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Bolivia DECRETO SUPREMO No 21456 del 28 de Noviembre de 1986

CREACION DEL FONDO SOCIAL DE EMERGENCIA

Tipo de la norma:
Publicado en Gaceta Oficial de Bolivia:1491
Fecha de gaceta: 28 de Noviembre de 1986
Numero de la norma: 21456
Fecha de la norma: 28 de Noviembre de 1986
Pais: Bolivia

   

         

DECRETO SUPREMO Nº 21456
VICTOR PAZ ESTENSSORO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

C O N S I D E R A N D O:



QUE LAS LIMITACIONES EN LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS HAN IMPEDIDO EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO SOCIAL DE EMERGENCIA CREADO, POR EL CAPÍTULO I DEL DECRETO SUPREMO 21137 DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1985 Y LA EFECTIVIDAD DEL COMITÉ NACIONAL DEL EMPLEO ESTABLECIDO POR EL CAPÍTULO III DEL DECRETO SUPREMO 21316 DE 3 DE JULIO DE 1986;
Que corresponde al Poder Ejecutivo establecer los mecanismos necesarios para crear condiciones de ocupación laboral, que permitan aliviar la crisis social reflejada en el desempleo y en los indicadores de salud y nutrición, mientras se logran los resultados previstos en la Nueva Política Económica;
Que es necesario reformular la concepción institucional del Fondo Social de Emergencia y del Comité Nacional del Empleo, concretándolos como entidad de derecho público y existencia temporal definida, con capacidad para utilizar la estructura técnica y administrativa con que cuenta el Estado, en el cumplimiento de actividades propias de captación de recursos y su asignación al financiamiento de proyectos de alta rentabilidad social, máxima ocupación de mano de obra y cuya ejecución total no exceda los tres años de trabajo;
EN CONSEJO DE MINISTROS,
D E C R E T A:
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ARTÍCULO 1.- ­Se crea el FONDO SOCIAL DE EMERGENCIA (FSE) como entidad de derecho público dependiente de la Presidencia de la República, con personalidad jurídica plena, autonomía administrativa, técnica y financiera con los siguientes fines, atribuciones y funciones:
a) Recibir los fondos que serán provistos por el Tesoro General de la Nación con cargo a los presupuestos respectivos. Inicialmente y en calidad de capital de arranque, dichos fondos serán de treinta billones de pesos bolivianos para la gestión de 1987;
b) Captar recursos provenientes de contribuciones no reembolsables, de Gobiernos amigos, organismos internacionales y otros donantes internos y externos;
c) Negociar créditos blandos cuyas condiciones se ajusten a los
requerimientos y objetivos del Fondo;
d) Aceptar y recibir donaciones en especie y distribuirlas a través de los
organismos creados al efecto en actual funcionamiento;

e) Administrar los recursos referidos en los incisos anteriores, asignándoles el financiamiento de programas y proyectos de corto plazo así como de ejecución inmediata y que reunan las condiciones exigidas por el Fondo.
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ARTÍCULO 2.­ Se deroga los capítulos I y III respectívamente de los decretos supremos 21137 y 21316 de 30 de noviembre de 1985 y 3 de julio de 1986.
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ARTÍCULO 3.- ­El Fondo estará dirigido por un Consejo de Administración con los siguientes cinco miembros: Un presidente, un director ejecutivo y tres vocales. El Presidente de la República ejercerá la presidencia del Consejo de Administración y designará a los cuatro miembros restantes. El Director Ejecutivo presidirá el Consejo, en ausencia o por delegación del Presidente.


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ARTÍCULO 4.- ­El Consejo de Administración dedicará sus primeras reuniones a la aprobación del reglamento interno al que sujetará sus actuaciones y a los estatutos y reglamentos operativos de cumplimiento obligatorio, para la formulación de proyectos, presentación al Fondo, ejecución, administración de los recursos asignados a cada proyecto, supervisión en la ejecución, reembolsos y evaluaciones previas así como posteriores y cuanto aspecto fuere relevante para el cumplimiento de sus objetivos.


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ARTÍCULO 5.- ­El reglamento interno del Fondo tendrá en cuenta las siguientes bases:
a) Sesiones ordinarias del Consejo de Administración por lo menos dos veces al mes;
b) El Director Ejecutivo es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Fondo y trabajará junto a los Vocales todos a tiempo completo y dedicación exclusiva;
c) El Consejo aprobará la organización interna adecuada del Fondo para el cumplimiento de sus fines, como institución de vigencia limitada, de coordinación técnica y financiamiento, la cual no será bajo ningún concepto entidad ejecutora;
d) El presupuesto de funcionamiento del Fondo se elaborará sobre recursos provenientes del mismo, sean locales o externos. No podrá exceder anualmente al equivalente del uno por ciento (1%) de los recursos disponibles para la misma gestión;
e) El Fondo podrá requerir, solicitar o aceptar asistencia técnica de cualquier tipo de recursos humanos sean locales o extranjeros, a cargo y costo de organismos de cooperación técnica o donantes;
f) El Consejo aprobará trimestralmente el informe de captación y asignación de recursos que será presentado al Consejo de Ministros para su información y difundido posteriormente para conocimiento de la opinión pública;
g) El personal ejecutivo y operativo del Fondo ejecutará las determinaciones del Consejo de Administración y realizará los desembolsos aprobados.
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ARTÍCULO 6.­ Son deberes del Director Ejecutivo del Fondo:
a) Rendir cuentas a los organismos proveedores de los recursos según el régimen legal vigente, tratándose de recursos provistos localmente y, en caso de recursos externos, de acuerdo a las claúsulas del pertinente convenio que puede incluir la supervisión del organismo o entidad donante, por sí o por terceros;
b) Rendir cuentas trimestalmente del orígen y destino de cada recurso captado y asignado, mediante publicación por lo menos en tres órganos de prensa de circulación nacional;
c) Publicar anualmente el dictámen de auditoría que deberá practicar la Contraloría General de la República dentro de los noventa días del cierre de cada gestión;
d) Transferir al organismo del Estado competente para ello, todo proyecto ejecutado para su administración y disposición.


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ARTÍCULO 7.- ­El Fondo abrirá una cuenta en el Banco Central de Bolivia bajo la denominación de "FONDO SOCIAL DE EMERGENCIA" en la cual se depositarán todas las entregas a cargo del Tesoro General de la Nación, así como los recursos provenientes de donaciones, empréstitos, fideicomisos y otros. Abrirá subcuentas que identifiquen el origen de cada partida de fondos. Las cuentas serán manejadas mediante cheques firmados por el Director Ejecutivo y un Vocal del Consejo de Administración, con cargo de rendición de cuentas ante el organismo llamado por ley.
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ARTÍCULO 8.- ­El Fondo, para la adecuada utilización de sus recursos tendrá las siguientes atribuciones y funciones:
I.­ GENERACION DE EMPLEO
A. Identificar y promover la ejecución de proyectos y programas de alta rentabilidad social y máxima utilización de mano de obra;
B. Financiar parcial o totalmente los programas y proyectos, que reunan las siguientes condiciones:
a) Posibilidad que el proyecto o programa pueda iniciarse en breve plazo;
b) Cumplimiento de su ejecución total en un plazo no mayor a tres años;
c) Utilización de mano de obra nacional, incluyendo administración, no menor al sesenta por ciento (60%) directa o indirectamente del costo total;
d) Especificaciones técnicas del proyecto, supervisión de la ejecución y control, encomendadas a una institución del Estado la misma que no podrá ser ejecutora directa;
e) La ejecución debe estar a cargo de entidades públicas, privadas, cooperativas, unidades comunitarias, grupos o asociaciones civiles, militares o religiosas expresamente contratadas al efecto;
f)El monto de cada contrato en un programa o proyecto específico, no puede exceder de la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES ($us. 750.000.­), permitiéndose el fraccionamiento en la ejecución de la obra únicamente a fin de posibilitar la concurrencia de mayor número de grupos constructores o empresas;
g) El ejecutor haya otorgado una garantía de buena ejecución de obra;
h) Se efectúe todos los desembolsos contra planilla de avance de obra aprobada por el supervisor, concediéndose anticipos solamente hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del valor contratado contra entrega de boleta de garantía bancaria;
C. Promover y financiar proyectos en las siguientes áreas específicas dentro de las condiciones establecidas a continuación:
a) Construcción de viviendas de interés social con un costo de hasta diez mil dólares ($us. 10.000.­) por unidad;
b) Construcción de postas sanitarias o facilidades en materia de salud en áreas rurales o urbanas particularmente afectadas por el desempleo, cuando tales obras no hayan sido contempladas en el presupuesto de la gestión del ministerio del ramo;
c) Construcción y reparación de locales escolares por establecimientos educativos en funcionamiento;
d) Construcción, reparación, mantenimiento de Casas de Gobierno en poblaciones menores.
e) Construcción del sistema de alcantarillado y agua potable si la utilización de mano de obra está dentro de las previsiones del Fondo, condición que puede ser obviada por resolución expresa del Consejo;
f)Construcción, mantenimiento y mejoramiento de vías urbanas, caminos vecinales y rurales, no incluídos en los planes operativos regulares del sector público;
D. Efectuar oportunamente la transferencia de los proyectos ejecutados para el sector público, a las autoridades que corresponda, quienes asumirán la responsabilidad de su administración, con participación de la Dirección de Bienes del Estado;
E. Promocionar y orientar la participación de los interesados en la ejecución de proyectos de carácter social, tales como asociaciones vecinales, padres de familia, grupos de trabajadores, o representantes de las entidades que administrarán los proyectos ejecutados.
F. Promover y apoyar materialmente la formación de asociaciones de núcleos humanos, cooperativas u organizaciones que busquen el desarrollo de actividades productivas y disminución del desempleo.
II. SALUD Y ALIMENTACION
A. Contribuir a aliviar las condiciones sociales en las regiones del país mayormente afectadas por la crisis y el desempleo:
a) Identificando tales regiones;
b) Promoviendo y financiando programas regionales de asistencia social y médica, así como apoyando con carácter temporal los de alimentación a los sectores de población marginales urbanas y rurales;
c) Requeriendo la participación de las instituciones públicas, religiosas, privadas o comunitarias, en las acciones de salubridad y alimentación;
B. Ser, a partir del presente decreto, el único organismo estatal facultado para aceptar y recibir las donaciones en especie no destinadas a su reconversión en recursos para financiar al sector productivo o asignadas especialmente por el donante. El Fondo distribuirá las donaciones en especie a los programas de salud y alimentación así como los de generación de empleo;
C. Coordinar los programas de asistencia social de "alimentos por trabajo", pudiendo participar en ellos.
III. EDUCACION
Apoyar con financiamiento no reembolsable, programas educativos y de entrenamiento técnico para la formación de mano de obra calificada y de técnicos medios.
IV. SECTOR PRODUCTIVO
A. Proveer a las instituciones del Estado, financiamiento para fondos de contrapartida de proyectos y programas que tengan financiamiento externo asegurado siempre que se trate:
a) De un organismo que no cuente con recursos propios provenientes de regalías ni otros suficientes para cubrir su contraparte;
b) Sea prioritario y con alta rentabilidad social, además de compatible con los objetivos del Fondo;
c) Que el requerimiento no exceda del veinte por ciento (20%) del costo total del proyecto, ni sea mayor al equivalente de un millón de dólares americanos ($us. 1.000.000.­).
B. Proporcionar financiamiento en favor de entidades públicas del sector productivo, con carácter de "puente" o tipo temporal, para proyectos con financiamiento asegurado y desembolsos en trámite, siempre que:
a) Cuente con autorización del ente financiador;

b) El financiamiento "puente" no exceda el plazo de seis meses ni el veinte por ciento (20%) del costo total de proyecto, tampoco la suma máxima de un millón de dólares americanos ($us. 1.000.000.­);
c) El proyecto tenga una justificación social con la utilización de mano de obra directa o indirecta no menor al treinta y cinco por ciento (35%) de su costo total;
d) Sea compatible con los propósitos del Fondo.


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ARTÍCULO 9.- ­El Fondo podrá solicitar a cualquier organismo del sector público, que no podrá negar su concurso, la asistencia técnica y colaboración necesaria para la preparación de proyectos y programas, supervisión y control de su ejecución. Podrá contratar para el mismo efecto, los servicios de organismos no estatales, siempre y cuando el costo no exceda del dos por ciento (2%) del valor total del proyecto.


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ARTÍCULO 10.- ­El Fondo podrá fiscalizar en cualquier momento, por si o por terceros, la ejecución de los trabajos que se realizan con su financiamiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por organismos estatales, a cargo de la parte técnica del proyecto o programa así como la supervisión y control de obras, acudiendo, en su caso, a la Contraloría General de la República.


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ARTÍCULO 11.- ­La ejecución de los programas y proyectos financiados por el Fondo se contratará directamente entre el grupo o entidad beneficiaria y el contratista o ejecutor. El Fondo cuidará que los costos y precios de las obras a contratarse sean correctos y razonables.
No será aplicable a estas contrataciones el régimen de adquisiciones de bienes o contratación de obras de los decretos 15223 y 15192 de 30 y 15 de diciembre de 1977, excepto en proyectos y programas de instituciones o empresas públicas por importes superiores al equivalente de quinientos mil dólares americanos ($us. 500.000.­) que se regirán por esas normas legales.
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ARTÍCULO 12.- ­El Fondo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1989 y su liquidación se sujetará a los siguientes lineamientos:
a) A partir del 31 de diciembre de 1989 y hasta el 30 de junio de 1990, la actividad del Fondo será estrictamente la necesaria para transferir a los entes estatales competentes, la responsabilidad de sus actividades pendientes de conclusión;
b) Si existiesen recursos excedentes, sin destino específico por no utilización o recuperación, serán transferidos al Tesoro General de la Nación que se responsabilizará de recuperar los que pudiesen encontrarse pendientes de cobro al 31 de diciembre de 1989.
Los fondos con destino específico serán transferidos a las entidades competentes.
c) Al 30 de junio de 1990, el Fondo presentará el dictamen de auditoría practicado por la Contraloría General de la República de sus operaciones y los certificados expedidos por los proveedores de los recursos, sobre su satisfactoria utilización, cuando así se hubiese acordado en los respectivos convenios.
Los señores Ministros de Estado en los despachos de Planeamiento y Coordinación Finanzas y Ministro Secretario General de la Presidencia de la República quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y seis años.
FDO. VICTOR PAZ ESTENSSORO, Jorge Valdez A. Min. Relaciones Exteriores y Culto a.i., Fernando Barthelemy M., Luís Fernando Valle Q., Juan L. Cariaga O., Gonzalo Sánchez de Lozada, Roberto Gisbert B., Enrique Ipiña M., Jaime Balderrama Min. Transportes y Comunicaciones a.i., Carlos Pérez G., Wálter Rios G., Jaime Villalobos S., Alejandro Pacheco Min. Asuntos Campesinos y Agropecuarios a.i., Carlos Morales L., Franklin Anaya V., Juan Carlos Durán Saucedo, Hermánn Antelo L., Fernando Cáceres D., Antonio Tovar Piérola.

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(2) Normas inmediatas
  1. DECRETO SUPREMO No 21137 del 30 de Noviembre de 1985
    Racionalización del Sistema Salarial y de Seguridad Social del sector público y privado, y creación del Fondo Social de Emergencia para el financiamiento de recursos monetarios.

  2. DECRETO SUPREMO No 21316 del 03 de Julio de 1986
    (Definición y Objetivos).- Se entiende por política para la reactivación económica aquellas medidas auspiciadas y ejecutadas por el Gobierno Nacional, encaminadas a la consolidación y fortalecimiento de la estabilidad monetaria, sobre cuyo fundamento se realizarán las acciones técnico-administrativas que tiendan a la superación de la recesión económica y el desempleo.


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