesiones de aprovechamiento forestal no
maderable y el procedimiento.
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA.- (CONDICIONES PARA EL
OTORGAMIENTO DE CONCESIONES FORESTALES DE
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS FORESTALES NO
– 202 –
MADERABLES Y LIMITACIONES). I. Para poder acceder a la concesión
de recursos forestales no maderables, a parte de los requisitos establecidos en
el Decreto Supremo No 27572, los usuarios tradicionales deberán demostrar:
a) La antigüedad y la posesión tradicional expresada en la conciliación,
b) Inversiones, bajo el criterio de que a mayor inversión demostrada mayor
superficie de concesión de aprovechamiento forestal no maderable a
reconocerse, y
c) La existencia de personal asalariado en la barraca.
II. Además, estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
a) Las concesiones sólo se podrán otorgar en la superficie máxima establecida
por el Decreto Supremo No 27572.
b) Asimismo, sólo podrán otorgarse respecto de la superficie mensurada y de
ninguna manera sobrepasar esta superficie.
c) Una misma persona natural o jurídica no podrá tener más de una concesión
no maderable, estando prohibida la doble concesión.
d) Las concesiones, cuando se trate de familias, sólo podrán otorgarse para
cada unidad familiar y ninguna familia podrá tener más de una concesión
de recursos forestales no maderables, bajo pena de nulidad. Ni el cónyuge
ni los hijos menores que no tengan descendencia podrán ser beneficiarios.
La prohibición no alcanza a familias que aún teniendo vínculos de
parentesco, correspondan a unidades familiares totalmente diferentes.
e) Las divisiones o fraccionamientos que no correspondan a unidades
familiares diferentes, sólo darán lugar al otorgamiento de una concesión de
derecho de aprovechamiento de recurso forestal no maderable.
f) Las áreas que actualmente se encuentren en alquiler, no podrán ser objeto
de otorgamiento de concesiones de aprovechamiento forestal no maderable
por ser contrarios a su naturaleza.
g) No se otorgarán concesiones de aprovechamiento de recursos forestales no
maderables a los concesionarios o sujetos beneficiarios de autorizaciones
legales para el manejo y aprovechamiento de recursos forestales
maderables y los que fueron objeto de caducidad, revocatoria y otras
penalidades por el incumplimiento y quebranto de las normas legales
especiales.
h) Si se estableciere la figura fraudulenta de palos blancos o
fraccionamientos, se dispondrá el inicio de procesos penales.
– 203 –
i) Las entidades de crédito y financiamiento, no son considerados usuarios
tradicionales.
DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA.- (DOTACIÓN EN ÁREAS DE
SANEAMIENTO). Durante la ejecución del proceso de saneamiento en el
Norte Amazónico las áreas de dotación a favor de comunidades indígenas y
campesinas que no cumplan el parámetro de las quinientas (500) has., darán
lugar a la compensación en los términos señalados en este Título.
DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA.- (NUEVAS COMUNIDADES). En el
caso de nuevas comunidades indígenas y campesinas organizadas después de
la conclusión del saneamiento agrario, que no hubiesen sido objeto de
dotación, tendrán el derecho preferente a la dotación, luego de haberse
procedido al otorgamiento de concesiones de derechos de aprovechamiento
forestal no maderable.
Los zafreros, para acceder a la dotación de tierras fiscales, podrán organizarse
en comunidades, debiendo constituir residencia de carácter definitivo en el
lugar.
De existir tierras fiscales disponibles, la dotación podrá realizarse de manera
simultánea al otorgamiento de derechos de aprovechamiento forestal no
maderables, respetando la preferencia establecida precedentemente.
DISPOSICIÓN FINAL NOVENA.- (DISPOSICIONES GENERALES
DEL RÉGIMEN AGRARIO Y FORESTAL). A los fines del saneamiento y
la distribución de tierras fiscales en el Norte Amazónico, así como las
autorizaciones de uso, y concesiones forestales, se tendrán presentes las
siguientes reglas:
a) Los procesos de distribución de tierras fiscales que el Instituto Nacional de
Reforma Agraria realice para dotar o compensar tierras, deberán establecer
expresamente en las resoluciones constitutivas de derechos, así como en
los respectivos Títulos Ejecutoriales, las limitaciones y restricciones de uso
y aprovechamiento de la tierra, que sean compatibles con los derechos
forestales, en el marco del desarrollo sostenible y protección del medio
ambiente.
– 204 –
b) De existir autorizaciones de aprovechamiento forestal de recursos no
maderables, y sus titulares hubiesen realizado explotación maderable ilegal
en el área de la barraca, dará lugar a la perdida o extinción del derecho
forestal no maderable.
c) Asimismo, se establece la preferencia de suscripción de contratos
subsidiarios de explotación, a favor de comunidades indígenas y
campesinas, de acuerdo a norma técnica forestal específica a emitirse.
DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMA.- (REPLANTEOS). En ejecución de las
resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria y la
Superintendencia Forestal, se procederá a los replanteos, entre comunidades
campesinas e indígenas, propietarios privados, concesiones forestales y de
recursos forestales no maderables, para determinar con claridad los derechos
existentes ya reconocidos.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria, en coordinación con las
asociaciones de productores y organizaciones sociales, establecerá
cronogramas de ejecución de los replanteos, de acuerdo al avance y
conclusión de los procesos, pudiendo para el efecto suscribir convenios de
ejecución.
TÍTULO II
OTRAS DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL UNDÉCIMA.- (ENTREGA Y RETENCIÓN DE
TÍTULOS EJECUTORIALES). I. El Instituto Nacional de Reforma
Agraria, a solicitud de parte, entregará los Títulos Ejecutoriales emitidos con
anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 1715 que cursen en su poder, cuando
su objeto no se encuentre en áreas de saneamiento determinadas, sin que la
entrega impida su posterior saneamiento.
II. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, retendrá a los efectos de la
ejecución del saneamiento los Títulos Ejecutoriales emitidos con anterioridad
a la vigencia de la Ley Nº 1715, que cursen en su poder, cuando su objeto se
encuentre en áreas de saneamiento determinadas.
– 205 –
III. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, podrá determinar como área de
Saneamiento Simple (SAN – SIM) de oficio la superficie consignada en
Títulos Ejecutoriales emitidos con anterioridad a la vigencia de la Ley Nº
1715, que cursen en su poder.
DISPOSICIÓN FINAL DUODÉCIMA.- (CAPACIDAD JURÍDICA DE
COMUNIDADES, PUEBLOS Y COLONIZADORES). En los procesos
agrarios se reconoce y garantiza la personalidad jurídica de las comunidades
campesinas, indígenas, pueblos originarios y colonizadores, quienes están
facultados para adquirir derechos y contraer obligaciones en todo el territorio
nacional, con arreglo a las disposiciones vigentes.
DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMA TERCERA.- (CONCLUSIÓN DEL
SANEAMIENTO). Las disposiciones relativas al saneamiento de la
propiedad agraria, contenidas en el presente reglamento, quedarán derogadas
al vencimiento del plazo establecido en la Ley Nº 3501 de 19 de octubre de
2006, salvo prórroga legal de este plazo, sin perjuicio de que los procesos
iniciados concluyan con estas normas.
DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMA CUARTA.- (REGLAMENTOS
INTERNOS DE LAS SUPERINTENDENCIAS AGRARIA, FORESTAL
Y DEL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS). Las
Superintendencias Agraria y Forestal, así como el Servicio Nacional de Áreas
Protegidas deben adecuar y compatibilizar sus normas internas a los
requerimientos y condiciones previstos para la verificación y denuncia del
incumplimiento de la función social o la función económico social y los otros
procedimientos establecidos en este Reglamento, en el plazo de treinta (30)
días a partir de la vigencia de este decreto, bajo responsabilidad.
DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMA QUINTA.- (COPARTICIPACIÓN DE
TASAS). La Superintendencia Agraria, en razón de los servicios prestados
durante el saneamiento de la propiedad agraria, coparticipará de los importes
recaudados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, por concepto de
pago de tasas de saneamiento y catastro, en un porcentaje que no podrá
exceder del diez por ciento (10%).
DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMA SEXTA.- (RELACIONES
LABORALES EN PROPIEDADES AGRARIAS). No se admite ninguna
– 206 –
prestación de servicios personales, gratuitos o compensatorios en propiedades
agrarias y se establece el sistema de salario, en todos los contratos
individuales o colectivos, como norma de remuneración irrenunciable.
El Estado tutelará las condiciones contractuales de las relaciones laborales en
el ámbito agrario, forestal y ganadero.
DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMA SÉPTIMA.- (CREACIÓN DE
REGISTRO MARCAS, SEÑALES Y CARIMBOS). Se establece el
registro obligatorio de marca, señales y carimbos de ganado, de altas y bajas
del hato ganadero cada primer trimestre anual, a cargo del SENASAG y bajo
tuición del Ministerio de Desarrollo Agropecuario Rural y Medio Ambiente.
Su funcionamiento e implementación será regulado mediante resolución
ministerial.
DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMA OCTAVA.- (CONTRIBUCIÓN
ECONÓMICA DE LAS MUNICIPALIDADES Y PREFECTURAS). Los
Gobiernos Municipales y las Prefecturas de los departamentos, en el marco de
sus jurisdicciones y competencias, y en concordancia con los principios
rectores y atribuciones, podrán contribuir técnica y económicamente en la
ejecución de procesos de saneamiento y consolidación de los programas de
asentamientos humanos, aprobados por el Ministerio de Desarrollo Rural,
Agropecuario y Medio Ambiente.
DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMA NOVENA.- (EJERCICIO DE LA
TUICIÓN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL,
AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE SOBRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE REFORMA AGRARIA). La tuición que confiere la Ley al
Ministerio de Desarrollo Agropecuario Rural y Medio Ambiente sobre el
Instituto Nacional de Reforma Agraria será ejercida por el Viceministerio de
Tierras.
DISPOSICIÓN FINAL VIGÉCIMA.- (INTERPOSICIÓN DE
ACCIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS Y DEMANDAS DE
NULIDAD DE TÍTULOS EJECUTORIALES POR LA
SUPERINTENDENCIA AGRARIA O EL VICEMINISTERIO DE
TIERRAS). I. Emitidas las resoluciones finales de saneamiento y
encontrándose pendiente la emisión de Títulos Ejecutoriales o certificados de
– 207 –
saneamiento, ante la existencia de vicios de fondo insubsanables en el
procedimiento concluido, el Viceministerio de Tierras y la Superintendencia
Agraria, en mérito sus atribuciones, están plenamente legitimadas para
interponer demandas contencioso administrativo ante el Tribunal Agrario
Nacional, en los casos antes previstos, así como apersonarse y presentar y
responder demandas ante el Tribunal Constitucional y otras instancias
jurisdiccionales y administrativas, sobre las materias reguladas en la ley y el
presente reglamento.
A este fin podrán notificarse con la respectiva Resolución Final de
Saneamiento a una o ambas entidades antes citadas, o el Instituto Nacional de
Reforma Agraria podrá notificar de oficio al establecer la existencia de vicios
de fondo insubsanables.
II. Emitidos Títulos Ejecutoriales o Certificados de Saneamiento y
evidenciando las causales de nulidad previstas en el Artículo 50 de la Ley Nº
1715, de igual forma se reconoce al Viceministerio de Tierras y la
Superintendencia Agraria, la facultad de interposición de demanda de nulidad
de Títulos Ejecutoriales o Certificados de Saneamiento, en los términos
descritos en el Parágrafo precedente..
DISPOSICIÓN FINAL VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO Y APARCERÍA). I. Se establecen las siguientes
condiciones comunes para la validez y reconocimiento de contratos de
arrendamiento y aparcería:
a) Deberá ser acreditado mediante contrato escrito, en el que se establezca
mínimamente: las partes, el derecho propietario, el objeto, la
individualización del predio, el plazo y el canon o la distribución del
producto, según corresponda.
b) Sólo se reconocerán estos contratos en propiedades pequeñas, medianas y
empresas agropecuarias.
c) Estos contratos no podrán encubrir relaciones servidumbrales de trabajo, de
ser así se estará a los efectos previstos en el Artículo 157 del presente
Reglamento.
d) La vigencia de los contratos no podrá sobrepasar el plazo de tres (3) años.
– 208 –
e) El uso contrario a la aptitud de uso de suelo realizada por el arrendatario o
aparcero conllevará los efectos previstos en el Artículo 156 de este
Reglamento, respecto al titular del derecho.
f) Deberán ser registrados en el Instituto Nacional de Reforma Agraria.
II. Se establecen las siguientes condiciones especiales para los contratos de
aparcería
a) La distribución del producto o utilidades, deberá ser equitativa observando
la proporcionalidad del aporte de las partes.
b) El área sometida a contrato no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%)
de la superficie de la propiedad.
III. En los contratos de arrendamiento no deberán establecerse en superficies
que superen el cincuenta por ciento (50%) de la superficie aprovechada por el
propietario, el excedente no será reconocido como parte de esta superficie
aprovechada.
IV. En las tierras comunales y en las tierras comunitarias de origen, no se
reconocen los contratos de arrendamiento y de aparcería, estos contratos serán
considerados nulos de pleno derecho, por ser contrarios a los conceptos del
territorio indígena.
DISPOSICIÓN FINAL VIGÉCIMA SEGUNDA.- (CONTRATOS DE
USO DE RECURSOS NATURALES EN TIERRAS COMUNITARIAS
DE ORIGEN). Los pueblos indígenas u originarios planificaran el uso de los
recursos naturales y su ordenamiento territorial en forma autónoma, los
mismos que tendrán plena validez y deberán ser tomados en cuenta por el
Estado y terceras personas.
Los contratos de aprovechamiento de recursos naturales se someterán a las
siguientes condiciones mínimas:
a) Aprobación por máxima instancia del gobierno indígena.
b) Capacidad de decisión sobre la ejecución del contrato.
c) Transferencia de tecnología al Pueblo indígena.
d) Niveles mínimos de beneficio.
– 209 –
e) Su ejecución deberá contar planes de manejo y aprovechamiento, según
corresponda.
DISPOSICIÓN FINAL VIGÉCIMA TERCERA.- (DISPOSICIONES
PARA EL SANEAMIENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS). I. Cuando se
trate de desarrollar procesos de saneamiento dentro de Áreas Protegidas, el
Instituto Nacional de Reforma Agraria, desde el inicio de la etapa preparatoria,
coordinará con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas la adopción de
estrategias de intervención en dichas áreas con objeto de no poner en riesgo
las condiciones de protección, considerando sus categorías, zonificaciones y
planes de manejo.
II. Para la ejecución del saneamiento dentro de Áreas Protegidas, el Instituto
Nacional de Reforma Agraria podrá suscribir convenios con el Servicio
Nacional de Áreas Protegidas. Su alcance podrá abarcar todas las fases del
procedimiento.
III. Los derechos agrarios reconocidos al interior de Áreas Protegidas,
consignarán en la resolución final de saneamiento y el correspondiente Título
Ejecutorial las limitaciones de uso de dicho derecho de acuerdo a las normas
de creación y el plan de manejo respectivo.
IV. En las actividades de campos dentro de los distintos procedimientos
agrarios administrativos, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas podrá
asignar funcionarios que participen de los mismos. Así mismo el Instituto
Nacional de Reforma Agraria podrá solicitar información específica sobre uso
adecuado de la tierra y el cumplimiento de los planes de manejo de dichas
áreas.
V. Concluido el proceso de saneamiento de la propiedad agraria al interior de
áreas protegidas, las tierras fiscales, serán inscritas a nombre del Instituto
Nacional de Reforma Agraria y sujetas al régimen legal correspondiente a las
áreas protegidas.
VI. Los espacios que hayan sido establecidos por el Servicio Nacional de
Áreas Protegidas para el cumplimiento de sus obligaciones y atribuciones,
tales como, campamentos de control y protección, centros de investigación o
– 210 –
interpretación y miradores, refugios, ecoalbergues y otros, podrán ser saneadas
conforme las regulaciones previstas en este reglamento.
DISPOSICIÓN FINAL VIGÉCIMA CUARTA.- (LEVANTAMIENTO
AEROFOTOGRAMÉTRICOS EN PROCEDIMIENTOS AGRARIOS).
El Instituto Nacional de Reforma Agraria queda facultado para ejecutar
levantamientos aerofotogramétricos para la ejecución de procedimientos
agrarios, en coordinación con el Servicio Nacional de Aerofotogrametría.
DISPOSICIÓN FINAL VIGÉCIMA QUINTA.- (CÓMPUTO DE PLAZO
PARA ACCIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS). El plazo de
treinta (30) días establecido en el Artículo 68 de la Ley No 1715, para la
interposición de acciones contencioso – administrativas que venzan en día
inhábil, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.
DISPOSICIÓN FINAL VIGÉCIMA SEXTA.- (ALCANCE DE ÁREAS
PROTEGIDAS). A efectos de la aplicación del presente Reglamento, el
alcance de áreas protegidas comprende las categorías de Parques Nacionales,
Reservas Forestales, Áreas de Manejo Integrado, Santuarios, Áreas de
Inmovilización y Reservas de Producción Forestal.
DISPOSICIÓN FINAL VIGÉCIMA SÉPTIMA.- (IDENTIFICACIÓN
DE ÁREAS PROTEGIDAS). Para fines de determinar la ubicación y
extensión de las áreas protegidas, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y
el Instituto Nacional de Reforma Agraria podrán suscribir convenios para su
geo – referenciación o monumentación.
En los casos de reconocimiento del derecho propietario en áreas protegidas,
donde se haya vulnerado las normas de creación o los instrumentos de gestión,
el Servicio Nacional de Áreas Protegidas podrá plantear acciones contencioso-
administrativas ante el Tribunal Agrario Nacional.
DISPOSICIÓN FINAL VIGÉCIMA OCTAVA.- (USO Y
APROVECHAMIENTO DE AGUAS). En el marco de la Ley No 2878 del
21 de octubre de 2004 y el Decreto Supremo No 28818 sobre el uso y
aprovechamiento de aguas, los conflictos emergentes del ejercicio de estos
derechos, serán resueltos según los usos y costumbres, y ante las instancias
administrativas establecidas por las normas antes citadas. Alternativamente,
– 211 –
estos conflictos, podrán ser de conocimiento del Juez Agrario competente de
conformidad con la Ley No 1715.
Los conflictos resueltos de acuerdo a los usos y costumbres de pueblos y
comunidades indígenas u originarias, organizaciones campesinas, de
colonizadores, de regantes y sindicatos campesinos, podrán ser homologados
ante el Juez Agrario competente
DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS
DISPOSICIONES ABROGATORIAS.- Se abrogan las siguientes
disposiciones legales:
Decreto Supremo Nº 25100 de 15 de julio de 1998 (Regulación del catastro
urbano y rural).
Decreto Supremo Nº 25848 de 18 de julio de 2000 (Modificaciones al
Reglamento Agrario).
– Decreto Supremo Nº 25763 de 5 de mayo de 2000 (Reglamento de la Ley
Nº 1715).
Decreto Supremo Nº 27145 de 30 de agosto de 2003 (Regulaciones en
precios concesionales y de mercado y formas de pago).
Decreto Supremo Nº 27397 de 10 de marzo de 2004 (Regula las pericias
de campo en predios militares).
Decreto Supremo Nº 28303 de 26 de agosto de 2005 (Reglamenta la Ley
Nº 80 de 5 de enero de 1961, sobre el registro único de marcas, carimbos o
señales como medio probatorio del derecho propietario ganadero).
Decreto Supremo Nº 28733 de 2 de junio de 2006 (Modificaciones al
Régimen de Distribución de Tierras Fiscales).
Decreto Supremo Nº 28735 de 2 de junio de 2006 (Modificaciones en la
aplicación de precios concesionales y límites de superficie).
Decreto Supremo Nº 28736 de 2 de junio de 2006 (Modificaciones e
inclusiones concernientes a la temática de género, control social y otros).
DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- Se deroga el Artículo 6 del Decreto
Supremo Nº 28148 de 17 de mayo de 2005 (Procedimiento Especial para la
Titulación y Certificación Sin Más Trámite).
– 212 –
Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto
Supremo.
La Señora Ministra de Estado, en el Despacho de
Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, queda encargada de la
ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de
La Paz, a los dos días del mes de agosto del año dos mil siete.

o

 

 

 




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